La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrada Patricia Linares Prieto, y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se reunieron este miércoles para acordar un intercambio permanente de información y mecanismos de colaboración armónica entre las dos instituciones.
De acuerdo con el Acto Legislativo No 1 de 2017, la JEP “administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al primero de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los derechos humanos”.
En un comunicado, se explicó que tres meses antes de que la JEP profiera la resolución de conclusiones sobre determinadas conductas y personas, informará a la Fiscalía el estado de los procesos de investigación por hechos ocurridos durante el conflicto.
Asimismo se podrán realizar reuniones conjuntas en las que participarán fiscales e investigadores, así como magistrados de la jurisdicción para analizar y facilitar la entrega de información requerida sobre los distintos casos. El ente investigador y la JEP acordaron que en los casos en que se presenten amenazas contra víctimas, testigos o comparecientes, la Fiscalía asumirá el conocimiento y la investigación inmediata de las mismas.
Para tal efecto una unidad especial se encargará de la judicialización de estos hechos, así como de llevar a cabo, bajo procedimientos especializados, la investigación. En cuanto a los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía ratificó su compromiso de entregar 17 de ellos descriptivos sobre procesos por hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, de los cuales ya suministró nueve.
Los dos organismos coincidieron en exhortar a los excombatientes para que perseveren en su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como a los responsables de implementar las políticas públicas necesarias para poner en marcha los proyectos productivos y las condiciones de reintegración de los desmovilizados, para que avancen con determinación en el cumplimiento de dichos compromisos.