Columnistas Archivos - Página 7 de 23

PANDEMIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Para ilustrar la gravedad de lo que ocurre, si por cualquier razón se cerraran las importaciones a Colombia de maíz, trigo y otros productos, nos quedaríamos sin pan y sin pastas y sin huevos, carne de pollo, cerdo y cerveza, porque producirlos depende de los insumos agrícolas importados. En 2008 escribí: “Otra manera de ilustrar la importancia del acceso a la comida, importancia que algunos no entienden porque ingenuamente creen que los alimentos siempre estarán a la mano, es una reciente decisión que incluso se refiere al riesgo de que desaparezcan las propias semillas. Promovido por la ONU y la FAO, el Fondo Mundial de Diversidad de Cultivos, once importantes instituciones agrícolas y setenta países decidieron construir en Noruega unos silos subterráneos y blindados para depositar en ellos tres millones de semillas de diversas especies, con el propósito de precaver a la humanidad en caso de guerra nuclear, impacto de asteroides, atentado terrorista masivo, pandemia, catástrofes naturales o cambio climático acelerado, fenómenos que más que riesgos tienden a constituir certezas, si se mira en el largo plazo” Años después, Barack Obama defendió su propuesta de prepararse para una pandemia de salud como la que hoy azota a su país y a la humanidad: “No es solo un seguro, sino el conocimiento de que esto va a pasar, particularmente en un mundo tan globalizado”. Y su gobierno promovió la creación de la Unidad de Seguridad Sanitaria Global y Biodefensa de Estados Unidos, institución que Donald Trump, en error garrafal, desmanteló (bit.ly/2S6Pfhb). En tres ocasiones, el ministro de Álvaro Uribe que tramitó el TLC con Estados Unidos me dijo que no importaban los daños que ese Tratado le provocara a la producción de alimentos en Colombia, porque podían reemplazarse con comida extranjera que pagaríamos con las exportaciones de petróleo. Y en otra ocasión agregó: “Mil y mil gracias por los subsidios (agrícolas extranjeros), por – que nos permiten, por ejemplo, comprar trigo barato” (La Patria, May.16.04), ideas que han sido las de todos los gobiernos desde 1990 y que hoy nos tienen ante esta dolorosa realidad: importamos 14 millones de toneladas de productos agrícolas que podemos producir, no hay petróleo en abundancia y con los precios por el suelo y los alimentos son caros por la devaluación del peso. Y a pesar de la pandemia, ningún neoliberal ha renunciado a las falacias con las que han justificado los inmensos daños al agro –e incluso peores a la industria–, en momentos en que las importaciones están estrangulando la leche y el arroz, cuya producción debe reducirse a poco o desaparecer, por tarde, en 2027 y 2031, respectivamente, suerte a la que también tienen sentenciados al huevo, el pollo y el cerdo y amenazados a otros productos. Para ilustrar la gravedad de lo que ocurre, si por cualquier razón se cerraran las importaciones a Colombia de maíz, trigo y otros productos, nos quedaríamos sin pan y sin pastas y sin huevos, carne de pollo, cerdo y cerveza, porque producirlos depende de los insumos agrícolas importados. Así está de perdida la seguridad alimentaria nacional. El Coronavirus hizo trizas entonces la tesis obtusa de que los colombianos debemos ver nuestra seguridad alimentaria no como un problema nacional sino global, suponiendo, contra la evidencia, que siempre tendremos algún producto minero con qué pagar las importaciones y que, más obtuso aún, siempre se producirá la comida en algún sitio del mundo dónde comprarla y nunca se interrumpirán los flujos comerciales de abastecimiento. Pero esta doctrina, llamada de las ventajas comparativas, no la aplican las potencias que nos arrebatan la seguridad alimentaria nacional. No solo no la aplican, y ahora menos que nunca, sino que apertrechan con retórica deleznable a los importadores criollos, que se enriquecen con ella, y a sus teóricos. ¿Sí notaron que varios países desarrollados se negaron a exportar los bienes industriales que otros necesitábamos para enfrentar la pandemia? Lo único positivo que puede quedar del desastre de salud, económico y social que provocará el Coronavirus consiste en lograr cambios democráticos de diverso tipo, empezando por las relaciones internacionales de mula y jinete que padecemos. No para que se acaben los intercambios internacionales, sino para que los países como Colombia puedan adentrarse en la modernidad a la que estamos lejos de pertenecer. Y este puede ser un gran propósito nacional, que incluya incluso a quienes tienen contradicciones objetivas, como ocurre con los trabajadores y los empresarios, pues a los dos les interesa crear riqueza y empleo.

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¿Vale la pena rescatar a las aerolíneas?

Columnistas, Opinión / revistacg

“No es posible que a un par de compañías se les destinen, sin condiciones, más recursos de los que se han inyectado a todos los demás sectores de la economía en esta crisis” Sin aviación no puede subsistir el país. Es así de sencillo. No solamente por los 600.000 empleos directos e indirectos que genera esta industria, sino porque el servicio que presta es esencial para mantener viva la inversión, el turismo y los negocios. Tan es así que, por ejemplo, el año pasado 41.2 millones de personas se movilizaron por los aeropuertos colombianos. 27.9 millones en rutas nacionales y 14.1 millones en conexiones internacionales. Lo que significó un incremento del 9.1% respecto del 2018 que hizo posible que la inversión extranjera aumentara un 25% frente a ese mismo año y que Colombia tuviera la cifra más alta de turistas de toda su historia: 4.5 millones de personas. Sin embargo, como es bien sabido las cuarentenas y la propagación del coronavirus han puesto en jaque a la industria del trans porte aéreo. En total, la IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, calcula que este sector perderá $314 billones de dólares durante el 2020 a nivel mundial, una caída del 55% frente al 2019. Por eso, de manera unísona todas las aerolíneas están solicitando rescates económicos a sus respectivos países. Nada más por mencionar un caso, dentro del plan de recuperación económica de $2 trillones de dólares que se puso en marcha en Estados Unidos se destinaron $25 billones para proteger a sus aerolíneas. Eso sí, condicionándolas a no desmejorar las condiciones salariales de sus trabajadores. Por nuestra parte, en Colombia nos enfrentemos a un gran cuestionamiento: ¿Debe el Gobierno rescatar a las aerolíneas? La respuesta a esta pregunta tiene varias aristas. En primer lugar, más que salir a proteger a una aerolínea en particular, la prioridad del Gobierno debe ser garantizar la subsistencia del transporte aéreo en el país con el menor riesgo posible. Este es un servicio esencial sin el cual es imposible pensar en una reactivación económica a mediano plazo. En segundo lugar, el eventual rescate financiero no puede operar como un cheque en blanco a favor de las compañías de transporte. De darse, debe estar absolutamente condicionado a proteger los 71.000 empleos directos que genera la industria y a mantener viva la operación. Bajo ninguna circunstancia los recursos de los contribuyentes pueden terminar cancelando las deudas de las aerolíneas con sus acreedores. Ello implicaría, sencillamente, regalarle dineros públicos a los bancos sin que con ello se garantice el futuro de la aviación en el país. En tercer lugar, los recursos que se llegasen a entregar deben destinarse exclusivamente a sostener la operación dentro de Colombia. Es decir, no se puede permitir que con el eventual auxilio económico se mantengan inversiones de las empresas en otras naciones como Brasil, Chile o Perú. La prioridad en este momento es cubrir las necesidades locales de conectividad aérea. En cuarto lugar, el Gobierno no puede entregar recursos sin tener una garantía a cambio. Me explico: el rescate financiero a las aerolíneas es demasiado costoso. Por ejemplo, los $300 millones de dólares que está solicitando Avianca implican $1.2 billones de pesos. Con este dinero, podríamos financiar el 23% de las nóminas de las MiPymes del país, las cuales cuestan en total $5.2 billones para sostener 5.7 millones de empleos con salario mínimo. Por eso, una operación financiera de esta naturaleza exige una contraprestación clara que proteja los recursos de los colombianos. En Alemania, por mencionar otro caso, se está llevando a cabo una negociación donde el Estado le inyectaría $10.000 millones de euros a Lufthansa a cambio del 25.1% de sus acciones. Solamente tomando estas precauciones es viable contemplar un rescate del transporte aéreo en Colombia. No es posible que a un par de compañías se les destinen, sin condiciones, más recursos de los que se han inyectado a todos los demás sectores de la economía en esta crisis. Es obvio que el país necesita de este sector, pero una inversión de esta envergadura no se puede hacer con ingenuidad y asumiendo riesgos excesivos por parte de los contribuyentes.

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¿Tributar para qué?

Columnistas, Opinión / revistacg

La demanda que presentó el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, contra el Estatuto tributario, Decreto 624 de 1989 y sus modificaciones, pone en la palestra pública el debate sobre qué tipo de tributación debe tener el país. Esta columna expone varias consideraciones sobre el tema, por las que creo se debe apoyar la demanda, algunas de las cuales coinciden con los argumentos que esta presenta. Para comenzar es necesario señalar que en materia fiscal la Constitución dicta, en el artículo 363, que el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Con respecto a la equidad, el sistema tributario colombiano no la cumple. Las exenciones y beneficios cercanos a los 78 billones de pesos generan inequidades horizontales, lo que rompe con tal principio. Empero, es menester analizar las exenciones más que borrarlas todas, pues, por ejemplo, muchas corresponden al IVA y eliminarlas golpearía fuertemente el consumo de los sectores populares y medios –la mayor parte del país– que destinan la totalidad o una parte considerable de sus ingresos a los productos exentos o excluidos, atacando el principio de progresividad. El sistema tampoco es eficiente. Es costoso de administrar y es complejo por los distintos regímenes y beneficios, lo que favorece la evasión y la elusión, que generan inequidad y afectan la progresividad. Luchar contra estas también cuesta, por lo que se requieren más ingresos y una política penal que castigue con severidad a los evasores. Además, se debe tener en cuenta que si bien se pueden considerar “altas” las tasas tributarias nominales, el recaudo efectivo es irrisorio. Incluso, la tributación efectiva, en términos porcentuales, disminuye a medida que aumentan los ingresos y la riqueza, en especial en la parte más alta del decil más rico. Uno de los objetivos que debe tener la política fiscal es la redistribución. De ahí se deriva el principio de progresividad. Bello anhelo el de la Constitución que en un acápite del artículo 13 reza “El Estado promoverá que la igualdad sea real y efectiva”. Más allá de que la igualdad plena sea justa, –postura de la que discreparíamos muchos–, pocos aceptan como justa la distribución del ingreso y de la riqueza que hay en el país. La redistribución no se da, una variación mínima en el coeficiente de Gini tras la política fiscal es muestra de eso. Aunque no lo indique la demanda, en el fondo sigue latente la discusión sobre el papel del Estado, la función de su andamiaje y las formas en que se distribuye el producto del trabajo social. La lente liberal, y sobre todo sus implicaciones en la forma en que se aprehende la realidad, mantiene la discusión en términos de individuos libres e iguales –una robinsonada dirían por ahí–, que pierden recursos y bienestar en el costoso mantenimiento de un aparato opresor que vulnera el desarrollo individual y castiga el éxito. Tal postura desconoce la materialidad de las relaciones sociales, la forma en que se produce por el conjunto de la sociedad y como se concentra de forma particular. Hay un desperdicio de los recursos del país –una ojeada al desempleo da una idea–. Si se tienen en cuenta que el consumo jalonó el crecimiento económico el año pasado y la propensión marginal decreciente al consumo, una mayor progresividad debería impactar el crecimiento. Habrá que analizar la capacidad productiva del país para conocer el incremento de la producción al poner en marcha esos recursos ociosos y su efecto en la inflación; no obstante, eso requiere un estudio completo que excede el objeto de esta columna. Esperemos que la Corte, en ejercicio del control abstracto, acepte los argumentos empíricos y que un sordo formalismo no afecte a la realidad; pues, se constata que en los hechos se viola el artículo 363 superior.

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Llegó la hora del campo, si no es hoy ¿Cuándo?

Columnistas, Opinión / revistacg

“Estamos obligados como Estado, a garantizar a nuestros ciudadanos el abastecimiento de nuestros alimentos, producidos íntegramente en nuestro país, y generar excedentes para convertirnos en la despensa de aquellas naciones que así lo requieran” Con el aislamiento preventivo y de cuarentena obligatoria, hemos aprendido como nunca antes, valorar lo que llega a nuestra mesa. Y tal vez nos es indiferente el origen de producción de estos alimentos. Pero si indagáramos un poco más, nos sorprendería saber que muchos productos que hemos considerado producidos en nuestros campos, pueden tener su origen en diferentes partes del mundo, como, por ejemplo: maíz, cebolla, papa, frijol, alverja, carne, huevos, azúcar, café, arroz, entre muchos otros. Las recetas de nuestros platos típicos podrían elaborarse en muchos casos con productos importados en un 90%. Según el informe del DANE del mes de Febrero de 2020, del 100% de las importaciones realizadas en Colombia, el 14,6% corresponde a productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Nuestro país y el continente americano, han tenido una vocación agrícola desde épocas prehispánicas. El maíz, el cacao y el tomate, entre otros, son originarios de nuestros suelos americanos y dados a conocer al resto del mundo en la época del descubrimiento y conquista de nuestras tierras por países europeos. La fertilidad de los suelos de nuestra patria y la diversidad de sus pisos térmicos, han permitido que muchos de nuestros productos agrícolas, tengan un reconocimiento mundial en su calidad cómo el café y las flores. A raíz de la apertura económica de los años 90 y a la globalización de la economía, comenzamos a recibir productos que tradicionalmente producen nuestros campos, mares y ríos, a unos precios mucho más bajos para el consumidor final así su calidad sea inferior en muchos casos. Las dificultades en comercialización, muchas veces realizada por intermediarios inescrupulosos, aunado a los altos costos de producción, especialmente en los insumos agrícolas, como abonos y herbicidas, son factores que han pauperizado el campo, pues muchos de nuestros campesinos han estado produciendo a pérdida y a pesar de sus múltiples necesidades, se han realizado incipientes esfuerzos por recuperar este sector de la economía. A esto se suma la presencia de grupos armados ilegales que históricamente han causado daño, reclutamiento forzado, despojo de tierras y desplazamiento a nuestros campesinos. A raíz de esta pandemia, al igual que muchos países del mundo, hemos visto la fragilidad de nuestra seguridad alimentaria, puesto que muchos de los productos vitales para consumo humano o materias primas para la elaboración de alimentos balanceados son importados, los cuales son vitales para la producción avícola, piscícola, porcícola y ganadera. A pesar de que El Presidente Iván Duque venía dando pasos en el cumplimiento de su propuesta de campaña “Campo con Progreso”, esta pandemia ha desnudado la gravedad del sector agropecuario, la cual requiere de acciones inmediatas para reactivar la producción agrícola, empoderamiento a los pequeños campesinos para que logren cosechas más productivas y estas tengan canales expeditos de comercialización, con unos precios vigilados por el Estado que le permitan tener rentabilidad. Ha llegado la hora de devolver al campo la importancia que requiere y merece en nuestra nación, para lograr más temprano que nunca y atravesar el túnel en que nos encontramos. Estamos obligados como Estado, a garantizar a nuestros ciudadanos el abastecimiento de nuestros alimentos, producidos íntegramente en nuestro país, y generar excedentes para convertirnos en la despensa de aquellas naciones que así lo requieran. Queremos que de nuestros campos sigan saliendo deportistas que han levantado nuestra bandera en los podios más encumbrados del mundo, como “El jardinerito” Lucho Herrera y Nairo Quintana.

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Niegan contagio de Covid-19 en personal de protección del Congreso de la República

Actualidad, Bogotá D.C., Cámara: Cámara de Representantes, Caquetá, Cesar, Colombia, Columnistas, Coronavirus, Corrupción, Covid-19, Fuerza Aérea, Fuerza Pública, Gestión, Gobierno, Insular / revistacg

La Policía Nacional negó este jueves que algunos integrantes adscritos al Grupo de Protección del Congreso de la República, hayan sido contagiados por el Covid-19, como se informó en algunos medios de comunicación locales. A través de un comunicado, la institución aseguró que a la fecha no existen reportes de contagio del virus entre el personal asignado a la unidad que brinda protección a la corporación legislativa, en el centro de Bogotá. “Un porcentaje del personal adscrito al Grupo de Protección (del) Congreso de la República se encuentra cumpliendo la circular 007 del 6 de abril de 2020, que se refiere al “Aislamiento preventivo en reserva estratégica para el personal uniformado de la Policía Nacional”, agregó. Recordó que esa institución esta comprometida con las medidas que se han tomado para prevenir cualquier contagio y propagación del Covid-19 y “acata todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional”.

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Es hora de prepararnos para la pospandemia

Columnistas, Coronavirus, Covid-19, Editorial / revistacg

La difícil situación que vive el país por cuenta del Covid-19 tomó por sorpresa a todo el mundo, incluidos los alcaldes y gobernadores, que arrancaban sus períodos cargados de propuestas importantes para empujar el desarrollo integral de sus regiones. La llegada en marzo pasado del nuevo virus a Colombia cambió por completo los proyectos y programas que los mandatarios alentaron como candidatos el año pasado para obtener el respaldo de los votantes en las urnas. No solo tuvieron que redireccionar los recursos hacia el sector de la salud y la seguridad alimentaria para atender la emergencia sanitaria en los municipios y ciudades, sino que tendrán que ajustar sus planes de desarrollo con menos tiempo y presupuesto para responder a las necesidades que exige la pandemia en sus territorios. Las administraciones actuales tendrán que acoplarse a la nueva realidad del país y pensar en cómo salvar al menos los pilares de sus programas de gobierno, sin desconocer que el fortalecimiento del sistema de salud y el garantizar el abastecimiento de alimentos a la comunidad, será por varios meses la prioridad en sus agendas de trabajo. Un rediseño total de los planes de desarrollo que tendrá que hacerse lo más pronto posible para reactivar la economía regional, duramente golpeada por el aislamiento social en el que han permanecido los colombianos para protegerse del contagio. En el proceso de retorno a la normalidad, el impulso del aparato productivo será fundamental para frenar el desempleo, que como era de esperarse, se disparó por la parálisis de las empresas, restaurantes, bares y centros comerciales en todo el territorio nacional. Una tarea nada fácil, en medio de la incertidumbre que existe por la ausencia de una vacuna certificada que ayude a contrarrestar la amenaza de convivir, quién sabe por cuánto tiempo más, con un virus que ha infectado a miles de personas en el mundo y que en un abrir y cerrar de ojos, desbarajustó las metas económicas proyectadas para este año en los 182 países donde el germen infeccioso ha circulado. Aunque el Covid-19 permanecerá por el resto del 2020 entre nosotros, debemos empezar a prepararnos para la pospandemia, en la que más que nunca se necesitará de la solidaridad y el apoyo de todos para recuperar velozmente el crecimiento que se ha perdido durante el semestre. Es allí donde las regiones serán claves. Por eso hay que rodear a las administraciones locales en la misión que comienzan, muchas de ellas con dificultades presupuestales por la reorientación que han tenido los recursos hacia la salud y el sector agropecuario. Como primera medida, los alcaldes y gobernadores tendrán que someter sus planes de desarrollo a una reingeniería, proceso en el que el Gobierno Nacional tendrá que acompañarlos de manera permanente para que sus obras y proyectos no se queden a mitad de camino. Ante la nueva realidad económica y social, se hace más que necesaria la descentralización para responder a las demandas que se tienen en otros frentes en muchos de los municipios. En eso se debe enfocar el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para evitar que los territorios experimenten un mayor atraso en su crecimiento, como el que podrían presentar como consecuencia de la crisis sanitaria que hoy golpea con dureza al país. Desde la revista El Congreso estaremos apoyando a los mandatarios regionales en su propósito de alcanzar cada una de las metas que se han trazado para sus cuatro años de gestión.

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Una pelea que afecta la expansión de las energías limpias

Actualidad, Columnistas, Opinión / revistacg

La implementación de energías renovables y el transporte eléctrico, sin embargo será difícil que con tribunales de arbitramento y posibles seguimientos clandestinos se pueda construir la confianza necesaria para apostar millones de dólares en limpiar el aire de la ciudad y generar ingresos para el desarrollo y progreso de la capital. Para nadie es un secreto que el contro – versial pleito entre la multinacional italiana Enel y el Grupo Energía de Bogotá (GEB) le está pasando altas facturas a ambas empresas, pero sobre todo a los bo – gotanos, quienes son los más afectados en este altercado. Los desacuerdos, rivalidades y desconfianzas generadas a raíz del conflic – to entre los socios, no solo han aumentado las tensiones, sino que además han frenado a el GEB en su apuesta por el desarrollo de las energías renovables. La preocupación que ha desencadenado esta batalla legal, no es para menos, tenien – do en cuenta que se trata de una dispu – ta millonaria entre dos grandes del sector energético de Colombia, que anualmen – te le aportan a la capital del país, cerca de 800.000 millones de pesos en utilidades. Esta unión que ha liderado con éxito las empresas Enel-Codensa y Enel-Emgesa, era en un principio un referente de buen desempeño en el sector, pero hoy se ha con – vertido en el blanco de quejas en Bogotá y sus alrededores por la disminución que ha presentado en la calidad del servicio energía con frecuentes apagones. A las actuales demandas ante tribunales de arbitramento realizadas por el Grupo Energía de Bogotá a Enel; por el desarrollo de iniciativas de energías limpias a través de Enel Green Power, y no de Enel-Emgesa; el cambio de los nombres de las empresas y la distribución de los dividendos, hay que sumarles el vergonzoso cóctel de chuzadas telefónicas que tienen a la presidente del GEB, Astrid Álvarez Hernández, en me – dio de una investigación por la firma de un contrato con la empresa que chuzó las comunicaciones del director general de Enel Colombia, Lucio Rubio Díaz. Son numerosas las dudas que han surgido alrededor del contrato que en 2018 firmaron el Grupo de Energía de Bogotá y la consultora Berkeley Research Group, implicada en las chuzadas ilegales al interior de la Fiscalía, cuyo monto asciende a más de $3.000 millones, los cuales no han sido justificados y son motivo de investigación por parte de la Contraloría de Bogotá. Ante este hecho, no podemos olvidar el antecedente que tiene la señora Álvarez, quien en 2007 se vio involucrada en un escándalo de grabaciones sobre contratos de transporte aéreo entre Ecopetrol y Helicol, propiedad de Avianca. Ojalá pronto se resuelva este bochornoso caso que enreda más el futuro de esta unión. Sabemos que la alcaldesa Claudia López quiere dejar su impronta en Bogotá con la implementación de energías renovables y el transporte eléctrico, sin embargo será difícil que con tribunales de arbitramento y posibles seguimientos clandestinos se pueda construir la confianza necesaria para apostar millones de dólares en limpiar el aire de la ciudad y generar ingresos para el desarrollo y progreso de la capital. Eso sin mencionar, la gran desventaja que significó para el GEB no participar en la subasta de energía renovable por las implicaciones en la disputa actual con Enel. La limitación que tiene el Grupo Energía de Bogotá para el desarrollo de la línea de negocios de generación de energía limpia, a causa de la discordia con sus socios, ha impactado de manera negativa a la empresa, que está perdiendo grandes oportunidades de avanzar en las renovables. Los desacuerdos con Enel en los negocios de energía renovable que según el GEB violan los acuerdos contenidos en el contrato de asociación, tienen al Grupo atado de manos en el desarrollo de estos proyectos porque el reclamo se encuentra en tribunal de arbitramento. Es lamentable que esta, la que fuera la alianza público-privada más larga en el tiempo y más exitosa, pase hoy por momentos de gran tensión que la exponen a una ruptura. Es hora de que se termine esta guerra que no está haciendo más que afectar el patrimonio de los bogotanos y detener la expansión de las energías renovables en la capital. Esperamos que pronto se aclare las acusaciones de las chuzadas y se reparen las relaciones entre los socios para que el oxígeno fresco de la nueva administración llegue al timón máximo de una de las empresas más admiradas y respetadas del país.

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Migración en Colombia, un problema que se agudiza

Columnistas, Opinión / revistacg

El Congreso debe con urgencia tramitar los proyectos de ley migratoria y de estatuto fronterizo que actualmente cursan en las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y el gobierno nacional debe comprometer a la comunidad internacional en la atención de este drama humanitario. En Colombia, curiosamente y por fortuna, el asunto migratorio y en particular la ola migratoria venezolana, no ha hecho presencia en el debate político y en la definición de las preferencias electorales de la ciudadanía. En otras latitudes como en Europa y Estados Unidos, en cambio, el movimiento masivo de población ha producido, cuando menos, modificaciones importantes en el mapa político, en su mayoría articuladas a la explotación de la xenofobia que han dado origen o han alimentado proyectos políticos de la extrema derecha. Esta infortunada circunstancia en Colombia quizás obedezca a que buena parte de los ciudadanos venezolanos que han llegado a nuestras fronteras y principales ciudades son colombianos o hijos de colombianos, que habían emigrado al vecino país en busca de oportunidades laborales o de mejoras en su calidad de vida, o huyendo del conflicto armado interno. Quizás también a los lazos históricos y culturales que nos unen como pueblos y que constituye un dique de contención al nivel de rechazo o xenofobia de otros contextos. Idiomática y culturalmente hablando, el venezolano difícilmente puede ser considerado un extraño en nuestro país. Pero una circunstancia política particular ayuda a explicar esta relativa tranquilidad con la que hemos recepcionado la crisis migratoria venezolana. Por un lado, los sectores políticos de izquierda o de centroizquierda han tenido una actitud solidaria y comprensiva con los recién llegados, reconociendo sus derechos y respaldando las acciones del Estado colombiano para su atención. Y para la derecha política, representada especialmente en el Uribismo, acogerlos y reconocerlos es sobre todo una manera de insistir en la descalificación del régimen venezolano como una dictadura 83 El Congreso debe con urgencia tramitar los proyectos de ley migratoria y de estatuto fronterizo que actualmente cursan en las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y el gobierno nacional debe comprometer a la comunidad internacional en la atención de este drama humanitario. Han llegado incluso a proponer que los venezolanos sean reconocidos como refugiados en nuestro país, con todo lo que ello implica en materia de derechos para las personas que gozan de este estatus en el derecho internacional. Sin embargo, las cifras Indican que el fenómeno migratorio colombiano es de los más grandes y desafiantes del mundo. La ACNUR calcula en 25 millones el número de personas que se movilizan al año expulsa – dos u obligados a salir de su lugar de origen. En Colombia, según datos oficiales, hemos recibido en los últimos cinco años cerca de un millón ochocientos mil personas provenientes del vecino país. En los momentos más críticos 32 mil personas cruzaron diariamente la frontera colombo-venezolana y, actualmente 40 mil circulan a diario en la zona fronteriza, de las cuales se quedan 3 mil en nuestro país. Situación que inevitablemente se agravará con las restricciones en la circulación de los venezolanos en las fronteras de Ecuador y Perú. Colombia definitivamente cambió su perfil migratorio. De ser un país expulsor de población pasamos a convertirnos en un país receptor. Esa circunstancia nos sorprendió sin una legislación y sin una institucionalidad suficientemente robusta para atender solidaria y productivamente la llegada de personas de otros países, cuando aún tenemos que lidiar con el desplazamiento interno de población víctima del conflicto y la violencia. El Congreso debe con urgencia tramitar los proyectos de ley migratoria y de estatuto fronterizo que actualmente cursan en las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y el gobierno nacional debe comprometer a la comunidad internacional en la atención de este drama humanitario.

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Divisiones insensatas

Columnistas, Opinión / revistacg

El segundo vicepresidente del senado Dr. Alexander López Maya, junto a la bancada que se hace llamar alternativa, instauraron una tutela contra el presidente Iván Duque Márquez por violar los derechos fundamentales al debido proceso, el deber de control político y el principio de democracia participativa, debido a que el mandatario no ha enviado al Congreso el informe de las causas que determinaron el Estado de Emergencia derivado de la pandemia COVID –19. Argumentan que el 22 de abril de 2020, varios congresistas elevaron una solicitud al presidente para que allegara dicho informe y hasta la fecha no hay pronunciamiento alguno. Que insensatez por el amor de Dios, es increíble que algunos “padres de la patria”, se desgasten en mover el aparato judicial para obtener respuesta de algo que es de conocimiento público y constituye un hecho notorio. Hasta el más humilde e iletrado de los colombianos, tiene conocimiento de las causas de la declaratoria del Estado de Emergencia y desde el día uno que se anunció el mismo hasta la fecha, son públicas todas las medidas o decretos que ha expedido el gobierno con ocasión del coronavirus. En estos momentos de tragedia nacional y mundial, el país exige de sus máximos dirigentes que actúen con madurez, que actúen desprovistos de protagonismos insulsos, que entendamos de una buena vez que todos pertenecemos a la misma familia de seres humanos y como seres humanos lo más importante en esta coyuntura, es la salud y la alimentación, en esas dos direcciones deben estar concentrados todos los esfuerzos de nuestros “padres de la patria”, ya que el coronavirus desnudó lo mal que está el país en redes hospitalarias, pues departamentos como el Chocó no tienen una sola Unidad de cuidados intensivos (UCI)) para atender la emergencia sanitaria que hoy vive la nación. Por ello, señores congresistas, señores “padres de la patria”, actúen como verdaderos padres, BASTA YA, de divisiones insensatas, congresistas desgastándose si las sesiones deben ser virtuales o presenciales, todo, solo con cálculos electorales, antes que resolver los verdaderos problemas de los colombianos. Jesucristo murió por nosotros dejándonos el más importante mensaje “Ámense unos a otros como yo los he amado”, cumplamos a cabalidad esa frase y sin duda alguna se acabarán las divisiones sin sentido en nuestro país y el mundo entero.

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Entre todos superamos esta emergencia, Ciro Rodríguez

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Columnistas, Coronavirus, Covid-19, Gobierno, Opinión, Pandemia / revistacg

El Gobierno Nacional ha implementado la aplicación CORONAPP, que permite el autodiagnóstico a individuos y núcleos familiares y hace posible georreferenciar y determinar cercanía de focos y cadenas del contagio del coronavirus Ante la emergencia del coronavirus, que es una pandemia global, el gobierno departamental ha tomado las medidas necesarias y urgentes que le han permitido afrontar con eficacia esta situación. La primera decisión importante fue la declaratoria de calamidad pública en Norte de Santander, principalmente por su condición de frontera y de esta forma reforzar el control en los pasos fronterizos a través de la Policía Nacional y Migración Colombia. Se destaca la unificación de acciones conjuntas a través de la convocatoria a los alcaldes, al sector productivo, los gremios y a los parlamentarios. El primer caso en el departamento se presentó el 15 de marzo y su crecimiento hasta el día de hoy es controlable, a pesar de que sabemos que no hay un sistema de pruebas eficiente. El hecho de que hasta hoy no exista ningún caso crítico y ningún muerto en Norte de Santander nos da una idea de que hasta ahora la afectación ha sido mínima. La estrategia implementada está desarrollada en tres campos de acción, el primero y más importante en el sector salud, donde se le da prioridad a la defensa de la vida, segundo las acciones sociales, que no se quede ningún nortesantandereano sin la protección alimentaria y tercero las estrategias para defender nuestro sector económico. Importante en este aislamiento preventivo nacional garantizar el abastecimiento, logística y seguridad alimentaria en el departamento y evitar que algunos se aprovechen de esta situación y saquen provecho económico. Gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones se ha logrado que mu – chas actividades diarias se puedan realizar desde la casa, y se ha probado la efectividad del teletrabajo, la educación virtual, el comercio y la banca digital. 41 El plan de acción implementado en el sector de la salud, abarca tres estrategias importantes, primero las de prevención, que se deben tomar como hábitos diarios, pero solo las medidas preventivas y de contención no son suficientes, por eso la segunda acción que combinada con herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones ha sido efectiva en los países asiáticos, y en eso ha coincidido la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la detección temprana de los casos, un factor fundamental para contener la extensión de la pandemia. Para facilitar realizar pruebas de detención masivas del coronavirus, en una gestión importante ante el Gobierno Nacional, se logró habilitar un laboratorio para el departamento y una asignación de mil ochocientos millones de pesos para su implementación. El análisis del big data, los sistemas de monitoreo, la identidad digital y advertencia basados en Inteligencia Artificial y otras tecnologías ayudan efectivamente a contener la propagación de la pandemia, una plataforma centralizada de big data dirigida por el gobierno que recopile los datos personales de los ciudadanos y sus movimientos. El rastreo de potenciales contagios es fundamental para tomar acciones no solo médicas, si no sociales y económicas. No se pueden tomar acciones ni conocer el impacto real del virus si no sabemos a cuántas personas ha afectado. El Gobierno Nacional ha implementado la aplicación CORONAPP, que permite el autodiagnóstico a individuos y núcleos familiares y hace posible georreferenciar y determinar cercanía de focos y cadenas del contagio del coronavirus, permitiendo desplegar mapas de calor, datos, así como estrategias de prevención y aislamiento de los servicios de salud. Pero se necesita una acción más contundente para lograr que todos los colombianos se vinculen a esta plataforma, y el gobierno logre que esta sea robusta, incluso condicionar todos los programas sociales y económicos, para que sus beneficiarios estén vinculados a la misma. Estas medidas tecnológicas se pueden complementar a través de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, detallar las localidades en las que el usuario se ha conectado a celdas de telefonía móvil y enviar un SMS en el que se especifica las localidades en las que la persona se ha conectado. La tercera acción en el sector salud ha sido fortalecer el sistema del departamento, donde se ampliará a más de 400 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y más de 450 camas de hospitalización. De ellas, se distribuirán al Erasmo Meoz 200 camas (UCI) y 150 de hospitalización, mientras que al Hospital Emiro Quintero Cañizares le corresponderán 45 camas (UCI), a Pamplona 45 y a Tibú 10. Las ESES de cada región tendrán un fortalecimiento en el mejoramiento de su capacidad de atención. Las medidas sociales tomadas van encaminadas a la protección de los más vulnerables y las económicas a la protección de los micro, pequeños y medianos empresarios. Si bien el aislamiento a corto plazo es esencial para detener las epidemias, el aislamiento a largo plazo conducirá al colapso económico sin ofrecer ninguna protección real contra las enfermedades infecciosas. Esta emergencia debe dejarnos buenas enseñanzas y prácticas que debemos adoptarlas y no olvidarlas cuando se normalice esta situación, como es compartir más en familia, utilizar las herramientas digitales, silenciar las armas, reducir los índices de accidentalidad y el mejoramiento del medio ambiente.

Entre todos superamos esta emergencia, Ciro Rodríguez Read More »