mayo 2, 2026

Política

Partido FARC dice que protocolos deben respetarse

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), consideró este martes que los protocolos acordados con el Gobierno anterior en caso de una ruptura de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), deben respetarse. En un comunicado, la organización política que nació de los acuerdos de paz firmados en 2016 con el entonces grupo insurgente, aseguró que no aplicarlos sería un desconocimiento “flagrante” de las normas internacionales y “una presión indebida sobre los países garantes, en especial sobre el gobierno de Cuba, que no ha ahorrado en esfuerzos para apoyar la gesta de la paz en Colombia”. “El hecho lamentable de la Escuela de Policía (General Santander) no puede ser instrumentalizado para cerrarle la puerta a futuro a los buenos oficios de la comunidad internacional. Se trata de un desconocimiento flagrante de las normas internacionales y una presión indebida sobre los países garantes”, insistió el partido de las FARC. Colombia pidió este lunes a Cuba la entrega inmediata de los miembros de la delegación de paz del ELN, tras recalcar que no hay protocolo que ampare el terrorismo, en alusión al atentado del jueves pasado contra la academia policial en Bogotá, que dejó 21 muertos y alrededor de 68 heridos. “No hay razón jurídica, ética y política que justifique que unos protocolos que no obligan al Gobierno (de Iván) Duque sean aplicados”, dijo el Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en conferencia de prensa que concedió en la capital colombiana, luego que el ELN admitió la autoría del ataque contra la Escuela de Cadetes General Santander. Cuba ha dejado claro que dará cumplimiento a los protocolos pactados en caso de levantarse la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN, los cuales permiten un plazo de 15 días para que los negociadores de la guerrilla colombiana salgan de la isla. La organización rebelde consideró el ataque una “acción legítima” dentro de la dinámica de la guerra. Sin embargo, Ceballos explicó que “el Consejo de Seguridad de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado el atentado como terrorismo” y en consecuencia “el único camino que hay no es el cumplimiento de protocolos”. Según el funcionario, existe una obligatoriedad de los países de colaborar con la justicia, por lo que espera que el gobierno de Cuba, nación que albergaba las conversaciones de paz, entregue a los negociadores del ELN que permanecerían en la isla. En el comunicado, el partido FARC expresó su disposición a colaborar para que se reactiven las negociaciones con el ELN, tras reiterar su disposición a reunirse con el presidente Iván Duque, para trabajar sin descanso por la solución política y el logro de la paz completa para Colombia. “Es hora de rodear las iniciativas para una reanudación del diálogo con el ELN, de trabajar sin descanso por la solución política y el logro de la paz completa para nuestro país. Tenemos la autoridad para afirmarlo precisamente por ser una de las partes firmantes del Acuerdo de La Habana; acuerdo cuya trascendencia para el futuro compartido de la presente y las futuras generaciones solo la insensatez pone hoy en duda. Que su implementación no sea fácil, que sea un campo en disputa, no significa un fracaso. La paz es el camino”, concluyó.

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Tribunal salva curul de Jesús Santrich

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó este miércoles a la Cámara de Representantes  que Benedicto de Jesús González Montenegro haga uso de la curul que obtuvo el exjefe guerrillero Jesús Santrich a instancias delos acuerdos de paz. El excomandante de las FARC se encuentra preso por una solicitud de extradición de Estados Unidos, país que lo acusa de delitos relacionados con el narcotráfico, que habría cometido después de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, en La Habana, Cuba. Según el Tribunal, se debe ocupar la curul asignada a las FARC de forma temporal mientras se define la situación jurídica de Santrich. El fallo se dio como respuesta a una tutela interpuesta por el jefe del ahora partido FARC, Pablo Catatumbo, quien aseguró que su agrupación política no ha podido llenar las cinco curules que se pactaron con la exguerrilla en el acuerdo de paz, lo que vulnera sus derechos políticos.    Según el Tribunal, no se le puede aplicar la figura de “silla vacía” a Santrich porque “no ha sido condenado por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública, la participación democrática o delitos de lesa humanidad como lo establece la norma”. González Montenegro es el segundo en la lista de la circunscripción del Atlántico, por lo que le corresponde ocupar la quinta curul asignada a la FARC, con el fin de “amparar el derecho a la participación política del partido”, indicó.

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Uribe propone coalición para aprobar proyectos de Duque

El Presidente de la República, Iván Duque, recibirá este jueves en la Casa de Nariño a la bancada del Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se espera que en la reunión se trate la “coalición interpartidista para concertar y apoyar las reformas del gobierno”, que el expresidente Uribe Vélez planteó en las últimas horas, tras el retiro de la propuesta de gravar la canasta familiar con el Impuesto al Valor Agregado, IVA, como estaba contemplado inicialmente en la Ley de Financiamiento. “El Pte Duque ha escrito que no va IVA a la canasta básica esencial. Tenemos que buscar los recursos porque no podemos dejar desfinanciados aspectos esenciales. Este año dejaron a los municipios sin apoyo para vías terciarias, para 2019 hay 522 mil”, escribió el congresista del Centro Democrático en su cuenta de twitter. El senador Álvaro Uribe Vélez también le respondió al equipo del expresidente Juan Manuel Santos sobre el faltante presupuestal. El exmandatario aseguró que programas sociales y de infraestructura quedaron con un “alto déficit” y que el Presidente Iván Duque ha tratado de “solventar para no descuidar estos sectores”. “Debemos reiterar que el presupuesto, inicialmente presentado para el año 2019, tenía un inmenso faltante. Por ejemplo, para la salud faltaban 3 billones 300 mil millones (pesos) que los ha aforado ahora el gobierno del Presidente Duque”, indicó el legislador. “Faltaban dineros en el (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) ICBF, en el (Servicio Nacional de Aprendizaje) SENA. En el Departamento de Prosperidad Social faltaba un billón 800 mil millones, imagínense ustedes, salirle al Departamento de Prosperidad Social con ese faltante; faltaba en Coldeportes, miremos para no repasar todo esto, que faltaban un billón 372 mil millones para subsidios de electricidad y gas”, agregó. Además, afirmó que “el presupuesto inicial de la educación era de 37 billones, por lo que el Presidente Duque lo subió a 41 billones. Ahí hay otros 4 billones, sin incluir el acuerdo del mandatario con los rectores universitarios”, recordó.

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Liberales lanzan salvavidas a la canasta familiar

La iniciativa es liderada por el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón. Miembros de la bancada liberal del Senado y la Cámara de Representantes, radicarán una propuesta ante las comisiones económicas conjuntas que discuten el proyecto de ley de financiamiento para evitar que se graven los productos de la canasta familiar, la clase media y los pensionados. La propuesta consiste en eliminar el IVA descontable sin posibilidad de compensaciones ni devoluciones de montos monetarios a los empresarios y establecimientos comerciales, quienes actualmente están financiando sus impuestos con el IVA que pagan los colombianos. “Con lo anterior, no habría necesidad de imponer ningún otro tipo de gravamen, ni a los pensionados, ni a la clase media y baja de Colombia, ni mucho menos gravar la canasta familiar, logrando el recaudo requerido”, dice el oficio. La iniciativa, firmada por más de 45 congresistas liberales y liderada por el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, también propone otra alternativa que consiste en crear un impoconsumo o impoventas con una tarifa general para los bienes que se encuentren gravados actualmente, lo que permitiría bajar las tarifas que pagan los ciudadanos, sin gravar la canasta familiar, garantizando el recaudo. Desde el liberalismo esperan que las diferentes bancadas acojan esta alternativa que busca no solo proteger los productos de la canasta básica familiar, sino evitar gravar las pensiones y a los trabajadores colombianos. “Dejamos en consideración de los Ponentes y del Gobierno Nacional la tarifa u opción planteada que tendría ese Impoconsumo o impoventa con el que se propone cambiar el IVA. Que de antemano anunciamos deberá ser reducida a lo que hoy se plantea por cuanto se eliminaría lo descontable a los empresarios o de establecimientos de comercio”, concluyó.

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Presidente Iván Duque revela metas del Plan Nacional de Desarrollo

En el marco de celebración de los 60 años del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el presidente Iván Duque presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, un pacto para construir una Colombia en la que impere la legalidad con seguridad y justicia, el emprendimiento como eje del desarrollo económico y social y equidad para que todos los colombianos tengan igualdad de oportunidades.      El documento, denominado ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, fue entregado al Consejo Nacional de Planeación (CNP) que lo analizará para hacer sus recomendaciones. “Este es un pacto por la igualdad de oportunidades para todos los colombianos en condiciones de legalidad. Este plan le apunta a grandes metas como el aumento en la productividad, la transformación digital de la sociedad y el acceso masivo a educación superior de jóvenes pobres y vulnerables y la sostenibilidad de un sistema de salud de calidad”, dijo el mandatario. El PND tendrá un Plan Plurianual de Inversiones (PPI) que asciende inicialmente a $1.100 billones de 2018, de los cuales más de $520  billones, cerca del 50%, estarán dirigidos a programas y políticas para el logro de la equidad social. Se implementará en todas las regiones del país para impulsar los proyectos e iniciativas priorizadas en el proceso participativo (talleres regionales y departamentales) que está adelantando el Departamento Nacional de Planeación por todo el territorio. La hoja de ruta de la administración Duque contempla estrategias encaminadas a avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y está en concordancia con las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Metas del PND a 2022 Una de las grandes apuestas de este Plan de Desarrollo es reducir la pobreza y la desigualdad y avanzar en la equidad. Por esa razón se prevé disminuir la pobreza monetaria del 26,9% en 2017 a 21,0% en 2022, lo que significa una caída de 5,9 puntos porcentuales y 2,9 millones menos de población pobre en el país. En pobreza extrema monetaria este Plan tiene proyectado bajarla de 7,4% en 2017 a 4,4% en 2022, lo que representa una variación de 3 puntos porcentuales, esto es 1,5 millones menos de pobres extremos. En el PND se contempla, además, disminuir la pobreza multidimensional de 17,0% en 2017 a 11,9% en 2022, para un descenso de 5,1 puntos porcentuales y una reducción en 2,5 millones de pobres multidimensionales. En crecimiento de la productividad, la meta del Plan es aumentar a 1,1 puntos porcentuales (0,45 pp adicionales) al finalizar el Gobierno Duque en 2022, mientras en inversión se busca subir de 22,3% a 26% del PIB. En empleo, crear 1,6 millones adicionales de puestos de trabajo en los cuatro años. En educación, la meta es alcanzar 2,2 millones de cupos en educación inicial y 840.000 adicionales en preescolar. Beneficiar a 336.000 estudiantes pobres y vulnerables con acceso a educación superior. También se abrirán 500.000 cupos adicionales en el programa Jóvenes en Acción. En vivienda, la apuesta es iniciar la construcción de 520.000 unidades VIP y VIS y apoyar de manera contundente los programas de mejoramiento de vivienda. Las metas en emprendimiento son la reducción al 50% de la tasa de informalidad laboral, y la racionalización de 1.200 trámites de alto impacto con el programa Estado Simple, Colombia Ágil. El Pacto por la legalidad, cuyos componentes son la justicia transparente y la seguridad efectiva para todos, le apunta a la disminución de los delitos, la lucha frontal contra las economías ilegales y organizaciones criminales, y el combate efectivo a la corrupción. La formulación de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el aumento en el acceso a la justicia, la definición de una Política Integral de Fronteras y de una política de inclusión y participación ciudadana, son otras metas que se buscan con dicho pacto. Después de que el Consejo Nacional de Planeación (CNP) haga sus recomendaciones sobre las Bases del Plan se procederá a la redacción del proyecto de Ley que se radicará el 7 de febrero de 2019 en el Congreso de la República. El 7 de mayo de 2019 es el plazo máximo para la aprobación del Plan del cuatrienio 2018- 2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’. Entre noviembre y enero próximo se continuarán realizando por talleres y diálogos por todo el país.   Con información del DNP    

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Partido de la U no apoyará Ley de Financiamiento del Gobierno Nacional

Las bancadas de Senado y Cámara de Representantes del Partido de la U manifestaron su desacuerdo con el proyecto de Ley de Financiamiento planteado por el Gobierno Nacional, a través del cual se pretende gravar hasta el 80 por ciento de los productos básicos de la canasta familiar. Los miembros de la bancada consideraron que esta iniciativa “golpea, no sólo el bolsillo de los asalariados, sino a los pensionados y a los sectores más vulnerables del pueblo colombiano y ni que decir del sector rural”. “El Partido de la Unidad rechaza la propuesta de gravar las pensiones en Colombia, tal y como lo señala el proyecto. De igual manera, la colectividad se opone a cualquier medida que grave el valor de los materiales educativos, al igual que el valor de la vivienda, que desestimularía el sector de la construcción, entre otras”, aseguró la colectividad. Los congresistas manifestaron la importancia de buscar otras fuentes de financiamiento, distintas a medidas que afecten el diario vivir de las familias colombianas. Para lo que parece tener una respuesta el “sector independiente del Partido de la U”, que propuso al Gobierno una serie de alternativas para reunir los 14 billones que se necesitan en la ley de financiamiento. Entre las posibilidades está tomar los excedentes por incremento en el petróleo, que oscilarían entre 3 y 5 billones de pesos el primer año “y representarán en todo caso un ingreso extra de más de 12 billones para este gobierno”. Otra de las opciones es gravar tierras improductivas, lotes de engorde e inmuebles del quintil más alto, dedicados a rentas suntuarias. Según la bancada $3 billones se percibirían de la flexibilización de la regla fiscal y gravar más los dividendos de los más ricos podría dejar otros $2 billones.

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“Guiño” de Uribe a Samuel Hoyos para aspirar a alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, le pidió al representante a la Cámara, Samuel Hoyos, que aspire a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales del 2019. “De manera muy generosa, en una reunión de bancada con el Ministro de Hacienda acerca de la Ley de Financiación, me pidió poner a consideración mi nombre como candidato a la Alcaldía de Bogotá”, reveló Hoyos. Uribe Vélez resaltó las calidades del congresista y señaló que, aunque su ausencia se sentiría en el Congreso, debería pensar en el segundo cargo más importante del país. Cabe recordar que otros dirigentes políticos ya han manifestado su interés de convertirse en los sucesores de Enrique Peñalosa, entre los que se encuentran los concejales Diego Molano y Ángela Garzón. El Centro Democrático aún no ha definido el mecanismo con el que escogerá a su candidato a la Alcaldía de Bogotá.

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Aída Avella solicita ser ponente del proyecto de ley de financiamiento

La senadora pidió ser una de las ponentes del proyecto de ley de financiamiento, con el que el gobierno pretende conseguir los recursos necesarios para gastos de funcionamiento del Estado e inversión social. Según la congresista, el Gobierno sólo quiere con la ley de financiamiento que los colombianos “paguen IVA de 19% a todos los productos que hoy no pagan, incluyendo los de la canasta familiar, como huevos, arroz, frijoles, pan y leche a costa de reducirles los impuestos a los grandes empresarios”. La petición la realizó a pocas horas de que se radique en el Congreso el proyecto de ley, con el cual, según Avella, ”el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pasará a la historia como el único que se atrevió a gravar los desayunos y almuerzos de los colombianos”. En concepto de la senadora opositora, el dinero para el déficit se encuentra en la eliminación de las exenciones impositivas a las multinacionales que invierten en Colombia y en “las venas rotas de los impuestos nacionales que salen todos los días para bolsillos particulares”. “Ese viejo cuento de reactivar la economía es la licencia para imponer reformas tributarias con sofisticados nombres, creyendo que el país no se da cuenta que quienes van a cargar con la ley serán los pobres, los trabajadores y la clase media”, concluyó la también presidenta de la Unión Patriótica.  

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De la Calle pide a Iván Márquez que “aparezca” en beneficio de la paz

El excandidato Presidencial, Humberto De la Calle, le pidió este jueves a Iván Márquez que se presente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cumpla sus obligaciones con el país. “Para Iván Márquez: negar que Maduro le hace daño a su pueblo, es sencillamente contraevidente. Queremos un marco de respeto y no estigmatización. Pero en beneficio de la paz, aparezca, vaya a la JEP, cumpla sus obligaciones, opine en el Congreso”, escribió el exjefe negociador del Gobierno en su cuenta de twitter. El pronunciamiento De La Calle se debe a una carta enviada por el exjefe guerrillero en la que aseguró que los colombianos deberían fijar en sus conciencias que Venezuela, no es “un país agresor, sino un país agredido” y que “a pesar de los agravios de los desagradecidos”, sigue ayudando en la búsqueda de la paz. “Lo que realmente quiere el Gobierno de Colombia es desatar una guerra fratricida, a todas luces irracional e irresponsable. Con toda seguridad a (Iván) Duque no le gustaría que algún expresidente loco incitara al Ejército colombiano a apuntar sus fusiles contra el Palacio de Nariño como descaradamente lo hace su jefe (Álvaro) Uribe”, aseguró Márquez en la misiva. Por su parte el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, exhortó a Iván Márquez y a alias “El Paisa” a dar cumplimiento a la exigencia de la JEP de presentarse en un plazo de diez días. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, los excombatientes deben “dar ejemplo” a los demás exintegrantes de las Farc.

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Gobierno Nacional firma decreto reglamentario para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos

El decreto dota a la Policía de las herramientas necesarias para evitar que los jíbaros se camuflen en la autorización de la dosis mínima para inducir a niños y jóvenes al consumo de drogas. El Presidente de la República, Iván Duque, en compañía del Ministro de Defensa, Guillermo Botero; de la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero y de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, firmó este lunes el decreto reglamentario mediante el cual se faculta a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos. Con esta medida, el Gobierno Nacional está cumpliendo su compromiso de incrementar los controles al consumo y tenencia, en espacio público, de sustancias psicoactivas prohibidas, con el único propósito de proteger de este flagelo a niños y jóvenes y mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana. Durante la firma del decreto, el mandatario señaló que “el microtráfico y consumo de drogas en las puertas de los colegios, en las universidades y en los parques, ha aumentado exponencialmente en los últimos años y no podemos ser indiferentes a esto. Como Gobierno tenemos la responsabilidad y el compromiso de proteger y defender a nuestros niños, jóvenes, y sus familias”. Este decreto reglamentario al Código de Policía y Convivencia, que es una norma de naturaleza administrativa, no penal, dota a la Policía de las herramientas necesarias para confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte en el espacio público y evitar así; que los jíbaros se camuflen en la autorización de la dosis mínima para inducir a niños y jóvenes al consumo de drogas. La medida no penaliza la dosis mínima y es totalmente respetuosa de las libertades protegidas por las altas Cortes colombianas y por la jurisprudencia y por eso, aquellos a quienes les sea confiscada una cantidad igual o menor a la dosis mínima permitida y demuestren debidamente su condición de adictos, esta les será devuelta. Lo que se está haciendo es atender una de las mayores preocupaciones de los colombianos, dotando a los policías para que puedan combatir el microtráfico y a los jíbaros en las calles. Por su parte, los decomisos de droga que superen la cantidad autorizada como dosis mínima será judicializada bajo la legislación vigente, lo cual está definido en la Ley 30 de 1986 “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”. En su artículo 2, el literal ‘j’ define que la “Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo. Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos.” Es importante precisar que el expendio de sustancias psicoactivas siempre ha estado prohibido y está tipificado como el delito de tráfico de estupefacientes. El decreto tiene un enfoque de prevención y es una medida más que hace parte de la estrategia de lucha antidrogas del Gobierno Nacional y busca resguardar los espacios públicos de la realización de actividades ilícitas que afectan la salud y la sana convivencia de la ciudadanía. Para su implementación, la Policía cuenta con todos los protocolos y procedimientos para abordar a la ciudadanía. El decomiso de droga se hará mediante un proceso verbal y si se demuestra la condición de adicto, se le devolverá la droga, si no, esta se destruye. Además de fortalecer la lucha contra el tráfico de sustancias prohibidas en lugares como estadios, coliseos, centros deportivos, parques, centros de salud, y en general en el espacio público, la medida redundará en la disminución del consumo de drogas o sustancias prohibidas. Con información de la Presidencia de la República

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