junio 27, 2026

FARC

Duque ofrece recompensa de 3 mil millones por exjefes disidentes de las FARC

Tras las declaraciones expuestas por los exguerrilleros, el Presidente Iván Duque ofreció este jueves una recompensa de 3.000 millones de pesos por cada uno de los disidentes que aparecen en el video difundido. Como parte de sus declaraciones, el Presidente Duque anunció que los exmilitantes cuentan con el presunto apoyo y el albergue del presidente venezolano Nicolás Maduro. Por lo tanto, indica que desde su Gobierno no permitirá que dichos personajes se burlen del pueblo colombiano y que hará lo que esté a su alcance para que los Acuerdos de Paz no se sigan viendo afectados por acciones como estas. “Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza, y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”, dijo el jefe de Estado. Además, conforme a la conversación que tuvo con la presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, señaló que lo más importante en este momento es hacer efectiva la expulsión de la JEP de quienes aparecen en el vídeo publicado por los exmiembros de las FARC.  Y añadió que “lo mínimo que Colombia espera hoy del partido Farc es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video. Estas imágenes evidencian la necesidad de tener una claridad diáfana sobre las armas, las rutas del narcotráfico, los bienes y los dineros del grupo armado”. Duque también hizo pública su conversación con el presidente encargado del vecino país, Juan Guaidó y aseguró haber pedido su respaldo inmediato dentro del territorio venezolano para las acciones que tomará la justicia colombiana en relación con la captura de este grupo de guerrilleros reincidentes.    Finalizando su intervención, el Presidente de la República aseveró que los enemigos de la paz son quienes están en contra de los acuerdos y afirmó contundentemente que Colombia derrotará al terrorismo.     

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La JEP inicia expulsión de Márquez, Santrich, Romaña y El Paisa

Después del anuncio de Iván Márquez, “Jesús Santrich”, “Romaña”, “El Paisa” y otros disidentes de las FARC de volver a las armas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró el inicio del proceso de expulsión del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición de quienes están apoyando la iniciativa de regresar a la guerra en contravía de lo acordado en La Habana. “A la JEP, según lo dispuesto en el marco normativo que nos rige como institución en un Estado de Derecho, le corresponde adoptar decisiones frente a estos hechos, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 5to. transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y 20 de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción que establecen la pérdida de todos los beneficios, incluida la permanencia del sistema si se produce el rearme. Esta es una causal de exclusión de los comparecientes que se aplicará inequivocamente a quienes hayan incurrido en esa conducta”, declaró la presidente del tribunal, Patricia Linares en una rueda de prensa.  La decisión se da en consecuencia a las revelaciones de disidentes de las FARC, que liderados por Iván Márquez, expresaron su propósito de volver a empuñar armas de fuego, un hecho calificado por la magistrada Linares como grave para el acuerdo de paz. “Las noticias de rearme de algunos exmiembros de las FARC, hoy en la clandestinidad, cuyos incidentes de incumplimiento (…) se encuentran en trámite de la JEP; constituye sin duda, un hecho de la mayor gravedad para el proceso de paz, que con sacrificio y no exento de dificultades, se viene desarrollando en nuestro país”. A pesar de que la decisión ya fue avalada por la Sala Plena, la jurista dejo claro que el proceso está sujeto a la normativa vigente y que, por lo tanto, se deben cumplir unos procesos y tiempos que los magistrados asumirán con la mayor celeridad.  “Indudablemente, surge una situación que es un hecho notorio, que en el marco de lo que corresponde a los jueces de la República y a la JEP, serán analizados de manera inmediata”. Igualmente, la JEP resaltó que “la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ya había ordenado la apertura de incidente de verificación de cumplimiento contra seis exintegrantes de las Farc-EP que aparecen en el vídeo por no cumplir con sus compromisos ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, casos a los que se sumarían los demás disidentes que aparecieron en el video.  

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Las FARC: de la incertidumbre a la seguridad territorial

Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, donde viven aproximadamente 3.246 excombatientes de las FARC, podrían dejar atrás la temporalidad para pasar a la permanencia y seguridad, y de esa forma convertirse en un territorio municipal estable.  De acuerdo con Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se pagarán los arrendamientos, la alimentación y, de igual forma, se seguirá en la compra de predios que sirvan para vincular  a más excombatientes al proyecto.  Aunque el Gobierno colombiano planificó reubicar 11 territorios solamente, solo siete  están contemplados en los próximos dos años, pues era inevitable incorporarlos al ordenamiento territorial por falta de infraestructura, seguridad en los municipios o, porque se encontraban cercanos a parques naturales o a comunidades indígenas establecidas dentro de estas regiones del país. Aún no se tiene la certeza de cuáles territorios serán trasladado. Sin embargo, se especula que podrían estar entre Buenos Aires (Cauca), Carmen del Darién (Chocó), Ituango y Remedios (Antioquia), San José del Guaviare (Guaviare), La Macarena (Meta), Arauquita (Arauca) y Puerto Asís (Putumayo). De los siete en disputa, sólo dos ya tienen luz verde por parte del gobierno para ser trasladados, según información entregada por los voceros de las FARC. De acuerdo con Stapper, el gobierno del presidente Iván Duque busca garantizar la reincorporación de los exguerrilleros a largo plazo contando con proyectos de vivienda y mejoras de infraestrcutura que beneficiarán a 1.934 de ellos. Luis Pérez, gobernador de Antioquia, expresó su total desacuerdo con esta decisión, convirtiéndose en el único de los 24 mandatarios, en refutar este tipo de iniciativas. “Estas zonas están llenas de coca porque después de que llegaron los excombatientes no pueden ir los habitantes, son zonas de control de los delincuentes de interés criminal”, indicó el funcionario, quien agregó que “en Bogotá no saben lo que pasa en la región y nos están dejando una carga a los gobernadores, pues nos toca hacer acueductos, hospitales, colegios, alcantarillados y nadie tiene control de estos lugares.”  

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“Los responsables de estos crímenes los vamos a llevar a la justicia y los vamos a doblegar”: Duque

En el marco del taller Construyendo País, celebrado en Bogotá, el Presidente Iván Duque condenó los hechos violentos que el sábado cobraron la vida de 2 miembros de la guardia indígena en cercanías a Toribío, Cauca. “Hay grupos armados organizados que están en la actividad del narcotráfico, que han estado atentando contra liderazgos indígenas, que han estado amenazando a las comunidades”, aseguró. El mandatario mostró su preocupación ante la recurrente violencia contra las comunidades étnicas en el territorio nacional y responsabilizó a los grupos armados y narcotraficantes de querer expulsarlos de sus territorios ancestrales para hacerse con el control de las tierras. También invitó a las comunidades indígenas a permitir el acceso de las autoridades nacionales a sus territorios, con el fin de esclarecer los hechos que dejan como saldo dos indígenas muertos y cinco heridos. “Se necesita que las comunidades dentro los resguardos estén colaborando con las autoridades, y que ellas faciliten y pidan el acompañamiento que se requiere para garantizar esa protección”, puntualizó. Duque pidió a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, y al alto mando militar y policial que “estén tomando las mejores decisiones de prevención, pero también de buscar a los responsables y llevarlos a la justicia”.

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Un año más le pide Duque a la ONU

Tras concluir la reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU, el Presidente Iván Duque le entregó una carta al representante de este ente donde le solicitaba una prorroga de un año en la Misión de Verificación que actualmente vigila la implementación del posconflicto. El Mandatario indicó que los miembros del Consejo también conocieron los esfuerzos del Gobierno para sacar adelante los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. “Cuando empezó nuestro Gobierno apenas existían dos proyectos productivos colectivos después de 20 meses de implementación; hoy tenemos 25, que están buscando darles oportunidades a muchas personas que han dejado la violencia”, resaltó el Presidente. “Hemos podido hablar de lo que han sido 11 meses de nuestro Gobierno y el trabajo que se adelanta en los territorios, para que tengamos éxito en la política de reincorporación de las personas que han dejado la violencia y que quieren entrar a una vida de legalidad”, afirmó Duque. Desde el inicio de su gobierno el Presidente Duque ha solicitado a la Misión de Verificación de la ONU que se mantuvieran en el terreno para garantizar que el proceso llegue a una conclusión que beneficie a todos los colombianos. Por último el mandatario comentó que se discutió el asesinado de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC, y explicó que “al igual que ha ocurrido con una gran cantidad o la mayoría de los casos de líderes sociales, según los esclarecimientos de la Fiscalía General de la Nación, hay detrás de esos casos la presencia de grupos armados ilegales como el ELN, los ‘Caparros’, el ‘Clan del Golfo’, entre otros, que quieren intimidar y asesinar líderes sociales que están haciéndole un llamado a su comunidades para salir de las economía ilícitas”.

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Sectores defensores de la paz condenan inasistencia de Santrich

Ante la ausencia de Jesús Santrich en la diligencia que estaba programada este martes en la Corte Suprema de Justicia para que compareciera por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, algunos de los más fuertes defensores del proceso han salido a criticar su inasistencia. Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, fue uno de los primeros en reaccionar frente a la decisión de Santrich, que claramente pone en juego el proceso de paz que llevó a los integrantes de las FARC a dejar las armas y reintegrarse a la sociedad en 2016. “La inasistencia de Jesús Santrich a la indagatoria programada por la Corte Suprema de Justicia para hoy, no solo es un grave incumplimiento al Acuerdo de Paz, es también un incumplimiento a los miles de exguerrilleros que sí están comprometidos con la construcción de la paz”, dijo. Por su parte, el senador Gustavo Petro, quien militó en el M-19, organización rebelde que firmó la paz con el gobierno de Virgilio Barco en el año de 1990, afirmó que lo hecho por Santrich es una traición a “su propia gente y a algo aun más importante, a la esperanza de Paz de todo un pueblo”. El exnegociador oficial en los diálogos de paz con las FARC, Humberto de la Calle, también condenó la actitud del exjefe guerrilolero e incluso solicitó que se emita una orden de captura en su contra.”Inaceptable la conducta de Santrich. Debe ser excluido del proceso. Y ordenar su captura”, aseguró en Twitter.

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Santrich habría cruzado la frontera venezolana

De acuerdo con información revelada por la fuerza pública a Caracol, Jesús Santrich, de quien se había perdido el rastro tras abandonar su esquema de seguridad el pasado sábado, habría cruzado la frontera con el vecino país donde se encontró con Iván Márquez, de quien también se desconoce su paradero. Otra versión que refuerza lo publicado por Caracol, es lo anunciado por Bernardo “el Cura” Hoyos, reconocido político de la costa quien había organizado un acto público donde le harían un homenaje al exlíder guerrillero en la ciudad de Barranquilla. En la mañana y la tarde del sábado estaba segura la presencia de Santrich en el acto, sin embargo, “la información de la seguridad venezolana, le informó que lo querían eliminar o a la entrada de Barranquilla o a la salida”.

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Las 23 acciones del gobierno para proteger a los ex-Farc

Desde Bello, Antioquia, el Presidente de la República, Iván Duque anunció una serie de medidas que implementará el gobierno con el fin de proteger la vida de los exintegrantes de las Farc, que tras la firma del acuerdo de paz y posterior desmovilización, han sido víctimas de diferentes grupos armados ilegales. A la fecha ya van 113 desmovilizados asesinados. Las medidas anunciadas contemplan la creación de un Cuerpo Élite de la Policía para actuar en caso de amenazas, el fortalecimiento de los procesos de alerta temprana, así como la firma de un decreto de control de riesgos de seguridad que se ejercerá cuando concluyan, en agosto, las medidas relativas a los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR). Estas son las medidas anunciadas por el Ejecutivo 1. Se pone en operación un Centro Integrado de Información, coordinado por el Ministerio de Defensa, para articular información de inteligencia y generar mecanismos de apoyo a la investigación judicial sobre amenazas y homicidios contra excombatientes de Farc. 2. Se generarán alertas para priorizar acciones diferenciales de reincorporación, protección y seguridad para los excombatientes en mayor vulnerabilidad y riesgo, según los perfiles de quienes han sido asesinados. 3. Habrá focalización y priorización de las acciones de las instituciones, con base en la información que suministre semanalmente el Cuerpo Élite de la Policía Nacional sobre departamentos y municipios más afectados. 4. Expediremos decreto para el control de riesgos de seguridad de la población en proceso de reincorporación una vez concluya la vigencia de las medidas relativas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). 5. Se desarrollarán las medidas para garantizar seguridad de candidatos de Farc en el período electoral de 2019, previstas en el Plan Nacional de Garantías Electorales. 6. Se intensificará el monitoreo, análisis y advertencia del riesgo para excombatientes de las Farc por parte de la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). 7. Serán depuradas las respuestas de la Comisión Interinstitucional para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para asegurar la coordinación con las autoridades locales, por parte del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. 8. Habrá remisión inmediata de las alertas tempranas a la Consejería para la Estabilización y Consolidación, para que esta apoye la gestión pronta de las mismas. 9. Se optimizará la utilidad de la información oficial sobre afectaciones a excombatientes Farc. 10. Se afinará la articulación entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía, en la acción y seguimiento a las amenazas contra excombatientes Farc. 11. Serán reducidos los tiempos de atención de solicitudes de protección en la UNP. 12. Se fortalecerá la coordinación entre los esquemas de seguridad UNP y los enlaces de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) para los desplazamientos de excombatientes. 13. Se realizarán jornadas de autoprotección y autoseguridad para excombatientes que cuentan con esquema de protección. 14. Se actualizará la metodología y el instrumento de análisis de riesgo para definir las medidas de protección a excombatientes de las Farc, en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la UNP. 15. Habrá participación de la Defensoría del Pueblo en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de excombatientes de las Farc en la UNP. 16. Un grupo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional tendrá la función exclusiva de la investigación de amenazas a excombatientes de las Farc. 17. Se destinarán 25 investigadores adicionales de la Policía Nacional (Dijin) para investigación criminal en terreno sobre las afectaciones contra excombatientes de las Farc. 18. En las zonas priorizadas será distribuido un manual de autoprotección para excombatientes. 19. Se reforzarán las acciones de prevención a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y Unipep: a) para mitigar los riesgos de estigmatización y b) con campañas de autoprotección y seguridad. 20. También se reforzará la cultura de la legalidad. a) La ARN, la Unipep y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) articularán acciones para capacitar en territorios. b) La ARN y la UNP impartirán capacitación en cultura de la legalidad en las jornadas de reentrenamiento de los agentes que actúan como escoltas de los excombatientes Farc. 21. La Consejería para la Estabilización y la Consolidación convocará cada mes a una reunión para hacer seguimiento al avance de las medidas acordadas y cada 15 días habrá reuniones del nivel técnico. 22. En los municipios en los que se den alertas tempranas se van a promover con los alcaldes medidas como la prohibición de parrillero y jornadas de desarme. 23. La Fiscalía General de la Nación reasignará los fiscales itinerantes para focalizar los esfuerzos en los departamentos con mayor incidencia de afectaciones a excombatientes.

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Muerte política de Iván Márquez

Después de un año alejado de la escena política y sin haberse posesionado como senador de la República, curul obtenida a raíz de las negociaciones con el gobierno Santos, el Consejo de Estado ha decretado la pérdida de investidura del representante del partido FARC. La decisión tomada en primera instancia por el tribunal está amparada en la no posesión del exguerrillero. De acuerdo con el fallo, la única razón por la que Márquez no se haya podido posesionar y que habría salvado su curul era por “fuerza mayor”, sin embargo el tribunal declaró que su defensa no presentó ninguna prueba que permitiera probar esa condición. La situación de Márquez es muy diferente a la de Santrich, quien el pasado 11 de junio se posesionó como congresista. El ahora representante quien tampoco se había posesionado se encontraba privado de la libertad y en espera de una decisión judicial, razón suficiente para mantener la curul, a diferencia de su copartidario. Adicional a esto, existe un agravante en la conducta del exguerrillero, quien desde hace más de un año no comparece en la JEP, razón por la cual esta Sala le abrió un incidente por incumplimiento.

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Corte Suprema de Justicia ordena libertad inmediata de Jesús Santrich

La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la libertad del exjefe guerrillero de las FARC, Jesus Santrich, al considerar que en su calidad de aforado constitucional deberá ser procesado por la Corporación y no por un juez ordinario. El siguiente es el comunicado expedido por el Tribunal: A partir de la sentencia del Consejo de Estado de ratificarle la investidura de congresista, la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, porque con esa condición es aforado constitucional y lo debe procesar penalmente esta Corporación. En consecuencia, por unanimidad la Sala de Casación Penal declaró fundada la impugnación de competencia presentada por la defensa del exjefe guerrillero y dispuso el envío inmediato del expediente por narcotráfico en su contra, a la Sala Especial de Instrucción de la Corte. “El fuero no es un privilegio personal sino busca el amparo de la investidura. Si, en el presente caso, el Consejo Nacional Electoral reconoció el nombramiento de Seuxis Paucias Hernández Solarte como congresista y, además, el Consejo de Estado negó la pérdida de tal investidura a pesar de no posesionarse en la fecha indicada (debido a razones ajenas a su voluntad), se desconocería la dignidad del cargo que la persona conlleva al permitir que autoridades diferentes a la Corte Suprema de Justicia puedan investigarlo, juzgarlo o afectarlo con medidas restrictivas de la libertad, sin importar que las conductas que se le atribuyan no tengan relación alguna con las funciones. “En este orden de ideas, la condición foral del artículo 186 de la Constitución Política inicia con el reconocimiento por parte de la autoridad competente y no con el ejercicio de las funciones derivadas de la solemnidad de la posesión”, subraya la Corte. Por otro lado, la providencia decide además las consecuencias del reconocimiento de la investidura como congresista, por lo cual resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte frente a decisiones de funcionarios que no tenían competencia para su aprehensión y legalización. “Sería entonces contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad, cuando aquellos se han desconocido. Por eso, se impone otorgarle la libertad. Esta decisión es una de las manifestaciones del control constitucional que tienen que ejercer todos los administradores de justicia”, consigna el pronunciamiento. En síntesis, la Corte precisó: (i) La jurisprudencia tradicional de la Corte ha vinculado el ejercicio de las funciones propias del cargo de congresista con el reconocimiento de la calidad de aforado en situaciones que implicaban dejación, abandono, suspensión o supresión de tales funciones. Nunca trató el tema: “¿a partir de cuándo se adquiere el fuero del artículo 186 de la Carta Política?” (ii) Como quiera que el fuero no es un privilegio de índole personal sino una garantía de la investidura, este comienza cuando la autoridad competente (Consejo Nacional Electoral) le reconoce al congresista tal condición. Y persiste mientras se mantenga vigente. Dicho reconocimiento necesariamente precede a la solemnidad de la posesión. Y (iii) en este asunto, a Seuxis Paucias Hernández Solarte el Consejo Nacional Electoral, en Resolución de 28 de julio de 2018, le confirió la investidura como representante a la Cámara. Y el Consejo de Estado, en decisión de Sala Plena recién confirmada, negó la solicitud de pérdida de investidura y reconoció que no ha podido posesionarse por motivos de fuerza mayor no atribuibles por su culpa. Ninguna decisión de amparo transitoria o provisional para suplir la curul puede afectar esta condición.

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