febrero 14, 2026

Reforma a la Justicia

Justicia sin forma y sin reforma

Por: Santiago Valencia Senador de la República Centro Democrático Son muchas las cosas que nos han llevado a pensar que la justicia en nuestro país no tiene forma y ahora resulta, que no podemos hacerle una reforma. Constantemente se han presentado proyectos para modificarla y por una u otra razón se hunden en medio de debates que se tornan displicentes por parte de muchos que consideran que por venir del gobierno que no es de sus afectos, ni el país, ni su gente la merece. Esta justicia como la conocemos no aguanta más, es imperativo reformarla para que todos podamos creer y sentir que no estamos sumidos en la más profunda impunidad, que los grandes criminales de la historia no terminarán bailando sobre la sangre de sus víctimas mientras a ellos, los consume el dolor por solo tener la certeza de no haber encontrado nunca, verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición. Nuestra justicia necesita tener forma de justicia, y eso solo pasará cuando seamos capaces de entender que los crímenes atroces nunca podrán ser conexos a los delitos políticos, cuando no se premie a los victimarios con curules y a las víctimas con la indiferencia, cuando las cortes no tengan enormes mantos de duda sobre ellas y cuando las penas impuestas a los criminales no sean tan simbólicas que parezcan casi invisibles y hasta ridículas. Los colombianos merecemos una reforma de fondo que nos garantice la correcta aplicación de penas y la no impunidad y es nuestro deber hacer que pase. ​ ¿Será que la incapacidad institucional del Congreso para reformar la justicia y las obstinadas trabas para reformar la JEP en una justicia tradicional que nos represente a todos los colombianos, nos va a dejar la única opción de una Asamblea Nacional Constituyente? Los colombianos merecemos una reforma de fondo que nos garantice la correcta aplicación de penas y la no impunidad y es nuestro deber hacer que pase. No podemos pretender curar con paños de agua tibia un cáncer, el 21 de mayo dimos un gran paso al aprobar en segundo debate en plenaria del Senado un proyecto de acto legislativo, para que quienes cometan delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes sean juzgados por la justicia penal ordinaria. Pero sobre todo, para que nunca más pueda entenderse que delitos tan abominables como éstos, tienen algo que ver con la rebelión y el conflicto armado y sean beneficiados con tratamientos penales diferenciados. La justicia es un pilar fundamental y un eje definitorio dentro de la concepción del estado social de derecho que tiene nuestro país, y como congresistas es nuestro deber generar las reformas legislativas necesarias para una recta e imparcial administración de justicia.

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Reformar la justicia

Por: Paloma Susana Valencia Laserna Senadora de la República Centro Democrático Una necesidad, un imperativo, una obligación. La justicia es un pilar del Estado de Derecho, tal vez, el más significativo. Resolver los problemas de los ciudadanos por un tercero imparcial es la manera más efectiva de acabar con la justicia por la propia mano, que para tristeza de nuestro país tiende a aumentar. Sin embargo, nuestra justicia está desprestigiada por su ineficiencia, por su carencia de seguridad jurídica y sobre todo por la corrupción, que como a toda nuestra sociedad, la ronda y la mancha. Analizados los asuntos que explican sus fallas encuentro cuatro grandes temas, el proyecto de reforma a la justica que reúne el del gobierno, el de Cambio Radical y el nuestro -mío y de algunos congresistas del Centro Democrático (CD)- que da respuesta a estas inquietudes. Ese proyecto que no  tuvo éxito, requiere insistencia, que daremos en el siguiente periodo. Una justicia parecida a la tutela, ha sido mi consigna para pensar este asunto. Necesitamos simplificarla. Fortalecer la primera instancia, de manera que todos los casos tengan una sola puerta de acceso, y los jueces puedan avanzar en una carrera con ascensos y mantenerse como jueces. Así vamos consolidando la carrera judicial y capitalizando la formación y el conocimiento que los jueces adquieren. Una buena primera instancia cambiará el destino de la justicia y por eso también hemos propuesto que en el gasto de la rama el buen funcionamiento de aquella sea la prioridad. Una segunda instancia que resuelva las apelaciones, y ojalá una sola alta corte, de cierre, dedicada a unificar la jurisprudencia, con un recurso de amparo constitucional. Así le daremos prelación al derecho sustantivo y unicidad y coherencia a la jurisprudencia. Una justicia donde cada juez falla como le parece, y un resultado es tan factible como el otro, genera desconfianza y espacio para la corrupción. Esto es necesario para garantizar la seguridad jurídica, que es la capacidad de saber con certeza cómo o cuál va a ser la decisión de la jurisdicción necesitamos una jurisprudencia unívoca. Requerimos que por disposición de la ley, unifique las posiciones de la rama en una sola corte de cierre. Una justicia donde cada juez falla como le parece, y un resultado es tan factible como el otro, genera desconfianza y espacio para la corrupción. Debemos tener sentencias que unifican las posiciones y son obligatorias, de manera que todos los casos iguales son fallados en el mismo sentido. Una sola corte solucionaría el asunto de manera definitiva, pero no he encontrado, aún, suficientes aliados para mi propuesta. Por eso al menos debemos buscar unificar la jurisprudencia incluso entre las altas cortes y sus salas. Solo así lograremos tener un cuerpo de decisiones claras y precisas que permitan que todos los casos iguales sean juzgados de idéntica manera. La rama se queja de que su sistema de administración, el Consejo Superior de la Judicatura y el gerente no son capaces de ejecutar adecuadamente los recursos que reciben. Por eso, se ha planteado una separación total del tema disciplinario, del tema de carrera judicial y de la administración. Todo ello coordinado por una comisión donde estén representados todas las instancias de la rama, jueces, tribunales, altas cortes, Fiscalía y empleados que dispongan la línea de acción. En lo administrativo, con gerente coordinado por una junta directiva. Este diseño permite organización y eficacia. Necesitamos poder juzgar a todos los llamados “aforados”. Hubiera preferido eliminar todos los fueros, y que no existan justicias especiales para los de cuello blanco, pero tampoco encontré aliados para ello, por ahora. Entonces buscaremos un tribunal independiente que los juzgue a todos en dos instancias y que pertenezca a la rama judicial. Además necesitamos magistrados que no utilicen las cortes para catapultar su carrera profesional, sino que la terminen ahí. Por eso exigiremos edad mínima de ingreso de 50 años, 25 años de experiencia profesional y periodos de 12 años buscando que salgan pensionados con inhabilidades de litigio en su jurisdicción vitalicias y limitaciones al acceso a la política por cuatro años. Ojalá podamos sacarla adelante en la próxima legislatura. Colombia como estado de derecho, hoy con todas las decisiones polémicas de las Cortes, requiere confianza en sus instituciones.

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Las Cortes y el Consejo de Estado se pronuncian sobre Reforma a la Justicia

Las dos Altas Cortes afirmaron que no hacen “lobby”, ni negociaciones con otras ramas del poder público. Se guían solo por los altos intereses de la pronta y cumplida Justicia y los de la democracia, con sus necesarios frenos y contrapesos. Por primera vez, las Salas Plenas de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se reunieron el pasado 22 de noviembre, para analizar el actual proceso de “reforma a la Justicia”, razón por la cual no era procedente la presencia de la Corte Constitucional, en atención a que a esta Corporación le compete efectuar el control de constitucionalidad sobre los actos legislativos expedidos por el Congreso de la República. Luego del encuentro, los altos tribunales aseguraron que tienen un “máximo interés en que se hagan las reformas a la justicia, con el propósito de garantizar pronta y cumplida justicia para cada persona del país, y sobre la base de respetar la autonomía de la rama y la independencia judicial”. “El mandato constitucional de democracia participativa exige que las dos Altas Cortes -amén de otros variados actores-, deban ser oídas como cabeza de las jurisdicciones y conocedoras de la función de Administrar Justicia. Se exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que continúe el dialogo interinstitucional que hasta ahora se ha adelantado, así como para que se escuche a otros sectores y personas interesados y expertos en cada tema”, afirman en el comunicado conjunto. De acuerdo con las Cortes, la reforma a la justicia debe tener el propósito esencial de la tutela judicial efectiva. En tal sentido, debe incorporarse en la reforma un programa de descongestión, punto que inexplicablemente fue excluido del articulado. “Una reforma a la justicia es insustancial si no aborda cambios de fondo a la administración y gobierno en dirección a fortalecer la autonomía real de la Rama Judicial”. Aclararon que la Rama Judicial requiere un órgano autónomo de administración y gobierno, en la textura de la Constitución Política de 1991. La reforma a la Justicia debe abordar cambios de fondo al actual diseño organizacional para fortalecer la autonomía real de la Rama Judicial, la eficiencia, la efectividad y la rendición de cuentas El órgano de administración y gobierno de la Rama Judicial no debe tener la naturaleza de Alta Corte, y en cambio debe prever la participación de las tres Altas Cortes que dan clausura al sistema judicial. Con información del Consejo de Estado

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Duque arranca con pie derecho

El presidente Iván Duque pasó la prueba en su primer mes de Gobierno, durante el cual visitó más de 20 lugares, reafirmando su compromiso con las regiones, inició una cruzada contra el consumo de drogas y la corrupción y esbozó las líneas generales de lo que será su programa de recuperación económica, sobre la base de menores impuestos a las empresas, mayor generación empleo y el impulso al emprendimiento. La seguridad estuvo en el primer orden de la agenda del mandatario en los primeros 30 días, con la puesta en marcha del Plan Diamante y “El que la hace la paga”, una estrategia ofensiva para combatir los 10 delitos de mayor impacto a nivel nacional, entre los que se encuentran el hurto, homicidio, secuestro, abuso de menores y narcotráfico. Se espera que las autoridades realicen alrededor de 582 operaciones contra el crimen organizado en todo el país, varias de las cuales han permitido ya desmantelar importantes redes del microtráfico a nivel regional. El Presidente Iván Duque propone un gran “Acuerdo Nacional” por Colombia. El diálogo social, una prioridad En el arranque de la administración, las regiones también han tenido un papel preponderante, a través de los denominados talleres “Construyendo País”, que le han permitido al presidente Iván Duque conocer las necesidades de los territorios y plantear salidas, de la mano de los alcaldes, gobernadores y entidades tanto públicas como privadas. “Colombia necesita recuperar el diálogo social. El Estado tiene que llegar a la comunidad. El Estado no puede llegar con espíritu milagroso. Tiene que llegar a buscar soluciones con las autoridades locales y departamentales, con el sector privado, con los líderes sociales, con las madres cabeza de familia, con los emprendedores”, dijo el Jefe de Estado. Los encuentros ya dejan sus frutos: Se han concretado 153 compromisos relacionados con diferentes necesidades de las zonas visitadas, en infraestructura, emprendimiento, salud, educación, deporte, legalidad, servicios públicos, cultura y turismo. Esta dinámica, en la que más de 15 mil personas han participado, representa la oportunidad para que las comunidades sean escuchadas y formen parte de la solución de los problemas que aquejan a sus regiones. Recomponer la seguridad El mandatario le ha apostado igualmente a recomponer la seguridad y el orden público, para lo que puso en marcha un plan de choque por 100 días. Es así como realizó ocho consejos de seguridad en San Andrés, Tibú (Norte de Santander), Tumaco (Nariño), Carepa (Antioquia), Cartagena, Miranda (Cauca), Bogotá y Bucaramanga. “Hemos logrado demostrarle al país que vuelve a tener Comandante en Jefe en las regiones para enfrentar el crimen organizado con toda la determinación”, afirmó el Presidente. Para que esos planes tengan resultados efectivos es necesario, según el gobernante colombiano, seguir fortaleciendo la red de participación cívica para que la ciudadanía colabore en el papel que están cumpliendo las autoridades. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, en estas primeras cuatro semanas, la Policía Nacional capturó a 152 personas involucradas en los delitos de secuestro y extorsión. Así mismo, la institución informó que en el marco de la ofensiva contra el microtráfico fueron arrestadas 453 personas y se produjo la incautación de más de 880 kilos de droga. La ofensiva militar y policial en contra el ´Clan del Golfo´ permitió la captura de 186 de sus integrantes, entre ellos tres cabecillas: Alias Ernesto, quien controlaba la minería criminal y las rutas del narcotráfico en el Atrato. Alias Platino, encargado del negocio de la droga en Antioquia y alias Cometa, a cargo del tráfico de material de guerra y el cobro de extorsiones en la zona noroccidental de Urabá. Cruzada contra el consumo de droga Alejar a los vendedores de droga de los parques e instituciones educativas, en el marco de una cruzada contra el consumo de estupefacientes, que incluye la facultad a las autoridades para decomisar incluso la dosis mínima, ha sido otro de sus propósitos. “Queremos una política integral para que tengamos prevención desde la familia y el colegio, también que la Policía tenga instrumentos para decomisar la que hay en las calles, sin judicializar al consumidor, pero quitando la droga”, explicó Duque. Recuperación de la economía Duque también mostró al país las líneas generales de un programa de recuperación económica que empieza con la lucha frontal contra la corrupción, eliminación de trámites burocráticos innecesarios, impulso al emprendimiento y un sistema tributario más equitativo y progresivo. El Gobierno se propone, además, reducir en un 10 por ciento los gastos en el presupuesto, para que los recursos de ahorro beneficien a los colombianos más vulnerables. La iniciativa hace parte del programa de reactivación económica que el Ejecutivo pondrá a consideración del Congreso de la República y cuyo objetivo es jalonar los sectores productivos para que generen recursos que se inviertan en los proyectos sociales y se construya más justicia y equidad social en el país. Para el jefe de Estado, hay cuellos de botella que afectan la economía, como el exceso de impuestos que asfixian a la micro, pequeñas y medianas empresas, la proliferación de trámites que dificultan hacer negocios y la ausencia de un programa fuerte de crédito y acceso a mercados. Duque ha insistido en que se debe “bajar la carga tributaria a los que generan empleo en nuestro país; que podamos exigirles a los que no están pagando y que tienen altísimos ingresos, que paguen un poco más, que paguen lo que deben, y que por esa vía tengamos esos ingresos que nos permitan hacer esa reducción”. Lucha contra la corrupción Los analistas consideran el combate a la corrupción como uno de los temas de mayor importancia para el presidente en los primeros 30 días de estar en el poder. En esa línea de acción, el gobernante logró reunir a las distintas fuerzas políticas, incluido el naciente partido FARC, para alcanzar un gran acuerdo que permita atacar el problema de raíz. Pese a que la consulta anticorrupción logró una votación histórica (11,6 millones de votos), no alcanzó el umbral, lo que llevó a Duque a impulsar un

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Uribismo radica proyecto para unificar altas cortes

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó un proyecto de ley por medio del cual se retoma la iniciativa de la bancada uribista de unificar las altas cortes. Sin embargo, la propuesta no tuvo gran acogida en el Gobierno Nacional, pues la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dejó en claro que “ese es un tema ya superado”. “No apoyamos la unificación de Cortes. Nosotros dijimos nuestras cartas cuando presentamos el proyecto del Gobierno”, indicó Borrero. Leer también: Reforma judicial descarta unificación de las Cortes Esta reforma se suma a las presentadas por Cambio Radical y el Gobierno Nacional, por lo que la ministra aseguró que el Congreso “ya tiene todo un paquete de ideas para mejorar la justicia” en Colombia. “El reto es ponernos de acuerdo en temas que son comunes y otros que son diferentes. Este proceso empieza ahora. Tenemos muy poquito tiempo, esperamos que nos pongamos de acuerdo”, dijo. “El primer tema que nosotros traemos es la eliminación de las altas cortes y la creación de un solo tribunal supremo de origen constitucional, que se encargaría de unificar la jurisprudencia de los tribunales y de conocer un recurso extraordinario de amparo constitucional”, explico Valencia. La eliminación de los fueros es otro de los puntos que trae la reforma presentada. Según la senadora, es “un sencillo procedimiento de desaforamiento por comisiones primeras y juzgamiento por tribunales ad hoc de tres jueces de circuito, y tribunales para la segunda instancia”.  Eso ayudará, en su concepto,  no solo a acabar con la impunidad, sino que devolverá la confianza de los colombianos en la justicia  al saber que “no hay una justicia para los altos funcionarios y otra para las demás personas”. “La escogencia del procurador y el contralor la hará el Legislativo con un procedimiento de examen y mérito”. Esta iniciativa les quitaría las facultades electorales a las Cortes, según lo propuesto.

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Duque anuncia proyecto sobre reducción de salarios a congresistas

Queremos que la Mesa Técnica siga viva, es una herramienta de diálogo y de concertación importante: Duque. El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció este lunes que radicará el proyecto de ley que establece el congelamiento y la reducción de los ingresos de los congresistas. “Podemos anunciarles que estaremos radicando con todo el equipo de la Mesa Técnica el proyecto que establece el congelamiento y la reducción de los ingresos de los salarios de los congresistas. También haremos un proyecto complementario que permita desindexar ese salario de los congresistas con otros salarios en la administración pública para que no haya una afectación estructural a otros sectores”, explicó el mandatario durante su intervención. La afirmación la hizo terminada la reunión con la Mesa Técnica que empezó hace unas semanas con ocasión de los resultados de la Consulta Anticorrupción. “Decidimos invitar a conformarla a todos los partidos políticos para recoger el sentimiento popular y también para respaldar las iniciativas que en materia de lucha contra la corrupción ha presentado el Gobierno Nacional”, afirmó. El jefe de Estado indicó que fortalecerá los instrumentos para perseguir patrimonialmente  los recursos de quienes han cometido delitos de corrupción en el país. “Esto será complementado con un proyecto que presentará la Presidencia de la República a través de la Vicepresidenta, que tiene que ver con fortalecer las herramientas de regulación al cabildeo en el país. Y también la creación de herramientas adicionales para perseguir de manera decidida a los corruptos en el territorio nacional”, dijo. Duque invitó a la Mesa Técnica a apoyar las iniciativas de reforma a la Justicia y Política que se encuentran en el Congreso de la República. “Como ustedes saben el Gobierno Nacional presentó su reforma con la señora ministra Gloria Borrero, con la ministra del Interior Nancy Patricia, hay otros partidos que han presentado iniciativas, pero creemos que esta Mesa Técnica puede servir para enriquecer ese debate en el Congreso y también llevar a feliz término este proceso que el país reclama con tantos deseos”, precisó. “Esa reforma política en líneas generales ha sido acogida por los partidos, obviamente tendremos el debate en el Congreso, pero hay muchísima cercanía de los partidos con esta iniciativa”, concluyó el mandatario.

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Reforma judicial descarta unificación de las Cortes

La iniciativa no contempla la creación de una sola Corte como lo había contemplado durante su campaña a la Presidencia  El Gobierno Nacional presentará este jueves ante el Congreso de la República el proyecto de ley de reforma a la justicia que plantea una regulación para ordenar la acción de tutela, especialmente contra decisiones judiciales. Para el Presidente Iván Duque la tutela es una de las “más importantes conquistas del pueblo colombiano lograda en la Constitución de 1991”, por lo que destacó que la iniciativa fortalece esta herramienta sin desnaturalizarla. “Celebro que se haya abierto un camino de mayor claridad para establecer las fronteras cuando se trata de tutela contra sentencias judiciales”, afirmó. El jefe de Estado manifestó que los principios del proyecto de reforma a la justicia que se ha venido construyendo en concertación con las Altas Cortes y los trabajadores de la Rama Judicial, son la confianza, tranquilidad, transparencia y claridad. Otra de las propuestas de la iniciativa es la revisión a las facultades electorales “no con la idea de eliminarlas todas, pero sí de hacer una modernización donde se preserven algunas y otras se puedan transferir, independizando aún más la labor de los jueces”, explicó el Presidente. La reforma incrementa las inhabilidades, donde además se faculta a las salas plenas para la suspensión de los magistrados que han incurrido en conductas indecorosas. Se modifica los requisitos para ser togado, como por ejemplo tener 20 años de servicio para llegar a ser magistrado de una Alta Corte y que dentro de esos 20 años, el aspirante tiene que haber trasegado por lo menos 5 años como juez o como magistrado de Tribunal. Además, propone que los Magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial sean seleccionados por la Comisión de la Carrera Judicial por méritos. Por otro lado el mandatario colombiano destacó la importancia de haber contemplado el fuero para los jueces penales, lo cual es importante para “protegerlos en su independencia y garantizar que tengan todas las herramientas para proceder”. Subrayó que el proyecto haya empezado a construirse sobre la base del precedente judicial, y que éste se convierta en una unificación rigurosa que les permita a los jueces y a los magistrados de los Tribunales tener un conocimiento en tiempo real en los lineamientos interpretativos del derecho. “Lo que hemos propiciado y lo que hemos querido desde el Gobierno es, a través de la Comisión Interinstitucional de la Justicia, abrir un diálogo pensando en la justicia como lo que debe ser: un servicio público cercano al ciudadano, que valore los derechos del ciudadano, que tutele los derechos del ciudadano y que haga sentir a todo ciudadano que tiene algo sublime que lo protege, que es la Constitución y la ley”, concluyó el presidente Duque.

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