agosto 25, 2026

Fiscalía General de la Nación

Duque entregó terna para elección de Fiscal ad hoc en caso Odebrecht

El Presidente Iván Duque entregó a la Corte Suprema de Justicia los nombres de los juristas Margarita Cabello Blanco, Leonardo Espinosa Quintero y Clara María González Zabala, para elegir el Fiscal ad hoc requerido para las investigaciones sobre la multinacional brasilera Odebrecht. “Creo que son tres nombres que se presentan a consideración, tres nombres que han sido pensados, y buscando darle al alto tribunal opciones para que se escoja la persona que, con independencia, deberá llevar estos procesos y producir resultados satisfactorios para todo el pueblo colombiano”, expresó el mandatario. Frente al anunció, la senadora Angélica Lozano consideró que solo una Comisión Internacional puede llegar al fondo de las tres investigaciones que se adelantan. Y añadió en su cuenta de twitter que “caerán los mandos medios, Ñoños, Andrade, Melo… los jefes, beneficiarios, autores intelectuales y la ‘gente de bien’ no será tocada.. “Le piden al Presidente Duque una terna independiente para Fiscal ad hoc y propone a una magistrada ternada por Uribe para Fiscal, al decano de su facultad y a su secretaria jurídica! De vainas no ternó a su cantante favorito. No le pega a una Duque que va en 68% desfavorabilidad”, escribió la excongresista Claudia López en su redes sociales. El jefe de Estado resaltó los atributos de los tres abogados. “Se trata de la magistrada Margarita Cabello, quien es magistrada de la Corte Suprema de Justicia; ha sido Presidenta del alto tribunal, tiene una larga trayectoria jurídica y es una mujer que tiene todas las condiciones profesionales y éticas para ser puesta a consideración”. También presentó a Leonardo Espinosa Quintero, quien es el Decano Ejecutivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. “Se trata de un profesional con muchos años de experiencia, con muchos años de investigación jurídica, un gran conocedor del derecho societario, del derecho de la empresa y, sobre todo, una persona que por años ha sido investigador académico sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, el levantamiento del velo corporativo y las responsabilidades que acarrean por malas prácticas”. Finalmente se refirió a Clara María González Zavala, Secretaria Jurídica de la Casa de Nariño. “Ella ha sido una persona que me ha acompañado en la elaboración de los proyectos de lucha contra la corrupción que se han presentado al Congreso de la República. Ha participado activamente en las iniciativas a nivel de directiva presidencial y circulares con el mismo propósito”. “Es una mujer con una larga trayectoria en el derecho, una gran trayectoria profesional, con una gran solvencia ética y también ha ocupado importantes cargos como el de Registradora Nacional del Estado Civil y ha participado también en muchas ocasiones en las Altas Cortes”, añadió el Presidente. Por lo que la senadora María del Rosario Guerra consideró excelente la terna presentada por el Gobierno para fiscal ad hoc. “Felicito al presidente Iván Duque por su decisión. Esperamos ahora que la Corte Suprema elija entre Margarita Cabello, Leonardo Espinosa y Clara González para bien de la justicia y la lucha contra la corrupción”. “Creo que son tres nombres que se presentan a consideración, tres nombres que han sido pensados, y buscando darle al alto tribunal opciones para que se escoja la persona que, con independencia, deberá llevar estos procesos y producir resultados satisfactorios para todo el pueblo colombiano”, concluyó Duque.

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Duque anuncia decreto que permitirá a la Fiscalía extinguir dominio de bienes de las Farc

El objetivo del decreto es que con los recursos producto de la extinción de dominio de dichos bienes se contribuya a la reparación de las víctimas, afirmó el mandatario. El Presidente Iván Duque anunció que en los próximos días el Gobierno Nacional expedirá un decreto que faculta a la Fiscalía General de la Nación a extinguir el dominio de los bienes de la antigua guerrill de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que no fueron incluidos en la lista de bienes para la reparación de las víctimas. “Espero que en los próximos días esté ya firmado un decreto a través del cual le damos plena autoridad a la Fiscalía General de la Nación para extinguir el dominio de los bienes de las Farc que no fueron incluidos en la lista de bienes para la reparación de las víctimas”, precisó el jefe de Estado en declaraciones a la Voz de Bogotá de Todelar Radio. El mandatario reiteró que su Gobierno apoyará a los desmovilizados que genuinamente hagan el tránsito hacia la legalidad, al tiempo que advirtió que será implacable con quienes reincidan en el crimen. “Nosotros queremos ayudar de manera decidida a los que genuinamente están haciendo ese proceso de reincorporación para encontrar una mejor vida y convivencia, pero seremos implacables con la reincidencia”, sostuvo. En este sentido, el Presidente Duque dijo que “si queremos ser implacables con la reincidencia, tenemos que dotar a la Fiscalía General de la Nación de todas las herramientas necesarias para que se pueda extinguir el dominio de esos bienes no declarados”. Indicó que el objetivo del decreto es que con los recursos producto de la extinción de dominio de dichos bienes, se pueda contribuir a la reparación de las víctimas de la violencia en Colombia. Con información de la Presidencia de la República 

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JEP asegura que no hay conflicto de jurisdicciones con la Fiscalía respecto a bienes de las Farc

Para esta Sección, el Fiscal General de la Nación no puede promover un conflicto de competencia a partir de lo que él simplemente supone que la Sección va a hacer o tiene la intención de hacer. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le expresó a la Corte Constitucional que “no tiene lugar ningún conflicto” de jurisdicciones con la Fiscalía General de la Nación en el proceso para decidir si impone medidas cautelares sobre los activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “Si la Corte decide proferir un fallo de fondo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP le solicita que declare que la Jurisdicción tiene la competencia de resolver la solicitud de medidas cautelares, formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP”, sugirió la instancia. En su intervención ante la Corte Constitucional, la Sección expuso cinco razones para sustentar su posición: “(i)son inexistentes los conflictos de competencia tácitos; (ii) la Fiscalía General de la Nación no está planteando un conflicto de jurisdicciones, pues no está reclamando competencia para conocer de la solicitud específica de la UIA; (iii) no existen conflictos de competencia hipotéticos; (iv) la Fiscalía General de la Nación carece de legitimación por activa para promover este conflicto de competencia; (v) realmente no se plantea un conflicto de competencias sino la inconformidad con unas órdenes de petición de información”. La Sección añade que “el supuesto conflicto de competencias entre jurisdicciones propuesto por el Fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) es inexistente y, por ende, improcedente por cuanto no tiene otro efecto que dilatar el trámite de estudio y eventual decreto de medidas cautelares solicitado por la Unidad de Investigación (UIA), en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRGNR) creado por el Acto Legislativo 01 de 2017 con miras a la satisfacción de los derechos de las víctimas”. Además, recordó que en el Auto AT-05 de 2018 se vinculó a varias entidades, entre ellas la Fiscalía, y partió del reconocimiento de sus respectivas competencias constitucionales y legales. A lo agregó, que el auto, sobre el cual el fiscal impulsó el conflicto de competencias, dice que “es indiscutible que el ente investigador es titular de la acción de extinción de dominio”. En desarrollo de un proceso para decidir si se imponen medidas cautelares a los bienes e inventarios de las FARC, desde el pasado 21 de agosto 2018 la Sección decidió vincular a la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener información precisa y detallada respecto a los bienes de ese grupo. Con información de la Jurisdicción Especial para la Paz 

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Se requiere un fiscal ‘ad hoc’ para caso Odebrecht: Duque

El Presidente Iván Duque Márquez consideró este lunes que se necesita que se nombre un fiscal ‘ad hoc’ para que siga la investigación sobre el caso de corrupción que vincula a políticos y particulares con el pago de sobornos por parte de la multinacional brasileña Odebrecht. “Creo que se va a requerir. El fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) ya se había declarado impedido y había delegado a la vicefiscal. Y él está pidiendo (uno) ‘ad hoc’. Como Presidente de la República estoy listo a obrar cuando me lo solicite la Corte Suprema  para presentar una terna”, dijo el mandatario en entrevista con RCN Radio. De acuerdo con el jefe de Estado, esto permitirá que una persona “de las más altas condiciones” se encargue del caso para que “el país tenga plena certeza que lo que queremos todos es que aquí se llegue hasta el fondo de la verdad”. No obstante, el Presidente se abstuvo de opinar sobre la situación del fiscal. “Por la responsabilidad que tengo de eventualmente designar un fiscal ‘ad hoc’, cualquier opinión que emita puede ser un prejuzgamiento, prefiero no entrar en ese tipo de conjeturas y decir que esa responsabilidad corresponde a las autoridades que hagan esa valoración”. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación reveló este lunes que el monto de los contratos simulados, según lo identificado en sus investigaciones a noviembre de 2018, podrían llegar a $65.000 millones de pesos. “Las recientes informaciones divulgadas en relación con  los documentos presentados por el doctor Jorge Enrique Pizano, controller de la Concesionaria Ruta del Sol, daban cuenta en agosto de 2015 que según sus investigaciones el valor de los presuntos contratos simulados en Ruta del Sol era por valor de $22.000 millones de pesos, para esa fecha. No obstante, el monto de los contratos espurios según lo identificado en las investigaciones de la Fiscalía a noviembre de 2018, podrían llegar a $65.000’000.000 de pesos”, explicó el ente acusador. En el caso particular de TORROSA, adicionalmente la Fiscalía citó a diligencia de interrogatorio al señor Javier Torres, representante legal de la compañía, según informó la entidad en su página web. A la fecha el ente investigador adelanta investigaciones sobre 10 (diez) contratos presuntamente simulados que llegarían, por lo menos, a $65.000’000.000 (sesenta y cinco mil millones de pesos), que fueron suscritos con el Consorcio Constructor Ruta del Sol II (Consol) y la Concesionaria Ruta del Sol II.  

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Invima decomisa más de 85 mil medicamentos ilegales en el país

“No se dejen engañar adquiriendo productos milagrosos”: Julio César Aldana Bula. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía, en operativos simultáneos en diferentes ciudades del país lograron el decomiso de más de 85 mil unidades de productos fraudulentos que ponían en riesgo la salud de los colombianos. En Armenia (Quindío), con el apoyo de la Polfa se allanaron seis tiendas naturistas con un total de 49.697 unidades de productos fraudulentos en los que se encontraban medicamentos (homeopáticos, fitoterapéuticos), suplementos dietarios, alimentos, los denominados “potenciadores sexuales” y cosméticos. Algunos de estos productos cuentan con alerta sanitaria emitida por el Invima por considerarse fraudulentos y otros posiblemente, ingresaron de manera ilegal al país provenientes Estados Unidos, Cuba y Ecuador. Con el fin de verificar denuncias sobre ilegalidad, la Polfa incautó en 12 inmuebles en Medellín 33.257 unidades de medicamentos de alto costo, de uso institucional y dispositivos médicos fraudulentos y adulterados. Así mismo, se logró la captura de nueve personas vinculadas a la investigación. Por otra parte, se realizaron seis allanamientos en Calarcá (Quindío), Pasto (Nariño) y Cartago (Valle) y se logró desarticular una organización que comercializaba medicamentos de control especial por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes como ketamina, clonazepan, rivotril, entre otros, que eran vendidos como 2CB. En este operativo se incautaron 2.504 unidades, así como alimentos fraudulentos y adulterados. El Director General del Invima, Julio César Aldana Bula, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien actos irregulares que atenten contra la salud individual o colectiva de los colombianos. “No se dejen engañar adquiriendo productos milagrosos que se comercializan a través de plataformas electrónicas como redes sociales y cadenas de WhatsApp”, dijo. Aldana Bula agradeció el apoyo de diferentes entidades policivas y judiciales en la lucha frontal contra la ilegalidad de productos milagrosos que no cuentan con el registro sanitario, los cuales pueden contener ingredientes que ponen en riesgo la salud de quienes los consumen. Con información del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)

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Fiscalía incauta bienes a proveedores de las Farc por 2.100 millones de pesos

Los bienes ocupados superan los 2.100 millones de pesos y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La Fiscalía General de la Nación en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, impuso medida de extinción de dominio a inmuebles que presuntamente fueron adquiridos con dineros ilícitos de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo con la investigación, los predios pertenecían a una organización criminal que durante diez  años suministró armas  y explosivos  a los diferentes frentes guerrilleros de las FARC, y producto de esta negociación recibió “millonarias sumas” de dinero con las que realizó la compra de bienes en los departamentos del Meta, Boyacá y Cundinamarca. Las propiedades pertenecen a Alejandro Camacho y Viviana López Calle, quienes ya han sido condenados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y concierto para delinquir. Los bienes incautados corresponden a un apartamento con garaje y una oficina en Bogotá, un lote ubicado en Sotaquirá y cuatro terrenos en Villavicencio. Con información de la Fisclalía General de a Nación 

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Capturadas cuatro personas por presunta red de corrupción en el sector salud

“Con esta investigación queda probado que los corruptos hacen fiestas en el sistema de salud en detrimento de la integridad del servicio a los colombianos”: Fiscal General. El grupo de Trabajo Especial de Salud logró establecer la existencia de una presunta red delincuencial conformada por al menos cuatro personas quienes se habrían concertado para manipular el sistema de salud valiéndose de los altos cargos que ocupaban en entidades que vigilan ese sector. Las investigaciones adelantadas por el ente acusador permitieron determinar a través de copiosa prueba documental y más de 500 audios que para el 2016 la entonces superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, Eva Katherine Carrascal Cantillo, habría utilizado su cargo para favorecer a entidades promotoras de salud (EPS) y cajas de compensación, a cambio coimas recibidas mensualmente a través de cheques y en efectivo, e incluso habría obtenido una participación accionaria en una EPS. A través del material probatorio recopilado se pudo establecer que presuntamente Carrascal Cantillo y varios exdirectivos y funcionarios de distintas instituciones vinculadas con el sistema de salud, además de funcionarios del Estado de la rama ejecutiva y legislativa del poder público habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para supuestamente favorecer empresas del sector. Los análisis adelantados por los investigadores demostrarían como durante el segundo semestre de 2016 y todo el 2017, esta red habría permeado la administración de salud en Colombia mediante el acceso a información oficial privilegiada y el direccionamiento de trámites administrativos que cursaban en la Superintendencia. Unas de las irregularidades fue agilizar pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales y proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban esta red y quienes terminaban asesorando a los sujetos vigilados. Con información de la Fiscalía General de la Nación 

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Exjefe jurídico de Reficar pedirá perdón a junta directiva de Ecopetrol

El próximo 2 de noviembre Nicolás Isaksson Palacios, exjefe del grupo legal de Reficar entre los años 2013 y 2017, quien obtuvo un principio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la Nación en el marco de las investigaciones por el desfalco a Reficar, cumplirá con un deber impuesto en el acuerdo de negociación de pedir perdón a la junta directiva de Ecopetrol por las conductas ilícitas que se cometieron en desarrollo del proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena y que causaron graves daños al patrimonio público. El abogado Isaksson informará a la junta de la estatal petrolera sobre los pormenores de la información financiera sensible que se le ocultó de forma dolosa a los integrantes de la junta directiva de ECOPETROL, atendiendo instrucciones de la administración, y que habrían permitido conocer la realidad financiera del proyecto y, en especial del valor presente neto de la empresa, impidiendo que se adoptaran decisiones informadas con un conocimiento completo y veraz de la realidad del negocio y sus consecuencias sobre Ecopetrol. De esta manera se permitió que Ecopetrol autorizara el aumento de inversión en rubros presupuestales billonarios para la terminación del proyecto. Isaksson también brindará detalles sobre la manera en que se habrían autorizado dobles pagos y pagos de bienes y servicios inexistentes, entre otras irregularidades. La junta directiva de Ecopetrol será de carácter público y permitirá conocer detalles de las conductas en que se incurrieron por parte de la administración de Ecopetrol y Reficar y por las cuales varios de sus integrantes están siendo imputados ante la justicia por los delitos de: Interés indebido en la celebración de contratos. Peculado por apropiación a favor terceros. Enriquecimiento ilícito a favor de terceros. Falsedad en documento público. Administración desleal agravada. Con información de la Fiscalía General de la Nación 

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Milicias urbanas del ELN no han sido admitidas por la JEP

La Sala de Definición ha recibido 14 peticiones de sometimiento por parte del ELN de las cuales seis han sido negadas y ocho están en estudio. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró este jueves que las 13 personas, a quienes la Fiscalía General de la Nación señala de pertenecer a las milicias urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de un grupo denominado “La Llamada”, no han sido admitidas para su sometimiento. “La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP recibió la solicitud de 13 personas para que sean admitidas (…) Dicha solicitud aún no ha sido resuelta y, por lo tanto, no se puede decir que esas personas se hayan sometido y vayan a recibir beneficios jurídicos”, se especifica en un comunicado. La jurisdicción explicó que en el caso de las personas que dicen pertenecer a organizaciones guerrilleras y desean someterse a la JEP , es necesario demostrar que hicieron parte del grupo que firmó el acuerdo de paz con el Gobierno Nacional. La aclaración se debe a las afirmaciones del Fiscal Néstor Humberto Martínez en las que aseguró que esta célula urbana no puede ingresar a ese sistema de justicia. “Quien no haya suscrito un acuerdo de paz, no se haya desmovilizado y no haya entregado sus armas, y siguen siendo rebeldes frente al Estado, no pueden gozar del sistema especial”. Dentro del proceso de admisión a la JEP, las solicitudes deben pasar por diferentes salas que evalúan la petición y deciden si cumple o no con los requisitos . “Solo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha negado 45 solicitudes de las cuales seis han sido del ELN”.  

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JEP suspende entrega de informes sobre las Farc

“Una vez obtenida la información necesaria y pertinente (…) adoptará las medidas necesarias para proteger la información que tenga carácter reservado”: JEP. La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suspendió la entrega de información sobre los bienes de la extinta guerrilla de las Farc-EP. “No se ha recaudado toda la información necesaria y pertinente que permita identificar el inventario de bienes y activos de las Farc -EP, destinado a la reparación material de las víctimas del conflicto armado en el marco de las medidas de reparación integral”, explicó . A través de un comunicado, la JEP aseguró que “vencido el término del traslado ordenado en un auto de fecha 21 de agosto el Ministerio del Interior no dio respuesta al requerimiento”. “La Fiscalía debe poner de presente la imposibilidad de darles cumplimiento, toda vez que la información relacionada con procesos de extinción de dominio tiene carácter reservado”, puntualizó el oficio.

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