Paz Archivos - Página 16 de 29 - Revista el Congreso

Tribunal salva curul de Jesús Santrich

25 años de Historia, Actualidad, Judicial, Paz, Política / revistacg

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó este miércoles a la Cámara de Representantes que Benedicto de Jesús González Montenegro haga uso de la curul que obtuvo el exjefe guerrillero Jesús Santrich a instancias delos acuerdos de paz. El excomandante de las FARC se encuentra preso por una solicitud de extradición de Estados Unidos, país que lo acusa de delitos relacionados con el narcotráfico, que habría cometido después de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, en La Habana, Cuba. Según el Tribunal, se debe ocupar la curul asignada a las FARC de forma temporal mientras se define la situación jurídica de Santrich. El fallo se dio como respuesta a una tutela interpuesta por el jefe del ahora partido FARC, Pablo Catatumbo, quien aseguró que su agrupación política no ha podido llenar las cinco curules que se pactaron con la exguerrilla en el acuerdo de paz, lo que vulnera sus derechos políticos. Según el Tribunal, no se le puede aplicar la figura de “silla vacía” a Santrich porque “no ha sido condenado por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública, la participación democrática o delitos de lesa humanidad como lo establece la norma”. González Montenegro es el segundo en la lista de la circunscripción del Atlántico, por lo que le corresponde ocupar la quinta curul asignada a la FARC, con el fin de “amparar el derecho a la participación política del partido”, indicó.

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Rodrigo Londoño pide a alias “El Paisa” presentarse a la JEP

Actualidad, Paz, Posconflicto / revistacg

“Los Acuerdos de La Habana tienen que ser vistos como el resultado final de todos esos años de lucha. No clausuran nuestro sueño de tomarnos el poder junto con las mayorías del pueblo colombiano. Simplemente nos marcan una ruta distinta a la de la guerra”: Rodrigo Londoño. El líder del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Rodrigo Londoño le pidió al exjefe guerrillero Hernán Dario Velásquez Saldarriaga, conocido en la guerra como “El Paisa”, presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Camarada, hermano, si usted lo considera pertinente, yo mismo me ofrezco para viajar al lugar donde usted se encuentre, con el propósito de acompañarlo en su viaje a Bogotá, para que se sienta más tranquilo en su presentación en la JEP. Sobra decirle que el equipo jurídico del partido le brindará todo el apoyo necesario”, escribió el excomandante. En una carta dirigida a El Paisa, Londoño lo invitó a participar en el Pleno del Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección del movimiento político, que se realizará este fin de semana. “Soy consciente de las dificultades y temores que originaron en usted las prevenciones para participar en los eventos partidarios nacionales. Las cosas realmente no se presentan del modo como lo habíamos pensado durante los diálogos de La Habana, y mucho menos del modo como quedaron consignadas en el Acuerdo Final”. “Los tiempos cambian, Oscar, y con ellos el papel que deben jugar las organizaciones y los líderes. Retroceder, intentar revivir el pasado, persistir en caminos que el grueso del colectivo decidió dejar atrás, no puede ser pese al valor que se le quiera añadir, la decisión más acertada. Nuestro lugar en la lucha está aquí, las estrellas que soñamos alcanzar con el fuego de nuestras armas aún pueden caer, pero con la fuerza arrolladora de las masas. De eso se trata, estamos esperándolo”, puntualizó.

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Procuraduría tuteló para que decisiones de la JEP en casos de extradición puedan ser apeladas

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La Procuraduría General de la Nación presentó acción de tutela ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en contra de la Sección de Revisión que resolvió que las decisiones tomadas dentro del trámite de la garantía de no extradición, no admiten recurso de apelación. Las razones de la Procuraduría para presentar la tutela contra la decisión que tomó la Sección en el caso de Pedro Luis Zuleta Noscué, exintegrante de las Farc, se fundamentan en que para el órgano de control esta posición impide la posibilidad de una segunda instancia procesal, derecho que a juicio de la Entidad se encuentra ligado al acceso a la administración de justicia y a la garantía judicial que tienen todos, para que los casos sean conocidos por una instancia judicial diferente. “La prerrogativa de que el caso del ciudadano que acude a la administración de justicia sea revisado por otro juez, preferiblemente de mayor jerarquía, tiene la doble naturaleza de garantía – derecho”. La Sección de Revisión de la JEP se declaró tribunal de cierre de esa jurisdicción, en el proceso de garantía de no extradición, posición que para el Ministerio Público descarta que sus decisiones puedan ser apeladas, es decir, revisadas o corregidas por una autoridad superior. Zuleta Noscué, indígena de la comunidad Nasa de norte del Cauca, perteneció al Sexto Frente las Farc- EP, del cual llegó a ser su jefe de finanzas, y se desmovilizó con ocasión de los acuerdos de paz. Sobre él pesa una solicitud de extradición de las autoridades judiciales de Estados Unidos. En el mes de abril Zuleta Noscué radicó una solicitud ante la jurisdicción especial, con el propósito de que su caso fuera priorizado, se definiera su situación jurídica y se le aplicara la garantía de no extradición consagrada en las normas de implementación del acuerdo de paz. El 28 de agosto la Sección de Revisión avocó conocimiento del proceso de Zuleta Noscué y definió el procedimiento para estudiar si en su caso aplica la garantía de no extradición. Es la primera tutela que presenta el Ministerio Público frente a decisiones de esta jurisdicción y deberá ser fallada por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Con información de la Procuraduría General de la Nación

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Recursos del Gobierno para financiar Ley de Víctimas siguen siendo insuficientes: Contraloría

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Se requiere un esfuerzo presupuestal adicional de $39.04 billones, entre 2019 y 2021, dice la Contraloría ante la Corte Constitucional. Los recursos que tiene disponibles el Gobierno Nacional para financiar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras siguen siendo insuficientes y se requiere un esfuerzo presupuestal adicional, entre 2019 y 2021, del orden de $39.04 billones por año. Así lo manifestó hoy el Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodriguez Yee, ante la Corte Constitucional. Indicó que es necesario revisar el plan de ejecución actual de esta Ley, tomando como referente el valor ejecutado en 2017 ($13.5 billones). “Para cumplir con los requerimientos de la Ley 1448 de 2011, se requeriría un plazo adicional de diez años, contados a partir del actual 2018”, precisó el Vicecontralor al intervenir en la Audiencia Pública sobre el “Estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado”. Al analizar el escenario de financiamiento de la Ley 1448 de 2011, las estimaciones de la CGR indican que aún hacen falta por financiar $129.3 billones para culminar los compromisos de la misma para el período 2018-2021. Este valor es superior en $28.4 billones de pesos constantes de 2018 al estimado por el Gobierno Nacional en la respuesta al Auto 373 de 2016 ($100,9 billones). Las medidas que mayor esfuerzo fiscal requieren son Indemnización Administrativa ($42,7 billones) y Vivienda Urbana y Rural ($31 billones). Con información de la Contraloría General de la República

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Consejo de Estado cita a audiencia a Santrich por perdida de investidura

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En días pasados la JEP dejó en firme la decisión de practicar pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición requerida por el excomandante guerrillero. El Consejo de Estado citó este viernes al exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, para que comparezca a una audiencia dentro del proceso que ese tribunal adelanta en su contra por pérdida de investidura. La diligencia se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en el Palacio de Justicia. Por tal motivo el Consejo solicitó al Inpec el traslado del excomandante de la cárcel La Picota al lugar donde se cumplirá la audiencia. Santrich no se posesionó como congresista el pasado 20 de julio, debido a que fue capturado el 3 de abril de este año y solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. El exdirigente guerrillero era uno de los representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), como quedó estipulado en el acuerdo de paz, en el punto sobre participación política. La demanda de pérdida de investidura la presentó la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Como Santrich está en una “situación de fuerza mayor”, era necesario que el Consejo de Estado se pronunciara y definiera si en este caso en particular se incurrió en una causal de pérdida de investidura. El exjefe guerrillero envió una carta en julio pasado al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chachón, en la que reclamó su derecho a posesionarse como congresista, sin embargo, su solicitud fue rechazada.

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Comisión de Paz pide al ELN declarar cese al fuego unilateral

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“Renunciar al diálogo es condenar a Colombia a la prolongación de una violencia inútil”: Comisión de Paz. La Comisión de Paz del Senado exhortó este jueves al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a declarar un cese al fuego unilateral que demuestre su compromiso con la sociedad colombiana. “La decisión de un cese unilateral del fuego y de hostilidades es necesaria para seguir creyendo en la solución política del conflicto armado en Colombia. Instamos al ELN a avanzar en esa decisión que sin duda debe facilitar el descongelamiento de la Mesa”, indicó la instancia en un comunicado. Los congresistas calificaron como positivo que la guerrilla designara como delegado para las conversaciones con el Gobierno a su máximo jefe, Nicolás Rodríguez, alias Gabino. “Este gesto sin precedentes en la historia de conversaciones con esta organización debe ser valorado por el Gobierno Nacional como una oportunidad para elevar la capacidad de la mesa en la búsqueda de un acuerdo definitivo de paz”, añadió. El ELN había solicitado a la Comisión de Paz facilitar la reanudación del trabajo de la mesa de conversaciones, a lo que respondió que ese tipo de gestiones las realizará solo con la autorización del Gobierno Nacional y del señor Presidente de la República. “En esta comunicación queremos reiterar nuestra plena disposición para contribuir al proceso de paz con el ELN y también en los otros aspectos de la consolidación de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito hace dos años con la entonces guerrilla de las FARC”, puntualizó.

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Duque reitera mensaje de cese de actividades criminales al ELN

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Con respecto al proceso de reinserción, reiteró el apoyo de su administración para quienes lo estén cumpliendo, e informó que hay más de 15 proyectos productivos aprobados. El Presidente Iván Duque reiteró hoy que una aproximación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está sujeta al cese de todas las actividades criminales y la liberación de todos los secuestrados, y subrayó que en tal sentido la respuesta debe ser institucional. “El mensaje tiene que ser institucional. Primero, nosotros tenemos toda la voluntad de paz; yo tengo voluntad de paz, pero si, y solo si, liberan a todos los secuestrados y le ponen fin a las actividades criminales”, respondió el mandatario al ser preguntado sobre la carta que le envió la Comisión de Paz del Senado con el objetivo de que avale un viaje a La Habana (Cuba) para explorar la reanudación de los diálogos. En entrevista concedida al Informativo Las Noticias de Radio Calidad, de Cali, el jefe del Estado recalcó que “no hay ninguna otra respuesta distinta de carácter institucional para aproximar a ese grupo armado organizado”. En este orden de ideas, invitó a todos los colombianos a dar ese mensaje, porque “nosotros no podemos aceptar la violencia como un mecanismo de presión o como un mecanismo de llegar a ningún tipo de encuentro con el Estado”. El Presidente indicó que es necesario poner punto final a los hechos violentos, porque “tenemos que acabar de una vez por todas esos crímenes que todos los días nos duelen en el alma”. Reincorporación y proyectos productivos Con respecto a las personas en proceso de reincorporación, el mandatario refirmó el apoyo de su administración a quienes realmente lo estén cumpliendo. “El Gobierno Nacional está comprometido con que las personas que genuinamente están en el proceso de reincorporación lo puedan hacer exitosamente encontrando proyecto productivos. Se han aprobado más de 15 proyectos productivos en los primeros días de nuestro Gobierno para que esas personas encuentren sus ingresos”, manifestó. Puso de presente que ha estado en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para “dar esa tranquilidad a quienes están haciendo una transición genuina y, desde luego, vamos a ser implacables e intolerantes con los que quieran reincidir en la vida criminal o en la violencia”. Por último, expresó que a quienes están cumpliendo con la transición a la civilidad, “hay que ayudarlos a que hagan ese tránsito hacia una vida de convivencia ordenada y con sus fuentes de ingreso”. Con información de la Presidencia de la República

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Partido Farc denuncia asesinato de dos exguerrilleros en proceso de reincorporación

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“Con estos dos asesinatos ascendemos al doloroso número de 84 camaradas asesinados después de la firma del Acuerdo Final”: partido Farc. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este jueves que dos de sus miembros fueron asesinados mientras se encontraban en el proceso de reincorporación a la vida civil. El cuerpo sin vida de Sebastián Coy Rincón, quien pertenecía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Mariana Páez” ubicado en el departamento del Meta, fue encontrado en la zona rural del municipio de Uribe, luego de que el exguerrillero fue reportado como desaparecido el pasado 15 de noviembre. En circunstancias similares, afirmó la bancada, se halló el cadáver de Ángel Aleyser Meléndez en la vereda el tablón del municipio de Leiva, Nariño. “De acuerdo con la información suministrada por pobladores de estas dos regiones del país, en el caso de Sebastián Coy, el hecho ocurrió en cercanías al lugar donde se encontraban acampados integrantes del Ejército Nacional que operan en el departamento del Meta; respecto de Ángel Meléndez llama la atención que pese a las reiteradas denuncias de organizaciones sociales, las estructuras criminales siguen fortaleciéndose en el departamento de Nariño”, aseguró la colectividad en un comunicado. Los miembros del partido le solicitaron al Presidente Iván Duque Márquez una reunión con el fin de poner sobre la mesa “acciones reales y concretas para brindar garantías de seguridad y protección efectivas a quienes fuimos firmantes del Acuerdo (de paz) y los miles de líderes y lideresas sociales que realizan su actividad en los territorios”. Ante este panorama, el pasado lunes, el Gobierno Nacional presentó el Plan de Acción Oportuna para Defensores de Derechos Humanos (PAO), con el fin, según lo afirmó el jefe de Estado, de prevenir y proteger, individual y colectivamente, los derechos, la vida, la libertad, integridad y seguridad de líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y comunales. No obstante, ante esta realidad, la bancada pidió “de inmediato” la intervención de la comunidad internacional, especialmente de los países garantes, con el fin de demandar del Estado colombiano el cumplimiento del Acuerdo firmado por ambas partes en La Habana, Cuba, en 2016. “No vamos a permitir que se siga arrebatando la vida a los constructores de Paz mientras las estructuras paramilitares se fortalecen en territorios “consolidados” por el Gobierno Nacional”, concluyó la misiva.

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Procuraduría se opone a que general (r) Maza Márquez se acoja a la JEP

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El Ministerio Público advirtió que los delitos por los que fue condenado no tienen que ver con el conflicto. La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar la solicitud de acogimiento que hizo el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, porque crímenes como el del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, por el que fue condenado a 30 años de cárcel, no tuvieron relación con el conflicto. En un concepto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Procuraduría alertó sobre la falta de competencia para conocer de los hechos que rodearon los homicidios con fines terroristas por los que fue sentenciado el oficial, hoy en retiro, por lo que también solicitó declarar improcedente la petición de libertad transitoria condicionada y anticipada y que el expediente sea devuelto a la Corte Suprema de Justicia. Aunque el ente de control considera que para 1989 las circunstancias en el país eran las propias de un conflicto armado, los hechos que comprometieron al entonces general activo Miguel Maza Márquez, no tuvieron relación directa ni indirecta con el conflicto, ni se cometieron con ocasión del mismo, y a pesar de su gravedad, la conducta cometida tuvo relación con delincuencia organizada, como quedó establecido en la sentencia condenatoria. El general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez en su solicitud de acogimiento a la JEP y petición de libertad transitoria aseguró que sus actuaciones hicieron parte de la violencia derivada del conflicto armado interno, por lo que lleva más de 5 años privado de la libertad. La Corte Suprema de Justicia, el 23 de noviembre de 2016, condenó al exdirector del DAS a 30 años de prisión por los homicidios con fines terroristas de Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñalosa Sánchez, Santiago Cuervo Jiménez y Pedro Nel Angulo Bonilla –este último en grado de tentativa-, sumado al delito de concierto para delinquir. Ante la solicitud del general Maza Márquez, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumió su estudio para verificar si se reunían los requisitos para entrar en la JEP, entre ellos que los hechos punibles cometidos tengan relación con el conflicto armado interno. Con información de la Procuraduría General de la Nación

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JEP asegura que no hay conflicto de jurisdicciones con la Fiscalía respecto a bienes de las Farc

Actualidad, Paz / revistacg

Para esta Sección, el Fiscal General de la Nación no puede promover un conflicto de competencia a partir de lo que él simplemente supone que la Sección va a hacer o tiene la intención de hacer. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le expresó a la Corte Constitucional que “no tiene lugar ningún conflicto” de jurisdicciones con la Fiscalía General de la Nación en el proceso para decidir si impone medidas cautelares sobre los activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “Si la Corte decide proferir un fallo de fondo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP le solicita que declare que la Jurisdicción tiene la competencia de resolver la solicitud de medidas cautelares, formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP”, sugirió la instancia. En su intervención ante la Corte Constitucional, la Sección expuso cinco razones para sustentar su posición: “(i)son inexistentes los conflictos de competencia tácitos; (ii) la Fiscalía General de la Nación no está planteando un conflicto de jurisdicciones, pues no está reclamando competencia para conocer de la solicitud específica de la UIA; (iii) no existen conflictos de competencia hipotéticos; (iv) la Fiscalía General de la Nación carece de legitimación por activa para promover este conflicto de competencia; (v) realmente no se plantea un conflicto de competencias sino la inconformidad con unas órdenes de petición de información”. La Sección añade que “el supuesto conflicto de competencias entre jurisdicciones propuesto por el Fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) es inexistente y, por ende, improcedente por cuanto no tiene otro efecto que dilatar el trámite de estudio y eventual decreto de medidas cautelares solicitado por la Unidad de Investigación (UIA), en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRGNR) creado por el Acto Legislativo 01 de 2017 con miras a la satisfacción de los derechos de las víctimas”. Además, recordó que en el Auto AT-05 de 2018 se vinculó a varias entidades, entre ellas la Fiscalía, y partió del reconocimiento de sus respectivas competencias constitucionales y legales. A lo agregó, que el auto, sobre el cual el fiscal impulsó el conflicto de competencias, dice que “es indiscutible que el ente investigador es titular de la acción de extinción de dominio”. En desarrollo de un proceso para decidir si se imponen medidas cautelares a los bienes e inventarios de las FARC, desde el pasado 21 de agosto 2018 la Sección decidió vincular a la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener información precisa y detallada respecto a los bienes de ese grupo. Con información de la Jurisdicción Especial para la Paz

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