Por, Eloy Chichí, Representante a la Cámara, Partido Cambio Radical
La prestación de los servicios públicos ha sido históricamente una de las funciones esenciales del Estado colombiano, puesto que, de su eficiente, continúa e ininterrumpida prestación depende la subsistencia y calidad de vida de toda la población. Razón por la cual, durante años se fueron constituyendo en todo el territorio nacional distintas empresas públicas encargadas de la prestación y distribución de los servicios públicos.
No obstante, la corrupción y el clientelismo se fue apoderando poco a poco de estas empresas, ocasionando, en vez del bienestar de la comunidad, el atraso económico del país, la falta de legitimidad de las instituciones y la perdida de millonarias cifras invertidas en el esfuerzo de solventar empresas que difícilmente pueden perdurar en una economía abierta.
Ante esa situación, la Constitución Política de Colombia de 1991 estableció que la prestación de los servicios públicos era inherente a la función social del Estado. Sin embargo, estos podrían ser prestados de manera directa o indirecta, por comunidades organizadas o por particulares. Es decir, los particulares pueden prestar los servicios públicos, pero en todo caso es deber del Estado señalar las políticas generales de administración y asegurar su debida prestación mediante el control, inspección y vigilancia de los mismos.
En esa dirección, se creó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como entidad encargada del control, inspección y vigilancia de las empresas prestadoras de servicios públicos, y la Ley 142 de 1994, las comisiones de regulación como organismos encargados de diseñar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.
“…a pesar de todos los esfuerzos institucionales, nuevamente la corrupción permeó la prestación de los servicios públicos, pero esta vez a través de las comisiones de regulación”
Pero, a pesar de todos los esfuerzos institucionales, nuevamente la corrupción permeó la prestación de los servicios públicos, pero esta vez a través de las comisiones de regulación. Estas comisiones han sido serviles a los intereses de las empresas privadas y han cesado en su deber de control, desencadenando situaciones como la de Electricaribe en la Región Caribe, donde, durante años, el servicio se ha prestado de manera deficiente y las comisiones, aparte de generar mayor confusión mediante la expedición de un sinnúmero de resoluciones, no han logrado que el servicio mejore.
Por lo anterior, radicamos el proyecto de Ley 124 de 2017 – Cámara, para lograr que las comisiones de regulación realicen un mayor control a las empresas prestadoras, teniendo en cuenta que cumplen una función esencial dentro del Estado colombiano pero que han sido incapaces de velar por la correcta prestación de los servicios públicos.
Con esta iniciativa también se pretende que estas comisiones rindan cuentas al Congreso de la República por medio de un informe anual para verificar el avance en sus funciones y así mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el país. El no cumplimiento de las funciones descritas le permitirá al Congreso adelantar moción de censura en contra de ministros y directores de Departamentos Administrativos que integren la respectiva comisión.
Igualmente, esta iniciativa busca promover mejores prácticas al interior de las comisiones para que regulen correctamente la prestación del servicio público en cada una las regiones del país, para que casos como Electricaribe no se repitan. Su único fin debe ser el velar por la prestación de calidad y el bienestar de los habitantes del territorio colombiano.
Se espera entonces que, una vez se apruebe este importante proyecto de ley, exista un interés verdadero por parte del Gobierno Nacional para cumplir con uno de sus fines esenciales.