julio 1, 2026

Legislativo

LA CAN, EL ORGANISMO MÁS SÓLIDO DE AMÉRICA LATINA

La Presidencia Pro Témpore que ejerce hoy Colombia avanza aceleradamente en convertir la Comunidad Andina en un mecanismo de integración moderno, dinámico y con resultados. El Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, habló con la revista El Congreso Siglo XXI sobre el impacto de la pandemia en la subregión, la Agenda Digital Andina, el proyecto de seguridad vial para reducir la accidentalidad y las políticas en marcha para generar bienestar a la población y seguir posicionando el organismo como el más sólido de América Latina.   ¿Cuál es el panorama económico y social de los países de la CAN como consecuencia de la pandemia del covid-19? El mundo se debate en una enorme dificultad inédita frente a la cual no sabemos cómo va a terminar, ni cuándo va a terminar, ni qué escena nos va a dejar en lo económico y social; sin embargo, quienes tenemos responsabilidades como en el caso mío, como secretario general de la Comunidad Andina y como jefe del organismo más importante de América Latina, debemos avanzar en una estrategia que nos permita ser un amortiguador de la difícil circunstancia que el mundo entero atraviesa y de la cual la CAN no es la excepción. Ese amortiguador debe servir para convertirse en un espiral de crecimiento para recuperar el aparato productivo tan diezmado por el covid-19 y que ha afectado a nuestros empresarios en los cuatro países, bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos; y de manera más sensible ha golpeado a la mipymes (micro, pequeña y mediana empresa), que son para nosotros fortaleza en nuestra estructura empresarial, el 90% de nuestras empresas son Mipymes, y generan el 60% del empleo en la región. Nosotros aspiramos a convertir esta dificultad en una gran oportunidad, en un escenario en el cual estamos en la búsqueda de más y de nuevas rutas para nuevos mercados. Se está implementando la digitalización, el comercio electrónico, el e-commerce, realizamos con éxito el Encuentro Empresarial Andino en su versión novena de manera virtual por primera vez. Avanzamos en la categorización de una guía de bioseguridad para 575 millones de ciudadanos en compañía del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) y del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) en 18 países para toda América Latina, con el fin de proveer seguridad a quienes trabajan en el campo y producen los alimentos, un tema que tiene que ver con seguridad alimentaria. ¿De qué manera la situación de Venezuela ha impactado a los países de la Comunidad Andina? La situación tan crítica de orden económico, social, político y humanitario de Venezuela ha generado que 5 millones de ciudadanos venezolanos migren a otros países. La migración más alta en el mundo y en este lugar del planeta sin algún antecedente. De esos, el 60% están en la CAN, es por eso que es el primer afectado. De ellos, 1 millón 800 mil en Colombia; 830 mil en Perú; más de 300 mil en Ecuador y cerca de 10 mil en Bolivia. De tal manera que estamos en la inminencia de tener un Estatuto Migratorio Andino y de hacer un llamado entero a que se comprometa a contribuir en la solución de este traumático problema que trasciende de los límites social, político y humanitario y que ha generado un escenario lamentable, viendo gente sin techo, sin comida en la calle y en condiciones infrahumanas. ¿Qué se busca con el proyecto de seguridad vial, “Por las vidas de la CAN”? Justamente se está trabajando por “Las vidas de la CAN”, que tiene como propósito disminuir la accidentalidad, ya que a lo largo de las carreteras en 4 millones de kilómetros de los cuatro países, 323 mil accidentes de tránsito nos han generado más de 13 mil muertos. Por eso se hace necesario e inminente, producir una política de seguridad vial que mitigue la accidentalidad, que culturice al conductor, que disminuyamos la alcoholemia, la imprudencia, el exceso de velocidad y otras causas letales. Según la tipología de accidentes, la mayor cantidad de ellos fueron producidos por choques y atropellos. ¿Cómo revertirlo? No lo podemos hacer solos, para ello hemos convocado a todos los organismos estatales de la seguridad vial, en cabeza de los ministerios del transporte y por supuesto, en casos como Colombia con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y hemos recibido el apoyo de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia que dirige la doctora Ángela Ospina para tener recursos que nos permitan hacer una eficacia en este proyecto. ¿Cómo avanza la agenda digital de la CAN y el Roaming Internacional? Se está reestructurando, lo cual implica que ya han entrado en el proceso de la digitalización muchísimos de nuestros procedimientos, por ejemplo, evitamos contactos físicos en los pasos de frontera, en los temas aduaneros, nos estamos aproximando a través de una consultoría para que nos den la hoja de ruta de cómo migrar de la 2G y 3G, a la 4G y 5G. Hay que adelantar una política de la extensión del cable de fibra óptica para hacer posible el acceso a las telecomunicaciones. Si esto no se da, seremos una sociedad mucho más desigual. El mundo entero se adelantó al menos cinco años en el uso de las tecnologías y la virtualidad, que se aplica para el trato institucional, para el teletrabajo, para el estudio, para la relación familiar y hasta para el amor.

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Situación de papicultores y regulación a precios de combustibles líquidos, temas de debate en la Comisión Quinta del Senado

Con nueve votos a favor y 3 en contra, la Comisión Quinta del Senado aprobó en primer debate, el informe con que termina la ponencia del proyecto de ley 129 de 2020, por medio del cual se adoptan medidas en materia de regulación de precios de los combustibles líquidos y se dictan otras disposiciones, presentado por las senadoras ponentes, Sandra Ortiz y Daira Galvis.   En sesión no presencial de esta célula legislativa y procediendo como ponente coordinadora de la iniciativa, la senadora Sandra Liliana Ortiz, explicó “Este proyecto busca fijar la base gravable de la sobretasa de los combustibles líquidos, con el fin de establecer una política clara y transparente a la estructura de los precios de estos”. “En Colombia solo el 1.7 por ciento utiliza combustible amigable, debemos trabajar para llegar a la transición del cambio, hoy Transmilenio utiliza combustible líquido nocivo para la salud” reveló la senadora del partido Alianza Verde.     En su momento, la senadora Daira Galvis, del partido Cambio Radical, también ponente del proyecto, reiteró “Aquí vamos a cumplir con el mandato de la corte constitucional de legislar sobre este tema que ya se ha debatido en el congreso por otros legisladores como el senador Luis Fernando Velasco”. Por su parte el congresista José Obdulio Gaviria (Centro Democrático) se refirió al artículo 4 indicando “la sobretasa al subsidio de la gasolina es territorial y se verían afectados los municipios, porque las tarifas son del 25 por ciento y si se reduce, impacta el ingreso”. Finalizadas las intervenciones sobre la iniciativa a favor de la salud, medio ambiente y economía de los colombianos, la Comisión Quinta aprobó proposición del Senador Didier Lobo, de Cambio Radical, en la creación de una subcomisión para detallar más a fondo y tener mayor claridad sobre el articulado del proyecto de ley 129 de 2020 y presentar el informe ante la comisión para que la iniciativa siga su tránsito legislativo. Crisis en el sector papicultor Entre tanto, durante la sesión no presencial, los integrantes de la Comisión Quinta, con la presencia del Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, durante el análisis sobre las medidas implementadas por el gobierno nacional frente a la crisis que atraviesan los papicultores en el país, el senador Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde) fue contundente en su solicitud al Ministerio de Agricultura de “renegociar el TLC, acabar con ese monopolio de los insumos en el país , titulación de tierras para que nuestros campesinos puedan acceder al crédito”, sugiriendo además acciones urgentes, frente a la producción agrícola como un programa de comercialización de compra directa de los productos de los campesinos y eliminar la intermediación. En su intervención, la senadora Sandra Ortiz se refirió a la necesidad de aportes para el sector agropecuario en especial a los paperos señalando “los costos de producción son muy altos y ellos están vendiendo a pérdida, la ayuda debe ser tal como se hace a los caficultores. Hoy los bancos son los que se llevan los beneficios y el agricultor no es apoyado.” Entre tanto, el senador Jorge Robledo (Polo Democrático Alternativo) mencionó el próximo paro de los paperos debido a las importaciones que deprimen la producción nacional, exigiendo “medidas efectivas para frenar las importaciones de productos que aquí se sembraban antes y nos están haciendo comer importado”. El liberal Guillermo García Realpe (Partido Liberal) presidente de la Comisión pidió al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, claridad sobre el transporte e insumos en el sector agrícola. De igual manera el senador Miguel Ángel Barreto (Partido Conservador) reconoció el esfuerzo del gobierno nacional en este sector, reclamando mayor presupuesto y celeridad en el tema de insumos, vías y apoyo al producto colombiano. De otro lado, el legislador Pablo Torres Victoria (Partido Farc) añadió “estamos asistiendo a la eliminación del campesinado nacional, por qué a través de esta política, entregamos el tercer producto a manos extranjeras, porque un campesino hace préstamos y después le toca vender la vaca”. Para la senadora Aida Abella de la Unión Patriótica, quienes “imponen los precios son los abastos y no el estado, por qué no pensar en la creación del Idema, y darles una amnistía a los agricultores” indicó Abella. Por el partido Centro Democrático, el congresista, Alejandro Corrales, hizo un llamado de atención al gobierno nacional porque el sector de la yuca está igual al de la papa, con altos costos para su producción y poca venta. Respondiendo a las solicitudes y dudas de los senadores, durante su presentación, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, además de resaltar que este gobierno impuso un arancel a las importaciones, precisó que la producción de papa en el país está por los 2millones 500 mil toneladas y las importaciones equivalen al 5 por ciento.   “Hemos trabajado con la mujer rural, analizamos las hectáreas de siembra para mejor ordenamiento de la producción, hoy hay más recursos y estamos tramitando en el congreso la ley de alivio tributario, y además vamos a impulsar el cultivo de la Quinua” concluyó el ministro Zea.   A su vez el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dijo que el sector de agricultura es donde más han trabajado “abriendo 20 sectores de exportación y abriremos 20 más aprovechando los acuerdos y vamos luchando contra el contrabando para lograr el comercio legal.” Cabe destacar que, por decisión unánime, la Comisión Quinta eligió a la senadora Maritza Martínez (Partido de la U) para representar al Senado ante la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.  Tomado del Senado

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Comisión Séptima escuchó en audiencia pública regional a sectores de la salud de la Costa Atlántica y los Santanderes

Con el propósito de seguir cubriendo el 100% del territorio colombiano, se realizó la segunda Audiencia Pública Regional de las 3 programadas, donde actores del sistema general de seguridad social de la Costa Atlántica y de los Santanderes hicieron sus propuestas, críticas y sugerencias al PL 010/2020 sobre la reforma a la salud. «Continuamos con esta serie de audiencias públicas donde convocamos para escuchar a representantes de todos los departamentos de Colombia. Invitamos a los actores que conocen de salud para que entre todos construyamos un buen proyecto de ley que ayude mucho, a uno de los mayores problemas que tiene el pueblo colombiano» así da inicio el senador Ritter López (Partido de la U), presidente de la Comisión Séptima a la audiencia pública, donde seguidamente intervinieron otros miembros de la célula legislativa. Senadores de la Comisión La senadora Laura Fortich (Partido Liberal) quien hizo las veces de moderadora de la audiencia manifestó el deseo de todos los integrantes de la Comisión de construir un Proyecto de Ley basado en las opiniones de los demás actores del sistema: «De las audiencias pasadas ha habido respaldos, observaciones y críticas que estamos tomando en cuenta y anotando para hacer los ajustes necesarios a la ponencia» Por su parte, la senadora Victoria Sandino (Partido Farc) considera que se necesita una verdadera reforma basada en el concepto de salud diferencial, lo que implica una reforma con una amplia participación social vinculante. Invitados de la Costa Atlántica y departamentos de Santander En la Audiencia Pública Regional estuvieron presentes los representantes de la Gobernación de La Guajira, Secretaría de Gobierno de La Guajira, Colegio Médico Colombiano, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Comfamiliar de La Guajira, Secretaría de Salud de Barranquilla, Secretaría de Salud Departamental del Atlántico, Gestión Salud EPS, Centro Oriental de Personas con Discapacidad, Federación de Aseguradores Colombianos, Secretaría de Salud de Sucre, Secretaría de Salud de Santander, Federación Nacional de Municipios, Anas Wayu EPS de Circunscripción Especial Indígena, Hospital Universitario de Santa Marta y de la Secretaría de Salud de Magdalena.   En sus intervenciones y de acuerdo a la experiencia que tienen en el sector de la salud, y a la pandemia que, según ellos, afloró muchas dificultades que existen el sistema de salud, hicieron los siguientes aportes y recomendaciones: Mejorar la remuneración del talento humano. Verificar las diferencias en el desarrollo de infraestructura y la dotación que existe, con baja capacidad resolutiva, en zonas alejadas y apartadas. Enfocar la política de focalización de subsidio hacia la demanda y no hacia la oferta. Mejorar la financiación del talento humano de las ESE para su vinculación laboral. Mantener los tiempos de 4 años en la formulación de los planes territoriales de salud como complemento a la política pública. Evitar contrataciones que van en detrimento de los trabajadores de la salud. Desarrollar una política pública de fortalecimiento de la red pública hospitalaria que garantice la financiación adecuada de los hospitales públicos, que no dependen de los servicios. Organizar que los servicios que prestan la Red pública hospitalaria estén acordes a la necesidad de la población, hablando territorialmente. Garantizar el trabajo digno y decente de sus trabajadores. Elementos bases para el programa nacional de ingreso a las especialidades. Exigir un sistema de calidad para que la formación y la educación del talento humano en salud no se convierta en una oferta de muy baja calidad. Considerar un modelo mixto de aseguradoras y administradoras en salud. Especialmente para régimen subsidiado, sin habilitación y certificación de competencias. Poner en marcha la ley estatuaria de salud. Pasar del enfoque de contrato a un enfoque hacia el paciente. Integración plena de los el régimen subsidiado y contributivo. Rediseñar y repensar el sistema de salud para los territorios como son las zonas dispersas. Modelo de zonas urbanas y metropolitanas. Lograr un estado territorial fuerte entre Secretarías de salud departamental y municipal. Una vez terminadas las intervenciones, las cuales están siendo recogidas por los ponentes del Proyecto de Ley 010/2020 y escuchadas, para ser tenidas en cuenta, por los representantes del Gobierno Nacional, se da por terminada la Audiencia Pública Regional, citando a la última de las 3 programadas, con el fin de robustecer la iniciativa y que pase a segundo con todos los ajustes pertinentes. Se cita a la última audiencia pública regional el día viernes 13 de noviembre a partir de las 8:00 a.m. donde se escucharán a actores del sistema de salud de Antioquia para cubrir el 100% del territorio colombiano. Tomado del Senado  

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Audiencia pública al proyecto de licencia parental compartida

En su trigésima séptima sesión ordinaria no presencial, la comisión séptima de Senado, realizó audiencia pública al proyecto de ley 229 de 2020 “Por medio de la cual se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial y el fuero de protección parental, se modifican los artículos 236, 239, 240 y 241 del código sustantivo del trabajo, y se dictan otras disposiciones”. La audiencia pública se realizó con el fin de escuchar las consideraciones de los diferentes sectores interesados en la iniciativa legislativa. Para ello fueron invitados los altos funcionarios, delegados y representantes de: Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, adolescencia, familia y mujeres, Defensoría del Pueblo, ONU Mujeres, Embajada de Suecia en Colombia, Organización Internacional del Trabajo, asociaciones y representantes de los trabajadores, representantes del sector productivo del país, entre otros. La iniciativa de la que es ponente la senadora Laura Fortich (Partido Liberal) pretende romper con la brecha de desigualdad laboral entre mujeres y hombres colombianos en el que se incluya lo siguiente a la normatividad ya existente: -Crear la licencia parental compartida: Sería de 26 semanas en total, resultado de unificar los días de licencia de maternidad (18 semanas) y los de la licencia de paternidad (8 semanas). Inicialmente se esperaba ampliar a 4 semanas, pero durante el último debate ese número aumentó. -Crear la licencia parental flexible de tiempo parcial: Esta autoriza sustituir el tiempo de licencia de maternidad o paternidad actual, extender el doble del tiempo, realizando trabajo de medio tiempo y en el marco del teletrabajo. Según la senadora Fortich con la figura de licencia parental compartida y licencia parental flexible de tiempo parcial, los padres podrán escoger entre: La licencia tradicional de maternidad y paternidad de conforme al régimen actual. La licencia parental compartida de acuerdo a la cual la madre tomará 12 semanas intransferibles, el padre 6 semanas intransferibles y 6 semanas podrían ser distribuidas conforme al acuerdo de los padres. La licencia flexible de tiempo parcial que autoriza sustituir el tiempo de licencia de maternidad o paternidad actual por el doble de tiempo realizando trabajo de medio tiempo y en el marco de teletrabajo. Voces del Gobierno. El delegado del Ministerio de Salud – Otoniel Cabrera expresó que es una iniciativa loable y muy beneficiosa desde el puno de vista en que los padres comparten tiempo con sus hijos y los beneficios que esto trae para los recién nacidos. Sin embargo, también se refirió al impacto en términos de costos que el proyecto de ley trae para el sistema de salud. “La licencia de maternidad está cubierta por el Sistema General de Seguridad Social en Salud que es pagada por las EPS, pero con cargo a los recursos que financian el aseguramiento en salud. Desde el tema de salud pública saludamos la iniciativa y la vemos como una iniciativa loable que puede generar más beneficios que costos al sistema, no obstante, el sistema actualmente tiene una restricción presupuestal bastante importante y para la siguiente vigencia también se tendrá una restricción bastante fuerte”. Por lo anterior el delegado de esta cartera pidió que se definiera con qué recursos adicionales contará el sistema para hacer estos pagos de la licencia. El delegado de la Procuraduría General de la Nación – Virgilio Hernández precisó que “el proyecto recoge la obligación del Estado dispuesta en el artículo 11 de la Convención sobre la eliminación de formas de discriminación de la mujer y dispone que los estados deben adoptar medidas para eliminar la discriminación”. Gloria Arias delegada de la Defensoría del Pueblo se refirió diciendo que “la Defensoría del Pueblo sin perjuicio de este importante avance, se trata de lograr no solamente la garantía de los derechos de los menores, sino lograr el fin constitucional de que todos los habitantes del territorio nacional en ejercicio de su derecho de conformar una familia ejerzan de manera responsable su derecho a decidir el número de hijos y su espaciamiento”. Voces de otros sectores La delegada de ONU Mujeres, Laura  Londoño  precisó algunos componentes necesarios para tener en cuenta a la hora de continuar con el trámite del proyecto, entre ellos hizo mención a “ evaluar el uso efectivo de la licencia por paternidad, fomentar relaciones igualitarias a partir de procesos de transformación cultural y cambios de comportamiento, avanzar puntualmente hacia el tiempo de la extensión promedio de los países OCDE, promover una licencia de paternidad no transferible, estudiar otras fuentes de financiación diferentes a las del SGSSS y promover incentivos tributarios para aliviar el impacto fiscal”. La representante de la ANDI, María Camila Agudelo dice que “nosotros consideramos que la licencia parental compartida se puede establecer simplemente sumándole las semanas qué ahora tiene por derecho la madre y 8 días que ya trae establecida la ley. Con esta figura tendríamos un avance muy importante en términos de equidad de género en el país.” Experiencias. Mónica Fernández de asuntos de Gobierno de Procter and Gamble, compartió la experiencia de P&G en la que han implementado la licencia de paternidad de 8 semanas. “tenemos una política de equidad e inclusión muy fuerte porque representamos al interior de la compañía a cada uno de los consumidores.  Consta de una licencia de paternidad que incluye a padres del mismo sexo, padres biológicos, padres pro-adopción, padres por in vitro. Esto la hace una licencia de paternidad equitativa. 8 semanas durante los primeros 18 meses de vida del menor.” Desde la Embajada de Suecia, su embajadora Helena Storm asegura que Suecia fue el primer país en el mundo en adoptar una política exterior feminista lo que para ella significa “poner la igualdad de género en el centro de todas las decisiones de política pública, tanto en política doméstica como en política exterior”.  Y como Consejero político de la embajada Martín Jógren añade que la experiencia de este país desde que en 1974 se reemplazó la licencia de maternidad por una licencia compartida otorgada a ambas personas en

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Radican Proyecto de Ley para regular el consumo de nicotina, independientemente del método o dispositivo que utilice el consumidor

El Representante a la Cámara por el Partido Verde, Mauricio Toro, va más allá frente a la regulación del uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país, por ello plantea en su proyecto de ley que la reducción de riesgos y daños con un enfoque de salud pública debe ser aplicada a la nicotina, al igual que el reconocimiento de los derechos de las personas consumidoras. Es momento que en Colombia la discusión  frente a la regulación de dispositivos como los vapeadores y cigarrillos electrónicos se centre en la reglamentación de las sustancias y  no en el mecanismo, porque enfocarse en el dispositivo resulta quedarse obsoleto, ya que la innovación de la tecnología va a una velocidad mucho más rápida que la capacidad de los Estados y las legislaciones de controlar los dispositivos. Esta innovación genera unos dispositivos y requiere una regulación específica y completamente diferenciada, para evitar que llegue a menores de edad, pero sobre todo afectar la salud de los colombianos. Por eso bajo este panorama el Congresista Mauricio Toro, radica un proyecto de ley que regula y reglamenta la nicotina, independientemente del dispositivo que se use para consumirla: “El reto que tenemos es grande, pues ante la ausencia de una regulación de estas nuevas innovaciones tecnológicas, es necesario hablar  de cómo se regula y se reglamenta la nicotina, por eso en nuestro proyecto de ley no se centra en  si se regula un vapeador o un cigarrillo electrónico, sino cómo se regula la sustancia. La visión prohibicionista de un Estado en temas de salud pública es la peor que puede existir, porque prohibir trae unos efectos colaterales muy dañinos en la sociedad y no elimina el consumo, pero lanza al consumidor a un mercado negro no regulado”. La radicación de este proyecto cobra aún mayor relevancia, pues según lo evidencia la última Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA) realizada entre octubre y diciembre del 2019, midió por primera vez el consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina, y reveló que 5 por ciento, unos 1,1 millones de personas, dicen haberlos usado alguna vez en la vida, lo que lo convierte en la tercera sustancia legal más usada. Para la Corporación Acción Técnica Social, que trabaja en reducción de riesgo del consumo de sustancias psicoactivas, estos resultados, también deben dar pie a pensar en una regulación diferencial para cigarrillos electrónicos, orientada hacia mayores de edad y la reducción de daños. “Por ello cada día cobra mayor relevancia la estrategia de aplicar las políticas de reducción del daño, que busca precisamente que las personas que ya son consumidoras conozcan de los riesgos, de lo que implica el consumo de estas sustancias para que lo puedan dejar y abandonar con información técnica y científica evidenciada y vigilada por las autoridades de salud del Estado” recalca el Congresista Toro. Las políticas de prohibicionismo en el mundo han fracasado, por ello, se requiere una legislación clara enfocada a garantizar la información adecuada, respetando el libre ejercicio de la voluntad de quienes quieren consumir la nicotina en cualquier tipo de dispositivo, para que de esa manera no se violen los derechos de los consumidores, ni quienes deciden que es un mecanismo de desarrollo para su libre personalidad. Pero sí haciendo un énfasis para mantenerla completamente alejada de niños y niñas, jóvenes, y entornos escolares y universitarios, donde haya presencia de menores de edad, tales como: restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias, festivales, parques, estadios, cibercafés, zonas comunales y áreas de espera: “Poder  cuidar tanto a los consumidores, como  a los niños, niñas y jóvenes, y ser justos en una política de reglamentación y regulación que responda de la mejor manera a los retos que tenemos frente a la prevención del daño que es en lo que tenemos que enfocarnos” El proyecto de ley tiene tres principios fundamentales: un enfoque de reducción de riesgo y daño, ya que las compañías tienen que advertir sobre los riesgos de cara al consumidor, sobre el daño que esto puede hacer, y la idea es que las campañas lleven a dejar de consumir. Un segundo principio es sobre los derechos de los consumidores mayores de edad y el tercero es el acceso de consumidores a información de calidad. Para el Congresista Toro: “La reducción de riesgos y daños es un enfoque de salud pública reconocido en la norma y la legislación colombiana desde el año 2007, que debe ser aplicado a la nicotina como a las demás sustancias psicoactivas, al igual que el reconocimiento de los derechos de las personas consumidoras. Por ello, la visión prohibicionista de un Estado en temas de salud pública es la peor que puede existir, porque prohibir trae unos efectos colaterales muy dañinos en la sociedad y no elimina el consumo, pero lanza al consumidor a un mercado negro no regulado”. El proyecto contempla todo un capítulo dedicado a la creación de disposiciones para prevenir el consumo de productos que contengan nicotina, tanto en menores de edad como en población no fumadora y estrategias de reducción del riesgo y daño del consumo en productos de inhalación combustible, que estarán a cargo de los Ministerios de la Protección Social y de Educación Nacional. Con relación a las disposiciones relativas a la publicidad y empaquetado de productos de administración con y sin nicotina, establece que el empaquetado de estos productos no podrá ser dirigido a menores de edad o ser especialmente atractivo para estos; sugerir que vapear contribuye al éxito atlético o deportivo, la popularidad, al éxito profesional o al éxito sexual; ni contener información que no sea respaldada por la evidencia científica. Así mismo, todos los Productos de Administración de Nicotina sin Combustión deberán contener la siguiente advertencia, la cual deberá ocupar el 30% de la cara principal frontal del empaquetado correspondiente: “Este producto contiene nicotina, es adictivo y puede ser nocivo para la salud. Prohibida la venta a menores de edad”. Finalmente, las empresas que vendan elementos o administración de nicotina no podrían publicitar, patrocinar eventos, venderlos a menores

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Alivios en intereses de tarjetas de crédito, reactivación empresarial y repatriación de connacionales

La Comisión Tercera discutió y aprobó en sesión formal no presencial el proyecto PL 179/2020 ”Por medio del cual se crea la escalera de la formalidad, se reactiva el sector empresarial en Colombia”, de autoría de la senadora Paloma Valencia y cuyo ponente fue el senador conservador Efraín Cepeda, quien afirmó que ”lo que vale en la reactivación de la economía son los desembolsos, para que las empresas despeguen, comiencen a funcionar y se fomenten la formalidad con el empleo, y con el que más de tres millones de personas se pueden beneficiar”. El ponente destacó que este proyecto tiene múltiples beneficios ya que “las empresas que estén en cualquier escalón de la escalera de formalidad se les permitirá obtener todos los beneficios de ley con los que hoy cuenta una empresa formalmente constituida, y no será exigible a estas empresas el cumplimiento de ningún otro requisito adicional para funcionar y comercializar sus productos. Por su parte la legisladora Paloma Valencia del Centro Democrático, autora del Proyecto de Ley, explicó que “la escalera no significa ningún costo adicional. Puede cambiar el destino de la MiPymes al darles una política pública para la reactivación del empleo”. La congresista María del Rosario Guerra del mismo partido destacó que “el 60% de las MiPymes no llegan a cinco años de creadas. Muchas en el segundo año se acaban. Tenemos que ayudarles a su formalización y sostenibilidad”. El senador de la bancada del Centro Democrático Ciro Ramírez, manifestó que “lo que deja esta iniciativa es que el Gobierno Nacional reglamentará la escalera de la formalización”. Proyecto sobre modificación de interesa a tarjetas de crédito, avanza su trámite El segundo proyecto que los integrantes de la Comisión Tercera debatieron y aprobaron fue el proyecto No 207 de 2020, que busca establecer factores para la determinación de la tasa de interés en tarjetas de crédito, se adiciona el artículo 48 del estatuto orgánico del sistema financiero y se dictan otras disposiciones en materia de créditos”, del que fue ponente el senador del partido conservador David Barguil. Barguil aseguró que “este proyecto es de un impacto significativo sobre el papel de la banca en medio de la pandemia. Hay un abuso constante de la banca. No hubo congelamiento de los créditos. Hubo fue un simple aplazamiento. Las cargas siguen siendo iguales.” Y a su vez fue enfático en afirmar que “mientras las obligaciones crediticias no se encuentren en cobro judicial, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera no podrán imponer multas o realizar cobros por conceptos equivalentes o asimilables que excedan el interés moratorio máximo autorizado por la ley, sobre las obligaciones que se encuentren en mora; además, los intereses moratorios causados deberán corresponder únicamente a los días transcurridos desde el vencimiento de cada cuota, de manera individualizada”. A su turno el senador Richard Aguilar de Cambio Radical aclaró que esta iniciativa no establece una tarifa fija en los intereses en las tarjetas de crédito, “pero sí diferentes raceros en la evaluación del riesgo, ya que tiene una causa muy justa y necesaria porque los bancos, pese a que aumentan sus utilidades, no se ve reflejado en las cuentas habientes”. El congresista Gustavo Bolívar de la Lista de los Decentes dijo que “la mayoría de las utilidades de los intereses de las tarjetas de créditos quedan en franquicias internacionales. Sería bueno incentivar este tipo de franquicias, pero nacionales”. Esta iniciativa pasa a segundo debate en la plenaria del Senado. Aprobado por unanimidad proyecto sobre gastos de repatriación de cuerpos de connacionales Finalmnete, se aprobó en primer debate por unanimidad el proyecto crea mecanismos para la repatriación de cuerpos de connacionales que se encuentren en el exterior”, del que es autor el representante a la Cámara Juan David Vélez, y cuyo ponente fue el senador David Barguil. La senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático destacó que el proyecto prevé que esos costos pueden pagarlos los ciudadanos o que cada ciudad ofrezca alternativas como seguros cuando adquiera o se renueve el pasaporte para aliviar estos gastos a los consulados. Esta iniciativa pasa a segundo debate en la plenaria del Senado de la República Tomado del Senado

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¡Histórico! Participación de las mujeres en listas a elección popular será del 50%

El Artículo 84 del Proyecto de Ley trata sobre las listas donde se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, a excepción de su resultado, incluyendo aquellas relativas a la elección de directivos, cuando las agrupaciones políticas opten por este mecanismo para la elección, deberán conformarse por un mínimo del 50% de mujeres sobre el número de candidatos inscritos. Por ejemplo, en una lista de 6 curules a proveer, esta deberá conformarse con tres mujeres y tres hombres. Sobre las listas de menos de cinco curules se les aplicará el 30% para la conformación de la cuota de género. Además, se expresa que será causal de revocatoria de inscripción de la lista aquellas que no cumplan con la cuota de género. Este paso histórico que se da en Colombia, es sin dudas un avance en materia de igualdad muy importante y que se venía esperando desde hace muchos años. Otro aspecto de altísima importancia social y que apunta a mejorar la participación de las minorías fue la aprobación del Artículo 85 sobre la inclusión de personas LGBTIQ+ en distintas instancias políticas de los partidos y las listas. El articulo define que las organizaciones políticas propiciarán los mecanismos de democracia interna que garanticen la participación de la comunidad LGBTIQ+ en la selección de sus candidaturas, así como en todos los órganos de gobierno, dirección, control y administración. Durante la sesión que se extendió por más de 7 horas se discutieron técnicamente te sobre los artículos del Código Electoral que tienen que ver con las encuestas, publicidad, rendición de cuentas, aportes de campaña y funcionarios de la Registraduría, temas que serán sometidos a discusión y votación en el profundo análisis que se hace al proyecto de ley. La Comisiones conjuntas sesionarán mañana para continuar con la discusión del Proyecto de Ley No. 234 de 2020 Senado – 409 de 2020 Cámara por la cual se expide el Código Electoral Colombiano, a partir de las 9:00 am. Tomado del Senado

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Ley de costas, desafíos del ordenamiento territorial marino costero en Colombia

Al cierre del Segundo Foro Internacional de Ordenamiento Territorial y Marino: Nuevas perspectivas desde una Escala Global y Local, el eje central fueron los desafíos del ordenamiento territorial marino costero en el país. Durante la sesión no presencial de la Comisión de Ordenamiento Territorial, los participantes coincidieron que el país necesita consolidar el ordenamiento territorial con sus atributos, que conecte a los territorios con sus pobladores y el gobierno, reconociendo las diferencias. En su intervención, el senador Miguel Amín Scaf, presidente de la comisión expresó “Esta comisión reconoce al territorio marino costero como uno de los principales valores estratégicos de Colombia, como único país bioceánico de sur América y segundo más grande de América Latina. De esta manera se empieza a sanar la deuda histórica que tiene el país con sus cuatro áreas costeras.” En la segunda jornada del foro, fueron revelados los desafíos que deben enfrentar los municipios costeros, desde cuatro ejes temáticos como riesgo y ambiente, ausencia de estudios técnicos para calcular el riesgo objetivo al cual se encuentra la población en estas zonas, bajos niveles de educación frente a la gestión del riesgo subjetivo. Planeamiento urbanístico, POT desactualizado y descontextualizado, falta de articulación entre normativas y entidades de diferente orden. Vivienda y saneamiento básico, déficit de saneamiento básico, cualitativo y cuantitativo de vivienda. Tenencia y ocupación, falta de definición oficial frente a terrenos ganados al mar, ocupación en zonas de bajamar, playas y bienes de uso público. Sobre la relevancia de una ley de Costas para Colombia, Celene Milanés Batista, profesora de la Universidad de la Costa, indicó “Una Ley de costas en Colombia debe tener un enfoque integral, de la mano con la gestión costero marina, teniendo en cuenta el factor social que vive y depende del componente costero. Una Ley costera que no contradiga la Ley 1454 de 2011 de ordenamiento territorial.” En relación a lo anterior, el director General Marítimo, el Contralmirante Juan Francisco Herrera, invitó a reflexionar sobre la creación de una Ley de Costas teniendo en cuenta “primero se debe hacer una transición preparándonos en las zonas costeras, tener secretarías públicas que atiendan los temas ambientales y marítimos. De los 47 municipios costeros, solo Barranquilla tiene secretaría marítima portuaria, así se evidencia cuál es el problema.” Al respecto, el director del Observatorio Litoral de la Universidad La Coruña (España), el profesor Javier Sanz Larruga, hizo alusión al proceso desarrollado de la gestión costera en Colombia y como jurista afirmó que sí creía fundamental una Ley de Costa en el país. Larruga, destacó también su experiencia española en la presentación titulada: “Luces y Sombras” hablando sobre el reto de la ordenación y gestión integrada del litoral, la articulación de la protección, gestión de las aguas marinas y continentales, la ordenación marítima terrestre adecuada a cada espacio costero, equilibrio de la sostenibilidad ambiental, social y económica, con el fin de promover la resiliencia de las zonas costeras ante el cambio climático. Por su parte, Roberto Carlos Núñez, director de Descentralización y Desarrollo Regional del Departamento Nacional de Planeación, se refirió al contexto, la materialización y los avances de una política general de ordenamiento territorial como los elementos transformadores para la Red Institucional colombiana. “Hoy las dinámicas territoriales son diferentes, el ordenamiento territorial enfrenta las distintas latitudes del mundo, y Colombia no es la excepción, fenómenos contrarios ahora se ven enfrentados a la desocupación, a la emigración de esos territorios, y eso genera un cambio de paradigma, ” Puntualizó el funcionario. Milena Ordoñez delegada de la Sub Dirección del Espacio Territorial del Ministerio de Vivienda recalcó “los que hemos trabajado este tema de ordenamiento territorial marino costero, tenemos claro que falta una articulación entre la normativa y las entidades de diferentes órdenes, cada sector llega en momentos distintos con actores que implementan proyectos que no logran la transformación fundamental de territorios.” La directora de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Andrea Ramírez Martínez advirtió “Vamos a reglamentar a las autoridades ambientales urbanas, las de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y parques nacionales de Colombia”. En representación de la RAP Pacífico, Armado Rosero, parte del equipo formulador de Plan Estratégico Regional, dijo: “nos encontramos en la formulación de PER del pacífico y queremos hacer un fuerte énfasis en el tema marino – costero, y lo que queremos para el pacífico a 2041. Primero no hay ninguna ley en concreto que permita hablar del reconocimiento marino costero y tenemos un vacío alrededor del tema.” Entre tanto, Elkin Vargas López, presidente del Grupo Buro Dap Colombia propuso explorar el potencial con el uso de tecnología para modernizar los modelos. “Recomendamos una innovación normativa que mejore el ordenamiento territorial y una mesa enfocada a la innovación institucional, debemos tener en cuenta que los servicios eco sistémicos nacen de las provincias y se deben gestionar de mejor manera aprovechando los aspectos culturales de estas regiones.” Desde México, el arquitecto Luis Águila se refirió a una nueva agenda urbana para crear un vínculo de refuerzo reciproco entre urbanización y desarrollo, que promueva ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación, diseño urbano, gobernanza, legislación y economía. Por España, se pronunció José Antonio Pérez, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada, quien hizo una síntesis de algunas presiones que se plantean en España acerca de un Estado Federal “necesitamos de un estado federal que dé respuesta a nuestra complejidad social, política, y todo lo que corresponde a una herencia histórica.” Al cierre, el presidente de esta célula legislativa, el senador, Miguel Amín, concluyó “Este foro nos deja una enseñanza, y es tomar el reto de tener en cuenta las riquezas que tienen los mares, planificar y desarrollar el orden de los mares, que son importantes y sus costas caribes.” Tomado del Senado

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Mujeres congresistas reclaman respeto y garantías para participar en política

Con el lema ‘del dicho al hecho’, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, con apoyo de ONU Mujeres, abrió un espacio de diálogo, para compartir los avances en América Latina, sobre la violencia ejercidas en las mujeres que participan en política. En la apertura del evento, la presidenta de la Comisión Nora García Burgos (Partido Conservador), dijo que las experiencias mexicanas, referente a la violencia en política, ayudan a los proyectos de ley que hacen curso en el Congreso, “este es un espacio de reflexión legislativa, sobre la violencia que se cometen con las mujeres que participan en política”. La legisladora expuso que Colombia vive un momento de transformación en su sistema electoral, donde se busca mejorar la democracia, adecuarla en la implementación de los Acuerdos de Paz, desarrollo económico, inclusión social y en los avances tecnológicos, al servicio de los ciudadanos. Garcia Burgos agregó, “lograr mayor participación de la mujer en política, es uno de los retos más importante, en esta transformación democrática del país”. La presidenta hizo referencia a los proyectos que cursan en el Congreso, para definir, atender, prevenir y sancionar la violencia contra mujeres en política. Entre tanto la senadora Esperanza Andrade (Partido Conservador), manifestó la importancia de estos espacios, para enriquecer los conocimientos relacionados, con la política de equidad de género, “es muy importante escuchar experiencias de otros países, para que nosotras en la comisión también podamos avanzar en las políticas públicas para conseguir la paridad y equidad de género. Pasemos del dicho al hecho en el compromiso legislativo con mayor número de participantes mujeres y así acabar con la violencia.” Patricia Fernández Pacheco, representante de ONU Mujeres, dijo que esta es una gran oportunidad histórica, para generar igualdad de género. “La violencia en política hacia las mujeres menoscaba la democracia”. Por su parte Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, expresó, “el concepto de la verdadera democracia, es la paridad y su virtud. La lógica parlamentaria es importante en el tema de violencia política, una lógica enfocada en la pedagogía con cuerpo y alma que plantee reglas de género y relaciones de poder”. La senadora Martha Lucía Micher, del Congreso de México, afirma que ese Parlamento, han trabajado para eliminar la violencia política contra las mujeres, “No ha sido fácil, estos hechos si existen. Hicimos una alianza entre mujeres, para contrarrestar la violencia política. Las mujeres de la academia y la sociedad civil han hecho grandes aportes, por la igualdad de género”. La senadora Micher, afirmó que, en México, se ha logrado la igualdad sustantiva, ” hoy seguimos luchando por una participación de las mujeres, libres de violencia en la política. Unidas somos más fuerte y capaces”, afirmó. Igualmente, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), reflexionó sobre el machismo que tiene que afrontar la mujer latinoamericana, en el ámbito político. En los debates políticos, consideran que los temas importantes, deben abordarlo los hombres, esto es violencia política. Las mujeres tenemos muchas barreras, para participar en política. Estos espacios nos permiten avanzar en nuestros derechos, esto es apuntarle a una mejor sociedad” anotó la senadora. Asimismo, el senador Juan Luis Castro (Alianza Verde), se refirió a las iniciativas que ha radicado, las cuales propenden por la protección y garantías de los derechos de las mujeres que participan en política. Al finalizar el diálogo sobre la violencia contra las mujeres en política, la presidenta de la comisión, Nora García Burgos, manifiesto, “hemos avanzado mucho, uno de nuestros mayores problemas, es el machismo y la falta de educación. La mujer se creó para llevarle bienestar a su familia y al país. Ella merece respeto, la violencia no la podemos permitir en ningún ámbito. Seguiremos dando la batalla, para que la mujer siga posicionándose en el desarrollo de la sociedad. Tenemos que pasar del dicho, al hecho”, afirmó la senadora García Burgos. Tomado del Senado

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A estudio de la plenaria, pasan iniciativas de atención prehospitalaria y derechos de los cuidadores

 La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate y su trámite para segundo debate el Proyecto que se regula el ejercicio de la atención prehospitalaria , así como el Proyecto que busca garantizar los derechos de los cuidadores familiares de personas dependientes. Atención prehospitalaria El Proyecto de Ley No. 203/2020 Senado, tiene por objeto regular el ejercicio y competencias en la Atención Prehospitalaria, conforme a los estándares internacionales. Según el senador Carlos Motoa, ponente, lo que se pretende es regular y contribuir al mejoramiento de la salud individual y colectiva de los colombianos, en el ejercicio y las competencias del talento humano en atención prehospitalaria del área de la salud. Antecedentes Las lesiones accidentales han sido históricamente un problema de salud pública. En la exposición de motivos, el senador ponente hizo mención a que en el país por cada dos homicidios se produce una muerte ocasionada por siniestros viales. Solo en Bogotá, cada 5 a 6 minutos ocurre un accidente y la primera atención que recibe un paciente en un accidente o emergencia es por parte de los prehospitalarios o paramédicos. Además, muchas de las muertes asociadas a los eventos traumáticos se podrían evitar si las acciones en los primeros momentos de emergencia fueran manejadas por personas debidamente formadas en intervención prehospitalaria, pues los primeros 60 minutos después de un accidente son trascendentales para la supervivencia o recuperación de una persona. El debate La senadora Victoria Sandino se refirió a una preocupación, diciendo “el registro sobre el ejercicio como técnico y tecnólogo que se da por parte del Colegio Nacional de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, pase luego a manos de una institución privada, si ya hay una institución Estatal que se encarga de esta labor”. La votación Sin mayor discusión sobre el articulado, el informe con que termina la ponencia fue aprobado con 11 votos a favor y ninguno en contra, el primer bloque de artículos (1, 2, 5, 6, y 8) los cuales no contaban con ninguna proposición fueron aprobados con 12 votos. Las proposiciones aditivas y modificativas de los artículos 3, 4, y 7 fueron acogidas favorablemente votándolos por separado pero también aprobándolos con 12 votos. Recogida la intención de voto al título del proyecto, el deseo de la Comisión Séptima fue aprobarlo para que continúe su segundo debate en la plenaria, el proyecto de ley No. 203/2020 Senado. Derechos de los cuidadores El Proyecto de ley No. 009/2020 Senado, contempla reconocer y garantizar los derechos que tienen los cuidadores familiares de las personas que dependen de ellos por su situación física, mental, social, intelectual, sensorial o su vulnerabilidad asociada con la edad, para realizar las actividades esenciales de su vida diaria. Según un estudio realizado en Bogotá, la labor del cuidado prima en el género femenino y la mayoría tiene 51 años o más y representa el 55 %, seguido de quienes tienen entre 36 y 50 años, siendo el 28 % y aunque con poca representatividad muestral, se identificaron cinco casos de cuidadores menores de 10 años de edad. El 92 %, de cuidadores no percibe compensación económica por su labor a pesar de ser reportada como la principal ocupación que realizan. Le siguen quienes son a la vez, jubilados y cuidadores, representando un 8 %. El Debate El senador Alberto Castilla, del Polo Democrático ponente, asegura que “este proyecto reconoce múltiples variables que impiden a los y las cuidadoras familiares el desarrollo de su proyecto de vida en condiciones de dignidad”. El senador Edgar Palacio, de Colomnia Justa Libres, autor de la iniciativa, también aseguró que “es fundamental que con este proyecto de ley le demos vida a nuestra Constitución, a nuestro Estado social de Derecho al reconocer la dignidad de los cuidadores”. A su turno el senador Gabriel Velasco del Centro Democrático, propuso la creación de una mesa de trabajo para generar acuerdos y así garantizar que el proyecto pase a segundo debate, “debemos tener en cuenta el concepto del Ministerio de Hacienda y revisarlo porque todos queremos que este importante proyecto sea una realidad, lo apoyamos totalmente”. Por su parte la senadora Aydeé Lizarazo expresó que, desde el partido Mira, apoyan este proyecto “porque tiene un propósito muy loable, reconociendo y llevando el mensaje para dignificar a esas personas que por alguna circunstancia, enfermedad congénita, accidente o por la misma edad avanzada, requieren del cuidado permanente de una persona para su asistencia”. También expresó apoyo a la iniciativa la senadora Victoria Sandino, de las Farc quien dijo “este es un avance en el reconocimiento de los derechos de los cuidadores y cuidadoras porque en general la labor de cuidadores nos competen a nosotros como congresistas y debemos siempre trabajar en función de ese reconocimiento”. La senadora Nadia Blel del Partido Conservador manifestó que “estábamos en mora de haber tratado este tema con anterioridad, es un proyecto de ley muy necesario”, también se refirió al concepto que dio el Ministerio de Hacienda el cual llegó en último momento de la discusión. La senadora propuso sacar adelante el proyecto en primer debate y la mesa de trabajo referente al concepto de hacerlo para segundo debate. La Votación El informe de ponencia fue aprobado con 11 votos, en un solo bloque fueron aprobados con 11 votos los artículos 1, 4, 5, 6 y 12, tal y como venían en la ponencia, seguido del bloque de artículos 2 y 3, con proposiciones modificativas acogidas por el senador ponente, fueron aprobados con 12 votos. El último bloque los artículos 7, 8 , 9 10 y 11 votados individualmente, también fueron aprobados llegando a un acuerdo para acoger proposiciones, que fueron dejadas como constancia. Tomado del Senado

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