Iván Duque Archivos - Página 17 de 42

Colombia se certifica en la lucha contra las drogas

Actualidad, Internacionales, Presidencia / revistacg

Así reaccionó este viernes el Presidente Iván Duque Márquez, quien celebró la certificación en la lucha contra las drogas que dio el Gobierno de Estados Unidos a Colombia. Durante la presentación de las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales, el Jefe de Estado recordó que “nosotros empezamos el Gobierno pidiendo un estudio intercensal, que nos decía que teníamos 209 mil hectáreas de coca”. “Se hizo un esfuerzo titánico, porque recibimos 23 grupos de erradicación manual, cerramos el año con 100, y logramos, por primera vez en siete años, parar un crecimiento exponencial y tener, por primera vez, una reducción”, dijo. De inmediato se preguntó: “¿Podemos con eso dar la vuelta olímpica? Ni más faltaba, pero es una demostración también que vamos por el camino correcto”. Horas antes, en el lanzamiento del Pacto Bicentenario para Norte de Santander, en Cúcuta, el Mandatario había celebrado la noticia. “Hoy vemos cómo la comunidad internacional no solamente reconoce el esfuerzo, sino que quiere seguirnos apoyando a nosotros en el combate contra el narcotráfico; y eso lo celebro”, dijo. Este viernes, muy temprano, el Gobierno de Estados Unidos indicó, a través de un documento divulgado por la Casa Blanca, que “en Colombia, el Presidente Iván Duque ha logrado, pronto, avances en la reducción de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor, y en los principales esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea liderado por Colombia”. “Este progreso debe continuar y expandirse, y mi administración (de Estados Unidos) trabajará con nuestros socios colombianos para alcanzar nuestra meta conjunta de 5 años para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023. También continuaremos coordinando estrechamente con Colombia y otros socios con ideas afines en nuestro hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela”, continuó el comunicado. El Jefe de Estado destacó que la comunidad internacional haya reconocido la labor que adelantan el Gobierno y las autoridades en el combate de este flagelo, y recordó que este jueves estuvo en Tumaco “agradeciéndole a los erradicadores, agradeciéndole a la Fuerza Pública” sus esfuerzos en esta tarea de lucha contra el narcotráfico. Con información de Presidencia de la República.

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Alianza con el Departamento de Estado de EE.UU, fortalecerá la cooperación judicial, Duque

Actualidad, Estado, Gobierno, MinDefensa / revistacg

El Presidente de la República, Iván Duque, se reunió este jueves con un grupo de fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Al término del encuentro el mandatario resaltó la consolidación de una alianza con ese organismo estadounidense para fortalecer la cooperación judicial contra las estructuras criminales del narcotráfico y el terrorismo en el país. El Jefe de Estado destacó que esta alianza con el Departamento de Justicia estadounidense permitirá “fortalecer la cooperación judicial para acelerar los procesos y buscar sanciones efectivas” contra los cabecillas de estructuras criminales del narcotráfico como el Eln, disidencias de las Farc, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pachenca’, ‘Los Pelusos’, ‘La Oficina’, ‘Los Caparros’, ‘Los Pachely’ y ‘Los Puntilleros’, entre otros. Cabe indicar que dicha alianza se constituye con la integración de la Fuerza de Cooperación Transnacional (FCT), que busca profundizar la cooperación entre los dos países en materia de prevención y persecución de los delitos transnacionales y los más graves crímenes, actuando en tres áreas contra los distintos grupos armados organizados: trabajo judicial coordinado, intercambio de información y elementos probatorios, así como capacidades de investigación criminal. “Creo que una visita tan importante de un grupo tan nutrido de fiscales de los Estados Unidos, que se caracterizan por su liderazgo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, es la reafirmación de una alianza exitosa para derrotar a esas estructuras criminales”, enfatizó el mandatario, quien señaló que muchas de las investigaciones están en manos de la justicia estadounidense. El mandatario subrayó que durante el encuentro con los fiscales del Departamento de Justicia también se abordaron temas sobre la manera como se va a compartir la información judicial y de inteligencia, que permita ser cada vez más efectivos en la lucha contra el crimen transnacional. De hecho, el acuerdo de cooperación articulará a los organismos de investigación y a las agencias de ambos países, los cuales se reunirán tres veces al año, en cabeza de los directores y comandantes. De la misma manera, el mandatario indicó que el énfasis que le quiere dar el Departamento de Justicia a la cooperación a Colombia es una muestra más de que Colombia es el principal aliado del Gobierno estadounidense en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional en la región. Al respecto, el Jefe de Estado recalcó que “estas conclusiones de avanzar en los procesos de investigación, en las solicitudes de extradición y en la forma como se desmantelan estas estructuras”, permiten seguir dando pasos muy importantes en ese propósito. Vínculos con dictadura El mandatario, además, dijo que celebraba que las autoridades estadounidenses tengan información sobre los vínculos en Venezuela de la dictadura de Nicolás Maduro con algunas de estas estructuras criminales. Las autoridades de Estados Unidos han avanzado no solamente en develar esos vínculos, sino que, recientemente, han incluido a altos funcionarios del régimen venezolano en la lista de los criminales más buscados a nivel mundial, concluyó el Presidente Duque.

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Una legislatura con reformas clave para el Gobierno

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Economía, Especiales, Estado, Gestión, Gobierno, Senado / revistacg

En la planificación de las estrategias que se pondrán en marcha en el segundo año de mandato, el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez definió como prioridad el impulso en el Congreso de la República de las reformas judicial y política, la primera para “modernizar la justicia y hacerla más cercana al ciudadano”, y la segunda para “defender la confianza de los colombianos en la democracia”. La agenda que estará a consideración del Legislativo, incluye el presupuesto de 2020, la eliminación de la casa por cárcel para los funcionarios condenados por corrupción, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y los cambios al régimen pensional. Pero tal vez el mayor reto del Ejecutivo será comunicar mejor los logros de la Administración. Y es que en la legislatura que comienza, el Ejecutivo espera sacar adelante este paquete de iniciativas, como lo hizo en el primer año de Gobierno con otras 16 leyes, sobre la base de una relación con el Congreso, en la que prime el debate y la deliberación. Una tarea nada fácil, si se tiene en cuenta que los partidos independientes -Liberal y Cambio Radical- tendrán bajo su responsabilidad las Presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes, a las cuales corresponde convocar, dirigir y presidir las plenarias donde se deben discutir y aprobar los proyectos de origen gubernamental. La legislatura que comienza será clave para sacar adelante las reformas política y judicial. Aunque en el periodo de sesiones que terminó el 20 de junio pasado, se evacuaron iniciativas como la Ley de Reactivación Económica, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley TIC, el Ministerio del Deporte, la Ley contra el Abigeato, la Ley de Vehículos Eléctricos y la ley que elimina la conexidad entre narcotráfico y secuestro con delitos políticos, se quedaron en el camino las reformas política y judicial, dos de las promesas de campaña del entonces candidato presidencial. Es por ello que el Gobierno insistirá en su trámite en este segundo semestre, para lo cual buscará los consensos necesarios frente a polémicostemas como la obligación a los partidos de presentar listas cerradas para acceder a corporaciones públicas. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, cree que en algún momento se tomará conciencia de que la lista cerrada es el mejor camino para el fortalecimiento de la democracia colombiana. “Estoy convencida de que el país la necesita y seguiremos adelante (con la propuesta)”. Proyectos anticorrupción Más de 11 millones de colombianos votaron en la consulta anticorrupción. El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, considera que antes que cualquier otro proyecto, se deben priorizar en el segundo periodo legislativo las iniciativas que respaldaron masivamente los colombianos en la Consulta Popular Anticorrupción celebrada el 26 de agosto del 2018, que incluía preguntas relacionadas con el salario y periodo de los funcionarios públicos, la contratación con el Estado y la rendición de cuentas, entre otras. “Esa es una tarea pendiente y fue un compromiso incumplido por parte del Gobierno Nacional y de su bancada en el Congreso de la República”, afirma el legislador opositor. Y es precisamente la lucha contra la corrupción uno de los temas sobre los cuales centrará su trabajo el Ejecutivo, ante la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como de procesos visibles de contratación estatal. Según la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el Gobierno le apostará a un nuevo paquete normativo que recoja los puntos más importantes de los proyectos que se han hundido y que incorpore elementos como “la facultad no solo en cabeza de la Fiscalía sino de la Contraloría y la Procuraduría de ejercer extinción de dominio por iniciativa propia o a solicitud de la Secretaría de Transparencia, recompensas y protección” a quienes entreguen información. Para ello hizo un llamado a conformar un frente común que garantice su aprobación. “Hay que entender que la lucha contra la corrupción no puede ser un simple anhelo sino que debemos trabajar todos los días en cumplir con este mandato ciudadano y entender el riesgo que la corrupción le plantea a la sostenibilidad de la democracia”. La reforma a la justicia, una necesidad Modernizar la administración de justicia para hacerla más cercana al ciudadano, a través de la digitalización y optimización administrativa, es otra de las metas del Gobierno. Además, el Ejecutivo buscará cambios estructurales que van desde la extensión del periodo de los magistrados de las altas cortes hasta las modificaciones al pénsum de estudio de la cátedra de derecho en la facultades universitarias. Según la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, serán varias las reformas que se presentarán a través de proyectos de ley ordinarios, proyectos de ley estatutaria y proyectos de reforma constitucional. Una de las propuestas tiene que ver con aumentar la edad para entrar a las cortes a los 50 años, así como establecer el requisito de 25 años como mínimo de experiencia en la rama judicial. La idea es extender de 8 a 12 años el período de los nuevos magistrados para lograr mayor estabilidad en la jurisprudencia, ante la preocupación que existe por la seguridad jurídica. “Cuando cambian los magistrados tan rápidamente, con ello se da la posibilidad de cambios de jurisprudencia, con la inestabilidad que eso pueda generar”, sostiene la funcionaria. Además de reformas procesales para agilizar los trámites, se trabajará en materia reglamentaria en una resolución que establezca los requisitos de alta calidad para los programas de derecho de las universidades. Ajustes a la JEP Los partidos de oposición votaron en contra de las objeciones presidenciales a la JEP. Pese a los reparos que el Gobierno Nacional le ha venido haciendo al modelo de justicia transicional, considera que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe mantenerse, pero con ajustes en algunas de sus normas para perfeccionarlas. Por ello, seguirá impulsando las reformas que estime necesarias en el Congreso de la República. Se busca claridad sobre algunos temas que se previeron en los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016 en La Habana. “El Presidente anunció reformas de las cuales una, que se encuentra en curso en el Legislativo, está relacionada con los delitos sexuales contra menores

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Vía al Llano podría reabrirse a fin de mes, asegura el Gobierno

Actualidad, Boyacá: Andina, Bicentenario, Economía, Gestión, Gobierno / revistacg

El viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, anunció que la Vía al Llano ha sido desbloqueada. Según el funcionario la totalidad de los 200.000 metros cúbicos de tierra han sido removidos y existe la posibilidad de habilitar el paso en las próximas semanas. De acuerdo con lo expresado por Gutiérrez, el corredor vial se podría reabrir pronto, probablemente a finales de agosto. “No vamos a dar una fecha definitiva, pero podemos contar que ya terminamos de remover el material que había caído sobre la vía (…) es una posibilidad antes de que finalice este mes”, explicó. A pesar de anunciar la buena noticia, el viceministro solicitó a los ciudadanos no hacer uso de la carretera hasta que se terminen de realizar las obras de protección, como es la ubicación de cable estacado, con el fin de prevenir la caída de materiales que pongan en riesgo la vida de quienes circulan por el lugar. “Aunque ya terminamos de remover el material, no vamos a abrir inmediatamente la vía y le pedimos a los usuarios y habitantes que no pasen por ahí. Ya pusimos unas protecciones (…) estamos trabajando en generar unas barreras de seguridad”, indicó Gutiérrez, quien agregó que las condiciones climáticas han retrasado las obras en terreno.

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Sanción de EE.UU. a Venezuela es “coherente”: Duque

Actualidad, Diplomacia, Estado, Gobierno, Internacionales, Presidencia / revistacg

Al referirse a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de congelar todos los activos de Venezuela en ese país, el Presidente Iván Duque consideró este martes que se trata de “una sanción coherente y consistente” con las denuncias de las autoridades estadounidenses sobre el régimen de Nicolás Maduro. “Creo que es una sanción coherente y consistente con las denuncias que ha venido haciendo el Gobierno de los Estados Unidos”, dijo el mandatario colombiano, al recordar acusaciones recientes de la administración del Presidente Donald Trump contra altos funcionarios de la dictadura venezolana. En declaraciones a la emisora Blu Radio, Duque recalcó que el Gobierno de Estados Unidos ha reconocido a la Asamblea Nacional y al Presidente interino Juan Guaidó como las cabezas del Estado legítimo en Venezuela. “Eso quiere decir que todo lo que tenga que ver con el ejercicio de la titularidad de los bienes y activos de Venezuela en los Estados Unidos estará en cabeza del Gobierno de Juan Guaidó y no en el Gobierno dictatorial de Nicolás Maduro”, agregó. En relación con los resultados del liderazgo de Colombia para denunciar la dictadura venezolana, el Jefe de Estado precisó que “hoy hay más de 50 países que reconocen a Juan Guaidó como Presidente interino y a la Asamblea Nacional” y “hoy se ha marcado una pauta de un cerco diplomático internacional que le ha puesto una presión nunca antes vista a ese régimen”, para que “Nicolás Maduro deje el ejercicio de la usurpación, se pueda dar un gobierno de transición y se convoque a elecciones libres”. De acuerdo con el Presidente Duque, el drama que se vive en Venezuela no es solamente el del ejercicio de la dictadura, la persecución al pueblo venezolano, el cese de las libertades o la destrucción del aparato económico. “Es que ya hay 4 millones de venezolanos que han salido de ese país en un éxodo sin precedentes. Colombia ya tiene cerca de 1,4 millones de hermanos y hermanas venezolanos. Estamos viendo niños que no reciben vacunación hace años y que, además, están cruzando la frontera en una situación realmente lamentable”, sostuvo. “Entonces el reto que tenemos los países que defendemos la Carta Democrática, que defendemos estos principios, es qué vamos a hacer para que se inicie rápidamente esa transición” de la dictadura a la democracia en el vecino país, puntualizó. Con información de la Presidencia de la República

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Es hora de parar la violencia contra mujeres y niños

Editorial / revistacg

S e retomó el debate sobre la necesidad de acudir a figuras como la cadena perpetua para castigar a los violadores y asesinos de menores de edad en Colombia. Coincido plenamente con el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en que se deben dar sanciones ejemplarizantes a quienes incurran en este tipo de conductas aberrantes. Y es que es inadmisible que cada vez aparezcan más niñas expuestas a situaciones de abuso sexual en el país, y lo que es peor, en la mayoría de los casos, ligadas a su entorno familiar. Según cifras de Medicina Legal, en 2018 se tenía un registro de más de 23 mil víctimas en Colombia, de las cuales 20 mil eran menores de edad. El mayor número tenía entre los 10 y 13 años, en un altísimo porcentaje mujeres. Por eso considero que ha llegado el momento de examinar la conveniencia de aplicar penas mucho más severas para los responsables, como la cadena perpetua. Sé que han sido varios los intentos por establecer esa figura en el país sin ningún éxito hasta ahora, en los que han pesado razones de tipo jurídico y político. El más reciente de ellos corrió la misma suerte, luego de que el acto legislativo que buscaba instaurarla, fuera retirado al no contar con el respaldo suficiente de los partidos en el Congreso. Pero tras el crimen en el Guaviare de Sharik Alejandra Buitrago, de 10 años, el debate público sobre los castigos a violadores y asesinos de niños en el país, tomó un nuevo aire. Aunque los expertos la consideran una medida “populista e inútil” porque, en su concepto, no atacaría de raíz el problema y sí iría en contravía de la Constitución y del sistema penal colombiano, considero, al igual que el Presidente de la República, que llegó el momento de evaluar la conveniencia de contar con la prisión perpetua. Desde el Legislativo también se han escuchado voces a favor y en contra de establecerla como sanción. Mientras unos piensan que en Colombia ya existen penas hasta de 60 años para delitos graves como ese, que se pueden aplicar sin beneficios ni reducción, otros ven posible instaurar esa polémica figura a través de una reforma constitucional. Uno de los obstáculos que se presentaría en el camino, según los constitucionalistas, serían los convenios internacionales de derechos humanos que ha firmado Colombia, los cuales tras su ratificación por el Congreso, prevalecen en el orden interno. Bienvenida la controversia alrededor de un tema que merece la atención de todos los sectores del país, sin excepción. Las medidas para frenar el nivel de violencia contra las mujeres y los menores de edad, que ha venido en ascenso en los últimos años, no dan espera ante el alto riesgo que están enfrentando. Con tristeza hay que admitir que existe una crisis de valores en nuestra sociedad, que debemos superar cuanto antes con el aporte de toda la institucionalidad.

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Pacto por la legalidad

Actualidad, Especiales, Estado, Gestión, Gobierno / revistacg

Pacto por la legalidad El Plan Nacional de Desarrollo -“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” -ha sido construido sobre bases de pactos estructurales en los que hemos plasmado nuestras ideas para el ejercicio del Gobierno en los próximos años. En este plan, la legalidad se construye a partir de un matrimonio feliz e indisoluble entre la seguridad y la justicia; porque la seguridad garantiza o debe garantizar ausencia de violencia y la justicia debe encarnar la aplicación objetiva a cualquier persona que trasgreda la ley, quien debe responder por ello. La justicia es uno de los más importantes objetivos del Estado, porque sin ella no podremos materializar las palabras Libertad y Orden, contenidas en nuestro escudo. En la Casa de Nariño me acompaña la figura siempre ferviente y gloriosa de José Ignacio de Márquez; un gran jurista que acompañó al Libertador y que sobre sus hombros están los primeros visos de la institucionalidad jurídica de la Patria. De Márquez es un Presidente, que quizás no ha sido lo suficientemente estudiado por los historiadores, pero a quien siempre recuerdo cuando decía que “la Justicia es Justicia cuando realmente logra que la sociedad la cumpla y la aplique por el imperativo moral de hacer de ella un contrato social”. Por este motivo, tenemos que entender que la justicia no puede seguir siendo la cenicienta de las políticas públicas, por lo que hoy Colombia requiere un debate serio en materia de legalidad. La legalidad de nuestro país tiene que ser una conquista permanente en todo el territorio y mucho más cuando se ha olvidado por parte de algunos que han pretendido desde la criminalidad amenazar la institucionalidad. Debemos ratificar a diario que la legalidad no está sujeta a negociación y que es la propia Constitución la que nos exige hacerla cumplir en todo el territorio con el precepto de proteger la vida, honra, bienes y libertades de todos los colombianos. Por eso lo que tenemos que buscar todos unidos es que la legalidad triunfe. Y esto implica que entendamos que la discusión no es solamente sobre los derechos, sino también sobre los deberes. Imperio de la Ley Con el Pacto por la Legalidad, se busca recuperar la seguridad con autoridad y orden. Bajo la premisa de los derechos y los deberes, construimos el Pacto por la Legalidad, que busca la seguridad efectiva y la justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia, así como la consolidación del Estado Social de Derecho para garantizar la vida, honra y bienes de todos los colombianos. En este Pacto, manifestamos nuestras acciones decididas para recuperar la seguridad, con autoridad y orden, nuestra alianza contra la corrupción y la línea de acción sobre el imperio de la ley y la convivencia. Hemos destinado un presupuesto de 132,7 billones de pesos para esta línea, uno de los más altos entre los distintos sectores. Con estas acciones, buscamos que la dignidad humana y las libertades individuales y colectivas se garanticen de conformidad con la ley y una justicia cercana a la gente, moderna, efectiva y oportuna. Por ello, nuestros objetivos están enfocados en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad para que los ciudadanos ejerzan sus derechos con apego a la ley, el mejoramiento de la gestión del Sistema de Justicia, el fortalecimiento de los mecanismos de defensa jurídica del Estado y la implementación de una política criminal integral coherente con la realidad nacional. En procura de lograr estos objetivos, implementaremos la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos; avanzaremos en la construcción de modelos de justicia local y rural para lograr rutas de acceso; consolidaremos el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; impulsaremos reformas para endurecer las penas contra los corruptos y disminuir la reincidencia en delitos y promover la resocialización de sus autores. Asimismo, fortaleceremos el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en vía de prevenir el delito en nuestros jóvenes, especialmente en los más vulnerables. Nuestros avances Operativo de la Policía Nacional contra el microtráfico de drogas. El camino para el cumplimiento de estas metas ya se inició. Durante estos meses de Gobierno, por medio de la política ‘Ruta Futuro’, nos hemos ocupado de los problemas de consumo, lavado de activos, oferta de drogas, cultivos ilícitos, crimen organizado y transformación del territorio. Hemos alcanzado importantes logros en esta lucha contra el narcotráfico, como la erradicación de alrededor de 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos y el decomiso de más de 3 millones de galones de insumos líquidos, el equivalente a casi cinco piscinas olímpicas. Más de 4.500 laboratorios y otras infraestructuras para el procesamiento de drogas ilícitas han sido destruidos así como unas 414 toneladas de clorhidrato de cocaína han sido incautadas por las autoridades. Con el Plan Cárceles hemos avanzado en el cumplimiento del Plan de Transformación y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario. Hemos entregado más de 300 obras de mejoras en las cárceles. Además, el Ministerio de Justicia ha potenciado en este tiempo los métodos alternativos de resolución de conflictos: más de 120 mil casos para conciliaciones han sido registrados. El Ministerio de Justicia y del Derecho ha estrenado ministra: la doctora Margarita Cabello Blanco, quien tiene la responsabilidad de avanzar en todas las reformas necesarias para alcanzar una visión moderna del aparato judicial. También le hemos encomendado la tarea de continuar la implementación de la política ‘Ruta Futuro’ y de liderar todos los esfuerzos para combatir con efectividad el narcotráfico desde el punto de vista normativo. La justicia, como pilar de la legalidad, cuenta con nuestro firme compromiso que se materializa en el Plan de Desarrollo, en sus iniciativas y políticas y en su efectivo liderazgo sectorial.

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Agroexpo 2019 abre sus puertas

Actualidad, Agricultura, Gobierno / revistacg

Durante 22 ediciones Agroexpo se ha logrado posicionar como la feria número uno de latinoamérica del sector industrial, agrícola y pecuario. En su edición 2019 que dio inicio el pasado jueves se reunirán expositores y compradores de 17 países dentro de los que sobresalen Taiwan, Turquía y Corea del Sur, como los más atractivos para los productores locales. La inauguración del evento en el pabellón 17 de Corferias, reunió a empresarios del sector, compradores y periodistas. El acto inaugural contó con la participación del Presidente de la República, Iván Duque, el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas (UNAGA) y el Presidente Ejecutivo de Corferias, Andres López Valderrama. En su intervención el Presidente Duque se mostró muy satisfecho con la firma de la ley de estabilización de precios del café para beneficio de los caficultores del país. “Ayer, con qué gusto, cumplí también otra de las grandes promesas que les hicimos a los colombianos. Firmé, con mucho ánimo, la Ley que crea el Fondo de Estabilización de los precios del Café, otra de las grandes promesas para el sector, acompañando una iniciativa del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, para proteger a los pequeños productores, para darles garantías en un sector tan importante para el país”, aseguró el mandatario. Además el Presidente recordó que durante su campaña presidencial se dirigió también a los líderes del sector donde le expresaron las preocupaciones que tenían. La mayor preocupación era la politización de algunas entidades del me dijeron, aseguró Duque. “Hoy puedo decirles que que no hay una sola institución del sector que este en cabeza de ninguna clientela política”. En relación con los pequeños productores, el jefe de Estado aseguró que después de 11 meses de gobierno, “tenemos el programa Coseche y Venda a la fija, un programa que ya tiene mas de seis mil productores y que cerrará este año con trece mil. También agregó que, su meta es llegar en agosto de 2022 a 300 mil productores, “con un esquema de financiamiento que ya tiene la tasa mas baja del mercado con DTF -1 y tiene 80 mil millones en esquemas de aseguramiento que superan los 800 mil millones de pesos”. De acuerdo con Duque, en el país hay “12 millones de compatriotas” hoy en el campo y por eso “estamos hablando con autoridad sobre un sector que es prioritario para nuestro país, que tiene indicadores que muestran su fortaleza y también nos permiten entender que el futuro de nuestro país pasa por una transformación real, productiva y de oportunidades en el sector rural”. Para esta edición de Agroexpo el objetivo, de acuerdo con el Presidente Ejecutivo de Corferias, es “superar la meta de 200 mil visitantes, de los cuales 60 mil, serán compradores internacionales”.

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Presidente le dice no a la convocatoria pública para definir el Fiscal

Actualidad, Estado, Fiscalía, Gobierno, Judicial / revistacg

Este viernes el Presidente Iván Duque tumbó el decreto 450 de 2016, firmado por el expresidente Juan Manuel Santos, según el cual se establecía el trámite para la integración de la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación. De acuerdo con el mandatario, la designación del Fiscal debe realizarse conforme a lo establecido en la Carta Magna de 1991, “debe ser ejercida en los estrictos y precisos términos de lo consagrado en la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, conforme a la regla especial de procedimiento allí prevista, sin que por vía reglamentaria pueda ser modificada ni sometida a reglas distintas de elección establecidas para la designación de otro tipo de servidores públicos”, explicó. El cargo de Fiscal General de la Nación en este momento se encuentra en manos de Fabio Espitia designado el 16 de mayo como Fiscal Encargado tras la salida de Néstor Humberto Martínez, a raíz de la decisión de la Justicia Especial de Paz (JEP) de dejar en libertad a Jésus Santrich, investigado por el presunto delito de narcotráfico.

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Las 23 acciones del gobierno para proteger a los ex-Farc

Actualidad, Estado, Gobierno, Judicial, MinDefensa / revistacg

Desde Bello, Antioquia, el Presidente de la República, Iván Duque anunció una serie de medidas que implementará el gobierno con el fin de proteger la vida de los exintegrantes de las Farc, que tras la firma del acuerdo de paz y posterior desmovilización, han sido víctimas de diferentes grupos armados ilegales. A la fecha ya van 113 desmovilizados asesinados. Las medidas anunciadas contemplan la creación de un Cuerpo Élite de la Policía para actuar en caso de amenazas, el fortalecimiento de los procesos de alerta temprana, así como la firma de un decreto de control de riesgos de seguridad que se ejercerá cuando concluyan, en agosto, las medidas relativas a los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR). Estas son las medidas anunciadas por el Ejecutivo 1. Se pone en operación un Centro Integrado de Información, coordinado por el Ministerio de Defensa, para articular información de inteligencia y generar mecanismos de apoyo a la investigación judicial sobre amenazas y homicidios contra excombatientes de Farc. 2. Se generarán alertas para priorizar acciones diferenciales de reincorporación, protección y seguridad para los excombatientes en mayor vulnerabilidad y riesgo, según los perfiles de quienes han sido asesinados. 3. Habrá focalización y priorización de las acciones de las instituciones, con base en la información que suministre semanalmente el Cuerpo Élite de la Policía Nacional sobre departamentos y municipios más afectados. 4. Expediremos decreto para el control de riesgos de seguridad de la población en proceso de reincorporación una vez concluya la vigencia de las medidas relativas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). 5. Se desarrollarán las medidas para garantizar seguridad de candidatos de Farc en el período electoral de 2019, previstas en el Plan Nacional de Garantías Electorales. 6. Se intensificará el monitoreo, análisis y advertencia del riesgo para excombatientes de las Farc por parte de la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). 7. Serán depuradas las respuestas de la Comisión Interinstitucional para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para asegurar la coordinación con las autoridades locales, por parte del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. 8. Habrá remisión inmediata de las alertas tempranas a la Consejería para la Estabilización y Consolidación, para que esta apoye la gestión pronta de las mismas. 9. Se optimizará la utilidad de la información oficial sobre afectaciones a excombatientes Farc. 10. Se afinará la articulación entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía, en la acción y seguimiento a las amenazas contra excombatientes Farc. 11. Serán reducidos los tiempos de atención de solicitudes de protección en la UNP. 12. Se fortalecerá la coordinación entre los esquemas de seguridad UNP y los enlaces de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) para los desplazamientos de excombatientes. 13. Se realizarán jornadas de autoprotección y autoseguridad para excombatientes que cuentan con esquema de protección. 14. Se actualizará la metodología y el instrumento de análisis de riesgo para definir las medidas de protección a excombatientes de las Farc, en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la UNP. 15. Habrá participación de la Defensoría del Pueblo en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de excombatientes de las Farc en la UNP. 16. Un grupo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional tendrá la función exclusiva de la investigación de amenazas a excombatientes de las Farc. 17. Se destinarán 25 investigadores adicionales de la Policía Nacional (Dijin) para investigación criminal en terreno sobre las afectaciones contra excombatientes de las Farc. 18. En las zonas priorizadas será distribuido un manual de autoprotección para excombatientes. 19. Se reforzarán las acciones de prevención a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y Unipep: a) para mitigar los riesgos de estigmatización y b) con campañas de autoprotección y seguridad. 20. También se reforzará la cultura de la legalidad. a) La ARN, la Unipep y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) articularán acciones para capacitar en territorios. b) La ARN y la UNP impartirán capacitación en cultura de la legalidad en las jornadas de reentrenamiento de los agentes que actúan como escoltas de los excombatientes Farc. 21. La Consejería para la Estabilización y la Consolidación convocará cada mes a una reunión para hacer seguimiento al avance de las medidas acordadas y cada 15 días habrá reuniones del nivel técnico. 22. En los municipios en los que se den alertas tempranas se van a promover con los alcaldes medidas como la prohibición de parrillero y jornadas de desarme. 23. La Fiscalía General de la Nación reasignará los fiscales itinerantes para focalizar los esfuerzos en los departamentos con mayor incidencia de afectaciones a excombatientes.

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