mayo 25, 2026

Víctimas

El conflicto armado interno en Colombia sí existe

La firma del acuerdo de paz en 2016 fue un paso importante para terminar las acciones armadas con una organización que por más de 50 años estuvo al margen de la ley. Sin embargo, Colombia tiene varios grupos altamente organizados como el ELN, EPL, las AGC, la Oficina de Envigado y las disidencias de las FARC, que no se han desmovilizado y con los que una victoria militar se ve imposible en un futuro próximo. El conflicto armado sigue, con un actor menos, pero sigue, solo hay que preguntarles a las 38.490 personas desplazadas este año, si alguna vez creen que el país está o estará en paz; es a ellos a los que se les debe preguntar cómo está la situación actualmente. Para entender sus orígenes es importante mirar el contexto en que se ha desarrollado. Empecemos por lo básico, los conflictos armados en el mundo son clasificados de acuerdo a la convención de Ginebra de dos maneras; la primera, como conflicto armado internacional es cuando dos o más estados soberanos entran en disputa y recurren a la fuerza armada; la segunda, un conflicto armado interno o no internacional  “comprendería las acciones armadas en el interior de un Estado que dan lugar a hostilidades dirigidas contra un gobierno legal, que presentan un carácter colectivo y un mínimo de organización”.  “El conflicto armado es altamente territorializado, lo cual quiere decir que los que lo padecen en toda su intensidad son las comunidades en los albores de la nación” Es así como, en Colombia se llevan a cabo acciones armadas dirigidas contra un gobierno legal, como las que ocurren en la subregión del Catatumbo, el bajo Cauca, el pacífico nariñense y el departamento de Arauca, que dan muestras de actos dirigidos a instaurar un estado paralelo de control social y político, en contra del estado nacional constitucional. Las diferentes formas de control social consisten en la manera como el grupo armado controla el comercio, los medios de transporte e imparte reglas para el orden social y son a las que la comunidad acude en caso de disputas para que impartan justicia. Estas tecnologías de control social las podemos ver en diferentes lugares como El Tarra, Norte de Santander, EL Charco, Nariño, Rio Sucio, Chocó en donde existe un alto nivel de conflictividad entre organizaciones armadas legales e ilegales. El conflicto armado es altamente territorializado, lo cual quiere decir que los que lo padecen en toda su intensidad son las comunidades en los albores de la nación: los indígenas, las comunidades negras, los campesinos, que después de la desmovilización de la guerrilla de las FARC quedaron a merced de los nuevos grupos armados ya que el Estado en su totalidad no quiso hacer presencia social o militar. Últimamente la noción de conflicto armado interno ha pasado de moda, los problemas de seguridad son reducidos a exabruptos en pequeñas localidades lejanas del centro andino y político del país, lo cual genera un distanciamiento y una apatía nacional que aparta, enajena a las víctimas y las convierte en extrañas en su propio país.

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La JEP llama a comparecer al Estado Mayor de las Farc por secuestros

“Priorización quiere decir que hay que empezar por algo y estamos empezando por este punto con los ex integrantes del Secretariado y Estado Mayor de FARC-EP”: Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a 32 excomandantes de las Farc-EP (grupo guerrillero desmovilizado tras la firma de los Acuerdos de Paz) a comparecer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación el próximo 13 de julio, en el marco de la apertura del proceso que se inició por los secuestros y extorsiones que cometió esa organización insurgente  entre los años 1993 y 2002 en varias regiones del país. El expediente recoge los documentos enviados por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fundación País Libre y ONG’s dedicadas a la lucha contra el secuestro y la extorsión en el país. “Los magistrados y magistradas de la Sala de Reconocimiento darán traslado a los comparecientes de las Farc-EP de un listado de personas presuntamente retenidas de manera ilegal por la antigua guerrilla y cuyo paradero no se tiene conocimiento. Este listado hace parte de la base de datos que la Fundación País Libre le entregó a las Farc”, precisa la citación. Entre los llamados a comparecer ante la Sala,  se encuentran el exjefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Carlos Antonio Lozada’, ‘Jesús Santrich’, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota, ‘Olmedo Ruiz’, ‘Marco Calarcá’ y ‘Byron Yepes’. 

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Centro Democrático rechaza pronunciamiento de la ONU

La organización política cuestionó el pedido de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia de acabar con las trabas que están frenando el avance del proceso de paz. El Centro Democrático, partido que promovió la candidatura del Presidente electo Iván Duque, objetó este martes mediante un comunicado, el pronunciamiento de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, en el que el organismo internacional solicitó al Congreso de la República remover los “obstáculos” que impiden la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lea también: ONU pide a Congreso colombiano remover obstáculos para reglamentación de la JEP La bancada uribista consideró que sus propuestas y observaciones sobre los acuerdos de paz no pueden ser calificadas como impedimentos para que se cumpla los compromisos con la justicia y las víctimas del conflicto armado en Colombia. “Las propuestas de ajustes no sólo enmiendan errores sino responden al deseo de la mayoría de los colombianos que así lo han manifestado en dos ocasiones: la victoria del No en el plebiscito de 2016 y la elección de Iván Duque como Presidente con el compromiso de hacer correcciones a los Acuerdos”, argumentó el partido político. Según el Centro Democrático, los colombianos esperan que se hagan los ajustes pertinentes para tener un proceso en el que las víctimas sean el centro y se defienda la honra y el buen nombre de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional “quienes han combatido los ataques del terrorismo que pretendía derrocar la democracia de Colombia”.

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Víctimas y educación pública

Juan Manuel Galán Senador, Partido Liberal La Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano lanzó el proyecto La guerra va a la escuela, que muestra el terrible impacto del conflicto armado en la educación colombiana. Es ineludible preguntarse, entonces, cómo evitar que esto nos vuelva a pasar. Y una de las respuestas posibles es asegurar la continuidad de los esfuerzos y las políticas sociales, fortalecer la institucionalidad y empoderar a las comunidades. Con ese norte en la mira, culminamos esta semana legislativa. Por un lado, buscamos darle continuidad al órgano encargado dentro del Congreso de la República de atender a las víctimas del conflicto armado, y por otro, fortalecer la oferta pública educativa en el país. Efectivamente, el pasado 9 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, tuvimos la oportunidad de visibilizar el ejercicio de monitoreo a la gestión pública, que hacen las más de 1.100 mesas municipales, 33 departamentales y la Mesa Nacional de Víctimas frente al Gobierno y al propio Congreso. …buscamos darle continuidad al órgano encargado dentro del Congreso de atender a las víctimas del conflicto armado, y por otro, fortalecer la oferta pública educativa en el país. Durante el 2016 y el 2017, procuramos esta tarea a través de 7 foros regionales descentralizados que contaron con la presencia de más de 3.000 asistentes, en los territorios del Huila, Nariño, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Cesar. Esperamos que esta institucionalidad que hoy funciona, continúe y garantice su labor de control a la implementación de la ley 1448 de 2011. Se trata de permitir que las próximas decisiones sobre el futuro de la paz en Colombia se tomen con base en informes y estudios sobre la realidad del país y no simplemente en opiniones o llamadas telefónicas ajenas a lo que pasa con las víctimas. En la misma línea de fortalecer la institucionalidad, esta semana logramos aprobar, en último debate, el proyecto de ley que permitirá la sostenibilidad fiscal y económica de un emblemático centro de educación que cumple 90 años. Al declarar Patrimonio Pedagógico de la Nación, escuela laboratorio y centro de práctica de la Universidad Pedagógica Nacional al Instituto Pedagógico Nacional, el Gobierno puede ofrecer una educación accesible para la mayor parte de los colombianos; una reivindicación de la educación pública de calidad. Le ruego a Dios que nos ayude a sacar adelante a Colombia y a los colombianos, para que entendamos que la mejor manera de salir de la guerra y de la violencia es empezar por las víctimas y sanar esa gran cicatriz que la guerra le ha dejado a nuestra educación.  

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“Buscamos paz con equidad social”

El representante conservador Ciro Rodríguez Pinzón ha priorizado desde el Congreso grandes proyectos para el departamento de Norte de Santander, dirigidos a lograr la equidad y la paz en la región y, sobre todo, mejorar el bienestar de la población, con mayor cobertura y calidad en los servicios públicos domiciliarios y la recuperación de la malla vial en las áreas urbana y rural. El legislador está convencido de que el Congreso debe hacer mucho más visible el trabajo que realiza desde cada una de las comisiones para responder a las necesidades de una población que pide ser escuchada a diario. “Por eso hemos sacado adelante los proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y con la vigilancia en materia de competencia para garantizar calidad y cobertura (en agua potable y saneamiento básico)”, señala el parlamentario. Urbanización Villa del Rosario, municipio de Abrego. Simplificación de trámites Consciente de que los resultados de los distintos procesos de certificación adelantados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios muestran un aumento en el número de entidades que no han logrado cumplir con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional, el congresista apoya simplificar los trámites administrativos y reportes de la información requerida a los municipios. “Aspiramos que cerca de un 20% de los municipios y, principalmente, los de categoría sexta que están descertificados logren recuperar la certificación para la prestación de los servicios públicos”, afirma el representante a la Cámara, quien está seguro de que eso ayudará a mejorar sustancialmente la calidad de vida de los colombianos.La idea es armonizar el proceso y que las entidades territoriales sean objeto de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control frente al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, definida por el Gobierno nacional. “Lo que se busca es que no sea un requisito de tipo formal que se les quite la certificación, sino que la certificación vaya encaminada al cumplimiento de las metas de cobertura y de calidad”, explica Rodríguez Pinzón. Su región, una prioridad La solución a gran parte del conflicto armado que vive Colombia colocó a Norte de Santander en la senda del crecimiento, gracias al impulso a la agricultura, el turismo y la construcción y adecuación de las carreteras principales y terciarias. “Los esfuerzos están encaminados a lograr la conexión vial de nuestro departamento tanto con el interior del país como con el Caribe. Además, recuperar a Ocaña como centro de interconexión entre la región fronteriza y el desarrollo multimodal que se genera en el río Magdalena con la inclusión de la vía Ocaña – Gamarra a la Ruta del Sol y la vía Cúcuta”, expresa el legislador.Pero su meta va más allá. Es por eso que, desde el Congreso, ha jalonado grandes proyectos para el acceso a la vivienda tanto a nivel urbano como rural, la creación de empleo, el desarrollo económico y la movilidad en su región.“En el sector rural se han beneficiado más de mil familias, en el urbano más de 300 y en el departamento de Norte de Santander se ha logrado generar un gran impulso en la vivienda de interés social, favoreciendo a más de cinco mil familias, lo que sin duda ha contribuido al cierre de brechas sociales en esa parte del país”, enfatiza. La lucha permanente por la paz Confiesa que siempre ha estado del lado de la paz, pero una paz que lleve a construir justicia social, sobre todo en los territorios, y que permita crear escenarios sociales y políticos para las futuras generaciones de colombianos. Por eso, su gestión parlamentaria estará focalizada en sacar adelante la implementación de los acuerdos que alcanzaron el Gobierno Nacional y las FARC en 2016, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo rural.Así mismo, cumplir con las víctimas del conflicto, a quienes ha prometido que sacará adelante las circunscripciones especiales de paz. “Si logramos el equilibrio entre los sectores rurales y urbanos, y conseguimos acabar con los problemas de tipo social que tenemos en nuestro país, estaremos dando un paso importante hacia la paz”, puntualiza el representante a la Cámara. Casas rurales, corregimiento de Aguas Claras, en Ocaña. (…)siempre ha estado del lado de la paz, pero una paz que lleve a construir justicia social, sobre todo en los territorios, y que permita crear escenarios sociales y políticos para las futuras generaciones de colombianos Ciro Rodríguez Representante a la Cámara

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No vamos a dejar descarrilar este proceso de paz: Santos

  El Presidente, Juan Manuel Santos, advirtió este martes que ante los avances de la paz, hay quienes quisieran que se descarrilara el proceso, pero advirtió que no permitirá que eso ocurra. “Como lo hemos dicho tantas veces, la paz no nos va a quedar grande. Esta paz no es del Presidente, no es del Gobierno; es de todos los colombianos. Todos tenemos que perseverar, para ir construyendo y consolidando esa paz” dijo el mandatario durante la posesión de los once miembros de la Comisión para el Establecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. En el acto efectuado en la Casa de Nariño, el Jefe del Estado se refirió a los avances obtenidos en el proceso de paz y manifestó que “hay muchas personas que quisieran que eso no fuera cierto, que quisieran que el proceso de paz se descarrilara”. “Pero ese proceso no lo vamos a dejar descarrilar, va por buen camino. Por supuesto que hemos tenido obstáculos, que hemos tenido problemas, pero eso es producto de la complejidad y del detalle de un acuerdo de tanta envergadura”, afirmó. “Esta Comisión va a ayudar a algo muy importante, que es sanar las heridas”, expresó el Jefe del Estado, quien aseguro que hoy se esta dando un nuevo paso en la construcción de la paz y en el respeto del derecho de las victimas La Comisión forma parte del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que también incluye la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Los miembros son de la Comisión son el sacerdote Francisco de Roux, quien la preside; Alfredo Molano, Saúl Franco, Marta Cecilia Ruiz, Alejandro Valencia Villa, Lucía González, Carlos Guillermo Ospina, María Patricia Tobón, Alejandra Miller, Ángela Salazar y el español Carlos Martín Beristaín. Santos explicó que esta Comisión reúne economistas, abogados, sociólogos, filósofos y médicos que tienen en común que todos conocen a fondo el conflicto armado. Agregó que al final presentarán un informe para el esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento por parte de la sociedad de los responsables de los mismos, y con recomendaciones para la convivencia y no repetición.   Con Información de: presidencia.gov.co

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Fiscalía ha recuperado 9.000 cuerpos de víctimas del conflicto

La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles que han recuperado los cuerpos de 9.000 víctimas del conflicto armado y se han puesto en marcha más de 3.800 procesos de entrega digna a las familias de los desaparecidos. “9.000 cuerpos han sido localizados y exhumados gracias a la información proporcionada por testigos, integrantes de varias organizaciones criminales que se han postulado a la Ley de Justicia y Paz, (…) y los aportes de sindicados y condenados que se acogieron a trámites de beneficios por colaboración eficaz”, señala el ente acusador. La labor realizada por la Fiscalía durante los últimos 12 años, ha permitido la ubicación de 5.547 fosas y la intervención en 13 cementerios en varios de los municipios más golpeados por el conflicto armado interno que ha vivido el país a lo largo de cinco décadas, con los grupos guerrilleros y paramilitares como protagonistas. “En fosas, los restos ubicados ascienden a 7.056. Antioquia es el departamento con mayor número de hallazgos: 1.235; seguido por Magdalena (706 cuerpos), Putumayo (559 cuerpos), Meta (537 cuerpos) y Córdoba (437 cuerpos)”, afirma la entidad. Los traslados de los 9.000 cuerpos exhumados a los laboratorios de genética de la Fiscalía y al Instituto Nacional de Medicina Legal, se han hecho bajo estrictas medidas y protocolos de conservación, con el fin de verificar la identidad de las víctimas. Hasta el momento 4.296 personas reportadas como desaparecidas ya han sido identificadas.

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Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz

“La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es la entidad del Estado encargada de crear y fortalecer las organizaciones del sector solidario. Desde su labor, adelanta estrategias que han permitido aportarle al desarrollo sostenible, con impacto directo sobre las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, los grupos de voluntariado, las asociaciones campesinas y la comunidad en general”. Con la implementación de planes y proyectos la Entidad estimula las diferentes formas asociativas entre pequeños y medianos productores, basadas en la solidaridad y la cooperación, lo que promueve la equidad de género, la autonomía económica y la capacidad organizativa, además de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y administrativas, con lo que se beneficia el acceso de las comunidades organizadas a bienes y servicios y a la comercialización de sus productos. Gracias a los procesos de promoción, fomento, fortalecimiento, formación y capacitación, la Unidad Administrativa ha logrado impactar en los 32 departamentos del país, beneficiando a más 39 mil familias con la creación y fortalecimiento de 4.197 organizaciones solidarias. Aportes a víctimas del conflicto Desde 2015, Organizaciones Solidarias ha beneficiado a más de 5 mil hogares en condición de víctimas, con la creación de las empresas asociativas solidarias. Esto, afirma González, “resulta determinante para dotar a las víctimas de elementos y capacidades que les permitan potencializar los componentes de restitución de tierras e indemnización económica”. Según la entidad, mediante la implementación de proyectos productivos sostenibles, se dará la formalización empresarial y la generación de ingresos a estas personas. Aportes al cumplimiento del Acuerdo de paz Mediante la creación del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PANFLES), se buscan estimular las diferentes formas asociativas de trabajo entre pequeños y medianos productores, basadas en la solidaridad y la cooperación. Hasta el día de hoy se ha  promovido la autonomía económica, con el fin de fortalecer la capacidad de los fabricantes a la hora de acceder y comercializar bienes y servicios. Este plan quedó establecido como uno de los compromisos del Gobierno en el Acuerdo de Paz. En éste se da gran valor al modelo de economía solidaria para reactivar el campo y brindar oportunidades de acceso a ingresos de la población más afectada por la guerra. El diseño de este documento fue liderado por la entidad y en 2017 se comenzó a implementar en 4 municipios (Montelíbano, San Antero, San Bernardo del Viento (Córdoba) y San Alberto (Cesar), en donde se crearon 11 organizaciones y se fortalecieron 47, con una inversión, en 2017 de 2.286 millones de pesos. Para 2018 se están invirtiendo 1.015 millones. Aporte a la reincorporación de exguerrilleros de las FARC En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC, se estableció la formalización jurídica de una organización de economía solidaria denominada Economías Sociales del Común (ECOMUN). La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias presentó la oferta institucional para aportar a la reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC-EP, oferta que incluye impartir el Curso Básico de Economía Solidaria, asesorar en la constitución de organizaciones de economía solidaria y brindar la asistencia técnica y acompañamiento para su funcionamiento, en el nivel central y en los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación.

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