“Tenemos que redoblar la defensa de los líderes sociales y de los ciudadanos de a pie que están siendo objeto de la acción de grupos al margen de la ley en los territorios del postconflicto, lo que ha aumentado el homicidio en 6,5% en el primer semestre de 2018”: Fiscal Martínez Neira. La nueva dinámica delictiva en los territorios de consolidación, luego del abandono de las armas por parte de las Farc, está caracterizada por el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones delincuenciales, que son verdaderos ejércitos al servicio del narcotráfico. Esto ha generado nuevos conflictos en las zonas donde hacen presencia estas bandas, las cuales luchan por su posicionamiento y consolidación a través del control de los cultivos ilícitos y además de buscar mantener el dominio de los corredores del narcotráfico. Las regiones más afectadas por estas nuevas dinámicas son particularmente Cauca y Antioquia, donde se está experimentando una mayor afectación a los líderes sociales. Al cierre del primer semestre de 2018, el homicidio se incrementó a nivel nacional a una tasa del 6,5% en año corrido, como resultado de las confrontaciones territoriales entre organizaciones vinculadas al narcotráfico. “En medio de este conflicto se están viendo seriamente afectados los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, quienes están librando unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos y de esta guerra por el territorio”, afirmó hoy en Medellín el Fiscal Martínez Neira. “En los territorios de narcocultivos y corredores del narcotráfico, la situación es dramática y preocupante. En el bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, el homicidio está creciendo en año corrido un 164%, y durante el primer semestre de 2018, el homicidio creció 47% en Antioquia”, afirmó el Fiscal. Al presentar un análisis de la criminalidad que se observa desde la Fiscalía, el jefe del Ente Acusador expresó que “además de la preocupante situación que afecta a los líderes, encontramos que en estos territorios están cayendo también, en medio de las balas del narcotráfico, miles de colombianos anónimos. Por citar un ejemplo, en Cáceres, Antioquia, en lo corrido del año han muerto 33 habitantes del municipio y la tasa de crecimiento del homicidio ha sido de 175%, mientras en los listados de Naciones Unidas, han sido asesinados en esta zona 2 líderes sociales entre 2016 y 2018. Las tensiones por mantener y apropiarse de los corredores del narcotráfico, generan este ascendente nivel de criminalidad”. Resultados La Fiscalía General le está cumpliendo al país. De los 178 líderes sociales que han sido asesinados entre 2016 y 2018, según el listado de la ONU, se ha establecido la autoridad de los homicidas en el 50% de los casos. Por ello, han sido capturadas 184 personas, imputadas de esos crímenes, y, en total, se han vinculado 211 a las investigaciones. Los resultados presentados por la Fiscalía muestran que los perpetradores de estos crímenes son, en mayor importancia, miembros del Clan del Golfo y de Grupos de Delincuencia Organizada, que se dedican al cultivo y tráfico de drogas y al narcomenudeo. Al destacar los resultados obtenidos por la Fiscalía, dijo Martínez Neira que de los 88 casos esclarecidos, en 16 ya hay sentencias condenatorias; 36 procesos se encuentran en etapa de juicio y en 22 adicionales ya se surtió la audiencia de imputación, aparte de 14 capturas que están en fase de indagación. “No desfalleceremos en el esfuerzo de judicializar a los asesinos de nuestros líderes, pero debemos decirlo con claridad: la razón del Estado no es contar muertos y, por ello, lo que tenemos que hacer como sociedad es preservar sus vidas”, concluyó. Medidas de prevención Ante la creciente amenaza sobre líderes sociales y como parte de la política pública que debe reaccionar frente a este fenómeno, la Fiscalía General de la Nación le propuso al Congreso tipificar por primera vez el delito de amenaza contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La iniciativa, que fue aprobada por el Legislativo, será sancionada este próximo lunes, con lo cual las amenazas serán judicializadas rápidamente con penas entre 6 y 10 años de prisión. El tipo penal relativo a la amenaza requería un elemento subjetivo complejo, que exigía que causara “zozobra social”, lo que ha quedado eliminado. Con información de la Fiscalía General de la Nación.
