junio 27, 2026

Columnistas

¡No volverán las cláusulas de permanencia!

David Barguil Representante a la Cámara, Partido Conservador Con bastante preocupación denunciamos esta semana que la Comisión de Regulación de Comunicaciones pretendía sacar una resolución en la que se abría la puerta para revivir las cláusulas de permanencia. Afortunadamente, el director de la CRC, Germán Arias, escuchó nuestras preocupaciones y se comprometió a no resucitar las cláusulas que tanto nos costó eliminar de la telefonía móvil, hecho que ha beneficiado enormemente a los colombianos. En el año 2011, realicé un debate de control político en el cual demostré que en Colombia muchas industrias abusan de su posición dominante y esto se refleja en la falta de competencia y la monopolización en algunos sectores como el del cemento, insumos agrícolas, medicamentos y telefonía móvil. Frente a este último sector, mostramos que en el país existían tres operadores celulares que directa o indirectamente importaban casi la totalidad de los equipos que se vendían, poniéndoles el precio que querían y afectando, finalmente, a los usuarios. Radicamos, entonces, el proyecto de ley 161 de 2012 con el que propusimos que se fomentara la competencia en los servicios de comunicaciones, eliminando las cláusulas de permanencia, pues descubrimos que los operadores estaban abusando de dicha figura para aprovecharse de sus clientes. Nos dimos cuenta que en otros países ya no tenían cláusulas de permanencia y, si existían, las reglas del juego eran completamente diferentes. Por ejemplo, el IPhone 5, un teléfono muy apetecido en ese momento, era vendido en Colombia a $1’252.000 con planes mayores a $219.000 mensuales, mientras que en Chile el mismo operador vendía los planes del IPhone 5 por los $200.000 mensuales, con una cláusula de permanencia de 24 meses, pero la gran diferencia era que allá el celular les salía completamente gratis. Nos llovieron meteoritos por parte de Asomovil y los operadores amenazaron con subir los precios de los celulares de gama alta hasta un 48%. Pero mentían, pues en ese momento era prácticamente imposible que el precio de los equipos aumentara más. Muestra de ello es que el Samsung Galaxy S4 tenía un sobrecosto de más del 30% frente al precio que ofrecían reconocidas tiendas online en cualquier parte del mundo. Además, existían abusos como las cargas limitadas y por minutos, donde si un usuario cortaba la llamada a los 10 segundos, igual le cobraban el minuto entero.  En realidad, las cláusulas de permanencia no estaban sirviendo para subsidiar ni ayudar a los usuarios con cómodos intereses, sino para atarlos con contratos interminables. “Ahora bien, con sorpresa nos enteramos y denunciamos esta semana que la CRC abría la posibilidad en una nueva resolución de revivir las cláusulas de permanencia” Al estudiar las ventajas que traería nuestro proyecto, la CRC decidió adoptarlo y expidió la resolución 4444 de 2014, con la cual quedó prohibido “el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima en los servicios de comunicaciones móviles”. Al poco tiempo se empezaron a ver los resultados, los precios de los celulares se redujeron hasta un 46% y cambió la modalidad de facturación de minutos a segundos, dándoles muchas más opciones a los usuarios. Los operadores se vieron obligados a competir y ofrecer nuevos descuentos a sus clientes. Incluso, pese al efecto que tuvo el aumento del dólar que incrementó los precios de los celulares a nivel mundial, en Colombia dicho aumento se produjo a menor velocidad debido a la competencia entre operadores por mantener a los usuarios. La misma CRC ha señalado en sus informes de monitoreo que la eliminación de las cláusulas de permanencia ha generado más ofertas, planes y formas de financiación de los teléfonos, traduciéndose en mejores tarifas de minutos, datos y equipos. Según Fenalco, hoy en el mercado hay entre 22 y 25 marcas que distribuyen smartphones -entre ellas grandes superficies, almacenes de cadena y páginas de internet-, antes de la resolución 4444 no había más de 10 marcas. Ahora bien, con sorpresa nos enteramos y denunciamos esta semana que la CRC abría la posibilidad en una nueva resolución de revivir las cláusulas de permanencia, argumentando que en Colombia hay un rezago respecto a otros países en la penetración de internet móvil, diagnóstico que desconoce el principal problema que es el atraso existente en materia de infraestructura, redes y antenas. Por supuesto, pusimos el grito en el cielo y anunciamos que nos opondríamos a que los operadores tuvieran de nuevo vía libre para ponerles condicionamientos a los usuarios que quisieran adquirir equipos 4G. No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que los colombianos tengan que soportar otra vez una venta atada y un plan de datos obligatorio ligado al pago de su celular. Afortunadamente, el director de la CRC escuchó nuestras preocupaciones y se comprometió a aclarar en el texto de la nueva resolución que no revivirán las cláusulas de permanencia, lo cual nos da un parte de calma, pero no estaremos completamente tranquilos hasta que salga la resolución final y esté expresamente consignado el siguiente parágrafo: <<en los contratos de prestación de servicios móviles no se pueden pactar cláusulas de permanencia mínima>>. No debe haber lugar a ninguna ambigüedad que pueda ser aprovechada por los operadores para amarrar a sus clientes. Eso sí, acompañaré a la CRC en sus esfuerzos para que bajen los precios de los equipos de alta gama, bajo el entendido que si el usuario pacta un plan podrá retirarse cuando quiera. A pesar de que algunos han tratado de satanizar la eliminación de las cláusulas de permanencia, la verdad es que las cifras hablan por sí solas y demuestran que hoy los usuarios deciden con mayor libertad qué equipo y qué servicio se ajusta más a su presupuesto y a sus necesidades. Nuestra lucha contra los gigantes sigue en pie y nunca nos va a temblar la voz para denunciarlos. Enfrentarse a un gigante, como los grandes operadores de la telefonía móvil, no es fácil, pero nuestra responsabilidad es seguir defendiendo el bolsillo de los colombianos.

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El discurso de “De la Calle”

Samuel Hoyos Representante a la Cámara, Partido Centro Democrático De las “emotivas” palabras pronunciadas por el otrora jefe negociador del acuerdo de La Habana en la tarde del domingo, llaman la atención algunas de las afirmaciones que expuso el candidato presidencial. De la Calle inició su rueda de prensa con contundencia, “Se están tirando la paz”, y después de eso, su prédica fue un memorial de agravios en el que se fue lanza en ristre contra la Corte Constitucional, el candidato Iván Duque, el ex presidente Álvaro Uribe, y el Gobierno Nacional (Lo del Gobierno Nacional, es un hecho notorio, la incapacidad de “implementar” lo pactado en La Habana por parte de Juan Manuel Santos es evidente, el secretario de la JEP cuestionado por los malos manejos de los recursos, la plata del Fondo Colombia en Paz embolatada, el comisionado de paz Rodrigo Rivera no aparece por ningún lado e Iván Márquez se mueve como Pedro por su casa y ahora está Miravalle con su amigo el Paisa). Para Humberto de la Calle, la primera señalada en esta crisis de la paz es la Corte Constitucional porque, según él, la posibilidad que el alto tribunal dio al Congreso de la República de deliberar en democracia el contenido de lo pactado en La Habana, para que el órgano legislativo dejara de ser un notario que se limitara a avalar lo que él mal negoció en Cuba, fue la primera traición que torpedeó el mejor acuerdo posible. De la calle es el constructor de un puente que se está cayendo y le echa la culpa al interventor por advertirlo. El siguiente señalado, y en eso coincido con el doctor De la Calle, es el Gobierno Nacional a quien acusó de quedarle grande la implementación del acuerdo, y yo añadiría, que también le quedó grande gobernar el país; pero a pesar de estos señalamientos tan fuertes en contra el gobierno del que él hizo parte por más de 4 años, o la Corte Constitucional, quien salvaguarda nuestra carta política y garantiza los derechos fundamentales de todos los colombianos, sorprende que las palabras más dulces y gentiles de su discurso fueron para los miembros de las FARC, a quienes sólo señaló de faltos de empatía con el pueblo colombiano Pareciera ser que el mejor acuerdo posible nos llevó a un punto en el que debemos autocensurarnos (por miedo o por ser políticamente correctos), y perdimos la libertad de decir, que si bien la paz está en crisis, no es porque la Corte Constitucional haya garantizado el derecho fundamental a la participación y deliberación política del Congreso de la República, o que la misma se deba a la palpable incapacidad de este gobierno de implementar lo que mal negoció, y que la crisis tampoco deriva de la falta de empatía del grupo guerrillero con el pueblo colombiano como lo señala el candidato De la calle. La paz está en crisis porque las FARC no están dispuestas a dejar el narcotráfico que es el combustible de guerra, la paz está en crisis porque ellos no quieren cumplir con lo pactado, y ahora que ven que la justicia (no la que ellos crearon) se les viene encima, responsabilizan a los colombianos de su incumplimiento a lo pactado. De la calle es el constructor de un puente que se está cayendo y le echa la culpa al interventor por advertirlo.

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Prioridades para la Agenda Pública Nacional

Carlos Alberto Baena López Senador, presidente Partido Mira Marzo trajo consigo los resultados de las elecciones al Congreso de la República y, también, de las consultas de candidatos presidenciales que coincidieron aquel día. En nuestro caso, además, supuso el regreso de la bancada del Partido Político Mira al senado, porque la sentencia del Consejo de Estado que se emitió hace un mes, aproximadamente, cumplió sus efectos el pasado miércoles, cuando tomamos posesión en el Capitolio Nacional. Ante las autoridades, simpatizantes y los medios de comunicación que nos acompañaron ese día fue posible aclarar y profundizar, ya en calidad de senadores en ejercicio, algunos de los temas que han llamado la atención de la opinión pública durante las últimas semanas. Así, una vez más, surgieron preguntas para corroborar nuestra decisión de renunciar a la indemnización económica por causa del daño que supuso a la sociedad, a la democracia, al Partido y a los que, debiendo ser reconocidos en sus cargos desde el 2014, solo llegamos a ellos en marzo de este 2018. En efecto, fue una oportunidad más para insistir en que nuestro trabajo procura el bienestar de los colombianos quienes, al no ser responsables de los hechos lamentables de hace cuatro años, tendrían que haber pagado con su dinero, tomado vía impuestos, la reparación que nos correspondía. Por tal motivo, declinamos la posibilidad de hacer esa solicitud y, satisfechos con los resultados de la Administración de Justicia, optamos por enfocar nuestros esfuerzos en dar lo mejor desde el Senado, durante los meses que tenemos delante. “Porque la sentencia del Consejo de Estado que se emitió hace un mes, aproximadamente, cumplió sus efectos el pasado miércoles, cuando tomamos posesión en el Capitolio Nacional”.   Los temas que ocuparán nuestra atención son muchos y muy variados; en esta ocasión mencionaremos sólo algunos. La generación de ingresos debe ocupar, cuanto más pronto mejor, los primeros lugares de la Agenda Pública Nacional. Hay que multiplicar los esfuerzos para que la pobreza se reduzca en el país y este objetivo se logra por medio del emprendimiento, contando con el apoyo empresarial y el incremento del empleo disponible, en términos de cantidad y calidad. También, desde nuestra perspectiva es de primera importancia continuar el trabajo a favor de la mujer y la niñez en Colombia. Protección, garantías, mejoramiento de su calidad de vida, empoderamiento económico, entre otras, serían las líneas de promoción y desarrollo para lo porvenir. Nos anima pensar en una Colombia próspera, que avance en términos de equidad, y reconciliación, una tierra convertida en un gran lugar para vivir, crecer y construir la sociedad que todos añoramos.

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MIRA ratifica su compromiso con las mujeres y dice sí a su dignidad pensional

Gloria Stella Díaz O. Senadora, Partido MIRA Desde el Partido Político MIRA, ahora en el Congreso de la República, continuaremos dándoles garantías a las mujeres de Colombia. Esta vez acompañaremos diciendo sí al proyecto de ley que reduce las semanas de cotización para que puedan alcanzar su pensión. Para mí y la bancada del Partido MIRA, reducir las semanas que se requieren para lograr la pensión por parte de las mujeres, al pasar de 1.300 a 1.150 semanas cotizadas, es una acción contundente en el objetivo de reducir la brecha de desigualdad no solo de la mujer sino de millones de  familias que dependen de su fuerza laboral. De aprobarse esta ley, el panorama sería muy alentador si comparamos las cifras de hoy; según el DANE, el 14% de las mujeres en el país logra pensionarse. Dándole luz verde a esta importante iniciativa, más de 10 millones de mujeres se verían beneficiadas y a sus 54 años podrían gozar de  su pensión. Mi lucha por reducir la brecha de desigualdad con la mujer que existe en el país se ratificará en este periodo en el Congreso, pues permitirle 3 años de calidad de vida a la mujer que equivalen a 150 semanas menos de trabajo se convierte en un reconocimiento a su labor en los diferentes ámbitos de la sociedad como lo es el hogar y otros oficios. Mi lucha por reducir la brecha de desigualdad con la mujer que existe en el país se ratificará en este periodo en el Congreso. Hoy al Gobierno Nacional le preocupa la financiación de este proyecto y yo le digo, como se lo manifesté públicamente en la plenaria del pasado 20 de marzo, que recursos sí hay y para ello debe reforzar las medidas para evitar la evasión de impuestos, especialmente los de renta, complementarios e IVA, que estarían alcanzando los 30 billones de pesos anuales y que, de igual forma, recupere los cerca de 50 billones de pesos que se pierden cada año en todo el país por los casos de corrupción. Insisto, en otras palabras, que el Gobierno Nacional sí tiene con qué respaldar iniciativas tan poderosas como estas. No obstante, quiero abrir el debate ya que este no es el único problema que debe atenderse, pues, por ejemplo, continúan los bajos salarios o salarios no equiparables con los de los hombres, el trabajo doméstico no remunerado y las extensas jornadas laborales, que incluyen el cuidado de niños, niñas y adultos mayores, para lo cual no deben escatimarse esfuerzos.  

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Dicho y hecho

Por, Amylkar D. Acosta M. Miembro de Número de la ACCE El bajonazo del precio del crudo de los US $115.19 el barril, a mediados de junio de 2014, hasta los US $25 en enero de 2016 puso a prueba a la industria petrolera y la obligó a tomar medidas tendientes a reducir sus costos, a ser más eficientes y a apretarse el cinturón para poder sobrevivir. Como lo planteó Roberto Steiner, uno de los directivos de Ecopetrol en su momento, “una parte central de la revisión estratégica, que consulta la nueva realidad del mercado, tiene que ver con el logro de mayor eficiencia operacional y una significativa reducción de costos”. Y ese fue el propósito que se impuso la empresa y su grupo empresarial. Aunque los precios repuntaron en los últimos dos años, se descolgaron definitivamente del techo de los US $100, promediando los US $52.10 para el año 2016 y US $56.82 para la referencia Brent en 2017. Era imperativo, entonces, ajustarse a la nueva realidad y Ecopetrol dio los pasos conducentes para lograrlo. Dicho y hecho. Se hizo un gran esfuerzo para reducir los costos operacionales, los de levantamiento del barril de crudo, los del transporte, el costo en diluyentes, en fin, en cuanto se pudo. Gracias a ello, como lo manifestó el ex presidente de la empresa Juan Carlos Echeverri, “el precio al cual producimos caja está entre US $20 y US $30 y el nivel en el cual damos utilidades está entre US $30 y US $40”. Adicionalmente, se hizo un esfuerzo interesante en la comercialización, toda vez que se logró reducir el diferencial del precio de venta de la canasta de crudos de Ecopetrol con respecto a la referencia BRENT hasta los US $6, 50 menos con respecto a 2015, la mejor cotización en los últimos 7 años. Este corte de cuentas tan favorable para Ecopetrol le mereció el reconocimiento de parte de la agencia calificadora de riesgo Moody´s Investor Services El desempeño de Reficar también contribuyó con sus números al buen balance que presentará Ecopetrol a sus 340 mil accionistas, el próximo 23 de marzo, cuando se les propondrá repartir $3.65 billones en dividendos ($89 por acción), 55% de su utilidad neta de $6.6 billones, 323% mayor que el año pasado ($1.56 billones) y la más alta en los últimos 4 años. De estas, van a la Tesorería General de la Nación $3.2 billones, que sumados al pago de impuestos le significarán ingresos por la no despreciable suma de $8.2 billones, aproximadamente. Ecopetrol aprovechó, además, para pre-pagar deuda, reduciéndola de US $18.000 millones a US $15.000 millones. Con la baja de los precios, bajaron también las reservas de Ecopetrol un 14%, al pasar de 1.849 MMBPE en 2015 a 1.598, atribuible a la baja del precio – base para su aforo de los US $55.57 el barril a US $44.49. Para el 2017, al calcularse las reservas con el precio de US $54.93, ello da como resultado la incorporación de 94 MMB de petróleo a las reservas. Adicionalmente, se añadieron 201 MMB y 73 MMB por cuenta de la gestión técnica y optimización financiera de los activos, amén del recobro mejorado, respectivamente. El efecto combinado de estos factores dio como resultado que las reservas de crudo de Ecopetrol se recuperaran, pasando de 1.598 MMBE a 1.659, para un incremento de 3.8%. En cuanto a la producción de petróleo, sigue preocupando el alejamiento continuo de la otrora meta del millón de barriles/día a nivel nacional, alcanzada en 2013 y que desde entonces ha venido decayendo junto con las reservas. Ecopetrol no ha escapado a esta tendencia y es así como pasó de producir en promedio 760.000 barriles/día en 2015 a 718.000 barriles/día en 2016 y 715.000 en 2017. Ello se ha debido, en gran medida, a los trastornos que ha tenido la empresa, tanto en su operación como en el transporte del crudo, debido a los recurrentes conflictos sociales y laborales, así como a los frecuentes atentados contra la red de oleoductos. Este corte de cuentas tan favorable para Ecopetrol le mereció el reconocimiento de parte de la agencia calificadora de riesgo Moody´s Investor Services, la cual, luego de analizar su P & G al cierre de 2017, le mantuvo su calificación en Baa3 con perspectiva estable, con una calificación de crédito individual (BCA) de ba3. Conceptuó esta firma que “la empresa ha sido exitosa en reducir sus costos operativos, lo que le ha permitido incrementar su flujo de caja y bajar su endeudamiento”. Y remata diciendo que todo ello se debe “a la mejora de los fundamentales de la compañía”. Y ello se da después de haber cambiado la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de Colombia de estable a negativa.

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Prioridades legislativas

Por: Óscar Sánchez León Representante a la Cámara, Partido Liberal Las elecciones del 11 de marzo presentaron un nuevo panorama político para el Congreso de la República y para los colombianos, nuevos actores de diferentes corrientes políticas e ideológicas participarán en la formulación de las leyes y el control político, lo cual sin lugar a dudas fortalecerá el debate y la democracia. Este escenario de diferencias ideológicas y políticas debe ser aprovechado para la construcción de soluciones efectivas a las problemáticas que enfrenta el país y que afectan a la mayoría de los habitantes del territorio nacional. Durante los diversos recorridos por mi departamento, he tenido la oportunidad de conocer de primera mano las quejas y las manifestaciones de desacuerdo de la gente con el sistema de salud, la seguridad ciudadana, la educación, el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, las políticas de envejecimiento poblacional, entre otras. Por ende, la prioridad del nuevo Congreso será la formulación de una legislación que le permita al Gobierno Nacional establecer acciones concretas contra la delincuencia; para el año 2017, el atraco callejero, el raponazo, el robo de vehículos y de celulares aumentó en Colombia, sumado a un alto índice de reincidencia e impunidad. En materia de seguridad social, se debe mejorar la prestación de los servicios de salud, modificar el modelo de intermediación financiara de las empresas prestadoras de salud y pensar con perspectiva territorial la prestación del servicio. La educación de calidad no puede seguir siendo un privilegio de pocos. Si bien es cierto que los niveles de cobertura educativa han mejorado en el país, no se puede decir lo mismo de la calidad, las últimas pruebas saber 11 son muestra de ello, en la que los primeros lugares fueron ocupados por colegios privados de difícil acceso para familias de estratos bajos, sin mencionar los estudiantes de la ruralidad en Colombia. En relación a la problemática de sustancias psicoactivas, se presenta un aumento en el consumo por parte de los menores de edad; lo cual genera problemas de salud pública, aumento del microtráfico, inseguridad y desintegración familiar, por lo que se hace necesaria la regulación de ciertas conductas y disposiciones en esta materia.

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¡Es el centro estúpido!

Por, Juan Manuel Galán Senador, Partido Liberal La campaña presidencial comenzó y hasta con las consultas se pretendía, desde las encuestas, anticipar una especie de segunda vuelta entre dos visiones políticas extremas. Sin embargo, las elecciones del domingo sorprendieron a esos extremos que se creían mucho más fuertes. Petro esperaba arrasar a Duque, no a Caicedo a quién descalificó como “una fuerza marginal en la política”; no solo se quedó en la votación histórica de Carlos Gaviria sino que se evidenció su incapacidad para sumar y aglutinar a toda la izquierda para la primera vuelta. La derecha tampoco logró superar la votación de Oscar Iván Zuluaga hace 4 años. La evidencia política nos muestra que una gran mayoría de colombianos no quiere un gobierno extremista y polarizante. Esa masa de votantes está sin candidato. Los egos y la incapacidad de construir acuerdos tiene al centro fragmentado y sin identidad. Se perdió la oportunidad de realizar una consulta popular que propuse hace varios meses entre candidatos de centro para ir a primera vuelta unificados. “Colombia no necesita solo una persona sino todo un equipo que sepa administrar, gobernar y que oriente a nuestro país para ganar la paz”. Parece tarde y difícil hoy lograr ese acuerdo dados los obstáculos jurídicos, políticos y de egos que enfrentamos. A pesar de las dificultades, reitero mi llamado a Sergio Fajardo y a Humberto De la Calle para que logren un acuerdo que permita representar a la Colombia de centro. Es bien sabido que muchos candidatos están amarrados por sus consultas. El artículo séptimo de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 afirma que el candidato que se someta a una consulta interna o interpartidista deberá respetar el resultado de ese mecanismo de participación; es decir, que el candidato elegido no podrá renunciar a su aspiración, en este caso presidencial, so pena de tener que reintegrar los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral para realizar la consulta. En el marco de esta disposición jurídica, Humberto De La Calle, Iván Duque y Gustavo Petro no podrían hacer alianzas antes de llegar a primera vuelta, so pena de violar el estatuto electoral. Así las cosas, los únicos candidatos que no están amarrados por una consulta se llaman Sergio Fajardo y German Vargas Lleras. Son ellos quienes llevan la delantera en la negociación política para asegurar un buen resultado en la primera vuelta de las próximas elecciones. Estamos a pocas semanas del 27 de mayo. Colombia no necesita solo una persona sino todo un equipo que sepa administrar, gobernar y que oriente a nuestro país para ganar la paz. Parafraseando al expresidente Bill Clinton: “¡Es el centro estúpido!”.

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Los congresistas responden “SIN RODEOS”

Honorio Henríquez Senador, Centro Democrático Pienso que, más que el Congreso, ha sido el Gobierno de Juan Manuel Santos el que durante 8 años ha dejado a un lado el proceso de descentralización.  Un claro ejemplo de ello es la ley orgánica 1454 de 2011 de ordenamiento territorial, la cual no le otorga más autonomía a las regiones, sino que las convierte en un mero ente administrativo, financiado con recursos de los departamentos y municipios que las conforman.  Desde el Congreso de la República, debemos trabajar en el desarrollo de una ley que dé una verdadera autonomía administrativa y presupuestal a los municipios, siguiendo los lineamientos propios del artículo 311 de la Constitución Política para subsanar las dificultades existentes en el Sistema General de Participaciones. Antonio Restrepo Representante a la Cámara, Cambio Radical Los recursos del Gobierno Nacional, como los distribuyen, de acuerdo a normas de las constitución, y otros mediante la presentación de proyectos en los ministerios. Nosotros no ordenamos ni ejecutamos, solo ayudamos a agilizar proyectos de las entidades territoriales. Martha Villalba Representante a la Cámara, Partido de la U En mi caso, que represento al departamento del Atlántico, no hemos dejado solos a nuestros alcaldes. Siempre hemos sido defensores de la autonomía y la descentralización administrativa y una clara muestra ha sido el apoyo que, desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso, le hemos dado a nuestros entes territoriales. Recientemente, dimos nuestro respaldo a la firma de la Región Administrativa y de Planificación (RAP), para que, en nuestro caso, el Caribe Colombiano se constituya como una región unida, con estructura propia y autonomía financiera para decidir sobre su bienestar y desarrollo regional, inversión y competitividad. Angela Robledo Candidata Vicepresidelcial La Constitución de 91 estableció como principio fundamental la descentralización, con el ánimo de fortalecer la democracia y las capacidades de gestión y de presupuesto en las regiones de Colombia, en los más de 1000 municipios que tenemos; sin embargo, no solo el legislativo, sino el ejecutivo, ha venido causando un fenómeno de concentración de los recursos. Entonces, lo que asistimos con muchas leyes que se producen desde el Congreso de la República es una desconcentración de funciones, es decir, muchísimas responsabilidades para gobernadores y alcaldes o alcaldesas con ningún presupuesto. Vale la pena recordar que, quizá, el primer golpe a ese espíritu de la Constitución fue la reforma a los artículos 356 y 357; que tenía que ver con el sistema general de participación, la transferencia de recursos para salud y la  educación -que a veces era el tema ambiental y agua a los municipios-, el cual, mediante una reforma dada durante el gobierno de Andrés Pastrana en 2001, se disminuyó. Rosmery Martínez Senadora, Cambio Radical Debo decir categóricamente que no. Nuestra lucha desde el Congreso de la República ha sido siempre diezmar el enfoque centralista que visibilizamos los ciudadanos, por cuanto, como bien sabemos, nuestra Constitución pretende la descentralización en tal aspecto. Por ende, se ha buscado que cada una de las regiones sean proactivas en sus decisiones públicas, que tiendan a estimular la sociedad y que se prevea oportunamente el impacto del conflicto, el cual ha sido producto de la desestructuración social e institucional, del centralismo en el manejo de los recursos. Quiero, como legisladora, que nuestras regiones edifiquen un mejor futuro en la toma de dichas decisiones públicas; continuaré apoyando la gestión de las administraciones municipales para que sus propuestas de desarrollo socioeconómico sean incluidas en los presupuestos y planes de acción de las entidades del orden nacional. Victor Correa Representante a la Cámara, Polo Democrático Yo creo que sí los ha dejado solos, y de manera conveniente, porque la nueva descentralización de los recursos obliga a que se tenga que tener un congresista amigo en Bogotá, que ayude a gestionar los recursos para ir a las regiones. Para este año 2018, se supone que se tenía que adelantar la reforma a la ley 715, con la cual se resolverían algunos elementos de la descentralización, poco hizo el Congreso de la República. Aquí hay unos congresistas que trabajamos el tema pero como institución, por el desfinanciamiento que tuvo la alimentación y el transporte escolar, producto de la falta de recursos que gira el sistema general de participaciones. Poco ha hecho el Congreso para presentar una reforma constitucional que garantice que volvamos a aquello que sí planteaba la Constitución del 91, que más del 45% de los ingresos de la nación tenían que ser transferidos vía sistema general de participaciones. ¿Que le preguntarías a los congresistas?

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Llamado al corazón de los bogotanos

Por, Representante a la Cámara, Tatiana Cabello Flórez Bogotá es la ciudad que le aporta el 25% de los ingresos a la Nación, el mayor centro industrial, turístico y económico de Colombia, la urbe que recibe a diario a miles de compatriotas de todas las regiones del país que llegan en busca de oportunidades y una mejor calidad de vida. Por eso, al comprender la relevancia que esta ciudad tiene para el devenir de la patria, es completamente inadmisible que al mismo tiempo que se reportan importantes proyecciones económicas, también tengamos que ver las altas cifras de abandono infantil que ocurren en la capital. En efecto, según la Policía Metropolitana, en estos dos meses que llevamos del 2018, se han presentado 6 casos de abandono, donde se han podido rescatar 10 niños indefensos. Por su parte, el ICBF reportó que el año pasado Bogotá fue la ciudad donde más se presentó este problema, reportando 225 casos. Las entidades encargadas del cuidado de las nuevas generaciones deben incluir el flagelo del abandono infantil dentro de sus principales prioridades de atención. Desafortunadamente, flagelos como la droga, el abuso del alcohol y la violencia intrafamiliar cada vez están teniendo un impacto más directo en el crecimiento de nuestros niños. Estos factores, reportan las autoridades, son las principales causas que llevan al abandono de los menores. Ante esta dolorosa situación, desde estas palabras, quiero hacerle un llamado al corazón de los bogotanos. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Debemos unir esfuerzos entre todos los actores de nuestra sociedad, dejar al lado nuestras diferencias políticas, sociales y económicas y llegar a un acuerdo sobre lo fundamental: sobre nuestra infancia, sobre nuestra familia. Como tal, la crisis por la que atraviesa desde hace varios años la familia, el núcleo esencial de la sociedad, nos ha llevado a esta situación. La fractura de los cimientos en la enseñanza de valores y principios, que deben guiar el camino de las nuevas generaciones, debe ser reparada con urgencia a través de acciones concretas y efectivas. Estas acciones, sin embargo, no pueden ser desarticuladas. Desde las autoridades públicas debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para combatir esta inaceptable realidad de manera armónica. Por mí parte, continuaré defendiendo con vehemencia los intereses de nuestra niñez en un esfuerzo conjunto con el distrito y seguiré siendo la voz de todas aquellas mujeres y niños que, por diferentes circunstancias, no pueden expresar abiertamente las dificultades por las que puedan estar atravesando. Por su parte, el Distrito y el Gobierno Nacional deben desplegar todas las medidas que sean necesarias para proteger a la niñez de nuestro país. Las entidades encargadas del cuidado de las nuevas generaciones deben incluir el flagelo del abandono infantil dentro de sus principales prioridades de atención. Finalmente, como sociedad, debemos fortalecer las redes de apoyo entre la ciudadanía. Cuando entre todos, vecinos, familiares, trabajadores y amigos nos comprometemos con las causas superiores de la patria podemos garantizar que la delincuencia será derrotada, que la formación de los menores será integral y que el futuro de nuestras nuevas generaciones será próspero y lleno de luz.

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Estrategia contra la delincuencia

Por, Horacio José Serpa, político colombiano. El 2017 cerró con cifras preocupantes sobre la situación de inseguridad. Hoy los ciudadanos continúan percibiendo las calles de todo el país con miedo, particularmente en las capitales. Delitos como el hurto a personas, motos, residencias, comercios y celulares continúan a la orden del día para este 2018. Medellín se ha vuelto prueba de ello. Esta semana en tan sólo 48 horas fueron asesinadas 10 personas, razón para que se considere que la lucha contra este flagelo se está perdiendo, ¿qué haremos entonces? No podemos resignarnos ante el crimen. La gente sigue reclamando más seguridad a sus gobernantes y a sus instituciones, a quienes muchas veces ven lejanos de las necesidades de la comunidad; no hay confianza suficiente con los vecinos o autoridades locales, y son frecuentes las denuncias públicas sobre procedimientos policiales irregulares. Pero hoy, consciente de que este es un problema que tenemos que atacar, quiero referirme a un modelo ya existente, que está a la mano de todos y que deberíamos utilizar con mayor empoderamiento. Se trata del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante, una estrategia preventiva en la que están llamados a trabajar conjuntamente ciudadanos y policías para conocer las actividades delincuenciales de los barrios y enfrentarlas. En la nueva realidad del país se requiere una policía que vele por la sana convivencia y por la comunicación oportuna. En Latinoamérica, ciudades como Santiago de Chile han implementado durante las últimas décadas planes que buscan estimular la participación del ciudadano en políticas de seguridad, teniendo resultados exitosos. En Colombia, el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante ha cambiado la manera de trabajar de la Policía, pero aún falta aumentar la confianza de los ciudadanos ante la institución. Vecinos pueden alertar sobre situaciones o personas sospechosas dando aviso al policía de su cuadrante, contribuyendo a una respuesta más rápida por parte de los uniformados. Sin embargo, se requiere que la institución cuente con un mayor pie de fuerza que le permita superar su principal limitación. Entendamos que la seguridad no es sólo hacer cumplir el Código de Policía o imponer comparendos a los infractores. En la nueva realidad del país se requiere una policía que vele por la sana convivencia y por la comunicación oportuna. Desde la política tenemos el deber de proteger, impulsar y reformar estos modelos que buscan minimizar la delincuencia. El presidente y Congreso que estamos a puertas de elegir tienen una misión especial en materia de seguridad, su rol debe estar encaminado a devolverle la esperanza a los ciudadanos que consideran que la lucha contra la delincuencia se está perdiendo.    

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