junio 2, 2026

Paz

Cambios al acuerdo de paz son una jugarreta de la clase política: Iván Márquez, el Paisa y Romaña

La misiva fue firmada por Márquez, Óscar el Paisa, Aldinever Morantes, Romaña, Iván Alí o Iván Merchan, entre otros. Luciano Marín Arango, alias Iván Máquez, y un grupo de excombatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) dirigieron una carta a Zeuxis Pausias Hernández Solarte más conocido como Jesús Santrich, en la que aseguran que su extradición significaría el fracaso de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos. “De corazón estamos contigo. Te reiteramos nuestra solidaridad total. Nos enorgullece tu dignidad que la equiparamos con la de Simón Trinidad. Una eventual extradición tuya por cuenta de un burdo montaje judicial de la DEA y la Fiscalía, o la perpetuación injustificada de tu presidio, significarán el fracaso irremediable de la paz. Poco a poco se están cayendo las mentiras del Fiscal Martínez. Si no hay pruebas contra ti, deben aplicarte el principio de favorabilidad produciendo tu excarcelación inmediata”, afirman en la misiva. De acuerdo con lo expuesto en la carta, la captura de Santrich sembró una enorme desconfianza con el Estado, pues para ellos, solo basta una acusación de la Administración para el Control de Drogas, (DEA por sus siglas en inglés), para que renazca el “fantasma de la extradición”. Los exguerrilleros aprovecharon para criticar los cambios que se han hecho al Acuerdo del 24 de noviembre de 2016, que según ellos, lo convirtieron en “un horroroso frankenstein santanderista”. “Le cercenaron el alma y cambiaron su esencia por obra y gracia de la interpretación jurisprudencial, la implementación legislativa y la perfidia del Estado”. “Las alteraciones al contenido del Acuerdo por parte del Estado son al mismo tiempo problemáticas como desconcertantes. Si la JEP se concibió para todas las partes involucradas en el conflicto ¿por qué excluyen de su competencia a los terceros que son civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública que de alguna u otra manera victimizaron colombianos con sus determinaciones? Es necesario reiterarlo: la Jurisdicción Especial no fue acordada solamente para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto”, añadieron. Para los excomandantes, los cambios se deben a “una jugarreta” de la clase política para evitar que los verdaderos responsables de crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas salgan a la luz pública. “Los utilizaron en la guerra sucia y en victimizaciones horrorosas y ahora quieren lavarse las manos como Pilatos. Eso no es justo y no obedece a la verdad. Todo el tiempo utilizaron a las FFAA para mantenerse en el poder mientras se enriquecían con la corrupción y se llenaban de privilegios”.

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Corte Suprema remite expediente del exjefe del DAS Maza Márquez a JEP

El pasado febrero, el exdirector del DAS solicitó a la JEP revisar su caso. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia envió el expediente contra el exdirector del DAS, general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que esta estudie la posibilidad de aceptarlo como agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública. Debido a que el caso del general retirado ya cuenta con un fallo condenatorio, el alto tribunal consideró inexistente la posibilidad de que Maza Márquez quiera dilatar la investigación en su contra, y añadió que los hechos por los cuales fue condenado están relacionados con los nexos que tenía con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaban en el Magdalena medio. “El proceso ya terminó, ello no impide que por parte de la JEP se examine si es posible que el condenado acceda a algún tipo de beneficio del Acuerdo Final de Paz, diferente a la revisión de la sentencia, por ser de competencia exclusiva de esta corporación”, explicó la Sala Especial en el oficio entregado. En 2016 el general Maza Márquez fue sentenciado a 30 años de prisión como coautor de los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir por su participación en la planeación y ejecución del magnicidio de Luis Carlos Galán, precandidato presidencial.

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Presidente Iván Duque revela metas del Plan Nacional de Desarrollo

En el marco de celebración de los 60 años del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el presidente Iván Duque presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, un pacto para construir una Colombia en la que impere la legalidad con seguridad y justicia, el emprendimiento como eje del desarrollo económico y social y equidad para que todos los colombianos tengan igualdad de oportunidades.      El documento, denominado ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, fue entregado al Consejo Nacional de Planeación (CNP) que lo analizará para hacer sus recomendaciones. “Este es un pacto por la igualdad de oportunidades para todos los colombianos en condiciones de legalidad. Este plan le apunta a grandes metas como el aumento en la productividad, la transformación digital de la sociedad y el acceso masivo a educación superior de jóvenes pobres y vulnerables y la sostenibilidad de un sistema de salud de calidad”, dijo el mandatario. El PND tendrá un Plan Plurianual de Inversiones (PPI) que asciende inicialmente a $1.100 billones de 2018, de los cuales más de $520  billones, cerca del 50%, estarán dirigidos a programas y políticas para el logro de la equidad social. Se implementará en todas las regiones del país para impulsar los proyectos e iniciativas priorizadas en el proceso participativo (talleres regionales y departamentales) que está adelantando el Departamento Nacional de Planeación por todo el territorio. La hoja de ruta de la administración Duque contempla estrategias encaminadas a avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y está en concordancia con las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Metas del PND a 2022 Una de las grandes apuestas de este Plan de Desarrollo es reducir la pobreza y la desigualdad y avanzar en la equidad. Por esa razón se prevé disminuir la pobreza monetaria del 26,9% en 2017 a 21,0% en 2022, lo que significa una caída de 5,9 puntos porcentuales y 2,9 millones menos de población pobre en el país. En pobreza extrema monetaria este Plan tiene proyectado bajarla de 7,4% en 2017 a 4,4% en 2022, lo que representa una variación de 3 puntos porcentuales, esto es 1,5 millones menos de pobres extremos. En el PND se contempla, además, disminuir la pobreza multidimensional de 17,0% en 2017 a 11,9% en 2022, para un descenso de 5,1 puntos porcentuales y una reducción en 2,5 millones de pobres multidimensionales. En crecimiento de la productividad, la meta del Plan es aumentar a 1,1 puntos porcentuales (0,45 pp adicionales) al finalizar el Gobierno Duque en 2022, mientras en inversión se busca subir de 22,3% a 26% del PIB. En empleo, crear 1,6 millones adicionales de puestos de trabajo en los cuatro años. En educación, la meta es alcanzar 2,2 millones de cupos en educación inicial y 840.000 adicionales en preescolar. Beneficiar a 336.000 estudiantes pobres y vulnerables con acceso a educación superior. También se abrirán 500.000 cupos adicionales en el programa Jóvenes en Acción. En vivienda, la apuesta es iniciar la construcción de 520.000 unidades VIP y VIS y apoyar de manera contundente los programas de mejoramiento de vivienda. Las metas en emprendimiento son la reducción al 50% de la tasa de informalidad laboral, y la racionalización de 1.200 trámites de alto impacto con el programa Estado Simple, Colombia Ágil. El Pacto por la legalidad, cuyos componentes son la justicia transparente y la seguridad efectiva para todos, le apunta a la disminución de los delitos, la lucha frontal contra las economías ilegales y organizaciones criminales, y el combate efectivo a la corrupción. La formulación de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el aumento en el acceso a la justicia, la definición de una Política Integral de Fronteras y de una política de inclusión y participación ciudadana, son otras metas que se buscan con dicho pacto. Después de que el Consejo Nacional de Planeación (CNP) haga sus recomendaciones sobre las Bases del Plan se procederá a la redacción del proyecto de Ley que se radicará el 7 de febrero de 2019 en el Congreso de la República. El 7 de mayo de 2019 es el plazo máximo para la aprobación del Plan del cuatrienio 2018- 2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’. Entre noviembre y enero próximo se continuarán realizando por talleres y diálogos por todo el país.   Con información del DNP    

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Estudiantes se toman sede del MinInterior en busca de mayor presupuesto para la educación

Los estudiantes piden que se garantice los 4.5 billones de pesos faltantes en educación y que no se aumente más al sector de defensa y guerra. Este miércoles un grupo de estudiantes se tomó la sede administrativa del Ministerio del Interior en Bogotá para exigir al Gobierno Nacional la continuidad de la mesa de negociación instalada.  Los manifestantes consideran que se puede avanzar hacia medidas que garanticen una solución al déficit presupuestal que actualmente enfrentan las universidades públicas. A través de un comunicado, el movimiento social Marcha Patriótica y la Federación de Estudiantes Universitarios aseguraron que la toma es pacífica y que, con esta, acuden al “derecho de la legitima protesta”. También hicieron un llamado al Congreso de la República y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que verifique el accionar, que califican como “violento” del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD en el tratamiento de la protesta social. Según denunciaron, se han roto los protocolos establecidos y se ha causado daño a la integridad física de los estudiantes. El movimiento rechazó, además, la Ley de Financiamiento, en la que se propone IVA para los productos de la Canasta Familiar, y pidió al Gobierno Nacional realizar el ajuste presupuestal para la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.  

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Fiscalía incauta bienes a proveedores de las Farc por 2.100 millones de pesos

Los bienes ocupados superan los 2.100 millones de pesos y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La Fiscalía General de la Nación en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, impuso medida de extinción de dominio a inmuebles que presuntamente fueron adquiridos con dineros ilícitos de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo con la investigación, los predios pertenecían a una organización criminal que durante diez  años suministró armas  y explosivos  a los diferentes frentes guerrilleros de las FARC, y producto de esta negociación recibió “millonarias sumas” de dinero con las que realizó la compra de bienes en los departamentos del Meta, Boyacá y Cundinamarca. Las propiedades pertenecen a Alejandro Camacho y Viviana López Calle, quienes ya han sido condenados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y concierto para delinquir. Los bienes incautados corresponden a un apartamento con garaje y una oficina en Bogotá, un lote ubicado en Sotaquirá y cuatro terrenos en Villavicencio. Con información de la Fisclalía General de a Nación 

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Corte Constitucional convoca a audiencia pública sobre desplazamiento forzado

La audiencia se realizará en las instalaciones del Palacio de Justicia de Bogotá. La Corte Constitucional convocó a audiencia pública el 29 de noviembre en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, por medio de la cual se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la Sala Plena. Su objetivo es identificar, a través del diálogo entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales, los órganos de control, representantes de la población desplazada y los acompañantes permanentes del proceso de seguimiento, el estado actual de: – Los avances, obstáculos y retos en la garantía de los derechos de la población desplazada; – La forma, el ritmo, las metas y los mecanismos a través de los cuales el Gobierno Nacional avanzará en la garantía de los derechos de la población desplazada y, en consecuencia, se alcanzará un estado de cosas acorde con el orden constitucional; – El escenario de riesgos asociados al desplazamiento y la respuesta estatal para la protección de los derechos a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad personal de la población desplazada y en riesgo de desplazamiento. En este contexto, la audiencia tendrá dos enfoques temáticos. El primero de ellos, tiene como objetivo precisar el contexto fáctico y las dinámicas actuales de desplazamiento forzado a nivel regional y subregional; así como la respuesta institucional dispuesta para mitigar las situaciones de riesgo que afrontan las comunidades y que inciden en su desplazamiento. El segundo enfoque se concentrará en los avances y resultados, así como los retos y condiciones necesarias para garantizar los derechos de la población desplazada, considerando la capacidad institucional, la articulación entre los niveles de gobierno, la capacidad presupuestal, la incorporación del enfoque diferencial y las obligaciones constitucionales y legales en relación con la garantía de los derechos de la población desplazada. Con información de la Corte Constitucional 

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El Catatumbo en permanente crisis social y humanitaria

Jairo Cala Representante a la Cámara por Santander Partido FARC Desde hace décadas el Catatumbo viene presentando una grave crisis humanitaria y social que hasta el momento deja más de 10.000 desplazados que huyen de la confrontación armada1, esto sumado al histórico abandono del Estado, convierten a esta región en un campo de guerra donde hacen presencia la insurgencia, el narcotráfico, el paramilitarismo y el Ejército Nacional, posicionando al Norte de Santander como el tercer departamento donde más asesinatos de líderes sociales ocurren en el país2. El Catatumbo es una región estratégica, no solo por su ubicación geográfica fronteriza, sino también por su variedad climática y su riqueza natural traducida en petróleo, carbón, uranio y agua, lo que paradójicamente la ha condenado a la intervención de la locomotora minera y petrolera que poco o nada deja para sus habitantes, junto a la incursión militar, que solo ha dejado miseria y despojo de tierras para sus comunidades, a quienes se les ha limitado la posibilidad de hacer uso del suelo apto para una agricultura diversificada y una producción agraria encaminada a fortalecer la economía de sus pobladores. Es evidente que el abandono estatal ha privado a las comunidades de derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda y empleo digno, sumado a la precaria situación de la ruralidad expresada en la falta de infraestructura, apoyo técnico, financiación y un mercado justo que permita comercializar la producción campesina. Esta crisis ha facilitado la proliferación de cultivos de uso ilícito, el despliegue de redes del narcotráfico y la confrontación entre los actores armados por disputas del territorio, lo que ha generado la violación sistemática de Derechos Humanos y un desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario. Como medida de protección, fueron impulsados por las comunidades alrededor de 34 refugios humanitarios en los municipios de Tibú, Convención, Teorama, La Playa de Belén, Ocaña, Hacarí y San Calixto, siendo estas dos últimas poblaciones las que presentan el mayor número de personas en situación de vulnerabilidad. Y así mismo, nació la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, para visibilizar la grave situación de la región y articular acciones de protección para las comunidades y procesos organizativos.  Esta comisión está integrada por representantes del Pueblo Barí, el Movimiento por la Constituyente Popular MCP, el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT y de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, con el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU y el acompañamiento de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y la Asociación de Personeros del Catatumbo. Pese a estas iniciativas, preocupa el tratamiento que el Gobierno Nacional le da a esta problemática: el aumento del pie de fuerza y la represión armada; la decisión de volver a las fumigaciones con glifosato y a la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito; y las garantías económicas y de seguridad para fortalecer la perjudicial agroindustria. Así lo demostró el presidente Iván Duque en su más reciente visita al Catatumbo, quien ofreció un consejo de seguridad para militarizar aún más la zona y luego inauguró un centro de producción de aceite de palma con empresarios de este sector, para las 20.000 hectáreas de palma ya existentes en esta región; pero poco y nada ha propuesto para fortalecer la economía campesina y combatir el narcotráfico a través de la inversión social. Ante este escenario, lo que queda por hacer es un llamado al Gobierno Nacional en cabeza del presidente, a la comunidad internacional y a las comunidades catatumberas a cumplir y hacer cumplir los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo regionales tras las distintas movilizaciones campesinas, y  a que haya una implementación pronta y eficaz del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera pactado en La Habana: base para la vida digna y la construcción de la paz territorial.   1 Cifra de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 2 Según la Defensoría del Pueblo.

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JEP abre incidente de verificación de cumplimiento a alias “el Paisa”

La Agencia de Reincorporación Nacional (ARN) además informó a la Sala de Reconocimiento que no tiene noticia del paradero de Velásquez a pesar de que este había sido un líder activo en varios proyectos con sus antiguos subalternos. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la apertura de incidente de verificación de cumplimiento a Hernán Darío Velásquez, más conocido como “el Paisa”, excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). A través del auto 65 se tomó la decisión fundamentada en que Velásquez no presentó el oficio solicitado por la JEP, en el que debía informar su proceso de reincorporación y otras actividades relevantes para el caso, dentro del plazo que se le dio a los 31 exguerrilleros, ni solicitó prorroga. “No compareció personalmente ni nombró abogado de confianza. Hasta la fecha el señor Velásquez no tiene representación legal ni comparece a notificarse personalmente frente a las decisiones adoptadas en este caso”. “La ausencia persistente de este compareciente, a pesar del inicio de los proyectos productivos, sumada a su inactividad ante la JEP y al incumplimiento de la orden emitida por la Sala de presentación del informe de seguimiento, son indicios de un posible incumplimiento del régimen de condicionalidad”, argumentó la jurisdicción. La Sala citará a audiencia para decidir si hubo o no incumplimiento y ordenará alguna de las medidas del sistema de gradualidad. En este proceso, se solicitará al Sistema de Asesoría y Defensa de la JEP (SAAD) que designe abogado defensor para Velásquez y que comunique dicha selección a la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento, para que proceda a notificarlo de esta decisión. Por último, la JEP convocó a las víctimas de “el Paisa” interesadas en participar en el incidente de verificación del cumplimiento.

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Odebrecht debe contar la verdad antes de hablar de negociación: Procurador Carrillo

“No pueden venir a dar clases de ética y de moral quienes no tienen ninguna autoridad en ese campo”. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, expresó que, antes de que la multinacional Odebrecht se ofrezca para hacer el Metro de Bogotá, debería arreglar sus cuentas con la justicia y contarle toda la verdad al país. Así lo advirtió Carrillo Flórez en referencia a las declaraciones de la jefe de Cumplimiento Global de Odebrecht, Margarida de la Riva Smith, sobre su participación en la Tercera Cumbre Andina Anticorrupción, la ausencia de impedimentos a esa compañía para trabajar en Colombia y su intención de participar en proyectos como el metro de Bogotá. “Todos los funcionarios del Estado y los organismos de control estamos sorprendidos con las declaraciones de ejecutiva de Odebrecht (…) Que no vengan a engatusarnos con supuestos acuerdos, aquí las negociaciones se hacen es de cara a la ciudadanía”. El Procurador General le exigió a la multinacional Odebrecht contar la verdad al país sobre la magnitud de los sobornos entregados por esa compañía en Colombia y Latinoamérica. “Yo invito a esa señora y a esa empresa a que le cuenten la verdad al país, que le cuente a qué campaña política le entregó recursos, que cuente cuál es la magnitud de los sobornos, que no sabemos todavía los colombianos y los latinoamericanos, para no hablar solo de Colombia; sino que por ejemplo cuenten, en el escenario de Venezuela cuántos centenares de millones de dólares en sobornos le entregó al régimen de Chávez, al régimen de Maduro, para no hablar de lo local donde indiscutiblemente aquí falta mucho por saber”. Sostuvo que en Colombia probablemente solo se ha conocido el 25% del monto de los sobornos entregados por esa compañía, por lo que “no pueden venir a dar clases de ética y de moral quienes no tienen ninguna autoridad en ese campo. Es como dicen por ahí, el diablo haciendo hostias o los pájaros tirándoles a las escopetas”. Afirmó que “cualquier tipo de reparación debe pasar por contar la verdad al país”, y propuso la creación de una comisión de la verdad, para “que Odebrecht le cuente al país lo que saben solo ellos y no le han querido contar a las autoridades colombianas”. Las declaraciones del Procurador General fueron dadas luego de intervenir en el foro ‘Participación ciudadana: ¿antídoto contra la corrupción urbanística?’, realizado en el Museo El Chicó, en Bogotá. Con información de la Procuraduría General de la Nación 

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Duque reitera voluntad de diálogo con el ELN, tras reunión con el Papa

El Presidente Iván Duque reiteró este lunes su voluntad de dialogar con la guerrilla del ELN solo si se libera a todos los secuestrados y sus integrantes abandonan la actividad criminal. Así lo expresó el mandatario ante los medios de comunicación, luego de la audiencia que sostuvo con el Papa Francisco y el Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. “Tuve la oportunidad de expresarle (a Parolin) el deseo, que le he dicho al pueblo colombiano también, de poder avanzar en un diálogo con el ELN si y solo si se cumplen las condiciones de la entrega de los secuestrados y que se le ponga fin a cualquier tipo de acción criminal y violenta”, dijo. Explicó además que esa es la única forma que “podemos tener un proceso creíble” y agregó que “la voluntad del Gobierno es inquebrantable, pero únicamente si se liberan a todos los secuestrados y se le pone fin a esas actividades criminales”. Duque además destacó que Colombia ha recibido siempre el respaldo del Vaticano en sus esfuerzos de paz e indicó que “no hay ninguna ideología ni causa que justifique ni un homicidio, ni un secuestro, ni una extorsión; y la violencia no puede ser la forma de aproximar al Estado, por eso nos mantenemos firmes en esos dos principios”. El Jefe de Estado también manifestó que recibió el respaldo del Papa Francisco a las iniciativas de apoyo a las personas que han decidido acogerse a la reincorporación de manera efectiva. “Recibí una voz de respaldo de su santidad en el ejercicio que hemos venido adelantando para que se pueda hacer una reincorporación efectiva de las personas que han dejado la violencia, y que quieren iniciar un proceso de reconciliación con el pueblo colombiano, sobre los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”, puntualizó.

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