junio 28, 2026

Iván Duque

Abatidos cinco miembros de estructura criminal sindicados de asesinato de geólogos

Así lo indicó el Jefe de Estado al término del Consejo de Seguridad en el municipio de Caucasia, e informó sobre la captura de alias Walter, cabecilla del ELN y la neutralización de ‘Cole’, perteneciente al Clan del Golfo. El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, informó este jueves que como parte del Plan Diamante, fueron abatidos en un bombardeo cinco integrantes de la estructura de alias “Cabuyo”, señalados como responsables del asesinato de tres geólogos en Antioquia. El anuncio fue hecho al término del Consejo de Seguridad celebrado en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, donde el mandatario explicó que según la información de inteligencia militar, “corresponden a miembros de esa estructura que participaron en el cruel asesinato de los tres geólogos”. “Nosotros dijimos que no quedarían en la impunidad esos crímenes y esa acción contundente de la Fuerza Pública muestra que el que la hace la paga”, declaró el Jefe de Estado. Duque también informó que fue capturado alias “Walter”, uno de los cabecillas más temidos del ELN en el departamento de Arauca, dedicado a la extorsión”. Así mismo, indicó que fue neutralizado alias “Cole”, quien “era uno de los personajes más temidos del crimen organizado en Antioquia y que manejaba el poder del Occidente, del Clan del Golfo”. Finalmente, el mandatario aseguró que en la región del Bajo Cauca antioqueño “se está actuando (…) Aquí tenemos todo el compromiso de las Fuerzas Militares y de Policía para actuar”, puntualizó. Con información de la Presidencia de la República

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ELN pide a Comisión de Paz mediar para retomar negociaciones con el Gobierno

“Conocedores de su compromiso con la paz del país, solicitamos sus buenos oficios para poder seguir avanzando en lograr la terminación del conflicto armado y acordar transformaciones para una Colombia en paz y equidad”: Delegación ELN. El jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los diálogos de paz, Pablo Beltrán, solicitó a la Comisión Accidental de Paz del Senado mediar para que se reactive la mesa de negociación con el Gobierno. La petición está consignada en una carta, en la que además les propone a los congresistas concretar una reunión para exponer sus ideas e inquietudes. “A la fecha de hoy se cumplen 63 días desde la última reunión de la mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Nuestra Delegación en todo este tiempo se ha mantenido en la Mesa, a la espera que el Gobierno honre los Acuerdos de paz firmados con el Estado y envíe su Delegación, para darle continuidad a este proceso de solución política del conflicto que hemos emprendido”, indicó el líder guerrillero. El Presidente Iván Duque ha sido enfático en que el grupo insurgente debe liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder y suspender las actividades criminales para retomar los diálogos de paz. El mandatario ha expresado en repetidas ocasiones su voluntad de reanudar las negociaciones, sin embargo, insiste en que no aceptara el secuestro como mecanismo de “chantaje”. “El Gobierno está colocando exigencias unilaterales, que rompen la bilateralidad de un proceso de negociación, con los que desconoce acuerdos previos. Si Duque considera que se requieren ajustes a los compromisos existentes, estos deben ser examinados y acordados por las dos partes en la Mesa”, expuso Pablo Beltrán en la misiva.

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Ceballos invita a Iván Márquez y a alias “El Paisa” a definir su permanencia en la legalidad

Este martes se llevará a cabo una reunión en la que la Comisión Accidental de Paz del Congreso de la República, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos tratarán la carta enviada por los excomandantes guerrilleros. El Alto Comisionado para la paz, Miguel Ceballos, consideró este martes que los exjefes de las FARC, Iván Márquez y Oscar Montero alias “El Paisa” deben definir si van a permanecer en el marco del acuerdo de paz firmado en 2016, pues la carta que remitieron al Senado de la República no da respuesta alguna a este interrogante planteado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “La JEP sigue en espera de una respuesta que solicitaron frente a si ellos continuarán o no con el acuerdo de paz, porque esa carta no está dirigida al juez natural que es el tribunal especial, por consiguiente, no estamos seguros de sí una carta le basta a la JEP para considerar que ellos sigan en el acuerdo”, explicó el funcionario. En entrevista con medios locales, Ceballos exhortó a los excomandantes guerrilleros a anunciarles al país y a los organismos internacionales interesados, si ellos siguen perteneciendo al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) o no. “Nosotros como Gobierno vemos la voluntad de un partido que quiere darle impulso a los acuerdos firmados en 2016, que ya tiene posesionados ocho congresistas, quienes están comprometidos con todos los colombianos. Ya no estamos hablando de una guerrilla sino de personas políticamente activas”, agregó. El pasado lunes, Iván Márquez y alias “El Paisa” enviaron una carta a la Comisión Accidental de Paz del Congreso en la que reiteraron su desacuerdo con las “modificaciones al texto original convenido”, ya que según ellos se transfiguró el acuerdo de La Habana y se convirtió en un horroroso Frankenstein. “No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos”, dice la misiva en la que también se refieren a la captura y posible extradición de Jesús Santrich. El comisionado aclaró que la extradición de Santrich es una decisión “autónoma” de la Rama Judicial. “Esa determinación la tomó el señor Fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) antes de la posesión del Gobierno actual y frente a eso el Presidente Iván Duque ha sido respetuoso a las decisiones del ente investigador y de todas aquellas resoluciones anteriores al inicio de su mandato”. “La seguridad jurídica se les ofrece a todos los colombianos. Dentro de lo que Iván Márquez y los integrantes de la mesa de negociación diseñaron, se comprendió la posibilidad de que los delitos que se cometieran después de la firma del acuerdo contarían con un tratamiento distinto en el que incluso se contemplaba la extradición”, recordó Ceballos. “Es una carta que es positiva. Muestra unas preocupaciones evidentes que son preocupaciones objetivas, de todos; justamente yo estuve la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresando esas mismas preocupaciones”, aseguró por su parte la senadora del partido FARC, Victoria Sandino. Finalmente, el Alto Comisionado mostró su preocupación por el abandono del esquema de seguridad por parte de los excomandantes insurgentes, pues esto puede implicar un riesgo a su integridad física del que el Estado quedaría absuelto ya que según explicó el funcionario, el Gobierno está cumpliendo con su parte destinando los recursos humanos y económicos para la protección de los reinsertados.

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Gobierno Nacional firma decreto reglamentario para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos

El decreto dota a la Policía de las herramientas necesarias para evitar que los jíbaros se camuflen en la autorización de la dosis mínima para inducir a niños y jóvenes al consumo de drogas. El Presidente de la República, Iván Duque, en compañía del Ministro de Defensa, Guillermo Botero; de la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero y de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, firmó este lunes el decreto reglamentario mediante el cual se faculta a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos. Con esta medida, el Gobierno Nacional está cumpliendo su compromiso de incrementar los controles al consumo y tenencia, en espacio público, de sustancias psicoactivas prohibidas, con el único propósito de proteger de este flagelo a niños y jóvenes y mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana. Durante la firma del decreto, el mandatario señaló que “el microtráfico y consumo de drogas en las puertas de los colegios, en las universidades y en los parques, ha aumentado exponencialmente en los últimos años y no podemos ser indiferentes a esto. Como Gobierno tenemos la responsabilidad y el compromiso de proteger y defender a nuestros niños, jóvenes, y sus familias”. Este decreto reglamentario al Código de Policía y Convivencia, que es una norma de naturaleza administrativa, no penal, dota a la Policía de las herramientas necesarias para confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte en el espacio público y evitar así; que los jíbaros se camuflen en la autorización de la dosis mínima para inducir a niños y jóvenes al consumo de drogas. La medida no penaliza la dosis mínima y es totalmente respetuosa de las libertades protegidas por las altas Cortes colombianas y por la jurisprudencia y por eso, aquellos a quienes les sea confiscada una cantidad igual o menor a la dosis mínima permitida y demuestren debidamente su condición de adictos, esta les será devuelta. Lo que se está haciendo es atender una de las mayores preocupaciones de los colombianos, dotando a los policías para que puedan combatir el microtráfico y a los jíbaros en las calles. Por su parte, los decomisos de droga que superen la cantidad autorizada como dosis mínima será judicializada bajo la legislación vigente, lo cual está definido en la Ley 30 de 1986 “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”. En su artículo 2, el literal ‘j’ define que la “Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo. Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos.” Es importante precisar que el expendio de sustancias psicoactivas siempre ha estado prohibido y está tipificado como el delito de tráfico de estupefacientes. El decreto tiene un enfoque de prevención y es una medida más que hace parte de la estrategia de lucha antidrogas del Gobierno Nacional y busca resguardar los espacios públicos de la realización de actividades ilícitas que afectan la salud y la sana convivencia de la ciudadanía. Para su implementación, la Policía cuenta con todos los protocolos y procedimientos para abordar a la ciudadanía. El decomiso de droga se hará mediante un proceso verbal y si se demuestra la condición de adicto, se le devolverá la droga, si no, esta se destruye. Además de fortalecer la lucha contra el tráfico de sustancias prohibidas en lugares como estadios, coliseos, centros deportivos, parques, centros de salud, y en general en el espacio público, la medida redundará en la disminución del consumo de drogas o sustancias prohibidas. Con información de la Presidencia de la República

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Impacto fiscal de crisis migratoria venezolana puede ser de 0,5 % del PIB

Tras reunirse con el Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, el mandatario calculó que “el impacto fiscal de la crisis migratoria puede ser del orden de 0,5 por ciento del PIB”. El Gobierno Nacional avanza en la elaboración de un documento Conpes que permitirá medir el impacto y responder organizada e institucionalmente a la crisis migratoria venezolana. Así lo dijo el Presidente Iván Duque Márquez al término del encuentro que sostuvo este viernes con el Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar. “Nosotros desde el lado del Gobierno estamos trabajando en un documento Conpes que debe estar terminado en los próximos días, donde también nos vamos preparando de manera organizada e institucionalmente coordinados, para tener el mejor impacto posible y poderle mostrar al mundo que tenemos una capacidad de reacción ante este fenómeno”, explicó. Así mismo, el mandatario se refirió al informe que sobre el impacto de la crisis migratoria presentará en los próximos días el Banco Mundial, con las implicaciones económicas, fiscales y sociales que tiene para Colombia recibir a casi un millón de migrantes. “Ustedes saben que nuestra política ha sido la de tener los brazos abiertos y ayudar los hermanos venezolanos a salir de esa tragedia, y el Banco Mundial pues ha estudiado detalladamente las consecuencias”, señaló el Jefe del Estado. Al respecto calculó que “el impacto fiscal de la crisis migratoria puede ser del orden de 0,5 por ciento del PIB. Obviamente queremos mirar cómo eso se ve reflejado en salud, en educación, en infraestructura y muchos bienes públicos”. “El reporte que se va a presentar va a servir para orientar la forma en la que el Gobierno Nacional debe actuar, y cómo debe actuar también al unísono con los gobiernos locales”, agregó. Crisis migratoria requiere una respuesta regional Por su parte, el Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, subrayó el liderazgo de Colombia en muchos frentes, sobre todo en el relacionado con el éxodo venezolano, que necesita una respuesta regional. “Este es un problema de naturaleza regional y que va a requerir una respuesta de tipo regional”, dijo. “Nos encontramos aquí con un Gobierno que lleva muy pocas semanas, pero que tiene una agenda muy ambiciosa y está empezando a tener acciones y a dar resultados en temas que son críticos para el desarrollo del país y que son críticos para el desarrollo de todos los países de la región como son la competitividad y la productividad”, sostuvo el alto directivo del Banco Mundial. Por último, señaló que el reporte que dará a conocer en los próximos días el Banco Mundial, en conjunto con agencias de las Naciones Unidas que trata temas de migrantes y refugiados, sobre el impacto de la crisis migratoria en Colombia, “será una contribución para el país”, y también para la región. Con información de la Presidencia de la República 

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Desplazamiento de 300 personas en Ituango por enfrentamientos entre grupos armados

No se tiene certeza aún sobre el retorno de los habitantes a sus lugares de residencia. El alcalde del municipio de Ituango, Hernán Darío Álvarez, confirmó este viernes el desplazamiento de alrededor de 300 habitantes de La Miranda, el Bajo Inglés y Santa Ana, quienes se concentraron en el caserío y en la escuela de El Cedral. Según el mandatario, no llegaron hasta la cabecera municipal de Ituango. La representante por Bogotá, María José Pizarro, pidió a los entes de control garantías ante la situación que enfrentan los pobladores de la zona y recordó que el pasado miércoles se llevó a cabo el debate de control político sobre Hidroituango, que según sus ponentes fue “cuestionado” y “minimizado” por parte de los congresistas. “En Ituango entran paramilitares y desplazan a la comunidad. El miércoles cuestionaron el #DebateHidroituango y las cifras de por sí ya eran aterradoras. En debate Líderes Sociales reiteraron compromiso @MinInterior@ minDefensa, @FiscalíaCol @DefensoríaCol. ¡Hoy exigimos garantías!”, escribió la parlamentaria a través de su cuenta en twitter. El desplazamiento fue causado por combates entre las disidencias de las Farc, integradas por exmiembros del frente 36 y liderada por alias “Cabuyo”, y el denominado “Clan del Golfo” que opera en la zona. Las hostilidades iniciaron en horas de la tarde del jueves, pero solo hasta la noche hicieron presencia tropas del Ejército para disipar los enfrentamientos. El también representante David Racero pidió protección para las comunidades al Presidente Iván Duque y al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. “Comunidades de vereda El Cedral de Ituango, siguen esperando protección. Aún no llega Fuerza Pública. Están expuestos por posible retaliación de AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) en disputa con disidencias de las FARC. Siguen confinados”, señaló.

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Interlocución con los pueblos indígenas: Desafío del Gobierno de Iván Duque

Feliciano Valencia Senador del partido MAIS A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, los pueblos indígenas fuimos reconocidos como sujeto colectivo de derechos. Ese reconocimiento del Estado colombiano nos generó un sinfín de expectativas. Por fin el Estado reconocía nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestros territorios y nuestros gobiernos. Sin embargo, ya han pasado 27 años y aún no se ha desarrollado una legislación acorde a los pueblos indígenas, que garantice nuestros derechos y nuestra supervivencia. Por eso, pongo al servicio de las comunidades étnicas del país esta curul que hoy represento para que desde aquí podamos, junto con el pleno del Congreso de la República, legislar en favor de los 102 pueblos indígenas existentes en Colombia. Mi curul está también puesta al servicio de las comunidades afrodescendientes y sectores campesinos del país. En esta reflexión llamaré la atención sobre los instrumentos de interlocución del Estado con los indígenas en Colombia; no son los únicos -los pueblos indígenas han venido construyendo autónomamente espacios de diálogo-, pero sí los que el Gobierno de Iván Duque, en cabeza de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, del ministro de Agricultura Andrés Valencia Pinzón, la ministra de Educación María Victoria Ángulo y el ministro de Salud Juan Pablo Uribe, deben poner mayor acento para la garantía de sus derechos. Reconociendo que el pleno del Estado colombiano debe atender sus demandas. El primer instrumento es la Mesa Permanente de Concertación (MPC), espacio donde confluyen las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas del país y es fruto del Decreto 1397 de 1996. Este decreto, resultado de la movilización de las comunidades étnicas, ha permitido desde su creación la interlocución con los sucesivos gobiernos colombianos, recogiendo desde las regiones las iniciativas que los pueblos indígenas han trabajado, de tal manera que lo construido desde lo local tenga repercusión en los espacios de discusión nacional. Este mismo Decreto, constituyó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, espacio donde se discuten asuntos relacionados con los lugares de asentamiento de las comunidades étnicas del país y que algunos gobiernos no han valorado suficientemente, dejando de lado un tema que es de trascendental importancia para los pueblos nativos, pues son los territorios la garantía para su supervivencia y cultura. No se concibe la vida indígena sin concebirse los territorios. Ahora que en el país avanza la economía extractivista, es importante que el Gobierno Nacional respete el ordenamiento territorial que los pueblos indígenas han realizado como parte de la defensa y autonomía territorial. “…es el Gobierno de Iván Duque quien debe, a partir del diálogo con los pueblos indígenas y sus formas propias de organización y de autoridad, garantizar el cumplimiento de la Constitución”. En medio de las movilizaciones de aquel momento, el Decreto 1396 de 1996 creó la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el programa especial de atención a los mismos. Instrumento que hoy debe tener la mayor relevancia por la situación de crisis humanitaria que padecen distintas comunidades en Colombia. La existencia del conflicto armado y la presencia de grupos armados en sus resguardos, el confinamiento, el desplazamiento forzado, el riesgo inminente de desaparición de algunos pueblos, la minería y el asesinato de líderes sociales en Colombia deben ser tema de atención prioritaria por parte del Estado. Es urgente que el Presidente Iván Duque atienda la situación de las comunidades indígenas que se sienten hoy amenazadas por parte de diversos actores. La Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI), creada por el Decreto 2406 de 2007, debe continuar en el actual Gobierno con los avances hechos para la formulación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), de tal manera que contribuya a la formación de los pueblos indígenas, respetando sus culturas, costumbres, tradiciones y autoridades educativas. Asimismo, se debe garantizar la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, creada según Decreto 1973 de 2013, donde se ha venido construyendo un sistema respetuoso de la medicina tradicional y los saberes ancestrales de las étnias, sirviendo a la consecución de un modelo de salud preventivo. Finalmente, el Gobierno debe garantizar la Comisión Mixta entre los pueblos indígenas del Cauca y el Gobierno Nacional, creada a partir del Decreto 1811 de 2017, constituida para darle solución a las problemáticas de las comunidades nativas que fueron presentadas desde el año de 1999 y que las sucesivas administraciones no han atendido, demostrando así la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado colombiano. Así pues, es el Gobierno de Iván Duque quien debe, a partir del diálogo con los pueblos indígenas y sus formas propias de organización y de autoridad, garantizar el cumplimiento de la Constitución, para, de una vez por todas, hacer realidad los compromisos que el Estado y la sociedad colombiana asumieron con la firma del pacto social.

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“Mi compromiso es con el meta”

Alejandro Vega es uno de los legisladores más jóvenes en llegar al Congreso. Con 32 años, este abogado, oriundo de Villavicencio, Meta, asumió el reto de lanzarse como representante a la Cámara, con el fin de ayudar a superar los problemas que imperan en esa región. Su tarea legislativa comenzó con el pie derecho, pues hace unas semanas logró que el Congreso le diera luz verde a un proyecto de ley que le permite al departamento tener una única autoridad ambiental. Esta propuesta le garantiza al Meta la protección total de los recursos naturales, así como autonomía territorial. “Económicamente, el departamento del Meta ha basado su competitividad y desarrollo en tres sectores: El agropecuario, el turístico y el petrolero. Según Alejandro Vega, su objetivo es consolidar al territorio como un dinamizador de la economía y convertirlo en uno de los destinos turísticos por excelencia en el país. Para lograrlo, busca potenciar una política pública que incremente el tráfico de visitantes extranjeros, para de esa manera dejarle recursos a la región. “Nuestro campo es muy competitivo y con la realización de las vías terciarias se logrará conectar los centros de producción con los centros de comercialización. Lo que hay que hacer es acompañar con asociatividad a los pequeños productores para que tengan las mismas condiciones de empleo”, asegura el congresista. Alejandro Vega es uno de los nuevos líderes del Partido liberal. “Voy a trabajar por las necesidades de mi región, hacer debates de control político al Gobierno Nacional para que trabaje también por nuestro país” Problemas Con la consolidación de la paz, se han descubierto territorios que ni siquiera los propios metenses conocían. Aunque el departamento ya se puede recorrer en su totalidad, el representante sostiene que faltan nuevas vías y la recuperación de otras, para volver más competitiva la región. A pesar de esta proyección, hoy solo se cuenta con una carretera de acceso a la capital del país y, desde 1994 hasta el día de hoy, los peajes se han mantenido con los precios más elevados del país. Pese a tener un desarrollo tecnológico significativo, sectores políticos coinciden en que no es suficiente, pues la vía la pagan el 100% de los metenses, turistas y empresarios, quienes no han visto mayor inversión por parte del Estado en materia de infraestructura vial. Todo esto ha afectado el turismo de forma considerable, además de traerles a los comerciantes millonarias pérdidas.  De acuerdo con Vega, se necesita un “compromiso real del Gobierno y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pues hay fallas geológicas que fueron identificadas hace 15 años y que hasta la fecha no se han controlado”. Más allá de un llamado, se requiere, según él, de un debate de control político para que se promuevan soluciones y acciones. Impulso a nuevos liderazgos Con una bancada que se renovó en más del 50%, en su mayoría por gente joven, el Partido Liberal les ha apostado a los nuevos liderazgos. A través de la iniciativa Jóvenes con futuro, Vega busca promover el emprendimiento y la innovación para ese sector de la población. “Tomé la decisión de asumir este reto político para abrirle espacios a la juventud que tiene aspiraciones profesionales, para que vean que es posible participar”, dice. Otra de sus propuestas es la de constituir un centro de pensamiento en el departamento del Meta para que los jóvenes se incorporen y trabajen en pro del país. “Ahí estaré para que ellos me cuenten sus necesidades y desde el Congreso poderlos ayudar”. Su trabajo desde el Legislativo La reforma a la justicia, la reforma pensional y políticas de paz, son algunos de los temas que harán parte de la agenda legislativa  de la Comisión Primera y de la cual Vega hace parte. “Desde allí vamos a trabajar por las necesidades de nuestra región, así como hacer debates de control político al Gobierno Nacional para que trabaje por nuestro país”, afirma. Considera que la paz es el mayor activo que tienen los colombianos y su consolidación no se da de un día para otro, sino que se hace mediante acciones permanentes. Por eso cree que es necesario garantizarla mediante el fortalecimiento del sector agropecuario y turístico, que permita a su vez empoderar económicamente a las familias campesinas. Reformas judicial y pensional Accordion Co En palabras del representante, “a la justicia hay que rescatarla y blindarla de herramientas para sacarla de esta mala imagen que tiene”. Por eso considera que, en la reforma al sistema judicial anunciada por el Gobierno Nacional, es necesario darle soluciones efectivas a los procesos, y confianza a los colombianos. Su misión desde el Congreso de la República también será la de fortalecer el sistema pensional, que les garantice a las personas que están laborando que después de unos años de servicio realmente puedan acceder a la pensión. “Tenemos que aliviar la carga pensional de los que ya están retirados y hacer que este sistema se autofinancie”, concluye. Nieves Márquez, líder político y social de Puerto Gaitán, ha demostrado su apoyo al representante Alejandro Vega.

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Venezuela no sería más garante en proceso de paz con el ELN

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, advirtió este jueves que no permitirá que Venezuela siga como país garante de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cuales se encuentran suspendidos en este momento a la espera de que el Gobierno decida si les da o no continuidad. “Un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fragüen actos criminales contra el pueblo colombiano, está lejos de ser garante. Además, allá lo que hay es una dictadura, cómplice de actividades criminales”, afirmó el mandatario. Duque ha dejado en claro que solo retomará las negociaciones con el grupo insurgente, cuando sus hombres  liberen a todos los secuestrados que mantienen en su poder. “Antes de hablar de garantes o no garantes, lo que me parece importante es hablar sobre las premisas de un acuerdo. Tengo toda la voluntad de poder establecer un diálogo con el ELN, pero ustedes lo han escuchado: Espero que la base de la construcción de un diálogo sea la liberación de todos los secuestrados y que se ponga fin a las actividades criminales”, remarcó el jefe de Estado. Venezuela fue garante del proceso de paz con el Eln junto a Noruega, Cuba , Chile y Brasil, durante las conversaciones que sostuvieron el saliente gobierno de Juan Manuel Santos y esa organización rebelde, primero en Ecuador y luego en La Habana, Cuba. El anunció lo hizo desde Nueva York, en el marco de la  73° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su intervención del miércoles, Duque habló de la lucha contra las drogas y la crisis en Venezuela y se comprometió a trabajar por la paz de Colombia, a pesar de las dificultades. “La paz es un objetivo de todos los colombianos y vamos a trabajar por ella”. Para avanzar en esa dirección, pidió el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo para el tema de financiación.

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“La gente quiere cambio y renovación”

Amanda González es la primera mujer del departamento del Casanare que llega como senadora al Congreso de la República para promover “grandes cambios” en su región. Como integrante de la Comisión Sexta de la Cámara Alta, ha prometido salvaguardar los intereses de la que llama media Colombia, así como estimular su desarrollo turístico, económico, social y cultural. Desde su curul, la legisladora espera poder contribuir a la defensa de los derechos integrales de la mujer, sector al que asegura representar con orgullo, para poder abrirles oportunidades laborales y mejorar la capacidad de ingreso de las madres cabezas de hogar. Como médica, buscará que los colombianos gocen de un servicio de salud digno y de calidad. “Quiero que me recuerden por hacer una política diferente en este país, eso es lo que quiere la gente, el cambio, la renovación, donde nosotros actuemos con responsabilidad, y con sentido de pertenencia por nuestra gente”, sostiene la parlamentaria. Desde su curul, la legisladora espera poder contribuir a la defensa de los derechos integrales de la mujer, sector al que asegura representar con orgullo, para poder abrirles oportunidades laborales y mejorar la capacidad de ingreso de las madres cabezas de hogar. Como médica, buscará que los colombianos gocen de un servicio de salud digno y de calidad. “Quiero que me recuerden por hacer una política diferente en este país, eso es lo que quiere la gente, el cambio, la renovación, donde nosotros actuemos con responsabilidad, y con sentido de pertenencia por nuestra gente”, sostiene la parlamentaria. Aunque la senadora era poco conocida, logró ganarse la confianza y el respaldo de la comunidad, gracias a su compromiso con el desarrollo económico y social. Sorpresa electoral Amanda González se convirtió en una de las sorpresas electorales de los comicios legislativos del 11 de marzo pasado, al ubicarse como la tercera senadora que logró más votos en el Centro Democrático en representación del Casanare, con 46.321sufragios. Aunque su cara era poco conocida en el escenario político, logró ganarse la confianza y el respaldo de la comunidad en las urnas, gracias a su trabajado en el área administrativa de la salud en su región. Por eso su compromiso con su desarrollo económico y social es total. Aunque su labor legislativa estará enfocada en mejorar la cobertura de los servicios médicos y en empoderar a la mujer casanareña, la congresista buscará fortalecer la economía del departamento a través de iniciativas que estimulen al sector productivo local. Además de la ganadería extensiva y los cultivos de arroz y palma de aceite, ese territorio alberga varios campos petróleos que lo convierten en el mayor explorador de crudo del país. Por ello la senadora trabajará por aprovechar al máximo el potencial que ofrece la región. “La idea es fomentar el desarrollo agroindustrial para generar nuevas oportunidades laborales, así como inculcar el respeto por los bienes ambientales, garantizando una economía sostenible”, señala la parlamentaria. Los mayores retos que enfrentará Además de la consolidación de la economía, la legisladora espera contribuir al fortalecimiento de sectores importantes del departamento como el turismo ante la gran riqueza cultural que se percibe en las múltiples fiestas que allí se celebran cada año. Y es que el Casanare atrae a los visitantes por su vegetación, sus extensas sabanas y laderas de la cordillera Oriental, así como por su amplia red hidrográfica, donde confluyen ríos, quebradas y caños para actividades deportivas y ecológicas. Dejar huella en el Congreso La senadora tiene claro que en el Congreso de la República hay que comenzar a realizar cambios para responder a tiempo a las necesidades sociales más sentidas de los colombianos. “Quiero hacer una tarea política diferente, porque quiero ser recordada por ser una persona que haga las cosas bien y de la mejor forma”, asegura González, quien considera que desde el Capitolio Nacional se puede dar el gran salto hacia la transformación de Colombia. “Quiero que me recuerden por hacer una política diferente en este país, eso es lo que quiere la gente, el cambio, la renovación, donde nosotros actuemos con responsabilidad, y con sentido de pertenencia por nuestra gente” Amanda Rocío González es profesional en Medicina, con especialización en Administración y Servicios de Salud de la Universidad del Meta, así como en Salubridad Pública de la Universidad del Rosario. Es magíster en Gestión de Organizaciones en la Escuela de Administración de Negocios EAN. Fue gerente del Hospital del municipio de Aguazul, Casanare, así como del centro de salud de Monterrey por varios años. Se convirtió en una de las figuras de mayor fuerza en el uribismo, al ganar un escaño en el Senado de la República con la tercera mejor votación del partido Centro Democrático. Amanda González, senadora de la República.

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