junio 27, 2026

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Se fortalece seguridad en el Tolima

Desde Carmen de Apicalá, el gobierno departamental, junto a 12 alcaldes de municipios que conforman la zona centro – oriente del Tolima, se realizó el taller de seguridad enfocado en la prevención de la delincuencia y la reapertura económica, con motivo de la pandemia del Covid-19 y los efectos que esta pueda causar en los comportamientos de la comunidad a causa del desempleo. “Como Gobernación, analizamos lo que se podría llegar a presentar y cómo podemos a través de proyectos enfrentar la delincuencia y la criminalidad que podría registrarse;”, dijo el secretario del Interior, Alexander Tovar. El taller contó con el acompañamiento de la Secretaría de Salud para revisar el comportamiento de la pandemia en esta zona, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico para reorientar la reapertura económica gradual en el territorio, incluido el sector turístico. “Estuvimos revisando las acciones precisas y oportunas como proyectos de cámaras de seguridad, red de apoyo, el proyecto de movilidad para fuerza pública y orientamos a todos los mandatarios seccionales que nos acompañaron en la reapertura de libertad religiosa, protección animal y el pago de recompensas” por los más buscados, concluyó el funcionario.  Con información tomada de la Gobernación del Tolima. 

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EL MATRIMONIO ENTRE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Hacemos un llamado por la unión sagrada que debe existir entre dos autoridades imprescindibles: los jueces de la República y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Solo estos dos actores institucionales, acompañados siempre de una ciudadanía activa y observante, pueden poner fin a la epidemia de violencia e impunidad que nos rodea. Bien decía Álvaro Gómez Hurtado que no hay Estado de Derecho o Imperio de la Ley cuando a la gente la matan y sencillamente no pasa nada. Esta es la triste historia de nuestro país que encuentra en Gómez Hurtado y millones de víctimas anónimas la muestra fehaciente de nuestra decadencia moral e institucional, frente a la cual aún no hemos sido capaces de encontrar un antídoto contundente. Cada año asesinan en Colombia cerca de 12.000 personas, lo cual nos ubica en una tasa de homicidios de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha conceptuado que una tasa de este tipo, superior a los 10 asesinatos, debe ser considerada una “epidemia” y exige de las autoridades competentes acciones inmediatas. Esto nos refleja el gran reto que tenemos por delante en materia de seguridad y convivencia. Aunado a lo anterior, no es menos importante recordar que en nuestro país tenemos una tasa histórica de esclarecimiento de los homicidios cercana al 20%, según datos de la Fiscalía General de la Nación, con lo cual concluimos que de cada 10 homicidios sólo dos logran esclarecerse, y el resto, por lo general, quedan condenados a la impunidad. Esta es la verdadera magnitud de la epidemia antes mencionada, cuyas víctimas deben convivir con el dolor de enterrar a sus seres queridos y saber que nadie responderá por el daño ocasionado. Es en medio de este contexto que los colombianos hacemos un llamado por la unión sagrada que debe existir entre dos autoridades imprescindibles: los jueces de la República y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Solo estos dos actores institucionales, acompañados siempre de una ciudadanía activa y observante, pueden poner fin a la epidemia de violencia e impunidad que nos rodea. Desde el Congreso de la República vemos con preocupación que la relación entre los sectores de la justicia y la seguridad en el país no es necesariamente la mejor. Es común oír al policía que se queja por capturar a un delincuente y presenciar cómo el aparato de justicia pronto lo deja en libertad, al tiempo que no faltará el juez o fiscal que se muestre desconfiado frente a la actuación de la fuerza pública por considerarla violatoria de los Derechos Humanos. Este sencillo ejemplo, se puede extrapolar a otros escenarios de mayor complejidad. ¿Cómo garantizar, entonces, la unión fraterna entre los estamentos de la justicia y la seguridad en Colombia? Seguramente la respuesta está en verificar qué ajustes en diseño institucional, financiamiento sectorial, sistemas de control, escenarios de articulación y coordinación, entre otras medidas, se pueden implementar para favorecer la actuación unificada de nuestras autoridades judiciales y de seguridad pública. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, ha desarrollado un conjunto de acciones importantes para fortalecer el binomio justicia-seguridad, en el marco del componente de “legalidad” del Plan Nacional de Desarrollo. Muestra de ello son los esfuerzos que se están adelantando para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y orden público en todo el país, la superación del hacinamiento en cárceles, la descongestión judicial, el control al porte ilegal de armas y estupefacientes, el fortalecimiento de la tutela y otros mecanismos de justicia, entre otros. Así las cosas, confiemos presenciar prontamente el feliz matrimonio entre la justicia y la seguridad en Colombia, seguros que de esa unión obtendremos la anhelada paz.

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MinTrabajo analiza reapertura de centros de capacitación para trabajo en alturas

En reunión que sostuvieron directivos de los Ministerios del Trabajo y de Comercio, con representantes de la Asociación Colombiana de Centros de Entrenamiento Integral, ACCEI, se analizó lo prioritario que es definir reabrir los centros de capacitación, dado el apoyo que requieren los diferentes sectores productivos del país.   Es así, como se socializó que desde la cartera laboral se vienen adelantando acciones conjuntas y necesarias, para que estas empresas puedan reiniciar sus labores en el menor tiempo posible. Para tal efecto, se expedirá una resolución que será publicada y colgada en la página web de MinTrabajo para sus comentarios y sugerencias. Es importante precisar que en el marco del Decreto 749 del 28 de mayo del 2020 que ordenó la continuación del aislamiento preventivo hasta el 01 de julio del 2020, se permitió la activación de los laboratorios prácticos y de investigación en las Instituciones de Educación Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como un avance en el restablecimiento de actividades del sector. Activación que ratificó en un concepto que emitió el Ministerio del Interior, quien tiene la competencia para la reactivación de los diferentes sectores económicos  y en el que también refiere tener en cuenta los lineamientos expedidos en la directiva ministerial que establece orientaciones y recomendaciones para que, observando las medidas de bioseguridad y distanciamiento social que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social, se inicie el retorno a los laboratorios y espacios académicos de práctica asistida, dotados de equipos técnicos que requieran ser manipulados presencialmente, así como para el retorno progresivo a la presencialidad con alternancia en las Instituciones de Educación Superior y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. De esta manera, el proceso de retorno a la actividad en las instituciones iniciará con el regreso de los estudiantes a los laboratorios prácticos y de investigación y continuará, con el retorno gradual y progresivo a las actividades académicas que exijan presencialidad. Así mismo, se hace necesario tener en cuenta los lineamientos generales establecidos en dicha orientación, como un avance en el restablecimiento de las actividades del sector, previa coordinación con las autoridades locales, según lo establece el parágrafo 7 del artículo 3 del Decreto 749 de 2020, debiendo cumplir de manera ineludible los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de salud y Protección Social para el efecto, así como las medidas que adopten o expida el Ministerio del Trabajo y entidades del orden nacional y territorial según el caso concreto. Información tomada desde el Ministerio de Trabajo.

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Quibdó adopta medidas para preservar salud de la población frente al Covid-19

El Gobierno departamental está haciendo un gran esfuerzo para brindar las condiciones que se necesitan para proteger la vida y salud de los chocoanos. Presidido por el gobernador (e) Jefferson Mena se llevó a cabo el consejo de seguridad para ultimar detalles sobre las medidas del toque de queda y ley seca que regirán para el municipio de Quibdó hasta el 1 de junio. El toque de queda, que se aplicará todos los días desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., busca concientizar a la comunidad de la necesidad de acatar las medidas preventivas decretadas en el marco de la emergencia sanitaria actual, para prevenir el contagio del Covid-19 en la población.  Las Fuerzas Armadas trabajarán en coordinación con la administración departamental y municipal para garantizar las normas impuestas por la Alcaldía, con el ánimo de conservar el orden público en el territorio y preservar la vida de la comunidad en la coyuntura actual. El mandatario exigió a las autoridades tener mano firme y cero contemplaciones, porque lo que está en juego es la vida y la salud de los chocoanos. Entre las acciones que se desarrollarán, figuran las siguientes: • Patrullajes y vistas técnicas de establecimientos comerciales del municipio desde las 8 pm del día de hoy.  • Adecuación del sitio donde serán conducidas las personas que estén violando la ley (centro de traslado transitorio). • Acompañamiento del Bienestar familiar para manejo del tema de menores infractores durante la ley seca y toque de queda.  • Acompañamiento de la Personería para garantizar los derechos de las personas que sean conducidas por la Policía.     Información tomada desde la Gobernación del Chocó.   

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FND insta a empresarios y ARLs, cumplir condiciones de seguridad y salud para el retorno al trabajo

Un llamado para que las ARL y mipymes del país cumplan con todos los protocolos de bioseguridad y con el suministro suficiente y oportuno de los Elementos de Protección Personal (EPP) para garantizar la vida y salud de los trabajadores colombianos, hizo hoy la Federación Nacional de Departamentos, durante el Foro Nacional “Retorno Seguro al Trabajo, Protocolos de Seguridad’ que contó con la participación de más de 3 mil personas entre empresarios, directores, gerentes y fuerza laboral de las regiones. Durante el encuentro virtual, el director Ejecutivo de la FND, Carlos Camargo Assis, reveló que la entidad lanzará en los próximos días una aplicación web donde se puede denunciar en tiempo real las inconformidades del personal sanitario con respeto a la gestión de las ARL frente a la entrega de los Elementos de Protección Personal en todo territorio nacional. “La FND ha puesto en marcha una campaña que se llama “Cuidando a quienes nos cuidan”, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la Nación, para proteger al personal sanitario. Se trata de una APP que vinculará los esfuerzos de los participantes para que se pueda conocer la situación de los trabajadores de la salud en todo el territorio nacional, afectados por el no cumplimiento por parte de las ARL del suministro suficiente y oportuno de los Elementos de Protección Personal”, explicó el director de la Federación Nacional de Departamentos. En ese sentido, el presidente de la ARL Positiva, Francisco Manuel Salazar, indicó que la aseguradora Estatal habrá entregado 4 millones de Elementos de Protección Personal a finales del mes de mayo de 2020, como parte de su compromiso para cuidar a quienes nos cuidan. “Hemos asumido el compromiso de colaborar con la mitigación del riesgo de los trabajadores de salud. Y con satisfacción puedo anunciar que antes de finalizar el mes de mayo, Positiva habrá logrado hacer la entrega de la primera fase de los recursos que esta destinando para la adquisición de Elementos de Protección Personal”, aseguró el presidente de Positiva. Por su parte, la presidenta Nacional de Acopi, Rosmeri Quintero, indicó que a la fecha hay 45 mil empresas con protocolos de bioseguridad validados por el Gobierno Nacional, sin embargo, sólo el 24% de las mipymes ha manifestado que ha recibido acompañamiento de su ARL para la implementación de dichos protocolos. “Como gremio que representa a las pequeñas y medianas empresas hemos presentado una serie de propuestas al Gobierno Nacional para garantizar el retorno seguro del sector productivo, combatir la especulación de elementos de bioseguridad y salvar 7.8 millones de trabajos formales en todo el país. Nos preocupa que se hayan triplicado los precios de elementos para adquirir oxígeno, tapabocas, mascarillas, entre otros. Nosotros tenemos la intención de cumplir pero el camino no ha sido fácil”, argumentó la dirigente gremial. De acuerdo con la subdirectora de Riesgos Laborales del Ministerio de Salud, Fanny Grajales Quintero, al día de hoy 804 municipios de Colombia no tienen casos confirmados de personas contagiadas con el COVID-19, razón por la cual, invitó a las autoridades territoriales a garantizar el control y supervisión de las 46 actividades económicas que pueden reaperturar en esas regiones, durante la emergencia, siempre y cuando se cumplan todos los protocolos de bioseguridad y se adopten medidas adicionales como el autocontrol y la disciplina social. Por último, la Federación Nacional de Departamentos hizo un llamado para que los trabajadores tengan presente todas las precauciones anunciadas por el Gobierno Nacional para garantizar el retorno seguro laboral. “Hay que garantizar la salud de la economía, sin economizar en materia de salud. La vida primero, porque toda vida es irremplazable e irrecuperable. Gracias al liderazgo del Presidente Iván Duque, después de 45 días de confinamiento obligado, los colombianos comenzamos un retorno secuencial, paulatino y coordinado para volver al trabajo, con estrictas medidas de bioseguridad, autocontrol y disciplina social. Hay que cumplir la ley y respetar los protocolos. De esta crisis salimos unidos, trabajando todos por el mismo objetivo”. Información tomada desde la Federación Nacional de Departamentos. 

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La agroindustria, impulsará el desarrollo de Arauquita

Con la seguridad de poder convertir a Arauquita en un municipio sostenible con una gran proyección de crecimiento en estos cuatro años, a pesar de las dificultades que le ha generado el conflicto armado a su población, el alcalde Etelivar Torres Vargas, decidió jugársela por la salud, la conectividad, la educación, pero sobre todo, por la agroindustria, considerada el motor de la economía local. Etelivar Torres Vargas, quien nació y creció en Arauquita, es médico de profesión, carrera que lo llevó a especializarse en medicina interna y familiar, así como a realizar un máster en enfermedades infecciosas. El deseo de contribuir a la transformación social de ese territorio, lo impulsó a incursionar en la vida política para desde allí ayudar en la búsqueda de alternativas que aliviaran los problemas del sistema de salud en el municipio. Fue candidato a representante a la Cámara en las elecciones de 2018 y un año después logró el apoyo de los votantes para ser elegido alcalde de la jurisdicción por la coalición “Unidos de Corazón”. El Alcalde de Arauquita trabaja con la comunidad en los proyectos para garantizarles mejor vida La comunidad trabaja de manera conjunta en la proyección y ejecución de obras Innovación, tecnología y salud La gran apuesta de la administración está centrada en cómo garantizar una vida sana y promover el bienestar a toda la población, desde la primera infancia hasta el adulto mayor y la tercera edad. En primera instancia, el mandatario se propone conectar la salud con la tecnología y la innovación, para impactar a la mayor cantidad de pacientes a lo largo y ancho del territorio. El municipio cuenta con más de 3.000 km cuadrados y cerca de 42 mil habitantes, de los cuales el 51% está distribuido en una zona rural dispersa. Por ello, la estrategia diseñada para ampliar la cobertura del sistema de salud, se basa en la “telemedicina” que consiste en una consulta médica virtual que permitirá tener una primera impresión diagnóstica para la detección temprana de enfermedades y prevención de problemas posteriores que pueden ser irremediables. Y es que para garantizar eficiencia en la atención médica, se contará con el apoyo de los gestores/promotores de salud que además de brindar acompañamiento en el proceso de consulta, se encargarán de promover estilos de vida saludables que incluyen actividad física y formas adecuadas de alimentación. Futuro sostenible y desarrollo conjunto Ese es quizás el mayor reto del alcalde ante el atraso social que ha tenido la población por factores ligados al conflicto armado interno. Según el gobernante local, “el municipio de Arauquita, en términos de desarrollo económico, presenta bajos niveles de formación, alta tasa de desocupación, subempleo, informalidad, dificultades para crear y consolidar empresas y ausencia de alternativas de financiamiento por la banca, así como instituciones de fomento empresarial para los más pobres”. Un panorama nada alentador que ha llevado al mandatario a crear un clima propicio para abrir las puertas a un desarrollo sostenible que ayude a reconstruir tejido social y a potencializar las capacidades del territorio, como su producción agrícola y ganadera. El municipio se ha caracterizado por tener el mejor cacao del mundo, (premio otorgado en tres ocasiones por el salón del chocolate en París) y por ser el segundo productor de plátano del departamento de Arauca. También por contar con una leche de calidad en la región. La administración insiste por ello en facilitar su comercialización a través de la recuperación de las vías terciarias que para 2023 alcanzarían los 200 km. En cuanto a la agroindustrialización se busca crear empresas procesadoras de cacao, leche, carne y fertilizantes, para garantizar la generación de empleos permanentes, que eleven la calidad de vida y disminuyan el costo de la canasta familiar. Educar para crecer Para Etelivar Torres Vargas la educación es un eje transversal de suma importancia, ya que Arauquita es un municipio que tiene 10 mil estudiantes en sus aulas en este momento, pero solo el 3% tiene acceso a la formación superior. Una de sus primeras acciones, será por eso, aumentar el número de personas que tengan acceso a ese nivel de enseñanza. Ya se han adelantado los estudios pertinentes para la construcción de la sede de la primera universidad del municipio, gracias al convenio realizado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que espera iniciar con 17 programas en 2021. Con el objetivo de resolver el problema de desescolarización que afecta en total a 20 mil personas que incluyen 8 mil analfabetas y 12000 rezagados en esa localidad, se busca la apertura de una sede del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pues “solo si logramos que la población se eduque podemos estar hablando de un verdadero progreso del territorio que haga de Arauquita un lugar idóneo para desarrollar un proyecto de vida” que les signifique a sus habitantes crecimiento personal y profesional. El principal reto para el mandatario, es lograr un futuro próspero para Arauquita. Etelivar Torres Vargas, en compañía de otros mandatarios locales en el Congreso Nacional Municipios

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Mayor seguridad para controlar el orden en Sucre durante pandemia

Un plan estratégico de lucha contra la delincuencia se implementará en Sucre, en cabeza del gobernador, Héctor Olimpo Espinosa, como estrategia para contrarrestar los hechos delictivos que se han incrementado en las últimas semanas en el departamento, en medio de la emergencia sanitaria que vive la región. De acuerdo con un comunicado de la Gobernación, la medida surgió tras un consejo de seguridad donde, según el reporte de las autoridades, se han incrementado los hurtos a residencias y a personas, durante el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional para contener el virus en el departamento. En un esfuerzo interinstitucional se buscará tratar la impunidad y fortalecer las labores de inteligencia para reducir ostensiblemente los hechos delictivos e identificar a los actores que los generan.  Según la Fiscalía, se venía registrando en las últimas semanas un leve incremento de conductas delictivas, como hurto a personas,con cerca de 40 casos; hurto a residencias, con más de 25; hurto de celulares, con más de 20 hechos y robo de motocicletas, con más de 15 casos. Una situación contraria, ha ocurrido con la tasa de homicidios, la cual se ha disminuido a su máxima expresión. Sobre este último delito, se trabaja en la investigación del asesinato, hace varias semanas, de dos personas en el municipio de San Onofre, pero aún no se tienen avances importantes.  En el consejo de seguridad también se hizo seguimiento a los puestos de control sanitario para prevenir el COVID-19 y se avaló un convenio para crear una plataforma única de monitoreo a las personas que ingresan al departamento con permiso para laborar, y que provienen de regiones donde hay circulación comunitaria del virus. Esto, con el fin de evitar su propagación.  Se busca fortalecer las labores de control, comprometiendo el apoyo de las administraciones municipales y de los organismos de seguridad para que funcionen las 24 horas con la logística necesaria y acciones más contundentes.  Cabe recordar que en el departamento entraron a operar desde esta semana siete puestos de control sanitario en vías de acceso, adicionales a los que se han instalado por cada uno de los municipios para controlar el ingreso de personas que podrían estar infectadas por el Covid-19.  «Hemos establecido que no están pasando por las carreteras ordinarias, sino que entran por trochas. Tenemos casos identificados, sobre todo en San Onofre y Montes de María», enfatizó el mandatario.   Y es que cualquier persona que ingrese al departamento y que certifique que su arribo es con fines de trabajo deberá permanecer aislada durante 14 días previo al inicio de sus actividades e informar los datos personales y el lugar de aislamiento a las autoridades sanitarias de la región sucreña. Se propuso por parte del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, la posibilidad de implementar nuevamente, en caso de ser necesaria, la medida de toque de queda, la cual fue aprobada por los altos mandos de la fuerza pública que participaron en el consejo de seguridad virtual, con lo cual se restringiría completamente la movilidad.   

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Personal médico renuncia por falta de garantías

El Instituto Nacional de Salud (INS) presentó el reporte de los casos confirmados entre los profesionales de la salud, en donde se registra el contagio de 169 personas, de las cuales 125 se infectaron en el ejercicio de su profesión, 32 son importados, es decir que contrajeron el virus en el exterior, y los 12 restantes están relacionados. En los últimos días se ha convertido un reto para el personal de la salud garantizar su ejercicio, puesto que alegan no cuentan con las garantías mínimas para desempeñar su labor y evitar el contagio.  Pese a que la situación no es la misma en todo el territorio nacional, uno de los casos más preocupantes es el que se vive en Leticia, Amazonas, ya que por medio de una carta presentada al gerente del hospital San Rafael, Roberto Sierra del Castillo, 30 médicos presentaron su renuncia argumentando la falta de equipos de seguridad. Los profesionales afirman que no disponen de herramientas de bioseguridad (trajes de protección, guantes o tapabocas) para disminuir la probabilidad de contagio y proteger sus vidas. Como expone el documento, la deficiencia en los protocolos frente a la contención del virus, ha “generado caos a nivel interno y contaminación a áreas que no atienden ese tipo de pacientes”.  Además, expresan que tampoco tienen garantías de los pagos salariales y no hay reconocimiento económico frente a las horas de trabajo extra o la amplia carga laboral que deben asumir.  Por lo tanto, se destaca la importancia de proveerles las condiciones necesarias para que puedan desempeñar sus funciones de manera idónea y, a su vez, protejan su vida, la de sus familiares y la de los pacientes que requieran de su cuidado. 

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Fiscal General anuncia primer equipo de colaboradores

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, presentó al primer grupo de colaboradores que, desde hoy, lo acompañará para cumplir los nueve ejes de gestión definidos desde el momento de su posesión. Juan Francisco Espinosa, Vicefiscal General de la Nación Abogado y especialista en contratos de la Universidad del Rosario, con estudios en finanzas de la Universidad de los Andes. Tiene más 15 años de experiencias en los sectores público y privado, y en la Academia. Se desempeñó como ministro de justicia encargado, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), viceministro de Justicia, coordinador del Grupo de Trabajo contra la Financiación del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica – GAFILAT y, recientemente, había asumido la dirección de Migración Colombia. Como director de la UIAF generó el mayor impacto contra las organizaciones criminales en la historia de la entidad, tanto en número de casos entregados a la Fiscalía como en el valor de los mismos, en cuantía superior a los 10 billones de pesos. Gabriel Ramón Jaimes Durán Fiscal, coordinador de la Unidad Delegada de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia  Abogado penalista de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga (Santander), con maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda y especialización en Derecho Penal de la misma universidad. El doctor Jaimes Durán tiene 25 años de experiencia en calidad de operador judicial en investigaciones y juicios penales desde el nivel municipal hasta la Corte Suprema de Justicia. Se desempeñó como Procurador Delegado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos de connotación nacional contra aforados legales y constitucionales, y asuntos relacionados con el conflicto armado. Fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado y, en el nivel asesor, cumplió funciones de fiscal adscrito ante la Dirección Nacional de Fiscalías con participación activa en el proceso de implementación del Sistema Penal Acusatorio en Colombia. Carmen Torres Malaver, delegada para la Seguridad Ciudadana Completó 25 años en la Fiscalía General de la Nación y ha desempeñado diferentes cargos desde el área auxiliar y asistencial hasta la Dirección Seccional de Fiscalías en Bogotá. La doctora Torres Malaver es abogada de la Universidad Libre Seccional Socorro (Santander). Tiene especializaciones en Derecho Administrativo y Penal, y maestría en Investigación Criminal de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, entre otros estudios. Martha Janeth Mancera, directora de la Unidad Especial de Investigaciones Abogada de la Universidad Libre de Bogotá con magister en derecho penal de la Universidad Libre de Cali y dos especializaciones de la misma facultad, en derecho constitucional y criminalística y ciencias forenses. Ingresó a la Fiscalía General de la Nación en 1993, y se ha desempeñado como fiscal delegada ante los jueces especializados, fiscal delegada ante los jueces del circuito, directora seccional del CTI en Cali, directora seccional en Valle del Cauca y directora de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada. Desde el 1 de diciembre de 2017 asumió la dirección de la Unidad Especial de Investigación y ha logrado articular esfuerzos para ubicar en 47% la tasa de esclarecimiento de crímenes contra excombatientes, y en 52% el esclarecimiento de los hechos violentos contra los defensores a los derechos humanos. Por su desempeño ha sido distinguida con la medalla Enrique Low Murtra. Marcela María Yepes Gómez, directora Ejecutiva Profesional en Economía Empresarial de la Universidad Autónoma de Manizales, con maestría en Administración Financiera en la Universidad Tecnológica de Pereira y especialización en derecho de empresa de la Universidad de los Andes. En el sector público se ha desempeñado como Gerente Administrativa y Financiera, Directora de Recursos Físicos y de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario en la Contraloría General de la República. En la Fiscalía General de la Nación completó 13 años de servicio ininterrumpido. Ingresó el 5 de febrero de 2007 como directora Administrativa y Financiera de la Seccional Risaralda. Posteriormente se desempeñó como directora nacional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación y directora de Control Interno. Información tomada de Fiscalía General de la Nación.

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Duque resalta labores en materia de seguridad en 2019

El Presidente Iván Duque Márquez resaltó este jueves los resultados registrados en el 2019 en materia de seguridad y la lucha contra el crimen, los cuales, entre otros logros, revelan una reducción en los delitos en el país. Sin embargo, el Jefe de Estado afirmó que aunque “las cifras muestran optimismo”, se trabaja para que en el 2020 los indicadores sean mejores. “Las cifras que les he compartido muestran optimismo, no complacencia. No muestran, de parte nuestra, jolgorio, ni más faltaba; muestran buenos resultados, pero queremos mejores indicadores cada vez más”, resaltó el Mandatario, quien agregó: “Salimos de esta reunión de balance del 2019 motivados a obtener mejores resultados en el año 2020”. La citada reunión, en cabeza del Presidente Duque, se realizó en la Casa de Nariño con la participación del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; la Ministra de Justicia, Margarita Cabello; el Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, los integrantes de la Cúpula Militar y de Policía y el Fiscal General de la Nación (e), Fabio Espitia. El Mandatario, en declaración a medios periodísticos, subrayó la reducción del 1% en la cifra de homicidios en Colombia. Mientras en 2019 se registraron 12 mil 825 casos, en el 2018 hubo 12 mil 923 homicidios. La cifra es significativa, pues entre el 1° de enero y el 6 de agosto de 2018, antes del inicio del Gobierno del Presidente Duque, el número de homicidios había aumentado el 6,8% en comparación con el mismo periodo de 2017. Por esto, el Jefe de Estado, al dar a conocer las cifras, enfatizó: “Tuvimos en el año 2019 una de las tasas de homicidio más bajas que haya visto el país desde 1974. Creo que este es un logro de Colombia que nos tiene que motivar a que cada año seamos mejores en esos resultados”. También puso de presente la reducción en las cifras de secuestros en el país, que registró menos de 100 casos en el año. De hecho, en el 2019 se cometieron 92 secuestros, frente a 176 en 2018. “Tuvimos una reducción del secuestro cercana al 48%, pero lo más importante es que Colombia registra la tasa de secuestros más baja desde que hay indicadores y estadísticas de ese delito. Tuvimos, por primera vez, desde que existen esas consolidaciones estadísticas, menos de 100 secuestros registrados en el país, y creo que este es un importante logro de Colombia”, aseguró. Erradicadas más de 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos En el mismo balance, el Presidente Duque puso de relieve la tarea de la Fuerza Pública, que permitió la erradicación de más de 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos. “El año 2019 nos trae más de 100 mil hectáreas erradicadas, combinando distintas fuentes, pero quiero destacar la labor de la Fuerza Pública que logró en erradicación manual la cifra más alta que haya visto nuestro país bajo esa modalidad, superando las 94 mil hectáreas”, manifestó. Al respecto, el Jefe de Estado aseveró que de esta manera se mantiene “la meta de reducir en un 50% el área sembrada de cultivos ilícitos para finales del año 2022”. “Ese es un propósito nacional”, sostuvo. Así mismo, destacó que en el 2019 “logramos incautaciones de clorhidrato de cocaína cercanas a las 434,7 toneladas, cifra histórica en el país, que muestra la contundencia que ya describí en la lucha contra los cultivos ilícitos, y también la capacidad de evitar que salgan estupefacientes de nuestro territorio”. Lucha contra el terrorismo Con respecto a la lucha contra el terrorismo, el Mandatario se refirió a la disminución en los ataques a la infraestructura petrolera y energética. “Quiero hacer referencia, también, a lo que ha sido la lucha contra el terrorismo. El año 2019 trajo una reducción del 33% de los ataques a los oleoductos en el país, y eso muestra la presencia territorial, la capacidad de reacción y la protección de infraestructura estratégica”, explicó, y añadió que hubo una reducción del 100% en los ataques a torres de energía. Los retos del 2020 El Presidente, frente a los retos en la lucha contra la criminalidad, dijo que es necesario fortalecer la lucha contra el hurto en las calles de las ciudades del país. “Nosotros tenemos que bajar cada vez más los hurtos en las ciudades, y este ejercicio de hoy nos ha permitido marcar metas y dar instrucciones en los territorios, de la mano con lo que son los lineamientos de la nueva Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, indicó. Para esto, el Jefe de Estado señaló: “Queremos que la Fuerza Pública y la ciudadanía puedan, cada vez más, trabajar para desarticular esas redes de hurto en distintos lugares del territorio”. Finalmente, destacó que en el 2019 hubo una reducción de las lesiones personales cercanas al 18%, del hurto a residencias del 6% y del hurto a comercio del 2%. Información tomada de la Presidencia de la República

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