Judicial Archivos - Página 94 de 119

Fiscalía abre nueva investigación al exmagistrado Jorge Pretelt

Actualidad, Corrupción, Judicial / revistacg

El supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos. La Fiscalía General de la Nación obtuvo información “producto de cooperación judicial y varias declaraciones” que dan cuenta del presunto pago de una suma de dinero al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, a cambio de favorecer los intereses de la empresa Recaudos y Tributos S.A. (R&T), filial del grupo INASSA. El hallazgo se da en desarrollo de las investigaciones adelantadas por el ente acusador como parte de la Operación Acordeón. “Teniendo en cuenta la relevancia penal de las conductas atribuidas al exmagistrado de la Corte Constitucional y el fuero constitucional que lo ampara en relación con las mismas, la Fiscalía decidió compulsar copias de las piezas procesales pertinentes, con destino a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que dé inicio a la investigación correspondiente”, explicó el ente investigador en un comunicado de prensa. Estableció además, que en dicho trámite la Corte Constitucional, con ponencia del entonces magistrado, profirió la sentencia T-082 de 12 de diciembre de 2012, en beneficio de los intereses de la sociedad R&T, pero esta decisión fue posteriormente declarada nula por la Sala Plena de la misma Corporación, a instancia del Distrito de Santa Marta, mediante Auto 155 de 28 de mayo de 2014. Del mismo modo, el Fiscal del caso Acordeón compulso copias al interior de la Fiscalía para que se investigue la conducta de los abogados Rodrigo Escobar y Víctor Pacheco, a quienes se hace referencia en las evidencias conocidas. Con información de la Fiscalía General de la Nación

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Gobierno del presidente Duque radica nueva política nacional de vivienda

Actualidad, Estado, Gobierno, Vivienda / revistacg

De ser aprobado el proyecto, el Gobierno Nacional facilitará el acceso de las familias a créditos para la financiación de vivienda a través de la simplificación de los parámetros e instrumentos bancarios. Con el propósito de profundizar el acceso de los hogares de menores ingresos a los subsidios y créditos de vivienda, el gobierno del presidente Duque presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley de Vivienda y Hábitat. La iniciativa fue registrada ante la secretaría de la Comisión Séptima del Senado de la República por el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón. En Colombia la cartera hipotecaria, que refleja las posibilidades de acceso de los hogares a créditos de vivienda, es de las más bajas de América Latina, ubicándose en un 6,4% frente al 10% de los países vecinos. En ese sentido se ampliarán los plazos y montos máximos de dichos créditos y se crearán figuras como la hipoteca inversa. “Necesitamos simplificar los créditos, modificar los parámetros, plazos y montos que hoy en día tienen muchas restricciones desde el punto de vista normativo. De esa forma se podrán desembolsar mas créditos hipotecarios”, dijo el Ministro Malagón. La iniciativa gubernamental también creará un entorno normativo favorable para la implementación de programas de subsidio al arrendamiento, como el programa Semillero de Propietarios lanzado por el Gobierno Nacional. En segundo lugar, el proyecto de ley propone simplificar los trámites y disminuir los tiempos para el otorgamiento de licencias de construcción y compra de vivienda. Según el informe Doing Business 2019 del Banco Mundial, el país cayó seis puestos en el índice de competitividad frente a 2018, pasando del puesto 59 al 65 entre 190 países. En particular, el indicador que más decreció fue el de los permisos de construcción, bajando ocho puestos (del puesto 81 al 89). Uno de los factores que más afecta esta situación es la demora en la solicitud de las licencias de construcción, pues se deben surtir hasta 20 requerimientos dependiendo de lo exigido por las entidades territoriales. Buscando mitigar esta situación, una de las medidas propuestas será la creación de un Sistema de Información Transaccional que estandarizará los contenidos y procesos de planificación territorial para destrabar uno de los principales cuellos de botella en la ejecución de las políticas de vivienda. “Si nosotros logramos digitalizar y simplificar todos los trámites del constructor, el costo de la vivienda en Colombia puede caer por lo menos un 10%. Tendríamos viviendas más competitivas y más acceso”, agregó el Ministro de Vivienda. Además, el Gobierno Nacional acompañará a las alcaldías en la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, con el fin de que sean instrumentos fáciles, útiles y transparentes. Para esto contarán con incentivos y asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y tendrán un plazo máximo hasta diciembre de 2025 para su actualización. “Este país no se merece tener 870 municipios sin POT actualizado, esto hace que sea muy difícil habilitar suelo urbano, habilitar suelo para construir vivienda de interés social y prioritario. Si tuviéramos los POT actualizados, la oferta de vivienda sería mucho mayor y, por lo tanto, las posibilidades de acceso serían más”, puntualizó el jefe de la cartera. Por último, el proyecto de ley mejorará la coordinación interinstitucional de la política de vivienda y hábitat. Para lograr esto, facilitará la coordinación para la elaboración de un plan de construcción de infraestructura social en zonas de expansión urbana, puesto que la política no se agota con la entrega de una vivienda; tienen que garantizarse equipamientos complementarios y acompañamiento social. La norma busca que se enlacen las diferentes entidades del Gobierno en la generación de oferta institucional, incluyendo Centros de Desarrollo Infantil, colegios, parques, Centros de Salud, estaciones de policía, bibliotecas públicas, entre otros. Además, se define como competencia del MVCT garantizar la coordinación de todas las entidades del Gobierno Nacional que implementan la política de vivienda. “Esta ley busca tener ciudades mucho más amigables para los ciudadanos y crear mayores posibilidades de convertir a Colombia en un país de propietarios”, concluyó. Con información del Ministerio de Vivienda

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Gobierno expedirá paquete de decretos de meritocracia para contrataciones del Estado

Actualidad, Estado, Presidencia, Trabajo / revistacg

El Presidente Duque explicó que la iniciativa busca fortalecer la selección transparente de los cargos directivos de las instituciones del Estado a nivel regional. En el marco de la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, evento que se realizó este jueves en Bogotá, el Presidente Iván Duque anunció la expedición de un paquete de decretos de meritocracia para la selección transparente de los cargos directivos de las instituciones del Estado a nivel regional, como parte de las medidas que el Gobierno Nacional implementará para mejorar la competitividad del país. De acuerdo con el mandatario, el objetivo de esta iniciativa es garantizar más transparencia en dichas gestiones y buscar que “todo el país pueda evaluar nuestro comportamiento”. Fortalecimiento de la SIC El Presidente también mencionó la intención de fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de modo que combine pedagogía con capacidad sancionatoria. “Yo creo en una Superintendencia de Industria y Comercio que combine la pedagogía también con las sanciones. Pero necesitamos que el marco sancionatorio sea mucho más transparente, y queremos que esa SIC se fortalezca, y fortalezca también la posibilidad de darles plenas garantías a todos los participantes en los procesos, justamente para prevenir las situaciones de juez y parte”, dijo el Presidente. A renglón seguido, citó el ejemplo de otros países que han logrado tener tribunales de competencia dentro de las mismas superintendencias. “Quizá ese sea un camino”, dijo. Y se refirió a la importancia de que dentro de los mismos procedimientos, se pueda “separar muy bien quién es el que está acusando y quién es el que está imponiendo las sanciones, con las debidas revisiones”. Esta iniciativa se une a otras medidas impulsadas por el Gobierno Nacional destinadas a combatir la corrupción y el contrabando, entre otras problemáticas, que ponen freno a la competitividad y al crecimiento y el desarrollo económico del país. El jefe de Estado hizo estos anuncios al recibir el Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, documento que presenta las estrategias que el Consejo Privado de Competitividad recomienda priorizar en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y que deberían materializarse en acciones de política pública de las entidades del Gobierno Nacional. Con información de la Presidencia de la República

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Corte Constitucional convoca a audiencia pública sobre desplazamiento forzado

Actualidad, Estado, Gobierno, Paz / revistacg

La audiencia se realizará en las instalaciones del Palacio de Justicia de Bogotá. La Corte Constitucional convocó a audiencia pública el 29 de noviembre en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, por medio de la cual se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la Sala Plena. Su objetivo es identificar, a través del diálogo entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales, los órganos de control, representantes de la población desplazada y los acompañantes permanentes del proceso de seguimiento, el estado actual de: – Los avances, obstáculos y retos en la garantía de los derechos de la población desplazada; – La forma, el ritmo, las metas y los mecanismos a través de los cuales el Gobierno Nacional avanzará en la garantía de los derechos de la población desplazada y, en consecuencia, se alcanzará un estado de cosas acorde con el orden constitucional; – El escenario de riesgos asociados al desplazamiento y la respuesta estatal para la protección de los derechos a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad personal de la población desplazada y en riesgo de desplazamiento. En este contexto, la audiencia tendrá dos enfoques temáticos. El primero de ellos, tiene como objetivo precisar el contexto fáctico y las dinámicas actuales de desplazamiento forzado a nivel regional y subregional; así como la respuesta institucional dispuesta para mitigar las situaciones de riesgo que afrontan las comunidades y que inciden en su desplazamiento. El segundo enfoque se concentrará en los avances y resultados, así como los retos y condiciones necesarias para garantizar los derechos de la población desplazada, considerando la capacidad institucional, la articulación entre los niveles de gobierno, la capacidad presupuestal, la incorporación del enfoque diferencial y las obligaciones constitucionales y legales en relación con la garantía de los derechos de la población desplazada. Con información de la Corte Constitucional

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Pruebas solicitadas por la JEP en caso Santrich excede sus facultades: Procuraduría

Actualidad, Judicial / revistacg

La Procuraduría General de la Nación precisó a la Jurisdicción Especial para la Paz que las pruebas solicitadas en el trámite de garantía de no extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte mejor conocido como Jesús Santrich, exceden las facultades que le fueron otorgadas. Al presentar un recurso de reposición ante la Sala de Revisión del Tribunal para la Paz, el Ministerio Público indicó que aunque reconoce la facultad de la JEP para solicitar pruebas, las ordenadas en este proceso apuntan a verificar la responsabilidad de Santrich en la comisión de la conducta por la que es solicitado por una autoridad de EEUU. Señaló que en este caso, las pruebas deben estar dirigidas a verificar que los hechos por los que Santrich es solicitado en extradición se hayan cometido antes de la firma de los Acuerdos de Paz. Para la Procuraduría una solicitud encaminada a realizar un juicio de legalidad sobre la actuación de la autoridad judicial del Estado requirente, o la responsabilidad penal, se hace innecesaria. En su recurso, la Procuraduría también sostuvo que el indicment en que se solicita en extradición a Jesús Santrich, goza de presunción de legalidad, y que la valoración de las pruebas en las que se apoya la acusación le corresponde a una autoridad judicial de EEUU. Puntualizó el Ministerio Público que de acuerdo con la Ley 1922 de 2018, la Sección de Revisión no puede pronunciarse sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición, sino que sus facultades se limitan a decidir si los hechos fueron cometidos antes o después de la firma de los Acuerdos de Paz. Para el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, “el fortalecimiento de la JEP, se consolida cerrando filas para evitar que colados puedan hacer uso arbitrario de beneficios a los que no tienen derecho, y en el blindaje a sus procedimientos para evitar extra limitación de funciones, para que se precisen las atribuciones de sus órganos en armonía con las autoridades estatales y las instituciones de derecho internacional”, como quedó incluso registrado en los dos salvamentos de voto de la decisión de la sala que ordenó las pruebas. Con información de la Procuraduría General de la Nación

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Aída Avella solicita ser ponente del proyecto de ley de financiamiento

Actualidad, Economía, Estado, Gobierno, Política / revistacg

La senadora pidió ser una de las ponentes del proyecto de ley de financiamiento, con el que el gobierno pretende conseguir los recursos necesarios para gastos de funcionamiento del Estado e inversión social. Según la congresista, el Gobierno sólo quiere con la ley de financiamiento que los colombianos “paguen IVA de 19% a todos los productos que hoy no pagan, incluyendo los de la canasta familiar, como huevos, arroz, frijoles, pan y leche a costa de reducirles los impuestos a los grandes empresarios”. La petición la realizó a pocas horas de que se radique en el Congreso el proyecto de ley, con el cual, según Avella, ”el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pasará a la historia como el único que se atrevió a gravar los desayunos y almuerzos de los colombianos”. En concepto de la senadora opositora, el dinero para el déficit se encuentra en la eliminación de las exenciones impositivas a las multinacionales que invierten en Colombia y en “las venas rotas de los impuestos nacionales que salen todos los días para bolsillos particulares”. “Ese viejo cuento de reactivar la economía es la licencia para imponer reformas tributarias con sofisticados nombres, creyendo que el país no se da cuenta que quienes van a cargar con la ley serán los pobres, los trabajadores y la clase media”, concluyó la también presidenta de la Unión Patriótica.

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JEP anuncia intercambio permanente de información con Fiscalía

Actualidad, Judicial / revistacg

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrada Patricia Linares Prieto, y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se reunieron este miércoles para acordar un intercambio permanente de información y mecanismos de colaboración armónica entre las dos instituciones. De acuerdo con el Acto Legislativo No 1 de 2017, la JEP “administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al primero de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los derechos humanos”. En un comunicado, se explicó que tres meses antes de que la JEP profiera la resolución de conclusiones sobre determinadas conductas y personas, informará a la Fiscalía el estado de los procesos de investigación por hechos ocurridos durante el conflicto. Asimismo se podrán realizar reuniones conjuntas en las que participarán fiscales e investigadores, así como magistrados de la jurisdicción para analizar y facilitar la entrega de información requerida sobre los distintos casos. El ente investigador y la JEP acordaron que en los casos en que se presenten amenazas contra víctimas, testigos o comparecientes, la Fiscalía asumirá el conocimiento y la investigación inmediata de las mismas. Para tal efecto una unidad especial se encargará de la judicialización de estos hechos, así como de llevar a cabo, bajo procedimientos especializados, la investigación. En cuanto a los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía ratificó su compromiso de entregar 17 de ellos descriptivos sobre procesos por hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, de los cuales ya suministró nueve. Los dos organismos coincidieron en exhortar a los excombatientes para que perseveren en su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como a los responsables de implementar las políticas públicas necesarias para poner en marcha los proyectos productivos y las condiciones de reintegración de los desmovilizados, para que avancen con determinación en el cumplimiento de dichos compromisos.

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Plenaria de la Cámara de Representantes negó moción de censura contra Carrasquilla

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Estado, Ministerios, Personajes / revistacg

Con 120 votos en contra y 22 a favor, la Cámara de Representantes reunida este martes en plenaria, negó la moción de censura que promovía la oposición contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La moción de censura, una herramienta de control político que exige rendición de cuentas a los funcionarios públicos, fue pedida a raíz de la polémica generada por los llamados “bonos de agua”, que impulso Carrasquilla cuando era ministro de Hacienda en 2008. El bloque mayoritario consideró improcedente aplicar la figura en este caso y se declaró satisfecho con las explicaciones que entregó el ministro. Durante el debate, la oposición insistió en que los bonos de agua afectaron las finanzas de por lo menos 117 municipios de Colombia. El Senado de la República se había negado, por decisión de la mesa directiva, a darle trámite a la moción de censura contra Carrasquilla.

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El Catatumbo en permanente crisis social y humanitaria

Cámara: Cámara de Representantes, Columnistas, Opinión, Paz / revistacg

Jairo Cala Representante a la Cámara por Santander Partido FARC Desde hace décadas el Catatumbo viene presentando una grave crisis humanitaria y social que hasta el momento deja más de 10.000 desplazados que huyen de la confrontación armada1, esto sumado al histórico abandono del Estado, convierten a esta región en un campo de guerra donde hacen presencia la insurgencia, el narcotráfico, el paramilitarismo y el Ejército Nacional, posicionando al Norte de Santander como el tercer departamento donde más asesinatos de líderes sociales ocurren en el país2. El Catatumbo es una región estratégica, no solo por su ubicación geográfica fronteriza, sino también por su variedad climática y su riqueza natural traducida en petróleo, carbón, uranio y agua, lo que paradójicamente la ha condenado a la intervención de la locomotora minera y petrolera que poco o nada deja para sus habitantes, junto a la incursión militar, que solo ha dejado miseria y despojo de tierras para sus comunidades, a quienes se les ha limitado la posibilidad de hacer uso del suelo apto para una agricultura diversificada y una producción agraria encaminada a fortalecer la economía de sus pobladores. Es evidente que el abandono estatal ha privado a las comunidades de derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda y empleo digno, sumado a la precaria situación de la ruralidad expresada en la falta de infraestructura, apoyo técnico, financiación y un mercado justo que permita comercializar la producción campesina. Esta crisis ha facilitado la proliferación de cultivos de uso ilícito, el despliegue de redes del narcotráfico y la confrontación entre los actores armados por disputas del territorio, lo que ha generado la violación sistemática de Derechos Humanos y un desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario. Como medida de protección, fueron impulsados por las comunidades alrededor de 34 refugios humanitarios en los municipios de Tibú, Convención, Teorama, La Playa de Belén, Ocaña, Hacarí y San Calixto, siendo estas dos últimas poblaciones las que presentan el mayor número de personas en situación de vulnerabilidad. Y así mismo, nació la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, para visibilizar la grave situación de la región y articular acciones de protección para las comunidades y procesos organizativos. Esta comisión está integrada por representantes del Pueblo Barí, el Movimiento por la Constituyente Popular MCP, el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT y de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, con el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU y el acompañamiento de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y la Asociación de Personeros del Catatumbo. Pese a estas iniciativas, preocupa el tratamiento que el Gobierno Nacional le da a esta problemática: el aumento del pie de fuerza y la represión armada; la decisión de volver a las fumigaciones con glifosato y a la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito; y las garantías económicas y de seguridad para fortalecer la perjudicial agroindustria. Así lo demostró el presidente Iván Duque en su más reciente visita al Catatumbo, quien ofreció un consejo de seguridad para militarizar aún más la zona y luego inauguró un centro de producción de aceite de palma con empresarios de este sector, para las 20.000 hectáreas de palma ya existentes en esta región; pero poco y nada ha propuesto para fortalecer la economía campesina y combatir el narcotráfico a través de la inversión social. Ante este escenario, lo que queda por hacer es un llamado al Gobierno Nacional en cabeza del presidente, a la comunidad internacional y a las comunidades catatumberas a cumplir y hacer cumplir los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo regionales tras las distintas movilizaciones campesinas, y a que haya una implementación pronta y eficaz del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera pactado en La Habana: base para la vida digna y la construcción de la paz territorial. 1 Cifra de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 2 Según la Defensoría del Pueblo.

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Capturadas cuatro personas por presunta red de corrupción en el sector salud

Actualidad, Judicial, Salud / revistacg

“Con esta investigación queda probado que los corruptos hacen fiestas en el sistema de salud en detrimento de la integridad del servicio a los colombianos”: Fiscal General. El grupo de Trabajo Especial de Salud logró establecer la existencia de una presunta red delincuencial conformada por al menos cuatro personas quienes se habrían concertado para manipular el sistema de salud valiéndose de los altos cargos que ocupaban en entidades que vigilan ese sector. Las investigaciones adelantadas por el ente acusador permitieron determinar a través de copiosa prueba documental y más de 500 audios que para el 2016 la entonces superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, Eva Katherine Carrascal Cantillo, habría utilizado su cargo para favorecer a entidades promotoras de salud (EPS) y cajas de compensación, a cambio coimas recibidas mensualmente a través de cheques y en efectivo, e incluso habría obtenido una participación accionaria en una EPS. A través del material probatorio recopilado se pudo establecer que presuntamente Carrascal Cantillo y varios exdirectivos y funcionarios de distintas instituciones vinculadas con el sistema de salud, además de funcionarios del Estado de la rama ejecutiva y legislativa del poder público habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para supuestamente favorecer empresas del sector. Los análisis adelantados por los investigadores demostrarían como durante el segundo semestre de 2016 y todo el 2017, esta red habría permeado la administración de salud en Colombia mediante el acceso a información oficial privilegiada y el direccionamiento de trámites administrativos que cursaban en la Superintendencia. Unas de las irregularidades fue agilizar pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales y proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban esta red y quienes terminaban asesorando a los sujetos vigilados. Con información de la Fiscalía General de la Nación

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