junio 28, 2026

FARC

Rodrigo Londoño pide a alias “El Paisa” presentarse a la JEP

“Los Acuerdos de La Habana tienen que ser vistos como el resultado final de todos esos años de lucha. No clausuran nuestro sueño de tomarnos el poder junto con las mayorías del pueblo colombiano. Simplemente nos marcan una ruta distinta a la de la guerra”: Rodrigo Londoño.  El líder del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Rodrigo Londoño le pidió al exjefe guerrillero Hernán Dario Velásquez Saldarriaga, conocido en la guerra como “El Paisa”, presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Camarada, hermano, si usted lo considera pertinente, yo mismo me ofrezco para viajar al lugar donde usted se encuentre, con el propósito de acompañarlo en su viaje a Bogotá, para que se sienta más tranquilo en su presentación en la JEP. Sobra decirle que el equipo jurídico del partido le brindará todo el apoyo necesario”, escribió el excomandante. En una carta dirigida a El Paisa, Londoño lo invitó a participar en el Pleno del Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección del movimiento político, que se realizará este fin de semana. “Soy consciente de las dificultades y temores que originaron en usted las prevenciones para participar en los eventos partidarios nacionales. Las cosas realmente no se presentan del modo como lo habíamos pensado durante los diálogos de La Habana, y mucho menos del modo como quedaron consignadas en el Acuerdo Final”. “Los tiempos cambian, Oscar, y con ellos el papel que deben jugar las organizaciones y los líderes. Retroceder, intentar revivir el pasado, persistir en caminos que el grueso del colectivo decidió dejar atrás, no puede ser pese al valor que se le quiera añadir, la decisión más acertada. Nuestro lugar en la lucha está aquí, las estrellas que soñamos alcanzar con el fuego de nuestras armas aún pueden caer, pero con la fuerza arrolladora de las masas. De eso se trata, estamos esperándolo”, puntualizó.

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Madres comunitarias exigen el derecho a una pensión justa y digna

Victoria Sandino Senadora, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común   Durante décadas las labores de cuidado han estado especialmente en los roles tradicionales impuestos a las mujeres, labores que desde una perspectiva masculina de la economía y el poder no tiene ningún tipo de valor para el desarrollo social y económico del país. Este es un asunto que ha conllevado una discusión en la agenda pública como resultado de la movilización y presión que han emprendido las mujeres en sus diferentes ámbitos; un ejemplo específico son las madres comunitarias, quienes de manera organizada y contundente han puesto al Estado contra la pared para garantizar de manera efectiva sus derechos. En las últimas semanas, más de 50 madres comunitarias se tomaron durante un par de días de manera pacífica la Catedral Primada de Bogotá en una huelga de hambre, como rechazo a una decisión regresiva de la Corte Constitucional, que limita el acceso a sus derechos laborales. “La FARC apoya sus reclamos, especialmente en materia pensional y de derechos laborales para que sea incorporada la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales”. Hecho que generó la solidaridad de diferentes organizaciones sociales y fuerzas políticas para acompañar su agenda y pliego de exigencias. A partir de esta solidaridad,  el 30 de agosto pasado,  en el marco de la acción de movilización convocada por las madres comunitarias y simultáneamente en el desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República, la senadora Victoria Sandino solicitó a la Mesa Directiva de esta instancia legislativa, hacer una sesión  informal para escuchar los pronunciamientos de las madres comunitarias.   En esta sesión, su vocera Olinda García expresó de manera contundente el rechazo a las medidas regresivas contra sus derechos que está expresando la Corte Constitucional, mencionó las situaciones desproporcionadas que han tenido durante su labor y recordó el aporte que le han brindado al país en el cuidado de las niñas y niños. Solicitó a las parlamentarias su apoyo y la garantía efectiva de los derechos laborales, sobre todo a una pensión digna. “Tenemos derecho a descansar, somos mujeres mayores”, fue una de las frases que marcó su exigencia. El tribunal aplazó su decisión y escuchó la posición de las mujeres el 4 de septiembre. De esta manera las madres comunitarias han estado fortaleciendo su movilización y sus demandas en espera de un concepto favorable por parte de la Corte; es así como han promovido reuniones, diálogos y plantones en estas últimas semanas. Sin embargo, la decisión aún se mantiene en vilo. Por tal razón, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común apoya sus reclamos, especialmente en materia pensional y de derechos laborales para que sea incorporada la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales para concretarse en un supuesto macroeconómico que reconozca la contribución de la mujer en el desarrollo económico y social del país.

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Duque anuncia decreto que permitirá a la Fiscalía extinguir dominio de bienes de las Farc

El objetivo del decreto es que con los recursos producto de la extinción de dominio de dichos bienes se contribuya a la reparación de las víctimas, afirmó el mandatario. El Presidente Iván Duque anunció que en los próximos días el Gobierno Nacional expedirá un decreto que faculta a la Fiscalía General de la Nación a extinguir el dominio de los bienes de la antigua guerrill de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que no fueron incluidos en la lista de bienes para la reparación de las víctimas. “Espero que en los próximos días esté ya firmado un decreto a través del cual le damos plena autoridad a la Fiscalía General de la Nación para extinguir el dominio de los bienes de las Farc que no fueron incluidos en la lista de bienes para la reparación de las víctimas”, precisó el jefe de Estado en declaraciones a la Voz de Bogotá de Todelar Radio. El mandatario reiteró que su Gobierno apoyará a los desmovilizados que genuinamente hagan el tránsito hacia la legalidad, al tiempo que advirtió que será implacable con quienes reincidan en el crimen. “Nosotros queremos ayudar de manera decidida a los que genuinamente están haciendo ese proceso de reincorporación para encontrar una mejor vida y convivencia, pero seremos implacables con la reincidencia”, sostuvo. En este sentido, el Presidente Duque dijo que “si queremos ser implacables con la reincidencia, tenemos que dotar a la Fiscalía General de la Nación de todas las herramientas necesarias para que se pueda extinguir el dominio de esos bienes no declarados”. Indicó que el objetivo del decreto es que con los recursos producto de la extinción de dominio de dichos bienes, se pueda contribuir a la reparación de las víctimas de la violencia en Colombia. Con información de la Presidencia de la República 

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Comisión de Paz pide al ELN declarar cese al fuego unilateral

“Renunciar al diálogo es condenar a Colombia a la prolongación de una violencia inútil”: Comisión de Paz. La Comisión de Paz del Senado exhortó este jueves al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a declarar un cese al fuego unilateral que demuestre su compromiso con la sociedad colombiana. “La decisión de un cese unilateral del fuego y de hostilidades es necesaria para seguir creyendo en la solución política del conflicto armado en Colombia. Instamos al ELN a avanzar en esa decisión que sin duda debe facilitar el descongelamiento de la Mesa”, indicó la instancia en un comunicado. Los congresistas calificaron como positivo que la guerrilla designara como delegado para las conversaciones con el Gobierno a su máximo jefe, Nicolás Rodríguez, alias Gabino. “Este gesto sin precedentes en la historia de conversaciones con esta organización debe ser valorado por el Gobierno Nacional como una oportunidad para elevar la capacidad de la mesa en la búsqueda de un acuerdo definitivo de paz”, añadió. El ELN había solicitado a la Comisión de Paz facilitar la reanudación del trabajo de la mesa de conversaciones, a lo que respondió que ese tipo de gestiones las realizará solo con la autorización del Gobierno Nacional y del señor Presidente de la República. “En esta comunicación queremos reiterar nuestra plena disposición para contribuir al proceso de paz con el ELN y también en los otros aspectos de la consolidación de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito hace dos años con la entonces guerrilla de las FARC”, puntualizó.

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JEP asegura que no hay conflicto de jurisdicciones con la Fiscalía respecto a bienes de las Farc

Para esta Sección, el Fiscal General de la Nación no puede promover un conflicto de competencia a partir de lo que él simplemente supone que la Sección va a hacer o tiene la intención de hacer. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le expresó a la Corte Constitucional que “no tiene lugar ningún conflicto” de jurisdicciones con la Fiscalía General de la Nación en el proceso para decidir si impone medidas cautelares sobre los activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “Si la Corte decide proferir un fallo de fondo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP le solicita que declare que la Jurisdicción tiene la competencia de resolver la solicitud de medidas cautelares, formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP”, sugirió la instancia. En su intervención ante la Corte Constitucional, la Sección expuso cinco razones para sustentar su posición: “(i)son inexistentes los conflictos de competencia tácitos; (ii) la Fiscalía General de la Nación no está planteando un conflicto de jurisdicciones, pues no está reclamando competencia para conocer de la solicitud específica de la UIA; (iii) no existen conflictos de competencia hipotéticos; (iv) la Fiscalía General de la Nación carece de legitimación por activa para promover este conflicto de competencia; (v) realmente no se plantea un conflicto de competencias sino la inconformidad con unas órdenes de petición de información”. La Sección añade que “el supuesto conflicto de competencias entre jurisdicciones propuesto por el Fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) es inexistente y, por ende, improcedente por cuanto no tiene otro efecto que dilatar el trámite de estudio y eventual decreto de medidas cautelares solicitado por la Unidad de Investigación (UIA), en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRGNR) creado por el Acto Legislativo 01 de 2017 con miras a la satisfacción de los derechos de las víctimas”. Además, recordó que en el Auto AT-05 de 2018 se vinculó a varias entidades, entre ellas la Fiscalía, y partió del reconocimiento de sus respectivas competencias constitucionales y legales. A lo agregó, que el auto, sobre el cual el fiscal impulsó el conflicto de competencias, dice que “es indiscutible que el ente investigador es titular de la acción de extinción de dominio”. En desarrollo de un proceso para decidir si se imponen medidas cautelares a los bienes e inventarios de las FARC, desde el pasado 21 de agosto 2018 la Sección decidió vincular a la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener información precisa y detallada respecto a los bienes de ese grupo. Con información de la Jurisdicción Especial para la Paz 

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El reto de la implementación

Criselda Lobo Senadora, Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común   Para hablar ahora de la implementación del acuerdo firmado en La Habana es relevante retroceder un poco el tiempo para hacer memoria y recordar cuando en noviembre de 2016 firmamos en el Teatro Colón el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, que no es el acuerdo perfecto según los que lo critican y destrozan, pero sí lo mejor que le ha pasado al país desde su fundación como nación. Poner fin a un conflicto de mas de seis décadas requirió más de cinco años de negociaciones sorteando crisis, pausas y suspensiones; con todos estos altibajos presentamos al país una herramienta para lograr cambiar esta cultura de la guerra que ha imperado en Colombia. Estamos abriendo las puertas a una democracia profunda, participativa, directa e incluyente. A casi dos años de la firma del acuerdo, su implementación aún está en pañales, la cual según el último informe del instituto Kroc está en un 21% por ciento en su ejecución. Sobresale el atraso en puntos como el acceso a la tierra, la reforma rural y los mecanismos para la participación ciudadana. El proceso de reincorporación está en cuidados intensivos, ha generado incertidumbre en muchos compañeros, situación a la que se suma la falta de garantías para la población, pues tenemos más de 400 líderes y defensoras de derechos humanos, defensores del medio ambiente y 75 integrantes de nuestro partido, asesinados. No tenemos tierra para los proyectos productivos, ni tampoco el Gobierno se ha preocupado porque a los ETCR lleguen los tan nombrados proyectos para el personal.  Nuestra gente empezó a hacer autogestión de iniciativas, tenemos unas pocas con el apoyo de Naciones Unidas y la Comunidad Internacional y esto es importante y muy significativo, pero no es suficiente.  “Somos conscientes de que nos falta muchísimo y que tendremos duras batallas con las ideas, contamos con una única arma: la palabra”. Tras dos meses de la llegada de Iván Duque a la Presidencia, estamos esperando la continuidad de las instancias creadas para la implementación del acuerdo, la CSIVI y el CNR, que nos permita tener una interlocución con el Gobierno como firmantes y avanzar en la ejecución del acuerdo. Con la palabra empeñada producto de lo firmado en La Habana, como bancada fariana iniciamos una batalla más de compromiso y responsabilidad con la familia colombiana. Estas curules no son nuestras, son de la gente del común, y junto con los y las congresistas demócratas y progresistas que anhelan una Colombia distinta, y con las mayorías populares, en las calles, como parte de la lucha por los cambios profundos que requiere el momento histórico, avanzaremos y lograremos los objetivos propuestos que no son otros que hacer de Colombia un país libre. Trabajamos por una Colombia donde se respeten los DD HH, una Colombia donde la paz no nos cueste una vida más, una Colombia donde las víctimas, que son casi nueve millones, logren ser reconocidas en el marco del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición; una Colombia con plenos derechos económicos, políticos y sociales, con derecho a la tierra, derecho a la participación política con plenas garantías sin el uso de las armas, en la que se cumpla con la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, cerrando para siempre la amenaza de la  aspersión con glifosato. Lo positivo de haber firmado el Acuerdo Final es que abrimos una ventana al cambio y eso lo hemos sentido, por una parte, porque logramos llegar a sectores de la sociedad y, por la otra, por la inmensa manifestación en las elecciones y en la consulta anticorrupción. Invito a todas y todos los congresistas a apoyar la implementación, nuestro mandato como Fuerza Alternativa es continuar firmemente con el compromiso de lo acordado, y necesitaremos de la unidad entre quienes quieren una paz completa, con justicia social. Somos conscientes de que nos falta muchísimo y que tendremos duras batallas con las ideas, contamos con una única arma: la palabra.          

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Fiscalía incauta bienes a proveedores de las Farc por 2.100 millones de pesos

Los bienes ocupados superan los 2.100 millones de pesos y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La Fiscalía General de la Nación en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, impuso medida de extinción de dominio a inmuebles que presuntamente fueron adquiridos con dineros ilícitos de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo con la investigación, los predios pertenecían a una organización criminal que durante diez  años suministró armas  y explosivos  a los diferentes frentes guerrilleros de las FARC, y producto de esta negociación recibió “millonarias sumas” de dinero con las que realizó la compra de bienes en los departamentos del Meta, Boyacá y Cundinamarca. Las propiedades pertenecen a Alejandro Camacho y Viviana López Calle, quienes ya han sido condenados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y concierto para delinquir. Los bienes incautados corresponden a un apartamento con garaje y una oficina en Bogotá, un lote ubicado en Sotaquirá y cuatro terrenos en Villavicencio. Con información de la Fisclalía General de a Nación 

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JEP abre incidente de verificación de cumplimiento a alias “el Paisa”

La Agencia de Reincorporación Nacional (ARN) además informó a la Sala de Reconocimiento que no tiene noticia del paradero de Velásquez a pesar de que este había sido un líder activo en varios proyectos con sus antiguos subalternos. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la apertura de incidente de verificación de cumplimiento a Hernán Darío Velásquez, más conocido como “el Paisa”, excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). A través del auto 65 se tomó la decisión fundamentada en que Velásquez no presentó el oficio solicitado por la JEP, en el que debía informar su proceso de reincorporación y otras actividades relevantes para el caso, dentro del plazo que se le dio a los 31 exguerrilleros, ni solicitó prorroga. “No compareció personalmente ni nombró abogado de confianza. Hasta la fecha el señor Velásquez no tiene representación legal ni comparece a notificarse personalmente frente a las decisiones adoptadas en este caso”. “La ausencia persistente de este compareciente, a pesar del inicio de los proyectos productivos, sumada a su inactividad ante la JEP y al incumplimiento de la orden emitida por la Sala de presentación del informe de seguimiento, son indicios de un posible incumplimiento del régimen de condicionalidad”, argumentó la jurisdicción. La Sala citará a audiencia para decidir si hubo o no incumplimiento y ordenará alguna de las medidas del sistema de gradualidad. En este proceso, se solicitará al Sistema de Asesoría y Defensa de la JEP (SAAD) que designe abogado defensor para Velásquez y que comunique dicha selección a la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento, para que proceda a notificarlo de esta decisión. Por último, la JEP convocó a las víctimas de “el Paisa” interesadas en participar en el incidente de verificación del cumplimiento.

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JEP suspende entrega de informes sobre las Farc

“Una vez obtenida la información necesaria y pertinente (…) adoptará las medidas necesarias para proteger la información que tenga carácter reservado”: JEP. La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suspendió la entrega de información sobre los bienes de la extinta guerrilla de las Farc-EP. “No se ha recaudado toda la información necesaria y pertinente que permita identificar el inventario de bienes y activos de las Farc -EP, destinado a la reparación material de las víctimas del conflicto armado en el marco de las medidas de reparación integral”, explicó . A través de un comunicado, la JEP aseguró que “vencido el término del traslado ordenado en un auto de fecha 21 de agosto el Ministerio del Interior no dio respuesta al requerimiento”. “La Fiscalía debe poner de presente la imposibilidad de darles cumplimiento, toda vez que la información relacionada con procesos de extinción de dominio tiene carácter reservado”, puntualizó el oficio.

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Ceballos invita a Iván Márquez y a alias “El Paisa” a definir su permanencia en la legalidad

Este martes se llevará a cabo una reunión en la que la Comisión Accidental de Paz del Congreso de la República, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos tratarán la carta enviada por los excomandantes guerrilleros. El Alto Comisionado para la paz, Miguel Ceballos, consideró este martes que los exjefes de las FARC, Iván Márquez y Oscar Montero alias “El Paisa” deben definir si van a permanecer en el marco del acuerdo de paz firmado en 2016, pues la carta que remitieron al Senado de la República no da respuesta alguna a este interrogante planteado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “La JEP sigue en espera de una respuesta que solicitaron frente a si ellos continuarán o no con el acuerdo de paz, porque esa carta no está dirigida al juez natural que es el tribunal especial, por consiguiente, no estamos seguros de sí una carta le basta a la JEP para considerar que ellos sigan en el acuerdo”, explicó el funcionario. En entrevista con medios locales, Ceballos exhortó a los excomandantes guerrilleros a anunciarles al país y a los organismos internacionales interesados, si ellos siguen perteneciendo al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) o no. “Nosotros como Gobierno vemos la voluntad de un partido que quiere darle impulso a los acuerdos firmados en 2016, que ya tiene posesionados ocho congresistas, quienes están comprometidos con todos los colombianos. Ya no estamos hablando de una guerrilla sino de personas políticamente activas”, agregó. El pasado lunes, Iván Márquez y alias “El Paisa” enviaron una carta a la Comisión Accidental de Paz del Congreso en la que reiteraron su desacuerdo con las “modificaciones al texto original convenido”, ya que según ellos se transfiguró el acuerdo de La Habana y se convirtió en un horroroso Frankenstein. “No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos”, dice la misiva en la que también se refieren a la captura y posible extradición de Jesús Santrich. El comisionado aclaró que la extradición de Santrich es una decisión “autónoma” de la Rama Judicial. “Esa determinación la tomó el señor Fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) antes de la posesión del Gobierno actual y frente a eso el Presidente Iván Duque ha sido respetuoso a las decisiones del ente investigador y de todas aquellas resoluciones anteriores al inicio de su mandato”. “La seguridad jurídica se les ofrece a todos los colombianos. Dentro de lo que Iván Márquez y los integrantes de la mesa de negociación diseñaron, se comprendió la posibilidad de que los delitos que se cometieran después de la firma del acuerdo contarían con un tratamiento distinto en el que incluso se contemplaba la extradición”, recordó Ceballos. “Es una carta que es positiva. Muestra unas preocupaciones evidentes que son preocupaciones objetivas, de todos; justamente yo estuve la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresando esas mismas preocupaciones”, aseguró por su parte la senadora del partido FARC, Victoria Sandino. Finalmente, el Alto Comisionado mostró su preocupación por el abandono del esquema de seguridad por parte de los excomandantes insurgentes, pues esto puede implicar un riesgo a su integridad física del que el Estado quedaría absuelto ya que según explicó el funcionario, el Gobierno está cumpliendo con su parte destinando los recursos humanos y económicos para la protección de los reinsertados.

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