mayo 1, 2026

JEP

Álvaro Uribe y Andrés Pastrana testificarán ante la JEP por ‘Falsos Positivos’

El coronel retirado, Hernán Mejía, solicitó la comparecencia de los expresidentes como testigos en los más de 70 crímenes de guerra y lesa humanidad. Empezó la primera audiencia preparatoria contra el coronel (r) retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez quién se presentó ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante el juicio no aceptó responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que le fueron imputados por el caso 3 de ‘Falsos Positivos’. Mejía Gutiérrez quien fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” de Valledupar entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por al menos 35 hechos en los cuales se habría victimizado a 72 personas por “conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en calidad de autor y coautor mediato”. Frente al caso (3) de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, Mejía Gutiérrez solicitó que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, fueran aceptados como testigos al juicio público que se llevará a cabo los días 16 al 19 de septiembre de 2024 en la Ciudad de Valledupar (Cesar), petición que fue aceptada por el mecanismo de justicia transicional. Según la defensa del acusado con los testigos se busca corroborar su teoría de que actuó como comandante del batallón en cumplimiento de órdenes y que sus operaciones militares fueron legítimas.  La UIA identificó tres diferentes formas de proceder: Víctimas retenidas y asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)​, cuyos cuerpos fueron entregados al IAOP liderado por el procesado, quien luego de simular un combate, los presentó como el resultado de una operación militar.     Víctimas retenidas y entregadas con vida por las AUC al IAOP del procesado, para que fueran asesinadas y sus cuerpos fueran presentados como bajas en combate.   Víctimas que fueron señaladas por las AUC de pertenecer o auxiliar a otros grupos armados ilegales, para que los integrantes del IAOP liderado por el procesado, les quitaran la vida y los presentaran como resultados de las operaciones militares. La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra explicó cómo las víctimas participarán activamente en el juicio adversarial transicional en Cesar y Bogotá, destacando su papel central en este modelo. Además, se fijaron fechas para el juicio: octubre 17, 18, 28, 29; noviembre 12, 13, 25, 27; y diciembre 3, 4 de 2024, donde las víctimas podrán interrogar directamente al acusado.

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La JEP y el Museo Nacional inauguran una exposición sobre el trabajo conjunto entre comparecientes y víctimas en Urabá

Antioquia es el departamento en donde la población civil sufrió la mayor cantidad de afectaciones debido al conflicto armado. Por su parte, Urabá es una de las regiones más impactadas por la confluencia de diversos actores armados, con consecuencias que persisten hasta hoy. Precisamente en esta región, la JEP decidió implementar uno de sus tres primeros proyectos del Sistema Restaurativo, para que los responsables de graves crímenes comiencen a contribuir con acciones que restauren los daños causados. Como parte de la primera fase del proyecto restaurativo, los comparecientes han impartido más de 100 talleres de educación sobre el riesgo de minas en los municipios de Dabeiba, Frontino, Murindó y Mutatá, en el Urabá antioqueño. De esta forma, trabajan para sensibilizar a la comunidad sobre los peligros de los artefactos explosivos y promover la adopción de comportamientos seguros para la prevención de accidentes. Al mismo tiempo, apoyan el fortalecimiento de iniciativas productivas de más de 30 víctimas del conflicto que se han vinculado al proyecto. Como complemento de este proyecto, surgió la exposición Horizontes seguros, un camino hacia la restauración, que se instalará en la sala 5 Talleres del Panóptico del Museo Nacional e incluye, entre otros, objetos elaborados por las víctimas y los comparecientes. La exposición será inaugurada este martes 9 de julio a las 5:30 p. m. en el Museo Nacional y contará con la intervención del presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal; la directora del Museo Nacional, Liliana Ángulo Cortés; y María Argensola Carrillo, víctima del conflicto armado vinculada al proyecto Horizontes seguros. Esta primera exposición es una evidencia de la alianza estratégica entre el Museo Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz en búsqueda de visibilizar la importancia, significado y trascendencia de la justicia transicional restaurativa en el país. Así mismo, es un complemento de la instalación que se hará a partir del 12 de julio en el Centro Etno educativo Laura Montoya, de Dabeiba, en el marco del cierre del proyecto Horizontes seguros, que contará la participación de víctimas, comparecientes, magistrados de la JEP, miembros de la Misión de Verificación de la ONU, del PNUD y del Gobierno nacional y local que apoyaron este proyecto restaurativo. Los asistentes al Museo Nacional podrán encontrar seis tipos de objetos elaborados por las víctimas y los comparecientes, entre los que se cuentan telas pintadas e intervenidas, materas rotas y reconstruidas, una telaraña con el cruce de diferentes historias y realidades, figuras de arcilla que representan a las personas afectadas por el conflicto, cartas con solicitudes de las víctimas y compromisos escritos por los comparecientes hacia las víctimas y la comunidad. También se rescatan las reflexiones y los testimonios de sus participantes entregados durante los encuentros y talleres que se realizaron durante el proyecto.

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Exvicepresidente Vargas Lleras admitido como víctima ante la JEP, por atentados de las Farc ocurridos entre 2002-2005

La Jurisdicción Especial de Paz, JEP admitió a Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República reconociéndolo como víctima directa por atentados de las Farc ocurridos entre 2002-2005, conocido como el caso 10. Recordemos que estos hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2002, cuando el entonces senador Vargas Lleras, recibió un libro bomba en la oficina del Congreso, por este fatal ataque el político sufrió la perdida de algunos de sus dedos. Esto narro el exvicepresidente al respecto “Cogí la agenda. Ya no me acuerdo de qué color era ni cómo venía empacada, sólo sé que me causó curiosidad el hecho de  que Luz María me enviara un regalo a la oficina. Y cuál sería mi sorpresa cuando la abro y ¡pum!, explota entre mis manos”. Mientras que el segundo ataque ocurrió en el año 2005, cuando miembros de las Farc EP colocaron explosivos en el vehículo en donde se transportaba y por lo cual resultaron nueve personas, lesionadas entre ellas sus escoltas. Con base en lo anterior, la Jurisdicción Especial de Paz JEP, Esta información fue evaluada bajo evaluación exhaustiva de varios parámetros, otorga la acreditación que confirma que los hechos procurados en contra del político, fueron perpetrados por miembros de las antiguas FARC.

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‘Otoniel’ declaró sobre ‘Falsos Positivos’ ante la JEP

Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel exjefe del Clan del Golfo, declaró ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz en el marco de los casos 03 y 06 donde se indagan los llamados ‘falsos positivos’, y la victimización contra integrantes de la UP. El ente indicó al respecto de la toma de testimonio a alias Otoniel que este se llevó a cabo en la sede de la Penitenciaria de Máxima Seguridad, ‘ADX’ o ‘Supermax’, de Florence, Colorado, Estados Unidos. Durante el acto el exjefe del Clan del Golfo insistió en vincular a integrantes de la fuerza pública con la estructura al margen de la ley a la cual perteneció e incluso detalló estrategias que en su momento el Clan del Golfo puso en marcha según su versión con el apoyo de algunos miembros de la Policía y las Fuerzas Militares de la época, todo con el fin ejecutar los asesinatos y desapariciones forzadas por los cuales estaría respondiendo ante la JEP. Entre otras cosas ‘Otoniel’ también hizo referencia según la JEP a presuntas alianzas con políticos tanto a nivel nacional como regional, así como con civiles, organizaciones armadas ilegales, Ejército Popular de Liberación y Autodefensas Unidas de Colombia. Cabe destacar que durante la audiencia la JEP garantizó la participación de las víctimas acreditadas en ambos macro casos, así como también de sus representantes judiciales, para que formularan preguntas por escrito, esto en vista de la restricción del Departamento de Justicia estadounidense de hacer grabaciones o conexiones vía internet durante estas diligencias.

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Por “faltarle al compromiso por la verdad y entrega de bienes” Procuraduría pide mantener a Mancuso bajo prisión

La Procuraduría General de la Nación presentó una apelación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con intención de revocar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en su Sala de Justicia y Paz de Bogotá, tras dejar recientemente en libertad a Salvatore Mancuso Gómez, exjefe paramilitar. Luego de que José Manuel Bernal Parra magistrado de control de garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, concediera la libertad a Mancuso como respuesta al fallo de tutela de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional su detención por el proceso que le sigue la Fiscalía por lavado millonarios activos después de su desmovilización. Ante este panorama la Procuraduría General de la Nación, advierte que Salvatore Mancuso ha faltado a sus compromisos de verdad y de entrega de bienes, al evidenciar que aún no responde a la justicia sobre la legalidad de inmuebles valorados entre cinco y seis millones de dólares y que estarían en manos de posibles testaferros.

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Exfiscal de la JEP, condenado a prisión, por recibir dinero de Santrich

Carlos Bermeo, exfiscal de la Jurisdicción Especial de Paz fue condenado a 8 años de prisión por recibir 40.000 dólares para beneficiar a Jesús Santrich. Como se recordará la Fiscalía General de la Nación en trabajo articulado con agentes de Estados Unidos capturaron Bermeo Casas al encontrarlo responsable de recibir la suma de 40.000 dólares para favorecer a Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, exjefe de las Farc. Carlos Bermeo fue aprehendido en Bogotá por un grupo especial de investigadores del CTI de la Fiscalía, con apoyo de agentes del Gaula Militar, y como parte del acuerdo de colaboración con la agencia US Marshals. Según declaraciones del magistrado Efraín Adolfo Bermúdez Mora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá encontró culpable al exfuncionario de la JEP, por el delito de cohecho propio y lo condenó también al pago de una multa de más de 87 millones de pesos. Asimismo, al procesado se le negó todo beneficio judicial como el de prisión domiciliaria. En la misma decisión, los magistrados del Tribunal dejaron en firme la orden de captura contra el exfiscal de la JEP.

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Álvaro Uribe Vélez desmiente a Salvatore Mancuso

En su cuenta de ‘X’ el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, refutó las declaraciones del exjefe militar de las AUC Salvatore Mancuso, y fue enfático en asegurar “Me negué a reunirme con él, como quedó públicamente establecido”. Como es del conocimiento público el exparamilitar en audiencia reservada de la JEP, afirmó que el expresidente conocía de la operación que se iba a realizar con la Masacre de El Aro, y fue enfático en afirmar que Uribe Vélez “siempre tuvo conocimiento” de la histórica operación paramilitar, de igual forma expresó que el puente para comunicarse con el expresidente fue su exsecretario Pedro Juan Moreno. Ante lo dicho por el ahora expresidiario y Gestor de Paz, Mancuso, Álvaro Uribe Vélez, en su cuenta de X, respondió los graves señalamientos a través un video donde explicó cómo fue el proceso para extraditar a Mancuso a Estados Unidos en 2008: “Mancuso, que regresa, fue extraditado porque se continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Habían sido trasladados a Itagüí, porque periodistas de altísimo reconocimiento me informaron que, desde la habilitada cárcel de La Ceja, se planeaba una fuga. Temí que sería otra Catedral. Cumplí el deber por encima de advertencias de venganza” indicó. Uribe, además recalcó que algunas personas “cercanas a la guerrilla” llegaron al sitio donde estaba recluido Mancuso para ofrecerle “beneficios” a cambio de vincularlo con los paramilitares.

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Tras 15 años de prisión en EE.UU. Mancuso retorna a Colombia

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, oriundo de Montería en el departamento de Córdoba, luego de haber pagado unos 15 años de prisión en los Estados Unidos, estaría a punto de arribar a la nación el día de hoy martes 27 de febrero. Como se recordará el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusó y condenó a Salvatore Mancuso a quince años de prisión, por la introducción de más de 100.000 kilos de cocaína a su país. Asimismo, es señalado de cometer, según aportes a la verdad, entregados a la Justicia Especial de Paz (JEP), más de 24.000 delitos, los cuales habrían sido perpetrados mientras era cabecilla de los bloques armados de las AUC, específicamente en la costa Caribe del país. Frente al inminente regreso a Colombia de alias ‘El Mono Mancuso’ se pudo conocer que el mismo deberá responder por otro crimen cometido en territorio nacional, como lo es el asesinato del exdecano de la Universidad del Magdalena, Roque Alfonso Morelli Zarate.

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Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concede amnistía a 9.600 firmantes del acuerdo de paz

Este miércoles, 21 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), hicieron pública los nueve decretos del Gobierno, que concedieron la amnistía de iure (por los delitos políticos y conexos) a 9.600 firmantes del Acuerdo Final de Paz, entre junio de 2017 y julio de 2018.  Este beneficio jurídico cobija a antiguos integrantes de las extintas Farc-EP, responsables por delitos políticos, que no estén incursos en otros procesos judiciales por crímenes graves, ofreciéndoles claridad sobre su estatus legal y facilitando su reincorporación a la sociedad. De acuerdo con el comunicado de la JEP, “esto evita la congestión judicial y permite darle un enfoque más eficiente al trabajo de la JEP, dirigiendo sus esfuerzos hacia los casos más representativos en los que existen graves responsabilidades”.  Los nueve decretos también se comunicarán personalmente a los exintegrantes de las Farc-EP por parte de la ARN y miembros de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, quienes viajarán a los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), para notificar a los firmantes del acuerdo que fueron cobijados por estas amnistías. Según la directora general de la ARN, Alejandra Miller, “son más de 9.000 familias a las que se les afirma el camino de la democracia y la paz. Ese es el impacto más importante de esta comunicación de amnistía. Es un mensaje poderoso para las negociaciones en ciernes, porque es un mensaje de confianza y de esperanza en la justicia”. Además del acto público de comunicación que se celebró este miércoles, la JEP habilitó una plataforma digital para que cada firmante del Acuerdo Final de Paz descargue, en formato PDF, el decreto presidencial donde se le concedió la amnistía. Los firmantes de paz interesados en consultar y descargar su decreto y certificación de amnistía de iure deben registrarse previamente en la página web: https://decretosamnistias.jep.gov.co

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Autoridades reportaron el hallazgo de seis de las camionetas robadas de la UNP en Ciudad Bolívar

En las últimas horas y tras una exhaustiva búsqueda autoridades han reportado que hallaron 6 de las camionetas robadas en la localidad de suba y que pertenecen a la Unidad Nacional de Protección. Como es sabido estas 16 camionetas blindadas debían ser adjudicadas a la Unidad Nacional de Protección, pero a primeras horas de la mañana de este 19 de enero fueron robadas por al menos 20 hombres fuertemente armados en la ciudad Bogotá. El lugar donde se dio la recuperación de los vehículos es un parqueadero en el barrio Jackeline, de la localidad de ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, los vehículos permanecían en un lote de una empresa de la localidad de Suba que también funciona como parqueadero de buses del Sitp. Por su parte Augusto Rodríguez, director de la UNP, indicó que los automotores iban a ser asignados a magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. Cabe destacar que cada vehículo, estaría avaluado en aproximadamente 500 millones de pesos, por lo que el robo asciende a un avalúo de $8 mil millones.

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