agosto 3, 2026

Judicial

Audiencia del expresidente de Corficolombiana se frustró por razones ajenas a la Fiscalía

Según el ente investigador, la audiencia no se llevó el pasado 3 de diciembre, porque el Ministerio público de Brasil no se había pronunciado dejando incólume la investigación penal a cargo de la jurisdicción colombiana. La Fiscalía General de la Nación explicó que la audiencia del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, se frustró porque para la misma no se había recibido de las autoridades judiciales brasileras el acta de compromiso de tres exdirectivos brasileros de rendir testimonio. Se trata de Luiz Bueno Jr, Antonio Mameri y Luiz Eduardo da Rocha Soarez, exdirectivos de la multinacional Odebrecht. “En la tarde del lunes 3 de diciembre del 2018, luego de que el juez de conocimiento aplazó la audiencia del Sr. José Elías Melo, el Ministerio Público de Brasil aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e hizo llegar el acta de compromiso de los ciudadanos brasileros, en los términos propuestos por la Fiscalía colombiana. Es decir, se aceptó que ellos colaboraran con la justicia colombiana sin que eso tenga efectos de autoincriminación y quedarán a salvo todas las actuaciones de Colombia que ha dado lugar a órdenes de captura contra ex directivos de la multinacional”, indicó en un comunicado de prensa. De acuerdo con el oficio, la Procuraduría de Brasil exigió al Estado colombiano la suscripción del “Acuerdo de Compromiso de Especialidad y Limitación del uso de Pruebas” en el que requería que la Fiscalía de Colombia se comprometiera a no utilizar ninguna prueba contra los colaboradores brasileros, contra cualquiera de las empresas del grupo Odebrecht y Braskem o contra cualquier otro colaborador del Ministerio Público Federal Brasileño. “Así mismo exigía al Estado colombiano no utilizar las pruebas para instruir acciones penales, acciones civiles o procesos administrativos en su jurisdicción”. El ente investigador consideró improcedentes las exigencias de la Procuraduría brasilera y, en consecuencia, solicitó permitir los testimonios únicamente a cambio de que la autoincriminación de los testigos en los hechos a que se refiere su testimonio, no tengan efectos en la jurisdicción colombiana contra ellos. “Desde el inicio de la investigación por las irregularidades en la adjudicación en el contrato de concesión “Ruta del Sol II” y en la adición del contrato para la construcción del tramo Ocaña – Gamarra, en diciembre de 2016, los ex directivos brasileros de la firma Odebrecht han colaborado con la Fiscalía, identificando los beneficiarios en este país de los pagos de sobornos en los casos que fueron identificados por la justicia internacional. Debido a que su cooperación fue eficaz, la Fiscalía procedió, en su momento, al trámite de un principio de oportunidad en la modalidad de suspensión de la acción penal”, puntualizó el ente investigador.

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Duque entregó terna para elección de Fiscal ad hoc en caso Odebrecht

El Presidente Iván Duque entregó a la Corte Suprema de Justicia los nombres de los juristas Margarita Cabello Blanco, Leonardo Espinosa Quintero y Clara María González Zabala, para elegir el Fiscal ad hoc requerido para las investigaciones sobre la multinacional brasilera Odebrecht. “Creo que son tres nombres que se presentan a consideración, tres nombres que han sido pensados, y buscando darle al alto tribunal opciones para que se escoja la persona que, con independencia, deberá llevar estos procesos y producir resultados satisfactorios para todo el pueblo colombiano”, expresó el mandatario. Frente al anunció, la senadora Angélica Lozano consideró que solo una Comisión Internacional puede llegar al fondo de las tres investigaciones que se adelantan. Y añadió en su cuenta de twitter que “caerán los mandos medios, Ñoños, Andrade, Melo… los jefes, beneficiarios, autores intelectuales y la ‘gente de bien’ no será tocada.. “Le piden al Presidente Duque una terna independiente para Fiscal ad hoc y propone a una magistrada ternada por Uribe para Fiscal, al decano de su facultad y a su secretaria jurídica! De vainas no ternó a su cantante favorito. No le pega a una Duque que va en 68% desfavorabilidad”, escribió la excongresista Claudia López en su redes sociales. El jefe de Estado resaltó los atributos de los tres abogados. “Se trata de la magistrada Margarita Cabello, quien es magistrada de la Corte Suprema de Justicia; ha sido Presidenta del alto tribunal, tiene una larga trayectoria jurídica y es una mujer que tiene todas las condiciones profesionales y éticas para ser puesta a consideración”. También presentó a Leonardo Espinosa Quintero, quien es el Decano Ejecutivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. “Se trata de un profesional con muchos años de experiencia, con muchos años de investigación jurídica, un gran conocedor del derecho societario, del derecho de la empresa y, sobre todo, una persona que por años ha sido investigador académico sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, el levantamiento del velo corporativo y las responsabilidades que acarrean por malas prácticas”. Finalmente se refirió a Clara María González Zavala, Secretaria Jurídica de la Casa de Nariño. “Ella ha sido una persona que me ha acompañado en la elaboración de los proyectos de lucha contra la corrupción que se han presentado al Congreso de la República. Ha participado activamente en las iniciativas a nivel de directiva presidencial y circulares con el mismo propósito”. “Es una mujer con una larga trayectoria en el derecho, una gran trayectoria profesional, con una gran solvencia ética y también ha ocupado importantes cargos como el de Registradora Nacional del Estado Civil y ha participado también en muchas ocasiones en las Altas Cortes”, añadió el Presidente. Por lo que la senadora María del Rosario Guerra consideró excelente la terna presentada por el Gobierno para fiscal ad hoc. “Felicito al presidente Iván Duque por su decisión. Esperamos ahora que la Corte Suprema elija entre Margarita Cabello, Leonardo Espinosa y Clara González para bien de la justicia y la lucha contra la corrupción”. “Creo que son tres nombres que se presentan a consideración, tres nombres que han sido pensados, y buscando darle al alto tribunal opciones para que se escoja la persona que, con independencia, deberá llevar estos procesos y producir resultados satisfactorios para todo el pueblo colombiano”, concluyó Duque.

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Consejo de Estado aplaza audiencia de pérdida de investidura de Jesús Santrich

El Consejo de Estado tuvo que aplazar la audiencia por pérdida de investidura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, debido a que las autoridades no realizaron el traslado desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en donde permanece retenido, hacia el centro de Bogotá, para que pudiera presentarse a la audiencia. La defensa del exjefe guerrillero denunció que se trata de una movida de obstrucción para que su cliente no puede defenderse de las acusaciones que le han hecho y culpó al ente investigador por el traslado fallido. La audiencia se reprogramó para el próximo 21 de enero de 2019. A pesar de que se buscó la forma de realizar la sesión por videollamada, de acuerdo a la recomendación hecha por la Fiscalía, que alegó falta de seguridad para el traslado del detenido, la consejería que lideraba el proceso denunció la ausencia de un procurador para garantizar los derechos de Santrich. Los miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) aseguraron que el aplazamiento de la audiencia es un “sabotaje” por parte del Fiscal Néstor Humberto Martínez. “Continúan saboteando la paz y los derechos de nuestro partido político. ¡Liberen a nuestro compañero Santrich!”, escribió la senadora Sandra Ramírez en su cuenta en twitter.

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Recursos del Gobierno para financiar Ley de Víctimas siguen siendo insuficientes: Contraloría

Se requiere un esfuerzo presupuestal adicional de $39.04 billones, entre 2019 y 2021, dice la Contraloría ante la Corte Constitucional. Los recursos que tiene disponibles el Gobierno Nacional para financiar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras siguen siendo insuficientes y se requiere un esfuerzo presupuestal adicional, entre 2019 y 2021, del orden de $39.04 billones por año. Así lo manifestó hoy el Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodriguez Yee, ante la Corte Constitucional. Indicó que es necesario revisar el plan de ejecución actual de esta Ley, tomando como referente el valor ejecutado en 2017 ($13.5 billones). “Para cumplir con los requerimientos de la Ley 1448 de 2011, se requeriría un plazo adicional de diez años, contados a partir del actual 2018”, precisó el Vicecontralor al intervenir en la Audiencia Pública sobre el “Estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado”. Al analizar el escenario de financiamiento de la Ley 1448 de 2011, las estimaciones de la CGR indican que aún hacen falta por financiar $129.3 billones para culminar los compromisos de la misma para el período 2018-2021. Este valor es superior en $28.4 billones de pesos constantes de 2018 al estimado por el Gobierno Nacional en la respuesta al Auto 373 de 2016 ($100,9 billones). Las medidas que mayor esfuerzo fiscal requieren son Indemnización Administrativa ($42,7 billones) y Vivienda Urbana y Rural ($31 billones). Con información de la Contraloría General de la República 

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Consejo de Estado cita a audiencia a Santrich por perdida de investidura

En días pasados la JEP dejó en firme la decisión de practicar pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición requerida por el excomandante guerrillero. El Consejo de Estado citó este viernes al exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, para que comparezca a una audiencia dentro del proceso que ese tribunal adelanta en su contra por pérdida de investidura. La diligencia se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en el Palacio de Justicia.  Por tal motivo el Consejo solicitó al Inpec el traslado del excomandante de la cárcel La Picota al lugar donde se cumplirá la audiencia. Santrich no se posesionó como congresista el pasado 20 de julio, debido a que fue capturado el 3 de abril de este año y solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. El exdirigente guerrillero era uno de los  representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), como quedó estipulado en el acuerdo de paz, en el punto sobre participación política. La demanda de pérdida de investidura la presentó la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Como Santrich está en una “situación de fuerza mayor”, era necesario que el Consejo de Estado se pronunciara y definiera si en este caso en particular se incurrió en una causal de pérdida de investidura. El exjefe guerrillero envió una carta en julio pasado al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chachón, en la que reclamó su derecho a posesionarse como congresista, sin embargo, su solicitud fue rechazada.

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Comisión de Paz pide al ELN declarar cese al fuego unilateral

“Renunciar al diálogo es condenar a Colombia a la prolongación de una violencia inútil”: Comisión de Paz. La Comisión de Paz del Senado exhortó este jueves al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a declarar un cese al fuego unilateral que demuestre su compromiso con la sociedad colombiana. “La decisión de un cese unilateral del fuego y de hostilidades es necesaria para seguir creyendo en la solución política del conflicto armado en Colombia. Instamos al ELN a avanzar en esa decisión que sin duda debe facilitar el descongelamiento de la Mesa”, indicó la instancia en un comunicado. Los congresistas calificaron como positivo que la guerrilla designara como delegado para las conversaciones con el Gobierno a su máximo jefe, Nicolás Rodríguez, alias Gabino. “Este gesto sin precedentes en la historia de conversaciones con esta organización debe ser valorado por el Gobierno Nacional como una oportunidad para elevar la capacidad de la mesa en la búsqueda de un acuerdo definitivo de paz”, añadió. El ELN había solicitado a la Comisión de Paz facilitar la reanudación del trabajo de la mesa de conversaciones, a lo que respondió que ese tipo de gestiones las realizará solo con la autorización del Gobierno Nacional y del señor Presidente de la República. “En esta comunicación queremos reiterar nuestra plena disposición para contribuir al proceso de paz con el ELN y también en los otros aspectos de la consolidación de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito hace dos años con la entonces guerrilla de las FARC”, puntualizó.

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Duque reitera mensaje de cese de actividades criminales al ELN

Con respecto al proceso de reinserción, reiteró el apoyo de su administración para quienes lo estén cumpliendo, e informó que hay más de 15 proyectos productivos aprobados. El Presidente Iván Duque reiteró hoy que una aproximación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está sujeta al cese de todas las actividades criminales y la liberación de todos los secuestrados, y subrayó que en tal sentido la respuesta debe ser institucional. “El mensaje tiene que ser institucional. Primero, nosotros tenemos toda la voluntad de paz; yo tengo voluntad de paz, pero si, y solo si, liberan a todos los secuestrados y le ponen fin a las actividades criminales”, respondió el mandatario al ser preguntado sobre la carta que le envió la Comisión de Paz del Senado con el objetivo de que avale un viaje a La Habana (Cuba) para explorar la reanudación de los diálogos. En entrevista concedida al Informativo Las Noticias de Radio Calidad, de Cali, el jefe del Estado recalcó que “no hay ninguna otra respuesta distinta de carácter institucional para aproximar a ese grupo armado organizado”. En este orden de ideas, invitó a todos los colombianos a dar ese mensaje, porque “nosotros no podemos aceptar la violencia como un mecanismo de presión o como un mecanismo de llegar a ningún tipo de encuentro con el Estado”. El Presidente indicó que es necesario poner punto final a los hechos violentos, porque “tenemos que acabar de una vez por todas esos crímenes que todos los días nos duelen en el alma”. Reincorporación y proyectos productivos Con respecto a las personas en proceso de reincorporación, el mandatario refirmó el apoyo de su administración a quienes realmente lo estén cumpliendo. “El Gobierno Nacional está comprometido con que las personas que genuinamente están en el proceso de reincorporación lo puedan hacer exitosamente encontrando proyecto productivos. Se han aprobado más de 15 proyectos productivos en los primeros días de nuestro Gobierno para que esas personas encuentren sus ingresos”, manifestó. Puso de presente que ha estado en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para “dar esa tranquilidad a quienes están haciendo una transición genuina y, desde luego, vamos a ser implacables e intolerantes con los que quieran reincidir en la vida criminal o en la violencia”. Por último, expresó que a quienes están cumpliendo con la transición a la civilidad, “hay que ayudarlos a que hagan ese tránsito hacia una vida de convivencia ordenada y con sus fuentes de ingreso”. Con información de la Presidencia de la República

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Consejo de Estado deja sin efectos suspensión de sanción fiscal contra Petro

El Consejo de Estado dejó sin efectos la providencia judicial por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido provisionalmente la sanción fiscal que la Contraloría Distrital de Bogotá le impuso al exalcalde Gustavo Petro. El senador había sido hallado fiscalmente responsable del detrimento de más de 217.000 millones de pesos que, a juicio del organismo de control, se produjo por la decisión de la administración de rebajar el costo de la tarifa por el servicio de transporte integrado masivo durante horas valle. “Me pueden poner un billón de pesos en multas por no seguir el programa neoliberal de los Odebrecht/Sarmiento , si el pueblo me elije su presidente, la pagaremos antes de la posesión con ayuda de la sociedad y esos recursos los llevaremos a la universidad pública”, escribió el congresista en su cuenta de twitter. El exalcalde interpuso una acción de nulidad simple contra esa determinación y solicitó la imposición de una medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos a través de los cuales se materializó la sanción. El Tribunal accedió al pedido del demandante y emitió un auto de suspensión provisional de los actos emitidos por la Contraloría Distrital, a través de una Sala Unitaria, es decir por el magistrado ponente. Contra esa determinación se interpuso recurso de súplica, que fue conocido por el despacho del magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado Oswaldo Giraldo López. El consejero revocó la determinación del Tribunal, por considerar que la Sala Unitaria del Tribunal no tenía competencia para emitir esa decisión. A su juicio, por tratarse de un organismo colegiado que conoce del caso en primera instancia, como el Tribunal, el estudio de la medida cautelar debe ser realizado por la respectiva Sala y no por el magistrado ponente. La decisión ha generado diversas reacciones, entre ellas la del senador Ritter López, quien consideró que sacar de la contienda política a Gustavo Petro “es contraproducente para la democracia, además de proyectar una imagen internacional lamentable. La oposición se derrota en las urnas, jamás en los tribunales”. Lo anterior, porque el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), permite que el juez o magistrado, en cualquier instancia del proceso, emita las medidas cautelares que considere necesarias. El consejero Giraldo López dejó sin efectos la suspensión provisional de la sanción y ordenó devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este emita la decisión que corresponda, de acuerdo a los artículos 125 y 243 del CPACA, que establecen las competencias de jueces y magistrados en torno a la expedición de providencias judiciales y cuáles de ellas son apelables. Con información del Consejo de Estado 

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Partido Farc denuncia asesinato de dos exguerrilleros en proceso de reincorporación

“Con estos dos asesinatos ascendemos al doloroso número de 84 camaradas asesinados después de la firma del Acuerdo Final”: partido Farc. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este jueves que dos de sus miembros fueron asesinados mientras se encontraban en el proceso de reincorporación a la vida civil. El cuerpo sin vida de Sebastián Coy Rincón, quien pertenecía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Mariana Páez” ubicado en el departamento del Meta, fue encontrado en la zona rural del municipio de Uribe, luego de que el exguerrillero fue reportado como desaparecido el pasado 15 de noviembre. En circunstancias similares, afirmó la bancada, se halló el cadáver de Ángel Aleyser Meléndez en la vereda el tablón del municipio de Leiva, Nariño. “De acuerdo con la información suministrada por pobladores de estas dos regiones del país, en el caso de Sebastián Coy, el hecho ocurrió en cercanías al lugar donde se encontraban acampados integrantes del Ejército Nacional que operan en el departamento del Meta; respecto de Ángel Meléndez llama la atención que pese a las reiteradas denuncias de organizaciones sociales, las estructuras criminales siguen fortaleciéndose en el departamento de Nariño”, aseguró la colectividad en un comunicado. Los miembros del partido le solicitaron al Presidente Iván Duque Márquez una reunión con el fin de poner sobre la mesa “acciones reales y concretas para brindar garantías de seguridad y protección efectivas a quienes fuimos firmantes del Acuerdo (de paz) y los miles de líderes y lideresas sociales que realizan su actividad en los territorios”. Ante este panorama, el pasado lunes, el Gobierno Nacional presentó el Plan de Acción Oportuna para Defensores de Derechos Humanos (PAO), con el fin, según lo afirmó el jefe de Estado, de prevenir y proteger, individual y colectivamente, los derechos, la vida, la libertad, integridad y seguridad de líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y comunales. No obstante, ante esta realidad, la bancada pidió “de inmediato” la intervención de la comunidad internacional, especialmente de los países garantes, con el fin de demandar del Estado colombiano el cumplimiento del Acuerdo firmado por ambas partes en La Habana, Cuba, en 2016. “No vamos a permitir que se siga arrebatando la vida a los constructores de Paz mientras las estructuras paramilitares se fortalecen en territorios “consolidados” por el Gobierno Nacional”, concluyó la misiva.

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JEP deja en firme orden de práctica de pruebas en caso Santrich

No aceptó recursos de reposición de la Procuraduría y de la defensa. La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dejó en firme la decisión de practicar pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición requerida por Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, quien es solicitado en extradición por una Corte del Distrito Sur de Nueva York. “Mediante decisión mayoritaria adoptada el 15 de noviembre de 2018, (la Sección) resolvió no reponer el auto del 23 de octubre pasado que decretó pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición solicitada por Seuxis Paucias Hernández Solarte”, aclaró el tribunal en un comunicado de prensa.  Según la JEP, al resolver los recursos presentados por la Procuraduría, y por la defensa de Hernández Solarte, la Sección destacó que “el trámite de garantía de no extradición es novedoso y diferente al que se desarrolla en materia de extradición ordinaria”.  “El auto del 15 de noviembre no comparte las consideraciones de la delegada del Ministerio Público cuando sostuvo que la Sección, en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, no atendió los trámites ordinarios previstos en materia de extradición, usurpando y extralimitándose en las funciones”. La Procuraduría especificó, semanas atrás, que de acuerdo con la Ley 1922 de 2018, la Sección de Revisión no puede pronunciarse sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición, sino que sus facultades se limitan a decidir si los hechos fueron cometidos antes o después de la firma de los Acuerdos de Paz.  

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