Judicial Archivos - Página 93 de 119

MinJusticia anuncia 1,6 billones para infraestructura carcelaria

Actualidad, Judicial, Ministerios / revistacg

La ministra espera que su cartera genere 13.000 nuevos cupos en el cuatrenio, 4.800 de ellos modulares. Este miércoles en Cartagena, en desarrollo del XV Congreso Nacional de la Infraestructura, la ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero Restrepo, realizó importantes anuncios relacionados con los recursos que se destinarán para solucionar la crisis que afecta al sistema carcelario del país, al precisar que el tema carcelario es prioridad en este Gobierno. En principio, y luego de manifestar su preocupación por la actual situación, la alta funcionaria confirmó que el gobierno del Presidente Iván Duque invertirá 1,6 billones de pesos para mejorar la infraestructura carcelaria. La titular de la cartera de Justicia hizo una completa radiografía del presente de las cárceles y citó importantes cifras. Empezó mencionando que son 120 mil las personas privadas de la libertad en 133 cárceles, y que de estos centros más del 50% (118) son de primera generación (construidas entre 1611 y 1990). En este mismo contexto, indicó que se destinarán 330 mil millones de pesos para generar, 3.860 nuevos cupos de cuarta generación, en el mediano plazo . Respecto al hacinamiento, Borrero Restrepo dijo que este alcanza el 50%, y que para solucionarlo, la cartera que preside espera generar 13.000 nuevos cupos en el cuatrenio, 4.800 de ellos modulares. Finalmente, señaló que la reincidencia ronda el 20%, y que la clave para disminuirla está en impulsar la educación y la prevención, lo cual se logra mejorando las políticas carcelarias, regulando la detención preventiva e impulsando una efectiva reinserción. Con información del Ministerio de Justicia y del Derecho

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Procuraduría se opone a que general (r) Maza Márquez se acoja a la JEP

Actualidad, Judicial, Paz, Posconflicto / revistacg

El Ministerio Público advirtió que los delitos por los que fue condenado no tienen que ver con el conflicto. La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar la solicitud de acogimiento que hizo el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, porque crímenes como el del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, por el que fue condenado a 30 años de cárcel, no tuvieron relación con el conflicto. En un concepto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Procuraduría alertó sobre la falta de competencia para conocer de los hechos que rodearon los homicidios con fines terroristas por los que fue sentenciado el oficial, hoy en retiro, por lo que también solicitó declarar improcedente la petición de libertad transitoria condicionada y anticipada y que el expediente sea devuelto a la Corte Suprema de Justicia. Aunque el ente de control considera que para 1989 las circunstancias en el país eran las propias de un conflicto armado, los hechos que comprometieron al entonces general activo Miguel Maza Márquez, no tuvieron relación directa ni indirecta con el conflicto, ni se cometieron con ocasión del mismo, y a pesar de su gravedad, la conducta cometida tuvo relación con delincuencia organizada, como quedó establecido en la sentencia condenatoria. El general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez en su solicitud de acogimiento a la JEP y petición de libertad transitoria aseguró que sus actuaciones hicieron parte de la violencia derivada del conflicto armado interno, por lo que lleva más de 5 años privado de la libertad. La Corte Suprema de Justicia, el 23 de noviembre de 2016, condenó al exdirector del DAS a 30 años de prisión por los homicidios con fines terroristas de Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñalosa Sánchez, Santiago Cuervo Jiménez y Pedro Nel Angulo Bonilla –este último en grado de tentativa-, sumado al delito de concierto para delinquir. Ante la solicitud del general Maza Márquez, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumió su estudio para verificar si se reunían los requisitos para entrar en la JEP, entre ellos que los hechos punibles cometidos tengan relación con el conflicto armado interno. Con información de la Procuraduría General de la Nación

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JEP asegura que no hay conflicto de jurisdicciones con la Fiscalía respecto a bienes de las Farc

Actualidad, Paz / revistacg

Para esta Sección, el Fiscal General de la Nación no puede promover un conflicto de competencia a partir de lo que él simplemente supone que la Sección va a hacer o tiene la intención de hacer. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le expresó a la Corte Constitucional que “no tiene lugar ningún conflicto” de jurisdicciones con la Fiscalía General de la Nación en el proceso para decidir si impone medidas cautelares sobre los activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “Si la Corte decide proferir un fallo de fondo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP le solicita que declare que la Jurisdicción tiene la competencia de resolver la solicitud de medidas cautelares, formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP”, sugirió la instancia. En su intervención ante la Corte Constitucional, la Sección expuso cinco razones para sustentar su posición: “(i)son inexistentes los conflictos de competencia tácitos; (ii) la Fiscalía General de la Nación no está planteando un conflicto de jurisdicciones, pues no está reclamando competencia para conocer de la solicitud específica de la UIA; (iii) no existen conflictos de competencia hipotéticos; (iv) la Fiscalía General de la Nación carece de legitimación por activa para promover este conflicto de competencia; (v) realmente no se plantea un conflicto de competencias sino la inconformidad con unas órdenes de petición de información”. La Sección añade que “el supuesto conflicto de competencias entre jurisdicciones propuesto por el Fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) es inexistente y, por ende, improcedente por cuanto no tiene otro efecto que dilatar el trámite de estudio y eventual decreto de medidas cautelares solicitado por la Unidad de Investigación (UIA), en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRGNR) creado por el Acto Legislativo 01 de 2017 con miras a la satisfacción de los derechos de las víctimas”. Además, recordó que en el Auto AT-05 de 2018 se vinculó a varias entidades, entre ellas la Fiscalía, y partió del reconocimiento de sus respectivas competencias constitucionales y legales. A lo agregó, que el auto, sobre el cual el fiscal impulsó el conflicto de competencias, dice que “es indiscutible que el ente investigador es titular de la acción de extinción de dominio”. En desarrollo de un proceso para decidir si se imponen medidas cautelares a los bienes e inventarios de las FARC, desde el pasado 21 de agosto 2018 la Sección decidió vincular a la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener información precisa y detallada respecto a los bienes de ese grupo. Con información de la Jurisdicción Especial para la Paz

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Cambios al acuerdo de paz son una jugarreta de la clase política: Iván Márquez, el Paisa y Romaña

Actualidad, Paz, Posconflicto / revistacg

La misiva fue firmada por Márquez, Óscar el Paisa, Aldinever Morantes, Romaña, Iván Alí o Iván Merchan, entre otros. Luciano Marín Arango, alias Iván Máquez, y un grupo de excombatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) dirigieron una carta a Zeuxis Pausias Hernández Solarte más conocido como Jesús Santrich, en la que aseguran que su extradición significaría el fracaso de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos. “De corazón estamos contigo. Te reiteramos nuestra solidaridad total. Nos enorgullece tu dignidad que la equiparamos con la de Simón Trinidad. Una eventual extradición tuya por cuenta de un burdo montaje judicial de la DEA y la Fiscalía, o la perpetuación injustificada de tu presidio, significarán el fracaso irremediable de la paz. Poco a poco se están cayendo las mentiras del Fiscal Martínez. Si no hay pruebas contra ti, deben aplicarte el principio de favorabilidad produciendo tu excarcelación inmediata”, afirman en la misiva. De acuerdo con lo expuesto en la carta, la captura de Santrich sembró una enorme desconfianza con el Estado, pues para ellos, solo basta una acusación de la Administración para el Control de Drogas, (DEA por sus siglas en inglés), para que renazca el “fantasma de la extradición”. Los exguerrilleros aprovecharon para criticar los cambios que se han hecho al Acuerdo del 24 de noviembre de 2016, que según ellos, lo convirtieron en “un horroroso frankenstein santanderista”. “Le cercenaron el alma y cambiaron su esencia por obra y gracia de la interpretación jurisprudencial, la implementación legislativa y la perfidia del Estado”. “Las alteraciones al contenido del Acuerdo por parte del Estado son al mismo tiempo problemáticas como desconcertantes. Si la JEP se concibió para todas las partes involucradas en el conflicto ¿por qué excluyen de su competencia a los terceros que son civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública que de alguna u otra manera victimizaron colombianos con sus determinaciones? Es necesario reiterarlo: la Jurisdicción Especial no fue acordada solamente para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto”, añadieron. Para los excomandantes, los cambios se deben a “una jugarreta” de la clase política para evitar que los verdaderos responsables de crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas salgan a la luz pública. “Los utilizaron en la guerra sucia y en victimizaciones horrorosas y ahora quieren lavarse las manos como Pilatos. Eso no es justo y no obedece a la verdad. Todo el tiempo utilizaron a las FFAA para mantenerse en el poder mientras se enriquecían con la corrupción y se llenaban de privilegios”.

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Corte Suprema remite expediente del exjefe del DAS Maza Márquez a JEP

Actualidad, Paz, Posconflicto / revistacg

El pasado febrero, el exdirector del DAS solicitó a la JEP revisar su caso. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia envió el expediente contra el exdirector del DAS, general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que esta estudie la posibilidad de aceptarlo como agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública. Debido a que el caso del general retirado ya cuenta con un fallo condenatorio, el alto tribunal consideró inexistente la posibilidad de que Maza Márquez quiera dilatar la investigación en su contra, y añadió que los hechos por los cuales fue condenado están relacionados con los nexos que tenía con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaban en el Magdalena medio. “El proceso ya terminó, ello no impide que por parte de la JEP se examine si es posible que el condenado acceda a algún tipo de beneficio del Acuerdo Final de Paz, diferente a la revisión de la sentencia, por ser de competencia exclusiva de esta corporación”, explicó la Sala Especial en el oficio entregado. En 2016 el general Maza Márquez fue sentenciado a 30 años de prisión como coautor de los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir por su participación en la planeación y ejecución del magnicidio de Luis Carlos Galán, precandidato presidencial.

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Presidente Iván Duque revela metas del Plan Nacional de Desarrollo

Actualidad, Bogotá D.C., Caribe, Cultura, Economía, Educación, Estado, Gestión, Gobierno, MinAmbiente: Ambiente, Ministerios, Orinoquía, Pacífico, Paz, Política, Presidencia, Salud, Tecnología, Transporte, Vivienda / revistacg

En el marco de celebración de los 60 años del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el presidente Iván Duque presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, un pacto para construir una Colombia en la que impere la legalidad con seguridad y justicia, el emprendimiento como eje del desarrollo económico y social y equidad para que todos los colombianos tengan igualdad de oportunidades. El documento, denominado ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, fue entregado al Consejo Nacional de Planeación (CNP) que lo analizará para hacer sus recomendaciones. “Este es un pacto por la igualdad de oportunidades para todos los colombianos en condiciones de legalidad. Este plan le apunta a grandes metas como el aumento en la productividad, la transformación digital de la sociedad y el acceso masivo a educación superior de jóvenes pobres y vulnerables y la sostenibilidad de un sistema de salud de calidad”, dijo el mandatario. El PND tendrá un Plan Plurianual de Inversiones (PPI) que asciende inicialmente a $1.100 billones de 2018, de los cuales más de $520 billones, cerca del 50%, estarán dirigidos a programas y políticas para el logro de la equidad social. Se implementará en todas las regiones del país para impulsar los proyectos e iniciativas priorizadas en el proceso participativo (talleres regionales y departamentales) que está adelantando el Departamento Nacional de Planeación por todo el territorio. La hoja de ruta de la administración Duque contempla estrategias encaminadas a avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y está en concordancia con las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Metas del PND a 2022 Una de las grandes apuestas de este Plan de Desarrollo es reducir la pobreza y la desigualdad y avanzar en la equidad. Por esa razón se prevé disminuir la pobreza monetaria del 26,9% en 2017 a 21,0% en 2022, lo que significa una caída de 5,9 puntos porcentuales y 2,9 millones menos de población pobre en el país. En pobreza extrema monetaria este Plan tiene proyectado bajarla de 7,4% en 2017 a 4,4% en 2022, lo que representa una variación de 3 puntos porcentuales, esto es 1,5 millones menos de pobres extremos. En el PND se contempla, además, disminuir la pobreza multidimensional de 17,0% en 2017 a 11,9% en 2022, para un descenso de 5,1 puntos porcentuales y una reducción en 2,5 millones de pobres multidimensionales. En crecimiento de la productividad, la meta del Plan es aumentar a 1,1 puntos porcentuales (0,45 pp adicionales) al finalizar el Gobierno Duque en 2022, mientras en inversión se busca subir de 22,3% a 26% del PIB. En empleo, crear 1,6 millones adicionales de puestos de trabajo en los cuatro años. En educación, la meta es alcanzar 2,2 millones de cupos en educación inicial y 840.000 adicionales en preescolar. Beneficiar a 336.000 estudiantes pobres y vulnerables con acceso a educación superior. También se abrirán 500.000 cupos adicionales en el programa Jóvenes en Acción. En vivienda, la apuesta es iniciar la construcción de 520.000 unidades VIP y VIS y apoyar de manera contundente los programas de mejoramiento de vivienda. Las metas en emprendimiento son la reducción al 50% de la tasa de informalidad laboral, y la racionalización de 1.200 trámites de alto impacto con el programa Estado Simple, Colombia Ágil. El Pacto por la legalidad, cuyos componentes son la justicia transparente y la seguridad efectiva para todos, le apunta a la disminución de los delitos, la lucha frontal contra las economías ilegales y organizaciones criminales, y el combate efectivo a la corrupción. La formulación de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el aumento en el acceso a la justicia, la definición de una Política Integral de Fronteras y de una política de inclusión y participación ciudadana, son otras metas que se buscan con dicho pacto. Después de que el Consejo Nacional de Planeación (CNP) haga sus recomendaciones sobre las Bases del Plan se procederá a la redacción del proyecto de Ley que se radicará el 7 de febrero de 2019 en el Congreso de la República. El 7 de mayo de 2019 es el plazo máximo para la aprobación del Plan del cuatrienio 2018- 2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’. Entre noviembre y enero próximo se continuarán realizando por talleres y diálogos por todo el país. Con información del DNP

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Estudiantes se toman sede del MinInterior en busca de mayor presupuesto para la educación

Actualidad, Educación, Fuerza Pública, Gobierno, Ministerios, Paz / revistacg

Los estudiantes piden que se garantice los 4.5 billones de pesos faltantes en educación y que no se aumente más al sector de defensa y guerra. Este miércoles un grupo de estudiantes se tomó la sede administrativa del Ministerio del Interior en Bogotá para exigir al Gobierno Nacional la continuidad de la mesa de negociación instalada. Los manifestantes consideran que se puede avanzar hacia medidas que garanticen una solución al déficit presupuestal que actualmente enfrentan las universidades públicas. A través de un comunicado, el movimiento social Marcha Patriótica y la Federación de Estudiantes Universitarios aseguraron que la toma es pacífica y que, con esta, acuden al “derecho de la legitima protesta”. También hicieron un llamado al Congreso de la República y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que verifique el accionar, que califican como “violento” del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD en el tratamiento de la protesta social. Según denunciaron, se han roto los protocolos establecidos y se ha causado daño a la integridad física de los estudiantes. El movimiento rechazó, además, la Ley de Financiamiento, en la que se propone IVA para los productos de la Canasta Familiar, y pidió al Gobierno Nacional realizar el ajuste presupuestal para la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.

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Procuraduría formuló pliego de cargos a dos funcionarios de la Cancillería por presuntas irregularidades en contratación de la Cumbre de las Américas

Actualidad, Judicial, Ministerios / revistacg

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la Secretaria General y representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Margarita Salas Mejía, y al Coordinador de Privilegios e Inmunidades de la Dirección de Protocolo de la misma entidad, Alexander Potdevin Gutiérrez, por presuntas irregularidades en la ejecución y pagos del contrato de la VI Cumbre de las Américas, efectuada entre el 9 y el 15 de abril de 2012 en Cartagena. El Ministerio Público investiga pagos aparentemente irregulares en desarrollo del contrato por $4.169.006.646, que habrían sido efectuados entre el 9 de mayo de 2012 y el 29 de junio del mismo año, así como una posible omisión en las acciones de vigilancia y control que se debían realizar sobre la ejecución del mismo, situación que pudo generar un detrimento patrimonial para la entidad. Entre otras irregularidades, la Procuraduría identificó que la verificación de las facturas no se habría realizado con el rigor necesario, y en algunos casos fueron avaladas en pocas horas, a pesar de que en las mismas se reportaban hasta 55 servicios ejecutados. También se investigan facturas que el contratista entregó, aparentemente, por un valor superior al que realmente correspondía por los bienes y servicios prestados, situación que luego habría sido justificada con el argumento de que se trató de una mala interpretación de la cláusula que establecía la forma de pago. Para el Ministerio Público los funcionarios investigados, encargados de la vigilancia y supervisión del trabajo, no solicitaron a la empresa contratada información adicional para verificar la correcta ejecución de sus labores, y tampoco le exigieron que corrigiera las falencias que podrían presentar las facturas entregadas, entre otras irregularidades. Esa situación habría generado, aparentemente, que se presentara la diferencia de más de 4.000 millones de pesos entre el valor facturado y el valor realmente ejecutado. El contrato para la preparación y realización del evento fue firmado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Unión Temporal Cumbre de las Américas 2012, integrada por las empresas Aviatur, Gema Tours S.A., Contactos S.A.S., Marketmedios Comunicaciones S.A. y Creativa Producciones S.A., por un valor total de $52.342.062.541. Con información de la Procuraduría General de la Nación

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Fiscalía incauta bienes a proveedores de las Farc por 2.100 millones de pesos

Actualidad, Paz, Posconflicto / revistacg

Los bienes ocupados superan los 2.100 millones de pesos y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La Fiscalía General de la Nación en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, impuso medida de extinción de dominio a inmuebles que presuntamente fueron adquiridos con dineros ilícitos de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo con la investigación, los predios pertenecían a una organización criminal que durante diez años suministró armas y explosivos a los diferentes frentes guerrilleros de las FARC, y producto de esta negociación recibió “millonarias sumas” de dinero con las que realizó la compra de bienes en los departamentos del Meta, Boyacá y Cundinamarca. Las propiedades pertenecen a Alejandro Camacho y Viviana López Calle, quienes ya han sido condenados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y concierto para delinquir. Los bienes incautados corresponden a un apartamento con garaje y una oficina en Bogotá, un lote ubicado en Sotaquirá y cuatro terrenos en Villavicencio. Con información de la Fisclalía General de a Nación

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“No hay recursos suficientes para pagar sentencias contra la Nación”: Contralor General

Actualidad, Economía, Estado / revistacg

El pago de sentencias judiciales representa el 35 por ciento del PIB. El Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte aseguró este miércoles que no hay recursos suficientes para cumplir con las obligaciones por demandas que enfrentan las entidades públicas del orden nacional, durante su intervención en la instalación del Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Defensa Jurídica de la Fiscalía General de la Nación. “En momentos en que se discute la estabilidad fiscal del Estado colombiano, los estudios de la Contraloría General de la República sobre las demandas que enfrentan las entidades públicas del orden nacional muestran un panorama desolador, con unas cifras de pagos completamente alarmantes”, agregó. Los estudios de la Contraloría indican que el pago de sentencias judiciales representa el 35 por ciento del PIB, donde a los 32 departamentos les corresponde $10,2 billones y a los 1.102 municipios $25,2 billones, indicó. Y mientras esto sucede, los intereses, exigibles a partir del décimo mes después de proferida una sentencia, siguen creciendo de manera desbordada. “Eso explica por qué, por ejemplo, de cada 100 millones de pesos que paga por condenas una institución como la Policía Nacional, 35 millones corresponden a intereses”, precisó. Córdoba Larrarte recordó que, al comenzar el 2018, el sector Defensa, Justicia y Seguridad -el más impactado por las condenas contra la Nación- debía exactamente 5 billones 407 mil 488 millones de pesos por concepto de sentencias y conciliaciones. Y, pese al monto de las obligaciones, equivalente a cerca del 40 por ciento de lo que el Gobierno aspira a recaudar con la Ley de Financiamiento que ha comenzado su trámite en el Congreso, el Presupuesto Nacional sólo apropió para esta vigencia $919.273 millones para todas las entidades afectadas por condenas y pretensiones, suma que solo serviría para atender el 17% de lo adeudado por el sector defensa. En el caso de las entidades de este sector, los intereses moratorios han estado bordeando los 2 billones de pesos y eso ha hecho que quede pendiente el total del capital, que era de $3,6 billones. “La perspectiva es necesariamente crítica si tenemos en cuenta que el Ministerio de Defensa encabeza la lista de las diez entidades del orden Nacional con mayores pretensiones registradas contablemente a diciembre de 2017, con $1.2 billones, que corresponden al 26% del total ($4,9 billones)”, finalizó el Contralor. Con información de la Contraloría General de la República

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