noviembre 3, 2024

#ContraloríaDeLaNación

Barranquilla será sede de la XXXVII Asamblea (EFSUR)

Barranquilla, Atlántico, se prepara para recibir la XXXVII Asamblea de la Organización de Entidades Fiscalizadoras de los Países de América del Sur (EFSUR), evento que se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre en el Pabellón de Cristal de Corferias de la arenosa. Esta cumbre tendrá la participación de 10 países pertenecientes a la EFSUR, tales como: Colombia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. El evento será liderado por la Contraloría General de la República de Colombia, el cual reunirá a altos representantes de las entidades fiscalizadoras que durante 3 días compartirán sus conocimientos y experiencias. Temas como género, deforestación, corrupción y cambio climático serán los pilares de este magno evento. “La Contraloría General de la República reafirma su compromiso con la transparencia y la buena gestión de los recursos públicos, y se honra en recibir a los representantes de Efsur para trabajar conjuntamente en la mejora de los sistemas de control fiscal en América del Sur”, señaló la entidad Esta entidad, ha hecho que Colombia sea escenario de diversas cumbres internacionales, lo cual hace que el país tome protagonismo en la agenda de países referentes, en esta ocasión dentro de las actividades se proponen mesas de trabajo, paneles de género, resultados de consultorías, así como participaciones en la asamblea general. El encuentro contribuirá para que los países invitados participen y compartan experiencias sobre cómo actualizar sus sistemas de fiscalización y combatir casos de corrupción, temas de coyuntura en las regiones de América del Sur.

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Contraloría General exige mejoras en la ejecución de recursos para la Ley de Víctimas

“Ha disminuido significativamente la participación de las víctimas en los subsidios de vivienda, pasando de 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023.” La Contraloría General solicitó al Gobierno Nacional intensificar sus esfuerzos fiscales para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En un reciente informe, el organismo de control, subrayó la insuficiencia de recursos y medidas destinadas a atender a las víctimas, evidenciando la necesidad urgente de reformas para garantizar una atención efectiva y equitativa. De acuerdo con el análisis del organismo, “entre 2024 y 2031 se requerirían aproximadamente $303,9 billones de pesos para implementar plenamente la Ley de Víctimas. Esto implica una necesidad anual de $37,9 billones. El desglose de estas necesidades incluye $118 billones para vivienda, $83,6 billones para indemnizaciones, $36,8 billones para generación de ingresos, $12,9 billones para subsistencia mínima y $7,1 billones para educación superior”. Problemáticas y sus posibles soluciones Uno de los problemas más críticos identificados, es el déficit habitacional que enfrentan más del 77% de las víctimas, que requieren el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. Además, ha disminuido significativamente la participación de las víctimas en los subsidios de vivienda, pasando de 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023. La contralora delegada para el posconflicto, Luz Amparo Echeverry, presentó estos hallazgos en el undécimo informe de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas, elaborado en colaboración con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de víctimas. Echeverry subrayó: “Continuaremos con la labor de seguimiento y control fiscal sobre los recursos destinados a la política pública de víctimas, asegurándonos de que cumplan con su finalidad e impacto en la mejora de las condiciones y estabilización socioeconómica de las víctimas”.

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Contralor General pide Compromiso en la Financiación de Universidades Públicas

La financiación de las universidades públicas en Colombia ha vuelto a ser noticia tras las recientes declaraciones del Contralor General Carlos Rodríguez Becerra, quien ha solicitado un firme compromiso en la asignación de recursos y la resolución de las crecientes preocupaciones en torno a los pasivos pensionales de estas instituciones. En esta petición, destacó que las universidades enfrentan un grave déficit monetario. Según Rodríguez Becerra, “esto está generando riesgo de estabilidad de algunas universidades públicas”. Además, sugirió que es urgente revivir el debate sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el objetivo de garantizar una financiación adecuada que permita a cada universidad cubrir sus necesidades sin comprometer la calidad educativa. Uno de los ejemplos más preocupantes que citó fue el de la Universidad del Valle, que ha enfrentado problemas significativos con el bono de pensiones del primer semestre de 2024. Rodríguez Becerra reveló que, en lugar de recibir los 54 mil millones de pesos esperados en enero, la universidad sólo ha recibido estos fondos en agosto. La situación se agrava por un déficit acumulado de 38 mil millones de pesos en 2023, el cual se espera que crezca a lo largo del presente año. El Contralor, trasladó su inquietud al Ministro de Educación, instándolo a revisar y abordar la situación con urgencia. Enfatizó que es crucial asegurar que la financiación no solo cubra las necesidades actuales, sino que también permita una planificación efectiva a largo plazo para evitar la erosión de la calidad educativa y la estabilidad financiera de las universidades públicas. Esta situación, resuena como un urgente recordatorio de la necesidad de una política de financiación sólida y sostenible, capaz de enfrentar los desafíos de una educación superior en expansión y garantizar la estabilidad y calidad de las instituciones educativas del país.

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Aumento del 344% en presupuesto e irregularidades en la Unidad de Gestión del Riesgo durante 2023

La Contraloría General de la República informó sobre un notable aumento del 344% en el presupuesto destinado a la Gestión del Riesgo durante el año 2023, todo bajo la dirección de Olmedo López. Según el informe, los fondos asignados inicialmente de $657.727 millones se incrementaron a más de $2 billones. El informe también señaló la existencia de múltiples irregularidades durante ese periodo, que incluyen hallazgos administrativos con un impacto fiscal significativo de $8.498 millones y posibles incidencias disciplinarias en 16 casos. Entre las irregularidades destacadas, se mencionó el gasto indebido de $10.247 millones, destacando inversiones controvertidas como la construcción de viviendas en Providencia tras el paso del huracán Iota, por un monto de $2.564 millones, y problemas similares en proyectos de mitigación de emergencias en Mocoa y la construcción de albergues en Florida, Nariño. Además, la Contraloría emitió una opinión desfavorable sobre la ejecución presupuestal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), calificándola como “No Razonable”. Se destacó una tendencia preocupante hacia el manejo ineficiente de las reservas presupuestales, con un acumulado de recursos sin utilizar que alcanza los $2.9 billones, evidenciando deficiencias en la planificación y ejecución de recursos a lo largo de las vigencias 2021 a 2023, donde se ha observado un aumento significativo en los montos asignados. Este análisis de la Contraloría subraya la necesidad de mejorar los controles y la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a la Gestión del Riesgo en Colombia.

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La Contraloría General advirtió que las EPS no están cumpliendo con los requisitos

Según un informe de la Contraloría, únicamente cinco EPS del país están dejando sus cuentas al día de los recursos que destina el Estado a la salud colombiana. La mayoría estarían incumpliendo con los requisitos para operar que son contar con el capital mínimo, el patrimonio adecuado y el régimen de inversión de las reservas técnicas. Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud son las cinco que podrían seguir operando con normalidad. Mientras que las otras 21, dentro de las cuales se encuentran Sanitas y Compensar, no podrían prestar servicios debido a que no cumplen con la provisión. Un requisito esencial es un ahorro que deben realizar para garantizar recursos en la atención de los pacientes; así como, la sostenibilidad del sistema y contar con un respaldo en caso de iliquidez. El informe se encargó de analizar las deudas de las 26 EPS, donde reveló que estas entidades tienen una deuda total de $25 billones de pesos con las IPS y proveedores. Sobre este tema, el gremio de las EPS (ACEMI) explicó que las cifras no son tan altas y que no se estaban teniendo en cuenta otros gastos de emergencia que se han dado como en el caso del COVID-19. También, afirman que “el sistema de salud colombiano gasta mas de lo que recibe”, por lo tanto siempre están al borde con la inversión. Con esa irregularidad identificada por la Contraloría General de la Nación, el Gobierno Petro puede, por la vía de la Superintendencia, intervenir o liquidar a las EPS que no cumplen.   Tomado de Infobae.

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Contraloría con ‘la lupa’ puesta en las regiones

El Contralor encargado Carlos Mario Zuluaga, recorre el país en búsqueda de respuestas y resultados por parte de los mandatarios locales, el ente revisa los avances de las obras prometidas desde las regiones y evalúa los posibles focos de corrupción que puedan estarse gestando en el territorio nacional. Las visitas iniciaron en el departamento del Casanare y el día de hoy recorrerá Santa Marta. Se pudo conocer que, para Zuluaga, Casanare no pasó la prueba, pues al parecer la mayoría de los proyectos presentaron fallas, en donde están involucradas cifras superiores a los de 571 mil millones de pesos. Según fuentes locales el Contralor Encargado tiene intención de revelar las mallas de contratación del departamento, quiénes son y por qué continúan con proyectos a medio marchar o abandonados, además de por qué les siguen otorgando más contratos. Fiesta de contrataciones corruptas Zuluaga, al parecer pondrá en evidencia una irregular concentración de la contratación, con todos los proyectos abiertos en su mayoría con procesos de responsabilidad. Entre los proyectos afectados el alto funcionario estaría hablando de una Petar, a punto de colapsar por los estragos del río si no se construyen muros de protección para estas obras. Asimismo, se hace referencia a un proyecto de vivienda de interés que afecta decenas de familias en un sitio no apto para vivir, sin que se cumpla una sentencia del tribunal. Por otra parte, la Contraloría también habría reportado más de 78 mil hallazgos en proyectos de regalías.

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