junio 28, 2026

FARC

Bienvenidas las FARC a la política

GUILLERMO GARCÍA REALPE Senador, Partido Liberal El 20 de julio pasado, cuando se instaló el Congreso de la República, hubo dos hechos muy importantes que poco marcaron el registro de los medios de comunicación. Uno fue la presencia de las FARC, en un hecho histórico en el Congreso de la República, hoy denominada la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido legal y constitucionalmente creado y establecido, y el otro, el gran discurso de balance de los ochos años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en los aspectos de paz, educación, economía y producción. “bienvenida las FARC a combatir con ideas en el marco de la democracia” Entonces, la gran noticia que resultaba para el país con estos dos hechos no lo fue, por el acto mediático que protagonizó el senador y exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, en la propia sesión plenaria de instalación de la legislatura, que todo el mundo conoce. Posteriormente, en los días siguientes, la renuncia del expresidente Álvaro Uribe, ocupó todo el marco de análisis de información de los medios de comunicación, de la opinión en general de nuestro país, de los columnistas y, por supuesto, de las redes sociales. No podemos dejar de registrar estos dos hechos importantes y, particularmente, la presencia de las FARC en el Congreso de la República, es decir, que el proceso de paz sigue avanzando con resultados evidentes. El país es testigo de que el Congreso de la República ha aprobado las leyes y las reformas constitucionales en materia de Justicia Especial para la Paz, en materia de participación política, en materia de desarrollo agrario integral y otros asuntos. Hay que destacar también que las FARC le han cumplido al país, han honrado su palabra, concentrándose, inicialmente; segundo, desarmándose y luego desmovilizándose y, hoy, haciendo presencia como cualquier ciudadano colombiano en el Congreso de la República. Esto es algo muy importante. Los hechos en las regiones también lo corroboran. A pesar de los problemas que hoy continúan alrededor del tema del narcotráfico, que es un tema de dinámica diferente, el tema de la deforestación y de la minería ilegal, no podemos negar que el impacto del conflicto es cosa del pasado. Muchas veces se ha reiterado que ya no hay soldados heridos en las camas del Hospital Militar de Bogotá, y en los últimos días se ha manifestado que los negocios de las funerarias y de los servicios asociados a la muerte en Colombia, en el Sur de Bolívar en este caso, están quebradas, porque ya no existen los muertos que antes existían. Esas y otras expresiones de la paz en las regiones son pruebas de que el proceso de paz valió la pena. En el caso nuestro, hoy podemos salir a todos los municipios en el departamento de Nariño y a regiones del sur de Colombia como el Cauca, Caquetá y Putumayo, lo que no se podía hacer en otras oportunidades. De tal manera que, bienvenida las FARC a combatir con ideas en el marco de la democracia, a disparar propuestas para el bien del país, a luchar frontalmente contra la corrupción, y a ayudar a blindar el proceso de paz. Los nuevos integrantes del Congreso de la República del partido FARC tienen que tener claridad de que deben construir una agenda social, con una plataforma ideológica clara, basada en varios frentes; donde lo principal, por supuesto, debe ser la defensa y continuidad de las políticas, programas y proyectos a desarrollarse en el posconflicto. También, abanderarse del tema ambiental y agrario, sectores claves para el desarrollo futuro del país. Solo de esta forma podrán ir allanando el camino para sintonizarse con la opinión pública nacional y para que los ciudadanos los acojan de forma positiva. Por mi parte, sigo siendo un convencido de que prefiero ver a las FARC detrás de una curul en el Capitolio Nacional y no en nuestros campos y regiones, generando muerte y violencia. Así que, señores y señoras, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, bienvenidos y bienvenidas al debate de las ideas, a la controversia nacional y a la Casa de la Democracia.

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Exguerrilleros de las FARC piden medidas cautelares ante CIDH

Uno de los principales argumentos es el supuesto incumplimiento de los Acuerdos de paz firmados en 2016 con esa guerrilla. Tres excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) solicitaron este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección con el argumento de que ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni la Fiscalía General de la Nación han resuelto de fondo su situación jurídica. “El incumplimiento de los acuerdos ha generado desazón, por eso es que se pide que la CIDH analice todo este escenario. Además, nos reservamos los tres nombres no solo porque es legal hacerlo, sino porque queremos evitar presiones del Estado colombiano ante ese organismo mientras es llamado a dar explicaciones”, aseguró el abogado Gabriel Parra. Además, aseguran que el caso de Jesús Santrich debe ser igualmente verificado por la CIDH pues según ellos, al haberse sometido a la JEP, al exjefe guerrillero no se le debió haber dictado una medida de aseguramiento con fines de extradición.

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Desplazamiento de 300 personas en Ituango por enfrentamientos entre grupos armados

No se tiene certeza aún sobre el retorno de los habitantes a sus lugares de residencia. El alcalde del municipio de Ituango, Hernán Darío Álvarez, confirmó este viernes el desplazamiento de alrededor de 300 habitantes de La Miranda, el Bajo Inglés y Santa Ana, quienes se concentraron en el caserío y en la escuela de El Cedral. Según el mandatario, no llegaron hasta la cabecera municipal de Ituango. La representante por Bogotá, María José Pizarro, pidió a los entes de control garantías ante la situación que enfrentan los pobladores de la zona y recordó que el pasado miércoles se llevó a cabo el debate de control político sobre Hidroituango, que según sus ponentes fue “cuestionado” y “minimizado” por parte de los congresistas. “En Ituango entran paramilitares y desplazan a la comunidad. El miércoles cuestionaron el #DebateHidroituango y las cifras de por sí ya eran aterradoras. En debate Líderes Sociales reiteraron compromiso @MinInterior@ minDefensa, @FiscalíaCol @DefensoríaCol. ¡Hoy exigimos garantías!”, escribió la parlamentaria a través de su cuenta en twitter. El desplazamiento fue causado por combates entre las disidencias de las Farc, integradas por exmiembros del frente 36 y liderada por alias “Cabuyo”, y el denominado “Clan del Golfo” que opera en la zona. Las hostilidades iniciaron en horas de la tarde del jueves, pero solo hasta la noche hicieron presencia tropas del Ejército para disipar los enfrentamientos. El también representante David Racero pidió protección para las comunidades al Presidente Iván Duque y al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. “Comunidades de vereda El Cedral de Ituango, siguen esperando protección. Aún no llega Fuerza Pública. Están expuestos por posible retaliación de AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) en disputa con disidencias de las FARC. Siguen confinados”, señaló.

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El “Clan del Golfo” culpa a disidencias de las FARC de muerte de geólogos

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia negaron su participación en el asesinato de los geólogos de la compañía canadiense Continental Gold. A través de un comunicado, el grupo armado ilegal señalo a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como autores materiales de las muertes de Henry Martínez, Camilo Tirado y Laura Alejandra Flórez. “Señalamos a las disidencias de las FARC que operan en la zona, como los únicos responsables de las muertes de los profesionales, que estaban adelantando labores importantes para el desarrollo local y regional”, indicó el oficio publicado en internet. Un grupo de hombres armados ingresó al campamento en el que descansaban 11 trabajadores de la multinacional minera, en Yarumal, Antioquia, asesinó a los tres geólogos  y dejó heridos a tres más. El Ejército atribuyó entonces el ataque a disidentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Al igual que el “Clan del Golfo”, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó cualquier responsabilidad en la acción criminal. La organización rebelde calificó de “absurdo” el ataque y aclaró que en la zona donde sucedieron los hechos, sus hombres nunca han estado. En su comunicado, el “Clan del Golfo”, banda al servicio del narcotráfico, aseguró que no tiene enfrentamiento alguno con la multinacional Continental Gold en Antioquia. “Hemos sido siempre respetuosos de las empresas legalmente constituidas y del capital nacional o de otra procedencia cuando invierten en beneficio de las comunidades y con respeto al medioambiente”, afirmó. “A los familiares de las víctimas asesinadas a sangre fría, nuestra voz de condolencia y solidaridad, y una oración por el eterno descanso de sus almas”, concluyó.

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Comisión de Paz aboga por recursos para la estabilización del Acuerdo de paz

Total respaldo por parte del Gobierno Nacional pidieron este miércoles los integrantes de la Comisión Accidental de Paz a la continuidad del proceso de reincorporación de los desmovilizados de las Farc, y a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR – frente a la desfinanciación de los mismos. El senador Guillermo García Realpe, manifestó que en la visita al Espacio Territorial en San Vicente del Cagüan, Caquetá “además de ver que los protocolos están operando, vemos a la fuerza pública, las misiones internacionales funcionando con seriedad, y también vemos que los miembros desmovilizados están cumpliendo con lo propio en las tareas de campo, capacitación y estudio”. “Estas zonas deben tener acompañamiento institucional, del Congreso, del gobierno y del empresariado, de los centros comerciales y de las grandes superficies que compran productos del campo, ellos sólo quieren que les compren sus productos”, dijo el senador García Realpe. Para el legislador Antonio Sanguino, se hace necesario concretar los recursos para la continuidad en este proceso, “De los 8 proyectos, sólo tres están financiados”, señaló. A su turno el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, manifestó que el actual gobierno ha reafirmado el compromiso del Estado con la paz y que ese compromiso se está viendo plasmado con hechos concretos. “Sin embargo el presidente ha pedido que esta oficina se encargue de legalidad y convivencia en todo lo relacionado con la  paz de los colombianos”. Por su parte Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincoporación y Normalización sostuvo que los procesos de reintegración no duran 2 años si no entre 6 y 8 años. “La primera fase del proceso que se adelantó fue la fase de estabilización, caracterización de la población, su proyecto de vida en el marco de la legalidad, afiliarlos a salud, bancarizarlos, donde se les consignarán rentas básicas por 24 meses, desembolsos que ascienden 125 mil millones”, dijo. El senador Temístocles Ortega afirmó que “este acto o acuerdo logrado con las Farc es el hecho más importante del país en los últimos 100 años, ha sido un logro nacional, y le deseo los mejor de los éxitos, estamos para contribuir y colaborar desde la Comisión de Paz y el Senado para que este proyecto termine exitosamente”. Entre tanto el congresista Gustavo Bolívar invitó a la Comisión a una audiencia que se realizará en el departamento de Cauca, donde, según el legislador, más víctimas de líderes sociales se han producido. “Con urgencia es necesario incluir en la agenda una visita a Tumaco, urge la presencia de la Comisión de Paz en esa región del país”. Para el senador Carlos Lozada, el principal problema es la tierra, “porque no hay donde producir si no hay terrenos para hacerlo. Para que llevar a los empresarios si no hay donde cultivar, ya queda claro que en agosto del año entrante van a terminar esas zonas y para dónde van a coger esos desmovilizados”, se preguntó. El legislador Roy Barreras anunció la visita de la Comisión de Paz a la ciudad de Popayán para atender temas de Cauca, así como la presencia en el Catatumbo, Tumaco y Antioquia. También la radicación del proyecto que eleva a Comisión Legal la Comisión Accidental de Paz. Con información del Senado de la República

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Alianza Verde radica proyecto para garantizar transporte rural escolar

La iniciativa contempla que se pueda declarar, de manera transitoria, la excepcionalidad para ciertos municipios en aras de permitir una reglamentación especial que garantice que los niños podrán llegar a sus escuelas sin caminar por largas horas. La representante del partido Alianza Verde, Juanita Goebertus, radicó este lunes un proyecto de ley que busca garantizar la prestación del servicio de transporte escolar en zonas rurales de Colombia. La iniciativa surgió como parte del paquete de implementación de lo pactado en los Acuerdos de Paz de 2016, en concreto, con la transformación estructural del campo. En ella se busca generar excepciones a las normas vigentes en los municipios que lo necesiten, como aquellos que no cuenten con empresas de servicio público de transporte especial o en los que las condiciones geográficas, económicas o sociales no permitan el uso de medios de transporte automotor, o aquellos declarados como zonas de difícil acceso, según los lineamientos del Ministerio de Educación. Las autoridades locales y departamentales podrán solicitar que se les declare dicha condición, lo cual entrará a ser valorado por el Gobierno Nacional. Para ello, el Ministerio de Transporte contará con dos meses, máximo, para avalar o no tal condición y procederá a expedir un reglamento especial y transitorio para la prestación del servicio. “Así, los niños, niñas y adolescentes que viven lejos de sus colegios podrán llegar a las instituciones educativas sin tener que caminar por horas y sin exponer sus vidas”, dijo la congresista. Según se lee del texto que será presentado ante el Congreso, la reglamentación especial deberá fijar condiciones de acceso, calidad y seguridad del transporte, de acuerdo con las necesidades de cada municipio en particular, por lo cual se podrá hacer uso de medios de transporte motorizados o no motorizados. “La reglamentación deberá atender a un enfoque territorial que entienda las particularidades de cada municipio y priorizar el acceso de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al sistema educativo”, señala la iniciativa. Otro de los puntos de este proyecto radica en que en los municipios donde se reconozca la excepción para la prestación del servicio de transporte escolar se permitirá la contratación del mismo a personas naturales, bajo estricto control y la reglamentación que defina el Ministerio de Transporte. Cifras aportadas por Goebertus indican que en departamentos como Boyacá, Magdalena, Norte de Santander, La Guajira y Casanare los niños que van al colegio tardan entre una y tres horas para llegar, generando altos índices de deserción escolar. Según la Misión Rural, la tasa neta de matrícula de los jóvenes que viven en las ciudades es de 75 % para secundaria y 48 % para grados décimo y once, mientras que en las regiones remotas es de 54 y 26 %, respectivamente, lo que evidencia, dice la legisladora, la brecha entre lo urbano y rural. Con información de la página oficial del partido Alianza Verde

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Vamos a honrar el compromiso de ayudar a desmovilizados a reintegrarse a la sociedad: Presidente Duque

El mandatario hizo los anuncios durante el Encuentro Nacional de Responsables de Cultura Departamentales, de Capitales y Distritales, realizado en el Hotel Tequendama de Bogotá. El Presidente Iván Duque reiteró este martes que el Gobierno honrará el compromiso de ayudarles a los guerrilleros de las Farc que están en proceso de desmovilización, desarme y reinserción a hacer su tránsito hacia una vida productiva y de convivencia. Ese compromiso “lo vamos a honrar”, dijo y agregó que el interés del Gobierno es que “eso salga bien” y mantener una muy buena presencia de la Fuerza Pública y de los programas sociales del Estado en las zonas golpeadas por la violencia. El mandatario recordó que recibió muchos problemas de desfinanciamiento de los programas diseñados para funcionar en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), sin embargo enfatizó que no está “llorando sobre el pasado, sino tratando de construir hacia el futuro con la disponibilidad de recursos que nos permita atender a esa población”. El Presidente anunció que antes de terminar el mes de septiembre estará lista la nueva política pública de protección a los líderes sociales. “Empezamos una mesa de trabajo con la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía, el Alto Mando Militar, la Consejería para los Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, y antes de terminar el mes de septiembre tendremos esa política presentada la opinión pública para reaccionar institucionalmente”, puntualizó. “Yo no solamente tengo dolor cuando se presentan esas circunstancias, sino que tengo un compromiso de trabajar con todas las instituciones, primero, para prevenir y también para sancionar a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes deleznables”, dijo. Por otro lado, el mandatario anunció el lanzamiento de una línea de crédito de Bancóldex, por 130 mil millones de pesos, para que emprendedores de Economía Naranja puedan acceder a recursos con mejores tasas y plazos, y convertir su talento en una oportunidad de generación de empleo en las regiones de Colombia. “Quería anunciarles que con Bancóldex se va a abrir una línea de crédito de 130 mil millones de pesos para todos los emprendedores Naranja y emprendedores culturales de Colombia”, informó Duque. El jefe de Estado afirmó que es necesario que el país empiece a orientar de manera adecuada los recursos hacia la Economía Naranja, y que “el sector privado sea patrocinador, creando además el contexto y el símbolo de la responsabilidad cultural empresarial”. Con información de la Presidencia de la República 

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“Con la paz no se juega”: Fiscal Néstor Humberto Martínez

Martínez además desmintió que la Fiscalía haya levantado la suspensión de las órdenes de captura que habría solicitado en su momento el Gobierno Nacional en el marco de la Ley 418. El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aclaró que la Fiscalía General de la Nación no posee una orden de detención con fines de extradición en contra del exjefe guerrillero Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez. “No es cierto, como se dice en los territorios de consolidación, que por virtud de una orden de captura que habría librado la Fiscalía, el señor Márquez tuvo que salir del espacio territorial en que se encontraba y que supuestamente una hora después de su salida habría llegado el Ejército Nacional a hacer efectiva esa orden de captura. No es cierto ni lo uno ni lo otro”, explicó el alto funcionario a través de un comunicado de prensa. En el oficio se argumenta que la situación jurídica de las nueve personas que se encuentran bajo indagación en estos momentos, de las cuales la mayoría formó parte del viejo Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debe examinarse desde los siguientes escenarios: El primero es que conforme a la Ley 418, si el Gobierno del Presidente Duque, de acuerdo con los dictados de la ley, tal como ha sido modificada esa ley, opta por solicitarle a la Fiscalía que se levante la suspensión de las órdenes de captura, esta deberá proceder de conformidad con esa solicitud. “Sin embargo, el Gobierno Nacional no le ha solicitado el levantamiento de esa suspensión a la Fiscalía General de la Nación”, agregó. En segundo lugar si estos reinsertados reinciden en el delito y violentan ese principio medular de la paz que es la no repetición, el fiscal Martínez podrá “exigir el cumplimiento de la ley, porque los reincidentes están sometidos a la jurisdicción ordinaria sin ningún tipo de discusiones ni de conflictos de competencia con ninguna otra jurisdicción, porque el que la hace la paga, pero esa no es la regla de lo que hemos venido advirtiendo que se haya violentado esa frontera para llegar a la ilegalidad, por lo cual no hemos proferido ordenes de captura en este momento”. “Si como lo dice Naciones Unidas se ha incumplido el acuerdo de paz, procedería ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), iniciar el incidente de incumplimiento de que habla la Ley 1922 de este año, y ese incidente lo podríamos promover la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, las víctimas o de oficio la propia JEP y declarar el incumplimiento por parte de los reinsertados con las consecuencias que establece la ley y la sentencia de la Corte Constitucional que habla de la pérdida de los beneficios para estos reincidentes, que incumplan el acuerdo de paz”, indicó el documento como tercer escenario. “Sin embargo esa actuación judicial puede empezar a estar empañada porque tengo que declararle al país que la Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos inescrupulosos estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la Jurisdicción Especial de Paz no actúe como debe actuar cumpliendo con la Constitución y la Ley. Por esa razón, hemos abierto una indagación a cargo de un fiscal especial que deberá producir decisiones prontamente con el fin de impedir que no se vaya a violentar el cumplimiento estricto de la Constitución y de la Ley en esa jurisdicción, a partir de acciones inenarrables pero de las cuales tenemos evidencias por parte de algunos funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz. Ese es el estado de cosas y de estos temas hay que hablar con claridad, con precisión y sin especulaciones”, concluyó el fiscal.

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Solicitados en extradición que fueron excluidos de listas de las FARC no pueden ir a la JEP: Procuraduría

El Ministerio Público señaló que alias ‘El Inválido’, exmilitante de las FARC – EP, cumple los requisitos de la JEP y no debe ser extraditado. La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) regresar a la justicia ordinaria los casos de tres extraditables que son requeridos por jueces de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Los postulados, identificados como Osías Riascos Ocampo, Santos Román Narváez Ansazoy y Julio Armando Belalcázar Estacio, solicitaron su ingreso a este nuevo sistema de justicia transicional y ser beneficiados con la garantía de que no serían extraditados. El Ministerio Público encontró que sus peticiones no cumplen con los requisitos exigidos  por la JEP, porque su condición de exmilitantes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – EP) no se encuentra acreditada en sus respectivos procesos. En los casos de Osías Riascos y Narváez Ansazoy, la Procuraduría estableció que fueron excluidos de las listas que las FARC entregaron a la Oficina del Alto Comisionado para la PAZ con los nombres de sus integrantes, mientras que Belalcázar Estacio aparte de no ser incluido en esos listados, tampoco ha sido acusado formalmente por el delito de rebelión, otro de los requisitos establecidos para ser aceptado por esta jurisdicción especial. Osías Riascos, conocido con los alias de  ‘Chachito’ o ‘Yimi Riascos’, Narváez Ansazoy, alias ‘Román’, y Belalcázar Estacio, alias ‘Barón’, son señalados de pertenecer, presuntamente, a distintas estructuras ilegales que enviaron estupefacientes desde Colombia a Estados Unidos, utilizando rutas a través de países centroamericanos, y solicitaron su inclusión a la JEP argumentando que esas conductas tuvieron relación con las FARC – EP. El ente de control pidió que estos tres casos sean remitidos a la justicia ordinaria para que continúe el trámite de extradición, ante la falta de competencia de la JEP para conocerlo. En otro concepto radicado ante la Sección de Revisión, la Procuraduría pidió a la JEP que cobije con la garantía de no ser extraditado a Pedro Luis Zuleta Noscué, alias ‘El Inválido’ o ‘El Cojo’, porque cumple los requisitos exigidos para gozar de ese beneficio. Zuleta Noscué, quien fue jefe de finanzas del sexto frente de las FARC en el Cauca, es requerido por una corte de Estados Unidos por hechos relacionados con tráfico de estupefacientes entre 1985 y 2001. El Ministerio Público encontró que su condición de exmilitante de las FARC – EP está debidamente acreditada al figurar en las listas de integrantes que esa agrupación suministró al Gobierno Nacional y por someterse voluntariamente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El órgano de control consideró que el caso de Zuleta Noscué es competencia de la JEP, porque los hechos investigados por la justicia de Estados Unidos ocurrieron entre 1985 y 2001, y esta jurisdicción tiene atribución para conocer las actuaciones cometidas por los exintegrantes de las FARC en desarrollo de las conductas desplegadas por la entonces guerrilla con anterioridad al primero de diciembre de 2016. Con información de la Procuraduría General de la Nación 

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Duque aclara medidas de MinHacienda

Lo que buscamos es que el IVA sea más eficiente y más equitativo: Duque El Presidente Iván Duque, aseguró este lunes que hubo una mala interpretación sobre los ajustes tributarios  anunciados por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, ya que según el mandatario, lo que busca el Gobierno es que personas con altos ingresos que no pagan impuestos, estén obligadas a hacerlo. “El ministro Carrasquilla nunca habló del 19 por ciento para los productos de la canasta familiar (…) Lo que buscamos es que el IVA sea más eficiente y más equitativo. Me parece que tener la discusión sobre el IVA es sano”, sostuvo  el mandatario en entrevista con Caracol Radio. Reafirmó que su interés siempre ha sido la “reactivación económica”. “El país está muy afectado por la informalidad (laboral) porque no tiene unos ingresos predecibles”, señaló. Duque anunció de otra parte el nombramiento de Pablo Elías González como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección y aseguró que confía en sus capacidades para cumplir los objetivos que demanda la entidad como, por ejemplo, la protección a líderes sociales. En cuanto a la reunión en la Casa de Nariño, a la que asistió el excomandante guerrillero, Rodrigo Londoño, como vocero del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), el jefe de Estado dijo ser respetuoso de  la  democracia y recordó que “hay que trabajar por lo que nos une y no por lo que nos separa”.

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