junio 28, 2026

FARC

¿Hacia dónde se dirige Washington frente a America Latina?

¿Hacia dónde se dirige Washington frente a America Latina? En no más de 60 días el panorama regional de América Latina y la posición norteamericana frente a la misma ha cambiado de manera sustancial. Donald J. Trump pasó, en un breve periodo de tiempo, de mostrar un desinterés por su vecino del sur, a instaurar una política exterior hacia la región de castigos y amenazas. Con una sensación cada vez más generalizada de que la injerencia del “Tío Sam” en estructurales decisiones para Colombia es cada vez más fuerte, la liberación de Leopoldo López a manos de militares desertores el pasado 30 de abril, le devolvió el impulso a un movimiento que los venezolanos comenzaron a llamar, “el fin de la usurpación” por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. Con manifestaciones que concluyeron con un saldo de cinco muertos y 239 heridos a nivel nacional, la pregunta se mantiene: ¿Qué pasará con Venezuela? En febrero, cuando Iván Duque hizo su primera visita oficial a Washington y se reunió con su homólogo norteamericano, Donald J. Trump, unas relaciones fortalecidas se hicieron evidentes entre los dos países. Frente a la situación venezolana no solo se consolidó una estratégica relación en la que el gobierno Trump ayudó a materializar una ayuda adicional de 27 millones de dólares para controlar la ola de migrantes, sino que Colombia quedó con una plataforma muy bien armada para consolidarse como líder regional de primer nivel.  Aquella primera reunión del mandatario colombiano en la Casa Blanca dejó compromisos concretos para fortalecer la agenda bilateral y por supuesto se trazaron metas frente a la lucha antinarcóticos, para la cual Washington anunció un paquete de asistencia por más de 400 millones de dólares para erradicar los cultivos ilícitos. Y con relación a la lucha contra las drogas, Trump dejó claro que esperaba resultados rápidos, pues era intolerable la expansión que estaban presentando las plantaciones de coca en varias regiones de Colombia.    En febrero, el Presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo su primera reunión con el mandatario norteamericano, Donald Trump. En aquel entonces, ambos países encontraron sincronía en la forma en la que se debía manejar el tema venezolano y se trazaron metas frente a la guerra contra las drogas. En efecto, “resultados rápidos” para Washington resultaron siendo más resultados inmediatos y, a razón de ello, dos críticas fueron efectuadas desde el Ejecutivo norteamericano a Colombia en menos de dos meses. La primera de ellas tuvo lugar el viernes 29 de marzo, cuando Donald Trump señaló que el nuevo presidente Iván Duque, “nos dijo cómo iba a detener las drogas, pero más drogas están saliendo de Colombia ahora. Más que antes de que él fuera presidente. Él no ha hecho nada por nosotros”, aseguró entonces el mandatario desde la Florida.  La segunda de ellas, la hizo el pasado 10 de abril desde San Antonio, Texas, en una rueda de prensa sobre inmigración ilegal. “Esos países los están enviando (a los inmigrantes ilegales). No tengo dudas de que Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia los están enviando porque no los quieren en sus países. Los están enviando a Estados Unidos porque creen que nosotros somos estúpidos y los vamos a aceptar. Y Colombia tiene a su nuevo presidente, pero desafortunadamente el negocio de las drogas ha aumentado en un 50% desde que está en el poder”, subrayó Trump. Aunque la respuesta de Duque fue acertada al decir que, “a Colombia nadie le tiene que dictar lo que debe hacer, porque Colombia es un país que sabe cooperar internacionalmente”, un malestar generalizado frente a la actitud norteamericana se ha sentido en la opinión pública. Adicionalmente, el rol cada vez más preponderante de Kevin Whitaker, el embajador de Estados Unidos en Colombia, ha sugerido que la injerencia de Estados Unidos en el país se va a intensificar y frente a temas clave de la agenda doméstica colombiana.  Washington, con Colombia en la mira Con ambas declaraciones, el mandatario estadounidense no solo acusó a Colombia de no hacer nada frente a un incremento de cultivos ilícitos que se viene registrando desde hace cuatro años, sino de enviar a “sus peores criminales” al país del norte y, lo que es aún peor, de manera intencional. Esta combinación de ataques, con una separación de tiempos tan corta, ha dejado en evidencia que ahora Colombia hace parte del nuevo grupo de países que Donald Trump tiene en la mira para seguir fortaleciendo un discurso nacionalista que le ha funcionado bastante bien con su partido y con su electorado.  “Esta es una política de castigos y amenazas, y falta una agenda positiva que refleje un compromiso con la región y los intereses de EE.UU.”, señaló Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional con sede en Washington.  Ahora, si bien es cierto que Donald Trump ha comenzado a instaurar una política de castigos y amenazas, no viene de más preguntarse si este es un discurso no matizado de una persona difícil de controlar y que claramente no escucha a sus asesores, o si por el contrario es el reflejo de una nueva política de estado norteamericana hacia América Latina. Porque, aunque la construcción del muro con México, las severas sanciones hacia Venezuela y el desprestigio de varios países centroamericanos y de Colombia en particular, han sido desatinadas declaraciones de Trump, el discurso calculado y conciliador del secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, en su última visita a Colombia, mandó otro mensaje a la región y con otro tono. Este paralelismo de retóricas pone un signo de interrogación en el rumbo que está tomando Estados Unidos frente a sus vecinos del sur.  Pompeo reconoció desde Cúcuta que el aumento de la producción de cocaína en el país había sido un problema “heredado” de la administración de Juan Manuel Santos, y en un tono infinitamente más conciliador y diplomático, anunció el compromiso de Estados Unidos a “hacer su parte” en la lucha contra el narcotráfico, con lo que admitió que el problema de las drogas

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¿Una ley para proteger la extradición?

Luis Fernando Velasco senador del Partido Liberal presentará una Ley que permita proteger la extradición, serían dos artículos que buscan blindar la JEP. Lo propuesto por el senador liberal será “un proyecto para dos artículos con el que dejamos por fuera, evidentemente, la posibilidad que se van a colar y aclaramos que solo a las personas vinculadas y aceptadas por la JEP y cuyos delitos hayan sido antes del 1 de diciembre de 2016 no se les puede aplicar la extradición ni incluir en la lista”, y aseguró que la intención es enviar un mensaje de tranquilidad al fiscal y al gobierno frente al futuro de los exguerrilleros y esta justicia creada a partir de la firma de la paz. El proyecto será presentado posterior a la votación de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, en la cual la bancada liberal votará en bloque contra los reparos del presidente Iván Duque. De acuerdo con Velasco, de esta forma se podrá purgar la JEP dejando por fuera a terceros que buscan acceder a los beneficios de la justicia especial. Frente a las objeciones explicó que “aceptar la objeciones seria muy delicado”, porque según él esto pondría en riego la verdad, un elemento clave para las victimas del conflicto y eje central de la negociación con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

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La JEP y los menores

Por: Margarita María Restrepo Arango Representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático La credibilidad y confianza en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es cada vez menor. El principal enemigo de ese tribunal es él mismo. La corrupción y la politiquería se apropiaron de la justicia que el gobierno anterior diseñó a la medida de las exigencias elevadas por la banda terrorista de las FARC.  Uno de los grandes crímenes atroces cometidos por las FARC es el del reclutamiento forzado y sistemático de menores de edad, conducta que afectó a miles de niños en todos los rincones del país. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en solo un departamento de Colombia -San Andrés y Providencia- no hay registro de menores reclutados forzosamente. Desde que estaba en marcha la impopular mesa de conversaciones de La Habana, exigí reiteradamente que el asunto del reclutamiento forzado fuera tratado con especial cuidado y atención, debido a la gravedad de dicho crimen. El comisionado de Paz de entonces, el señor Sergio Jaramillo, con todo el cinismo y, desde mi punto de vista, complicidad, me respondió un derecho de petición en el que, palabras más, palabras menos, aseveró que como FARC y Gobierno habían decidido negociar “en medio del conflicto”, resultaba imposible e improcedente exigirle a esa organización delincuencial la desvinculación de los menores que se encontraban en condición de esclavos en los distintos campamentos terroristas. En Colombia se está presentando un caso exótico e inadmisible: personas responsables del reclutamiento de miles de niños y la esclavización sexual de niñas, están libres y algunos de ellos ocupando inmerecidas curules en el Congreso de la República Es deber irrenunciable del Estado el combatir, con todas las herramientas a su disposición, el reclutamiento de menores de edad. Así mismo, los tratados internacionales y las leyes internas indican que aquellos que ordenen o participen en la comisión de ese delito, deben recibir penas efectivas de cárcel. En Colombia se está presentando un caso exótico e inadmisible: personas responsables del reclutamiento de miles de niños y la esclavización sexual de niñas, están libres y algunos de ellos ocupando inmerecidas curules en el Congreso de la República.  Ahora que la JEP está en medio de un nuevo escándalo de corrupción -el del corrupto fiscal Bermeo no es el primero ni será el último caso-, los directivos de ese tribunal, pensando en desviar la atención y no en los derechos de las víctimas, se acordaron de los menores reclutados y decidieron llamar a los jefes de las Farc para que empiecen -hasta ahora- a dar sus explicaciones. Se esperaba que la primera acción de la JEP fuera aquella. Pero ha pasado más de un año y medio de la puesta en marcha de dicha jurisdicción y hasta ahora han comenzado a analizar el asunto. El proceso, al que han llamado “caso 007”, quedó en manos de un magistrado de abierta tendencia izquierdista: Iván González. En un anuncio público, ese individuo aseguró que hasta ahora van a empezar a cruzar las bases de datos de las distintas entidades que conocen las denuncias de reclutamiento forzado. Igualmente, dijo que se convocará a toda suerte de organizaciones sociales y ONG. El anuncio, que a primera vista parece alentador, es efectivamente todo lo contrario: si se cumple a cabalidad con lo esbozado por el magistrado González, la investigación jamás culminará.  El reclutamiento forzado es un delito de tracto sucesivo y la gran mayoría de niños que fueron llevados a las filas de las FARC, alcanzaron los 18 años en esa organización, hecho que pone la situación en un plano confuso, pues al llegar a la mayoría de edad, dejan de ser víctimas. Aquello no significa que el delito que se cometió con ellos haya prescrito pues, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, estamos frente a una conducta imprescriptible.  El país demanda resultados rápidos y no grandes foros, análisis y discusiones que no sirven para absolutamente nada distinto que mantener impunes a los salvajes que diseñaron, ordenaron y ejecutaron el peor de los delitos que se ha cometido en nuestra historia: el reclutamiento de miles de niños, a lo largo de más de 30 años.

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‘El Paisa’ no acudió a la versión libre ante la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz, advirtió a través de un comunicado las posibles consecuencias para Hernán Darío Velásquez por la no comparecencia ante la Sala de Reconocimiento de ese sistema judicial especial. Esta no es la primera vez que el exjefe guerrillero de la Columna Teófilo Forero de las FARC, Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’ incumple sus compromisos ante la JEP. Este lunes, estaba citado para responder por los secuestros que se atribuyen  a las FARC. Alias ‘El Paisa’ salió del Espacio Territorial de Miravalle a mediados de julio del año anterior, y desde entonces la Jurisdicción Especial para la Paz, le puso un incidente de cumplimiento. También le puede interesar: Timochenko responde ante la JEP por secuestros de las FARC El comunicado de la JEP afirma que Velásquez “no ha manifestado razón alguna hasta este 18 de marzo para no cumplir con su citación a versión voluntaria” y advierte que para mantener los beneficios, es necesario comparecer cuando sea llamado, además de no “reincidir y contribuir con la satisfacción de los derechos de las víctimas”. “La Sala insiste en que si Velásquez está delinquiendo o ha delinquido después del 1 de diciembre del 2016, corresponde a la Fiscalía General de la Nación proceder de acuerdo con sus competencias”, agregó la misiva. 📝|| La @JEP_Colombia advierte graves consecuencias para Hernán Darío Velásquez Saldarriaga por su no comparecencia a versión ante la Sala de Reconocimiento. pic.twitter.com/GMg2dwIE85 — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 18 de marzo de 2019 La Sala de Reconocimiento de la JEP, ordenó a 31 miembros del Estado Mayor Central rendir versión por los secuestros y entre los que ya comparecieron se encuentran Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y Pastor Alape, entre otros.  

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Las objeciones no los ponen en riesgo, Duque a excombatientes de las FARC

Durante una visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda de San José de Oriente, en el municipio de La Paz (Cesar), el Presidente Iván Duque. se reunió con cerca de 100 excombatientes de las FARC para explicarles las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP y darles un parte de tranquilidad. “Estamos a seis artículos de una ley de 159 (artículos) para lograr ese acuerdo sobre una justicia que debe tener garantías para todos”, afirmó el mandatario durante su visita al departamento del Cesar. El Jefe de Estado escuchó de los excombatientes aspectos importantes del proceso de reincorporación en esa zona y recordó que desde el inicio de su gobierno su propósito ha sido ” la construcción de la paz con legalidad, con seguridad, protegiendo los derechos de los ciudadanos”. De acuerdo con lo que explicó el presidente a los habitantes del ETCR, las objeciones a los acuerdos “no tocan, no afectan nada, de lo que se puede considerar por parte de los excombatientes como algo que los pusiera en inseguridad”. Fue enfático al afirmar que “nada de lo que hay ahí los pone en inseguridad”. “Lo que nosotros buscamos es que en el Congreso de la República se dé esto y construyamos, porque estamos a seis artículos de lograrlo, una justicia especial que le dé garantías a todo un país”, concluyó Duque.

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Duque objetó seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP

El Presidente Iván Duque anunció este domingo, en una alocución televisada, que por razones de inconveniencia el Gobierno nacional hace objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló el Mandatario. Recordó que la Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia en el marco del “principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión”. Y dijo que utilizó ese tiempo “para analizar con cuidado y ponderación este proyecto”. Antes de explicarle al país las razones de cada una de las objeciones, el Jefe de Estado indicó que estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. “Una oportunidad –dijo– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”. Luego hizo dos consideraciones: la primera, que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, expresó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”. En segundo lugar, recalcó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó– que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición. “Todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. En este sentido, y en un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”. “El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”, subrayó. Agregó que la administración de justicia en la JEP, producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición, e hizo énfasis en que “este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones”. Las siguientes son las objeciones: Artículo 7: “Para buscar una genuina reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”. Inciso octavo del artículo 63: “El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”. “Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”. Inciso tercero del literal j del artículo 79: “El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas”. Parágrafo 2 del artículo 19: “Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”. Artículo 150: “El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”. Artículo 153: “Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer

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Sociedad civil pide a Duque luz verde para la JEP

En una comunicación dirigida al Presidente de la República, un grupo de ciudadanos informó que se ha creado un frente común denominado “Defendamos la paz” con el propósito de “trabajar desde la sociedad civil por la implementación del acuerdo” firmado entre el anterior gobierno y la entonces guerrilla de las FARC. Los firmantes del documento son los exnegociadores de paz Humberto De La Calle, Juan Camilo restrepo; los exministros del interior Guilermo Rivera y Juan Fernando Cristo; los senadores de alianza verde Antanas Mockus y de la U, Roy Barreras y los exintegrantes de las FARC Rodrigo Londoño y Juan Gallo Cubillos. Ellos solicitan al jefe de Estado que “proceda a sancionar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”. En la comunicación reconocen que el presidente tiene entre sus competencias la capacidad de objetar la ley. Sin embargo, recordaron que “nunca antes un mandatario ha objetado una ley de carácter estatutario”. Los firmantes consideran inconveniente dejar sin validez un documento ya revisado y avalado por la Corte Constitucional. Agregan que si el presidente la objeta y “la misma es archivada, se frustrarán los desarrollos de los derechos de las víctimas que fueron incorporada en dicha ley”. Recordaron que la comunidad internacional se ha pronunciado a través de diferentes instituciones “en favor de la necesidad y urgencia de sancionarla para generar certidumbre jurídica de la JEP”.

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Timochenko responde ante la JEP por secuestros de las FARC

Este jueves inicia la entrega de versiones libres de 31 ex integrantes del Estado Mayor de la extinta guerrilla de las FARC-EP por los secuestros cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia. El primero en comparecer es Rodrigo Londoño o Timochenko, el último jefe que tuvo esta ex guerrilla antes de convertirse en fuerza política. En la sala de Reconocimiento de Verdad y ante los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP),  Londoño entrega una versión individual y colectiva acerca de las retenciones ilegales por parte del grupo insurgente. #Ahora En estos momentos en la @JEP_Colombia me encuentro aportando versión voluntaria ante la sala de reconocimiento de verdad responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas #PazEsCompromiso pic.twitter.com/KwhibJj90G — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 14 de febrero de 2019 El Centro de Memoria Histórica asegura que entre 1996 y el 2000, el entonces jefe guerrillero ‘Manuel Marulanda’ anunció la “ley 002”, que establecía que quienes no pagaran las extorsiones, conocidas como ‘vacunas’ serían retenidos, lo que ocasionó que los secuestrados pasaran de 4.354 a 13.548. Los ex jefes de las FARC citados para las versiones libres son, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, entre otros. Los grandes ausentes son Iván Márquez y alias ‘El paisa’ quienes no han cumplido con ninguno de los llamados de la JEP. Esta audiencia es a puerta cerrada y se espera que estas versiones libres les sirvan a las víctimas de esta guerrilla para enterarse de la verdad y que tengan un proceso de reparación completo. 👆|| A partir de hoy la Sala de Reconocimiento de la @JEP_Colombia recibirá versiones voluntarias por parte de los 31 miembros del Estado Mayor de las ex Farc-EP por caso de secuestro. ➡️Leer Auto: https://t.co/xSVqpqJueY — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 14 de febrero de 2019

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Partido FARC denuncia ante ONU incumplimiento del acuerdo de paz

Por medio de una carta, el Consejo Político del partido FARC le informó a la ONU de los supuestos incumplimientos del Gobierno a lo pactado en la negociaciones de paz para garantizar el éxito del posconflicto, tras su desmovilización como guerrilla en el 2016. En la comunicación, la organización hace referencia al asesinato sistemático de líderes sociales y de antiguos integrantes de las FARC que se acogieron al proceso de paz. Por ello, invitó a la misión de la ONU a realizar un seguimiento a la implementación del acuerdo pactado con el gobierno anterior. “Queremos comprometernos ante ustedes, pidiendo su permanente vigilancia, a iniciar la obligatoria implementación del punto 3.4.2 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Una Paz Estable y Duradera (Estado de la República de Colombia-FARC-EP), que reposa en el Consejo de Seguridad como documento oficial suyo”, indica el comunicado. Ante esta situación, el gobierno, representado por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, decidió tomar distancia de la Comisión de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz que se firmaron en La Habana. “Se levantaron de la mesa unilateralmente aduciendo que tenían que estudiar el contenido de la carta, porque a su juicio se estaría presentando un incumplimiento de parte de Farc”, indicó Jairo Estrada, representante de la naciente organización política.

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Duque reafirma compromiso con proceso de reparación a víctimas

El Jefe de Estado destacó los avances y el apoyo de la ONU a la Política de Estabilidad ‘Paz con Legalidad’ de su Gobierno, así como a la aprobación en cinco meses de 29 proyectos productivos para las personas en proceso de reincorporación. Tras una conversación “clara y franca” con el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz, el Presidente Iván Duque reafirmó el compromiso de su Gobierno con el proceso de reincorporación de los excombatientes y la reparación integral a las víctimas de la violencia. Al mismo tiempo, el Jefe de Estado destacó el espaldarazo y apoyo que el organismo, en cabeza del Secretario General, António Manuel Guterres, brindó a las políticas y planes de su Gobierno para sacar adelante la reincorporación de los excombatientes. “Quiero expresar mi gratitud a usted y al Secretario Guterres por el espaldarazo y el apoyo que nos han dado para poder avanzar en el éxito de un programa de reincorporación, que permita que las personas que genuinamente están dejando la violencia hagan una transición exitosa a una vida de convivencia y de legalidad”, dijo el Jefe de Estado en la Casa de Nariño este martes, al término del encuentro con Ruiz Massieu. Así mismo, el Mandatario valoró el respaldo de la ONU a la Política de Estabilización ‘Paz con Legalidad’, hoja de ruta del Gobierno nacional para llevar inversión y seguridad a los 170 municipios del país más afectados por la violencia y la pobreza. “Debo también expresar mi gratitud, por el respaldo a la política que presentamos, hace ya unas semanas, que se llama ‘Paz con Legalidad’, que tiene la hoja de ruta del Gobierno nacional para avanzar exitosamente en la reincorporación, en la vinculación de las personas que están en la reincorporación a los proyectos productivos”, afirmó. En ese sentido, subrayó que de parte de su administración existe “el compromiso adicional de avanzar en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, orientados a producir bienestar en los 170 municipios que están dentro de lo que llamamos las áreas PDET. Y obviamente, que eso es muy importante, que nosotros podamos seguir irrigando una agenda de bienestar social en todo el territorio, como lo queremos hacer en las zonas rurales de Colombia”. De hecho, el Mandatario destacó que este Gobierno, en tan solo cinco meses, ha aprobado 29 proyectos productivos con recursos para las personas que avanzan hacia la convivencia. “Quiero destacar que hemos aprobado en cinco meses de Gobierno ya cerca de 29 proyectos productivos, mucho más de lo que teníamos en los 16 meses anteriores, y que muestran el compromiso en nuestra administración”, aseveró el Presidente Duque. Además, manifestó su interés de que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde actualmente están concentrados los desmovilizados, se conviertan en zonas de desarrollo productivo y con la protección de la Fuerza Pública. Con información de la Presidencia de la República

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