Columnistas Archivos - Página 23 de 23

Indolencia del estado frente a la violencia contra la mujer

Por, senadora Rosmery Martínez Rosales, Partido Cambio Radical Aunque en Colombia existen leyes tendientes a la sensibilización, prevención y sanción contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres, como la Ley 1257 de 2008, de la cual soy coautora, los altos y preocupantes indices de impunidad continúan de forma vergonzosa incrementando los niveles de desconfianza en el sistema de administración de justicia, y transmitiendo el negativo mensaje de que se puede maltratar a la mujer. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna. ¿Por qué la ley no llega a las personas? ¿Por qué su desconocimiento? Junto con el desarrollo normativo, se debe avanzar a nivel institucional y comunitario en estrategias pedagógicas contundentes que sensibilicen y socialicen la normatividad existente. Es necesario romper los paradigmas de exclusión y de discriminación; vivimos condicionados por una estructura social enraizada en la desigualdad funcional entre mujeres y hombres, lo cual concibe efectos perversos de subyugación, como si las mujeres no fuesen seres humanos con anhelos, expectativas, creencias y valores. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna, debemos direccionar el establecimiento de una política pública que articule todas las entidades nacionales, incluyendo los entes de control, como fórmula irrebatible para que se garantice avanzar en la prevención de la violencia contra la mujer, fortalecer los mecanismos de atención, protección y apoyo social, y ejecutar procesos judiciales eficaces para valorar los daños de tipo psicológico, sexual, físico o patrimonial generado. Uno mi voz a la voz de todas las mujeres que reclaman ser valoradas y reconocidas para que esta política pública se vuelva realidad y no quede reducida a un juego de palabras. Esta es una causa por la que hay que seguir luchando, porque hoy solo se percibe la indolencia del Estado colombiano, quien parece más familiarizado con la muerte y la agresión, como si no tuviera consciencia de que la violencia contra la mujer ¡mata!, y no únicamente mata a la mujer, descompone la célula familiar y erosiona los cimientos de nuestra sociedad. Reitero, la atención a la mujer debe ser comprometida, integral y coherente: esta es una obligación constitucional y un imperativo ético.

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El ELN no quiere paz

Columnistas, Opinión / revistacg

Por, Rigoberto Barón Neira, Senador, Partido Centro Democrático El desgobierno en que vivimos los colombianos es evidente, hace rato que los grupos guerrilleros creen tener el derecho de hacer y deshacer, un territorio sin ley, porque el presidente Santos no es más que un títere de las Farc y un bufón para el ELN. Luego de casi un año de supuestas negociaciones en Ecuador, aquí en Colombia vivimos los verdaderos resultados de lo que se gestionó en Quito; atentados a oleoductos, policías asesinados, ataques a bases militares, un sin fin de ofensivas contra los colombianos y según Santos todo anda viento en popa. El supuesto cese bilateral por la llegada del Papa a Colombia se tradujo en que iban a dejar de matar mientras el Papa estuviera en suelo colombiano y, una vez este se fuera, el derramamiento de sangre continuaría, se realizaría una ola de atentados en el país, 24 para ser exactos. El 10 de enero del presente año, el ELN atacó Petrolera en Cubará, Boyacá, luego se efectuaron dos detonaciones a oleoductos en Saravena, Arauca, y uno contra Ecopetrol en Aguazul, Casanare. No siendo suficiente, francotiradores atacaron patrulla de la Armada Nacional, donde resultaron heridos dos infantes de marina. Fuera país maltrecho, falta poco para ver la luz y salir de uno de los capítulos más oscuros de la historia colombiana. Luego de estos ataques, el jueves 11 de enero asesinaron dos policías en el municipio de Arauca y bloquearon la vía que comunica con Bogotá, no obstante, al siguiente día secuestraron a trabajador de Ecopetrol en Saravena y más tarde, lanzaron granada a garita de la Policía en el municipio de Fortul. Nuevamente, el 14 de enero dinamitaron el oleoducto Transandino en Nariño y el 15 de enero se recibieron denuncias de lo que serían extorsiones y amenazas al sector del comercio en Pueblo Rico y Risaralda. Finalmente, como si todo esto no fuera suficiente, el pasado 19 de enero hubo un ataque a la base del Ejército en Teorama, Norte de Santander, que dejó como resultado un militar muerto y dos heridos. No sé qué es más grave, que este Gobierno pase por alto estos hechos y levante la mesa de Quito por unos días, o que ahora la Misión de Observación de la ONU asegure que desde el vencimiento del cese al fuego bilateral no se han registrado incidentes. Después de estas declaraciones lo único que se puede pensar es que, tanto el presidente como la Misión, estaban de vacaciones durante este escabroso mes, porque no hay manera de desconocer estos hechos. Esta afirmación es bastante grave, pero además es muy serio, que al estar en conocimiento de estos ataques y la Misión de la ONU no los informe ni haga registros, pasan a ser automáticamente cómplices al dejar a un lado el objetivo de ofrecer garantías a la población afectada. Desde siempre manifesté que la mesa de negociación se debía acabar, porque el Gobierno Santos es una figura débil ante estos terroristas, que nunca mostraron voluntad de paz, lo único que hicieron en Quito fue hacernos perder tiempo y dinero, nos faltaron al respeto a todos los colombianos hablando de paz, mientras sostenían armas y derramaban sangre de inocentes. Definitivamente este es un mandato sin pantalones y sin firmeza, primero le regaló el País a las Farc y ahora quiere hacer lo mismo con el ELN. Fuerza País maltrecho, falta poco para ver la luz y salir de uno de los capítulos más oscuros de la historia colombiana.

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Los niños reclutados

Columnistas, Opinión, Política / revistacg

Por, representante a la Cámara Margarita Restrepo, Centro Democrático Se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Reclutamiento de menores, una fecha de singular relevancia por el momento que está viviendo nuestro país. Cuando empezaron los diálogos de La Habana, alcé mi voz para pedirle al gobierno de Santos que exigiera la devolución de la totalidad de menores que estaban en poder de las Farc. Para que dichas conversaciones tuvieran un mínimo de legitimidad, era imprescindible que la estructura criminal desvinculara a los más de 3 mil niños que estaban en sus campamentos del terror. Al margen de cualquier otra determinación, no era admisible desde ningún punto de vista que en Cuba se negociara un acuerdo mientras que en las selvas colombianas las niñas reclutadas contra su voluntad siguieran siendo utilizadas como esclavas sexuales. Mi llamado no fue atendido. Santos negoció a pesar de que los niños jamás fueron devueltos a sus hogares. Es una afrenta, a todos los niños que sufrieron las peores vejaciones mientras estuvieron esclavizados en los campamentos de las Farc, que aquellos que los utilizaron, violaron, manipularon y obligaron a cometer actos ilegales, estén en la calle haciendo proselitismo político. Las Farc hicieron del reclutamiento forzado de menores una política generalizada y sistemática. El departamento de Antioquia fue uno de los que más padeció ese flagelo. Por tratarse de un crimen de lesa humanidad, este no puede prescribir ni ser cobijado por amnistías o indultos. En el Estatuto de Roma, se contempla a la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. El reclutamiento de niños es una de las más abyectas modalidades de este crimen que, valga recalcar, es el único por el que la corte penal internacional ha impartido sentencias condenatorias. Existe un acuerdo global para castigar a los responsables del reclutamiento de menores. Criminales de guerra africanos como Charles Taylor y Thomas Lubanga fueron capturados, llevados ante la CPI, juzgados y condenados. Su delito: haber convertido a miles de niños, contra su voluntad, en asesinos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los cabecillas de las Farc? Absolutamente ninguna. Hemos oído en las últimas semanas los relatos estremecedores de las mujeres de la corporación “Rosa Blanca”. Ellas, que fueron niñas reclutadas por distintos frentes de las Farc, han revelado los vejámenes a que fueron sometidas. De manera heroica, ante la impunidad, decidieron romper su silencio, salir del anonimato y encarar a sus victimarios, para exigirles reparación y demandar ante el Estado la aplicación de la justicia. Es una afrenta, a todos los niños que sufrieron las peores vejaciones mientras estuvieron esclavizados en los campamentos de las Farc, que aquellos que los utilizaron, violaron, manipularon y obligaron a cometer actos ilegales, estén en la calle haciendo proselitismo político y preparándose para ocupar las curules en el Congreso de la República que Juan Manuel Santos les obsequió.

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Colombia: País peligroso para ser mujer

Columnistas, Opinión, Política / revistacg

Por, senador Juan Manuel Galán, Partido Liberal Colombia puede ser uno de los países del mundo más peligrosos para ser mujer. Según cifras del DANE, en nuestro país las mujeres y las niñas son el 51% de la población. En 2016, de acuerdo con los últimos datos de la Corporación SISMA Mujer, ellas representaron más del 59% de los casos de violencia intrafamiliar; el 85,32% de los casos de violencia sexual y se convirtieron en el mayor porcentaje de víctimas de homicidios perpetrados por la pareja o ex pareja. Las recientes denuncias de mujeres líderes de opinión, sobre situaciones de abuso, maltrato y violación, vuelven a poner el tema sobre la mesa. Los informes nos muestran que este tipo de violencia no está concentrada en algunas regiones, sino generalizada en todo el país. Así lo indican el Instituto de Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, autores en el 2017 del primer índice de género en el que midieron el bienestar de las mujeres en relación con factores como la inclusión, la justicia y la seguridad. “En 2016, de acuerdo con los últimos datos de la Corporación SISMA Mujer, ellas representaron más del 59% de los casos de violencia intrafamiliar; el 85,32% de los casos de violencia sexual y se convirtieron en el mayor porcentaje de víctimas de homicidios.” Este índice nos muestra que la puntuación de Colombia cayó a 120 en la dimensión de seguridad, y que nuestro país obtuvo un ranking general de 96/153. En realidad, todos sabemos que hace falta voluntad del sector público y del sector privado para una verdadera promoción de la equidad entre mujeres y hombres y la garantía de su seguridad. Es cierto que nuestro país no está aislado en esta problemática. De hecho, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en promedio, al menos 12 mujeres son asesinadas cada día en Latinoamérica por condiciones de género. Sin embargo, esto no puede ser una excusa, pues por nuestras cifras internas, pareciera que hubiéramos desarrollado una alta tolerancia hacia este tipo de violencia y su crudeza. Las mujeres están pidiendo un cambio, y el país no puede seguir negándose a escuchar. Comparto las palabras del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que en su discurso de apertura del Foro Económico Mundial en Davos, esta semana, desafió a los líderes de las corporaciones más grandes del mundo y a la institucionalidad pública, a proteger a las mujeres y a potenciar su rol en el desarrollo de los países. Como bien lo dijo el Primer Ministro, el tiempo de escuchar y aprender ya pasó; ahora, es tiempo de liderar, tomar en serio cada denuncia y resolverla. En el caso colombiano, cada minuto cuenta.

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Se nos creció ELeNano

Bogotá D.C., Columnistas, Opinión / revistacg

Por, Samuel Hoyos, Representante a la Cámara, Partido Centro Democrático Después de siete años de gobierno de Juan Manuel Santos, tres ministros de defensa, el texto de La Habana y la fallida negociación con el ELN, los resultados de la cartera de defensa son concluyentes. Los cultivos de coca aumentaron en más de un 52%, las disidencias de las FARC hacen presencia en más de 48 municipios, la percepción de inseguridad aumenta cada día en el país y el ELN, que parecía estar desaparecido, ahora está más fuerte que nunca, destruyendo el país para demostrarlo. “Presidente, la ausencia de justicia que no es nada distinto a la impunidad” Respecto a las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, luego de un año de instalada la mesa en Ecuador, los resultados obtenidos fueron una agenda de cinco puntos que carecen de metodología y practicidad para negociar y un ELN fortalecido que no solo coptó las fuentes de financiación de las FARC, sino que también hace presencia en departamentos en los que nunca ejerció ningún tipo territorial, y en los que ahora realiza ataques terroristas en zonas rurales y centros urbanos. Nueve días después de que el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la negociación con este grupo criminal, el ELN decretó un paro armado -ya no de un día, sino de cuatro y a nivel nacional- que hasta hoy se traduce en múltiples atentados contra de la fuerza pública y la población civil, bloqueo y voladuras de vías nacionales, y destrucción de la infraestructura nacional. Por su parte, la respuesta del Gobierno Nacional, ante estos hechos de violencia irracional, es continuar con el ejército acuartelado esperando con la paciencia (o la ingenuidad) del santo Job, un acto de buena fe por parte de este grupo criminal. La consecuencia de estos hechos es el olvido de una premisa fundamental en estas circunstancias y es que las negociaciones con grupos criminales se deben hacer de una posición estatal de poder, premisa que Juan Manuel Santos olvidó desde hace cinco años cuando inició la negociación con las FARC y que no solo sirvieron para desinstitucionalizar al país, sino para mostrarle al ELN que entre más actos terroristas cometan, y más presionen al Gobierno Nacional, más prebendas van a conseguir. Presidente, la ausencia de justicia que no es nada distinto a la impunidad, para lo único que sirve es para envalentonar a los criminales e incentivar perversamente a la venganza.

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Humberto de La Calle, el candidato de la paz

Columnistas, Opinión / revistacg

Por, senador Guillermo García Realpe Partido LiberalAcompañé recientemente en Florencia a nuestro candidato presidencial Humberto de La Calle Lombana, fue un momento donde el fervor liberal se sintió en todo su esplendor. Liberales procedentes de los 16 municipios del Caquetá, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, afros, campesinos, mujeres cabeza de familia, indígenas, ambientalistas, animalistas, todos se congregaron para saludar y manifestar su apoyo al exjefe negociador de Paz del Gobierno Santos. De La Calle, un hombre tranquilo, conciliador, pero centrado en su discurso, conocedor a fondo del país, logró llevar su mensaje a la multitud presente. Un mensaje de esperanza y reconciliación, donde se avizora un futuro con grandes posibilidades para un país que dejó atrás el lastre de la guerra. Y el Caquetá desafortunadamente sí que sabe de guerra y conflicto armado, su suelo fértil ha sido testigo de las más tristes historias de violencia que llenaron de luto al país entero. Por fortuna, esa triste página los caqueteños la están superando y hoy en el Caquetá están pasando cosas buenas. Hoy, este importante departamento de nuestro sur del país vive otras épocas, ya la inversión ha llegado, la gente se puede desplazar en horarios nocturnos a sus municipios sin el temor de caer en un retén de grupos armados ilegales o ser secuestrados, los turistas nacionales y extranjeros están llegando masivamente a visitar las maravillas naturales de la región, aerolíneas como Satena retomaron sus operaciones a San Vicente del Caguán, y la gente hoy, por lo menos, vive más tranquila y es optimista en su futuro. Además, en solo 2 años se multiplicó el hato ganadero en 300 mil cabezas en todo el departamento del Caquetá, ratificando a esta región como una de las principales cuencas lecheras y de producción de queso del país. Todo esto se logró gracias al proceso de Paz con las FARC, guerrilla que fue neutralizada a través del diálogo y que, sin lugar a dudas, hizo mucho daño a lo largo y ancho de la geografía nacional; quizá Caquetá fue uno de los departamentos más azotados por esta organización subversiva. De La Calle, como buen hombre de provincia, escuchó atento a quienes lo interrogaron, respondió con creces las inquietudes de la gente y al final hubo ovación del público asistente. “Los invito con el más absoluto respeto a que consideren la candidatura de Humberto De La Calle, que voten a conciencia, que decidan si quieren que en el país se consolide la Paz” La gente de la provincia, en donde con más intensidad se vivió el conflicto armado, reconoce que la Paz con las FARC ha traído enormes bondades, sus hijos adolescentes ya no serán reclutados, los cuarteles de la Policía ya no serán dinamitados, tampoco la infraestructura vial y energética, los comerciantes y empresarios no serán extorsionados con la famosa vacuna, en fin, son múltiples las ventajas de tener un país en Paz. Ya nadie en Colombia quiere volver a vivir esos tiempos de guerra y violencia, por eso, con los hechos de barbarie sucedidos recientemente en Barranquilla y Soledad, Atlántico, también en la población ecuatoriana de San Lorenzo, fronteriza con Colombia, el país recordó episodios nefastos de épocas anteriores que no quiere volver a revivir. Es necesario entonces que todos abracemos la Paz, el proceso con las FARC no fue perfecto, pero más vale una Paz imperfecta que una guerra que siga llenando de víctimas y de luto a humildes familias colombianas. Uno de los arquitectos de ese proceso fue Humberto de La Calle quien estuvo al frente de las negociaciones durante más de cinco años, un hombre calmado, sereno, que logró amansar a esa fiera indomable que muchos quisieron domar a lo largo de los años de existencia de las FARC. Así que, nuestro reconocimiento y apoyo a unos de los grandes mentores de la Paz, a un hombre que conoce a fondo el país, a la Colombia marginal y excluida y por la que seguiremos trabajando para darle equidad, progreso y desarrollo, donde la pobreza extrema, e incluso la miseria en que están sumidos muchos de nuestros compatriotas, sobre todo quienes habitan nuestro Litoral Pacífico, Amazonía, Orinoquía y Macizo Colombiano, sea por fin erradicada. Los invito con el más absoluto respeto a que consideren la candidatura de Humberto de La Calle, que voten a conciencia, que decidan si quieren que en el país se consolide la Paz o si quieren apoyar a extremistas que le apuestan a que en Colombia continúe la guerra.

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EL VIACRUCIS de los alcaldes

Columnistas, Editorial, Opinión / revistacg

Por: Álvaro Erazo Paz el 2018 será un año de transición, en el que se elegirá un nuevo Congreso y se escogerá al presidente que gobernará el país en el próximo cuatrienio, con la consolidación de la paz como el reto principal. En esa tarea será fundamental tener a los alcaldes como aliados, si se tiene en cuenta que la construcción del tejido social se debe hacer desde las regiones, donde las secuelas de la guerra han sido mayores y donde a gritos se reclama autonomía e independencia para el manejo de los recursos destinados a proyectos de inversión en salud, educación, vivienda y malla vial. Pero el gran obstáculo para dinamizar el trabajo de los mandatarios locales y avanzar hacia un país mucho más productivo, competitivo y equilibrado en lo social sigue siendo la centralización.

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En Colombia, la prestación de los servicios públicos requiere mayor control

Columnistas, Opinión / revistacg

Por, Eloy Chichí, Representante a la Cámara, Partido Cambio Radical La prestación de los servicios públicos ha sido históricamente una de las funciones esenciales del Estado colombiano, puesto que, de su eficiente, continúa e ininterrumpida prestación depende la subsistencia y calidad de vida de toda la población. Razón por la cual, durante años se fueron constituyendo en todo el territorio nacional distintas empresas públicas encargadas de la prestación y distribución de los servicios públicos. No obstante, la corrupción y el clientelismo se fue apoderando poco a poco de estas empresas, ocasionando, en vez del bienestar de la comunidad, el atraso económico del país, la falta de legitimidad de las instituciones y la perdida de millonarias cifras invertidas en el esfuerzo de solventar empresas que difícilmente pueden perdurar en una economía abierta. Ante esa situación, la Constitución Política de Colombia de 1991 estableció que la prestación de los servicios públicos era inherente a la función social del Estado. Sin embargo, estos podrían ser prestados de manera directa o indirecta, por comunidades organizadas o por particulares. Es decir, los particulares pueden prestar los servicios públicos, pero en todo caso es deber del Estado señalar las políticas generales de administración y asegurar su debida prestación mediante el control, inspección y vigilancia de los mismos. En esa dirección, se creó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como entidad encargada del control, inspección y vigilancia de las empresas prestadoras de servicios públicos, y la Ley 142 de 1994, las comisiones de regulación como organismos encargados de diseñar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. “…a pesar de todos los esfuerzos institucionales, nuevamente la corrupción permeó la prestación de los servicios públicos, pero esta vez a través de las comisiones de regulación” Pero, a pesar de todos los esfuerzos institucionales, nuevamente la corrupción permeó la prestación de los servicios públicos, pero esta vez a través de las comisiones de regulación. Estas comisiones han sido serviles a los intereses de las empresas privadas y han cesado en su deber de control, desencadenando situaciones como la de Electricaribe en la Región Caribe, donde, durante años, el servicio se ha prestado de manera deficiente y las comisiones, aparte de generar mayor confusión mediante la expedición de un sinnúmero de resoluciones, no han logrado que el servicio mejore. Por lo anterior, radicamos el proyecto de Ley 124 de 2017 – Cámara, para lograr que las comisiones de regulación realicen un mayor control a las empresas prestadoras, teniendo en cuenta que cumplen una función esencial dentro del Estado colombiano pero que han sido incapaces de velar por la correcta prestación de los servicios públicos. Con esta iniciativa también se pretende que estas comisiones rindan cuentas al Congreso de la República por medio de un informe anual para verificar el avance en sus funciones y así mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el país. El no cumplimiento de las funciones descritas le permitirá al Congreso adelantar moción de censura en contra de ministros y directores de Departamentos Administrativos que integren la respectiva comisión. Igualmente, esta iniciativa busca promover mejores prácticas al interior de las comisiones para que regulen correctamente la prestación del servicio público en cada una las regiones del país, para que casos como Electricaribe no se repitan. Su único fin debe ser el velar por la prestación de calidad y el bienestar de los habitantes del territorio colombiano. Se espera entonces que, una vez se apruebe este importante proyecto de ley, exista un interés verdadero por parte del Gobierno Nacional para cumplir con uno de sus fines esenciales.

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¿Se disminuirá uso de carro?
Por, representante a la Cámara Clara Rojas, Partido Liberal.

Columnistas, Opinión / revistacg

El hueco fiscal que tiene actualmente el Sistema Integrado de Transporte público (SITP), y que asciende a 595 mil millones de pesos, pretende ser llenado con alzas, tanto en el valor del pasaje de Transmilenio en 100 pesos como con una sobretasa de 15 pesos adicionales en los parqueaderos que operan en Bogotá. Considero que no tienen ninguna justificación esos dos incrementos, puesto que afectan el bolsillo de los habitantes de Bogotá ya que hay que tener en cuenta que en ambos casos se superan, tanto el aumento en el salario mínimo legal (5.9%), como el costo de vida de 2017 (4.9%). Sin olvidar que las familias se han visto afectadas con la reforma tributaria del 2017, particularmente con el aumento al IVA de 3 puntos para un 19% de impuesto. El pasado 12 de enero me referí al incremento injustificado en el valor del pasaje en Transmilenio en mi blog: http://www.clararojas.com/aumento-injustificado-pasaje-transmilenio.html. De acuerdo con el Proyecto de Acuerdo radicado por la Administración Distrital en el Concejo de Bogotá, esta nueva contribución se cobrará dependiendo de la zona, hora del día y estrato del predio donde se encuentre el estacionamiento público, y solo se causará en las primeras dos horas de parqueo. La norma prevé, por ejemplo, que en una zona de actividad comercial de estrato 3, con bajo acceso al transporte público y bajo nivel de congestión vehicular, se pagaría una contribución de $ 8 por minuto, por máximo 2 horas. Se exceptúan del cobro a las bicicletas y a las motocicletas de 125 c.m3 e inferiores. El alza busca, además de financiar el sistema de transporte, desincentivar el uso del vehículo particular que, si bien es un objetivo loable, hay que tener en cuenta que no hay un sistema público adecuado y las personas necesitan de su carro para movilizarse. En los últimos 11 años, la ciudad pasó de tener 839.251 carros a 2.182.578, es decir, que entre 2007 y 2017 el número aumentó en 1.343.327 (se excluyen las motocicletas y mototriciclos), según un informe del Observatorio Ambiental de Bogotá. Si un habitante de Bogotá se desplaza diariamente en promedio 20 kilómetros en su automóvil, emite 1.387 kilos del CO2 al año, esto quiere decir que el total de automóviles en Bogotá al año emiten 3.027 millones de kilos del CO2 (material participado). Actualmente, en Bogotá existen aproximadamente 2.791 parqueaderos, pero de estos solo el 80% está registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá. Hace menos de un año, mediante decreto 217 del 03 de mayo de 2017, “Por medio del cual se define y actualiza la metodología para establecer las tarifas para el estacionamiento fuera de vía, se fija la tarifa máxima para los aparcaderos y/o establecimientos en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, se modificó el cobro del servicio de aparcamiento y/o estacionamiento fuera de vía en el Distrito Capital de Bogotá, el cual se incrementó en un 10%. En el artículo 4 del decreto expedido se definió que la tarifa máxima por minuto para aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía en el Distrito Capital es de $105 pesos por minuto. Esta tarifa se define con una fórmula que incluye las siguientes variables: Valor Máximo por Minuto: es el valor máximo que puede cobrarse a un usuario de estacionamiento por minuto. Factor de Demanda Zonal: factor de demanda por ubicación del establecimiento dependiendo de la zona en la cual se encuentra ubicado y fluctúa entre 0.5 y 1.0 a partir de la demanda del sector, el estrato social y la actividad del sector. Factor por tipo de vehículo: Factor que ajustará el cobro por tipo de vehículo que sea estacionado (automóviles, camperos, camionetas, vehículos pesados, motocicletas y bicicletas). Factor por nivel de servicio: Factor asociado con las características físicas del estacionamiento. “El alza busca, además de financiar el sistema de transporte, desincentivar el uso del vehículo particular que, si bien es un objetivo loable, hay que tener en cuenta que no hay un sistema público adecuado.” Adicionalmente, el decreto estableció que todos los parqueaderos de la ciudad deben disponer un espacio para bicicletas por cada diez que ofrecen para vehículos; se fijó un cobro máximo por el servicio de parqueo para bicicletas en diez pesos ($10). Así las cosas, el parqueadero que está a nivel o subterráneo, pasó de 95 pesos a 105 pesos para automóviles y, para motos, pasa de 67 a 74 pesos el minuto. A nivel, piso en concreto, asfalto o gravilla pasó de 67 pesos a 74 pesos para automóviles el minuto y para motocicletas, de 47 pesos a 52. Los que son a nivel, piso afirmado, césped o asociado a un uso pasaron de 48 pesos a 53 pesos para carros y de 47 pesos a 52 pesos para motocicletas. Esta nueva iniciativa se suma a la propuesta que hizo hace 4 meses la administración encaminada a eliminar el sistema del cobro por minutos en los parqueaderos públicos para permitir que cada establecimiento fije libremente las tarifas, dependiendo de la oferta y la demanda, lo que ha generado inquietud entre los usuarios porque podría elevar el costo de este servicio. Así lo analicé en una columna titulada “Control a precios en parqueaderos”, publicada el pasado 22 de septiembre en mi blog. La Alcaldía busca que los parqueaderos se autorregulen por la libre competencia al considerar que “no existe ninguna razón para que haya controles de precios a los estacionamientos, estamos en una economía de mercado. La tendencia a mediano plazo es a que haya libertad de precios”. La regulación de los precios de los parqueaderos fue aprobada por el Concejo de Bogotá en 2008 y puesta en vigencia mediante el Acuerdo 356 que establecía que únicamente se podrá cobrar la tarifa fuera de vía autorizada por el Gobierno Distrital, teniendo en cuenta las características particulares de cada estacionamiento, la cual deberá permanecer expuesta a la vista de los usuarios.

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DOS ESCOLLOS A SUPERAR
Por, Amylkar D. Acosta M., miembro de Número de la ACCE

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Para seguir avante en el propósito de aprovechar el cuarto de hora que les queda al carbón y al petróleo, se tendrán que superar dos escollos que tiene a la actividad extractiva en Colombia en ascuas: la inseguridad jurídica y la conflictividad social. En cuanto a la inseguridad jurídica, manifiesta el Presidente de la Asociación Colombiana de Minería Santiago Ángel que “si las cortes siguen abriendo en forma retroactiva y parando los proyectos y las ampliaciones, no vamos a ver el año dorado del carbón en 2018”. Pero, la verdad sea dicha, una de las principales fuentes del activismo judicial y del exacerbamiento de los conflictos sociales en las regiones en donde operan las empresas extractivas es la falta de un ordenamiento territorial, dando lugar a un conflicto de usos y de ocupación del territorio y de contera un conflicto de competencias entre las entidades territoriales y el Gobierno central. Un ejemplo patético de ello es el lío que se ha armado alrededor de la tardía delimitación del Páramo de Santurbán. A esto se vienen a añadir, en el caso de la minería, los vacíos jurídicos que deja el anacrónico Código de Minas, que no responde a las nuevas realidades. Pero, indudablemente, el detonante de la inconformidad y la insatisfacción en las regiones productoras fue la expedición del Acto legislativo 05 de 2011, que reformó el régimen de regalías en detrimento de ellas, que ahora no se sienten bien compensadas con lo que reciben con el nuevo reparto de las mismas. Alegan, y con razón, que el mayor impacto económico, social y ambiental de la actividad extractiva se da en el territorio en donde operan las empresas. En su momento se adujeron razones de equidad para repartir la “mermelada” en toda la tostada nacional, pero el impacto no se reparte, se queda en las regiones productoras. Se pretextó también que el manejo de las regalías en las regiones era una fuente de corrupción, pero con el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) lo que se hizo fue vender el sofá de la infidelidad, porque la corrupción ha hecho metástasis y ninguna institución o rama del poder público ha escapado a ella. En su momento, ante la amenaza en ciernes del despojo desde las regiones clamaban porque le dejaran las regalías y se llevaran a los corruptos y lo que sucedió fue todo lo contrario, ¡se llevaron las regalías y les dejaron a los corruptos! “…quienes le dicen no, sin atenuantes, a la actividad extractiva en el país deberán decir también con qué otras fuentes de ingresos se van a suplir los que se dejarían de recibir si ella se paraliza…” Capítulo aparte merece la proliferación de consultas populares y acuerdos municipales en contra de la actividad extractiva. De los 1.122 municipios con los que cuenta el país, desde el año 2013 se han realizado consultas populares en 9 de ellos, en 127 de ellos están en curso iniciativas para prohibir la actividad extractiva a lo largo y ancho del territorio nacional, entre ellas, 81 consultas populares y 46 acuerdos municipales aprobados, de los cuales sólo 9 han sido objetados. Las altas cortes les han dado un espaldarazo a estas iniciativas ciudadanas al disponer de una parte que son las entidades territoriales las competentes para determinar la viabilidad de la actividad extractiva en su territorio y, de otra, que el resultado de las consultas populares tiene efecto vinculante. Es de anotar que la actividad extractiva ha sido y sigue siendo una de las más importantes fuentes de ingresos del Estado, así como del Gobierno central como de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el Sistema General de Regalías (SGR) casi su única fuente de financiación de sus proyectos de inversión. En el año 2013, la actividad extractiva le llegó a significar al país entre impuesto de renta, regalías y dividendos la no despreciable suma de $29.8 billones, de los cuales $20 billones se apropiaron en el Presupuesto General de la Nación, representando el 29.3% de sus ingresos corrientes. Para ese mismo año, el SGR recibió el remanente, es decir $9.8 billones. Es más, según la Contraloría General, entre 2012 y 2016 la actividad extractiva alimentó al SGR con $40.3 billones, de los cuales el 80.4% provinieron de la extracción de crudos y el 19.6% de la minería propiamente dicha. Y, según el Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Luis Guillermo Vélez, el freno de mano que le han impuesto las protestas, bloqueos y oposición a la actividad extractiva se han dejado de recibir” por concepto de regalías cada año superarían los $226.000 millones y significarán para el país en los próximos cinco años un hueco fiscal de $1.2 billones”. De manera que quienes le dicen no, sin atenuantes, a la actividad extractiva en el país deberán decir también con qué otras fuentes de ingresos se van a suplir los que se dejarían de recibir si ella se paraliza, porque estamos hablando de un monto sustancial de recursos con los cuales se financia tanto el funcionamiento como la inversión del Estado.

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