Honorio Henríquez
Senador, Centro Democrático
Pienso que, más que el Congreso, ha sido el Gobierno de Juan Manuel Santos el que durante 8 años ha dejado a un lado el proceso de descentralización. Un claro ejemplo de ello es la ley orgánica 1454 de 2011 de ordenamiento territorial, la cual no le otorga más autonomía a las regiones, sino que las convierte en un mero ente administrativo, financiado con recursos de los departamentos y municipios que las conforman. Desde el Congreso de la República, debemos trabajar en el desarrollo de una ley que dé una verdadera autonomía administrativa y presupuestal a los municipios, siguiendo los lineamientos propios del artículo 311 de la Constitución Política para subsanar las dificultades existentes en el Sistema General de Participaciones.
Antonio Restrepo
Representante a la Cámara, Cambio Radical
Los recursos del Gobierno Nacional, como los distribuyen, de acuerdo a normas de las constitución, y otros mediante la presentación de proyectos en los ministerios. Nosotros no ordenamos ni ejecutamos, solo ayudamos a agilizar proyectos de las entidades territoriales.
Martha Villalba
Representante a la Cámara, Partido de la U
En mi caso, que represento al departamento del Atlántico, no hemos dejado solos a nuestros alcaldes. Siempre hemos sido defensores de la autonomía y la descentralización administrativa y una clara muestra ha sido el apoyo que, desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso, le hemos dado a nuestros entes territoriales. Recientemente, dimos nuestro respaldo a la firma de la Región Administrativa y de Planificación (RAP), para que, en nuestro caso, el Caribe Colombiano se constituya como una región unida, con estructura propia y autonomía financiera para decidir sobre su bienestar y desarrollo regional, inversión y competitividad.
Angela Robledo
Candidata Vicepresidelcial
La Constitución de 91 estableció como principio fundamental la descentralización, con el ánimo de fortalecer la democracia y las capacidades de gestión y de presupuesto en las regiones de Colombia, en los más de 1000 municipios que tenemos; sin embargo, no solo el legislativo, sino el ejecutivo, ha venido causando un fenómeno de concentración de los recursos. Entonces, lo que asistimos con muchas leyes que se producen desde el Congreso de la República es una desconcentración de funciones, es decir, muchísimas responsabilidades para gobernadores y alcaldes o alcaldesas con ningún presupuesto. Vale la pena recordar que, quizá, el primer golpe a ese espíritu de la Constitución fue la reforma a los artículos 356 y 357; que tenía que ver con el sistema general de participación, la transferencia de recursos para salud y la educación -que a veces era el tema ambiental y agua a los municipios-, el cual, mediante una reforma dada durante el gobierno de Andrés Pastrana en 2001, se disminuyó.
Rosmery Martínez
Senadora, Cambio Radical
Debo decir categóricamente que no. Nuestra lucha desde el Congreso de la República ha sido siempre diezmar el enfoque centralista que visibilizamos los ciudadanos, por cuanto, como bien sabemos, nuestra Constitución pretende la descentralización en tal aspecto. Por ende, se ha buscado que cada una de las regiones sean proactivas en sus decisiones públicas, que tiendan a estimular la sociedad y que se prevea oportunamente el impacto del conflicto, el cual ha sido producto de la desestructuración social e institucional, del centralismo en el manejo de los recursos. Quiero, como legisladora, que nuestras regiones edifiquen un mejor futuro en la toma de dichas decisiones públicas; continuaré apoyando la gestión de las administraciones municipales para que sus propuestas de desarrollo socioeconómico sean incluidas en los presupuestos y planes de acción de las entidades del orden nacional.
Victor Correa
Representante a la Cámara, Polo Democrático
Yo creo que sí los ha dejado solos, y de manera conveniente, porque la nueva descentralización de los recursos obliga a que se tenga que tener un congresista amigo en Bogotá, que ayude a gestionar los recursos para ir a las regiones. Para este año 2018, se supone que se tenía que adelantar la reforma a la ley 715, con la cual se resolverían algunos elementos de la descentralización, poco hizo el Congreso de la República. Aquí hay unos congresistas que trabajamos el tema pero como institución, por el desfinanciamiento que tuvo la alimentación y el transporte escolar, producto de la falta de recursos que gira el sistema general de participaciones. Poco ha hecho el Congreso para presentar una reforma constitucional que garantice que volvamos a aquello que sí planteaba la Constitución del 91, que más del 45% de los ingresos de la nación tenían que ser transferidos vía sistema general de participaciones.