junio 27, 2026

Columnistas

El Ministerio de Ciencia, marcado por la pandemia, deja importantes resultados

El Presidente Iván Duque Márquez resaltó  la tarea desarrollada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su primer año de labores, y dijo que la importancia de lo realizado es mayor en un año marcado por la pandemia. El Jefe de Estado y la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres, presentaron un balance del primer año del Ministerio, desde Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, donde se realizó el Diálogo por la Reactivación Económica, dentro del Compromiso por Colombia. “Esa ha sido una tarea tremenda, pero hoy puedo decir que en este año del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha estado marcado por la pandemia, tenemos por parte del Ministerio unos resultados que hablan por sí solos, de la capacidad de articular en medio de una situación atípica y en su primer año de existencia”, expresó. Hizo énfasis en que se cierra este año “con el mayor presupuesto que haya tenido la ciencia y la tecnología en la historia de nuestro país”, para acometer la tarea en el segundo año del Ministerio, con lo cual “queda claro el rumbo al que vamos”. Recordó que “esta fue una promesa que nosotros les hicimos a los colombianos. Colombia necesitaba un Ministerio que fuera el gran articulador y formulador de políticas públicas”. “Este es un primer año y, como primer año, los hitos más importantes: su creación, la hoja de ruta aplicada desde la Misión de Sabios, el foco en la bioeconomía”, expresó el Mandatario. Destacó la tarea desarrollada en investigación médica y en el caso de la pandemia, “estimular la investigación epidemiológica, convertida también en atención clara, dónde hemos habilitado más de 130 laboratorios en todo el país para enfrentar el covid-19”. Declaró que “este año tenemos para mostrar varias cosas. Primero, la brújula de la ciencia definida por la Misión de Sabios, una misión que habla de la apropiación, el manejo, la gestión y la investigación de nuestra riqueza marina, una misión que habla de unir la ciencia, el desarrollo industrial, para la competitividad y la sostenibilidad, una misión que habla de la bioeconomía y una misión que habla de la apropiación territorial de la ciencia, la tecnología y la innovación, con una mirada muy clara a ampliar el presupuesto”. Anotó que “veníamos de presupuestos agregados del orden el 0.2% del PIB, y nuestra meta inmediata es llevarlo al 1% del PIB y dejar el camino para llegar al 2% del PIB”. Se refirió a la Mincienciatón, convocada este año, “que nos ha permitido convocar a lo mejor de nuestros cerebros, para buscar soluciones que permitan enfrentar el covid-19”. En ese contexto, citó iniciativas e investigaciones presentadas, como  el aislamiento genético del virus, las membranas que permiten aislar el virus en ciertos espacios y las cabinas para el transporte de pacientes de enfermedades infecciosas “Eso es una demostración de lo que se puede hacer por parte del Ministerio de manera rápida. Pero lo otro es también invitar y convocar a quienes tienen el talento y el conocimiento, para que lo apliquen, y ese también es el concepto que se vio la semana pasada” en la Primera Cumbre Colombia Científica, en la que participaron  4.000 investigadores, sostuvo.   Con información tomada de la Presidencia de la República. 

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No es el proyecto de ley de los piropos, Es el proyecto de ley de acoso callejero – Katherine Miranda

“De ser aprobado el proyecto, en adelante se sancionará con pena de prisión a quien realice tocamientos indebidos, exhibicionismo de contenido sexual explícito o a quien asedie verbal o físicamente con intenciones sexuales en espacios públicos o semipúblicos” Desde siempre he sentido miedo de caminar por un andén donde haya un grupo de hombres. Siento nervios, siento como un vacío en el estómago, me aferro a mi bolso como el último refugio; pienso cómo evitarlo, planeo no reaccionar porque puede ser peor, simplemente pasar y ya. Las palabras son tan peligrosas y tan violentas, a veces, que arrinconan y dañan para siempre. Son palabras que jamás se las lleva el viento. Y, ¡qué decir! Del terror que produce cuando se acercan, te tocan, se exhiben. Las mujeres, sobre todo, somos muy vulnerables en la calle, en un bus, en el parque, en un bar. La Universidad de Cornell, una de las más importantes en el mundo,  realizó una encuesta sobre el tema, mostrando que el 84% de las mujeres han experimentado acoso callejero antes de los 17 años, el 82% toman otra ruta diferente después de sufrir este acoso, el 71% reportan que las han seguido y la mayoría de las mujeres transexuales han sido acosadas por su identidad de género. En nuestro ámbito, por ejemplo, si hoy una usuaria de TransMilenio tiene que soportar que un hombre restriegue sus genitales contra su hombro y decide denunciarlo, se va a encontrar con un gran vacío legal. Por esto, pensando en situaciones tan cotidianas y agresivas, he radicado un proyecto de ley junto con la mayoría de las congresistas para tipificar conductas de acoso sexual en el espacio público. Con la tipificación del delito de acoso sexual en espacio público pretendemos llenar el vacío jurídico o la confusión que se genera con la comisión de estos actos debido a los delgados límites jurídicos entre los delitos de acto sexual abusivo, acto sexual violento, acoso sexual, hostigamientos e injuria de hecho. Por ejemplo, cuando en el espacio público, alguien le toca la nalga a una niña menor de 14 años se podría imputar el delito de acto sexual abusivo, pero si la víctima es mayor de 14 años estaríamos frente a la impresentable situación de escoger entre un acto sexual violento o injuria de hecho: un mismo hecho con tres opciones jurídicas de imputación distintas, eso sin contar el delito de acoso sexual, que ocurre cuando hay una relación de subordinación entre victimario y víctima. Estoy convencida que esta situación puede conllevar a errores en la imputación del delito por parte del ente investigador, lo que llevaría a la revictimización del afectado, nulidades en el proceso, y en el peor de los casos, impunidad. En Bogotá, a diario, sabemos de roces de partes íntimas, exhibicionismo y masturbación en TransMilenio; lo que ha suscitado algunos proyectos de acuerdo en el Concejo Distrital como buses rosados solo para mujeres o botones de pánico para alertar cuando una situación de esas se presenta. Sin embargo, las historias continúan y el control ha sido precario, una de las causas es que no existe tipificado el delito de acoso sexual en trasporte público. En Colombia, según las encuestas, las mujeres no se sienten seguras en las ciudades, ni en sus espacios públicos. La tendencia mundial nos muestra que una vez tipificado el delito las víctimas tienen herramientas jurídicas para buscar justicia. La ausencia de denuncia y de impunidad es tan alta que necesitamos un cambio cultural para eliminar el acoso sexual de las calles, se ha podido observar que muchas mujeres en el mundo han sufrido y padecido esta conducta, por eso es importante dar el paso que ya han dado otros países de tipificar un delito autónomo con un ingrediente pedagógico y que, estos actos y conductas, sean erradicados. Adicionalmente, ONU–Mujeres ha planteado la iniciativa Ciudades Seguras para implementar estrategias eficaces para abordar el acoso sexual y otras formas de violencia sexual que ocurren contra mujeres y niñas en los espacios públicos. Una de las fallas para que las ciudades colombianas cumplan con lo establecido en la estrategia de ONU-Mujeres, es que no tienen el soporte jurídico nacional a diferencia de otros países como Perú, Chile, Costa Rica, Panamá y casi todas las naciones europeas, que han aprobado la tipificación del delito de acoso sexual en el espacio público, ayudando a los cambios necesarios de esta cultura machista tan arraigada. De ser aprobado el proyecto, en adelante se sancionará con pena de prisión a quien realice tocamientos indebidos, exhibicionismo de contenido sexual explícito o a quien asedie verbal o físicamente con intenciones sexuales en espacios públicos o semipúblicos. No es posible que en Colombia las mujeres tengan que someterse, cotidianamente, al acoso sexual. Ya es tiempo de castigar el acoso callejero. Merecemos ciudades, espacios y entornos seguros. Katherine Miranda Peña Twitter : @mirandabogota Facebook: @mirandabogota Instagram: @mirandabogota

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Secretaría de Educación de Quibdó entrega raciones alimentarias a padres de familia

La Secretaría de Educación Municipal, con el apoyo del operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE), viene realizando la entrega de paquetes nutricionales con las raciones de alimentos para preparar en casa, a las familias de los niños, niñas y jóvenes de los establecimientos educativos de Quibdó.   Serán 32.945 estudiantes que se beneficiarán con la entrega de dicha ración, correspondiente a 20 días efectivos de alimentación. El paquete nutricional que será entregado con base en un cronograma establecido por el operador del PAE, la interventoría, el grupo de apoyo y la Secretaría de Educación, contiene los siguientes alimentos para preparar en casa: huevos (15), arroz (1 kilo), lentejas (1 libra), Atún (1 lata), pastas (1/2 libra), panela, (1/2 libra), leche (1 bolsa) y aceite (250 cm3). Cabe aclarar que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución 006, autorizó a las Entidades Territoriales Certificadas la modalidad de entrega del PAE y describió el listado de productos que se pueden incluir.   Los padres o acudientes recibirán por cada niño, niña o joven matriculado en el SIMAT, una ración; es decir, si tienen dos, tres o más estudiantes en casa, obtendrán igual número de raciones. Si por alguna circunstancia, no pudo estar el día de la entrega, deberá comunicarse con el rector para que esté atento a la reprogramación.  Con información tomada de la Alcaldía de Quibdó. 

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Punto de inflexión

“Es igualmente importante que las decisiones que impactan la salud pública se tomen de cara a la ciudadanía para que la misma pueda ejercer una veeduría responsable” En este orden de ideas, es igualmente impor­tante que las decisiones que impactan la salud pública se tomen de cara a la ciudadanía para que la misma pueda ejercer una veeduría res­ponsable. Estamos ad portas de una negocia­ción que podría definir la próxima década del país. Negociación de la que la opinión pública se percató luego del anuncio del Ministerio de salud sobre un par de acuerdos de confidencia­lidad con gigantescas farmacéuticas. La proactividad del Ministro Ruiz es es­peranzadora, pero no se pueden obviar las recurrentes prácticas corporatocráticas que orientan las políticas públicas en Colombia, por eso aprovecho para pedir públicamente la inclusión del defensor del Pueblo, socieda­des científicas, delegados de organizaciones de trabajadores de la salud, universidades y delegado/as del Congreso de la República como garantes de la negociación y de los de­rechos de la ciudadanía. El repunte de los contagios que hemos vivido en los días recientes ha dejado un nuevo llamado de atención a la ciudadanía, a los funcionarios públicos y nues­tra responsabilidad frente al futuro de todas las colombianas y colombianos. No obstante, el alarmante escenario no nos da licencia para que el fin justifique los medios. Cualquier de­terminación, estrategia o medida que se tome en función de la pandemia debe responder a la garantía de los derechos y el respeto por las li­bertades ciudadanas. Por tal razón, es problemático que se intente atender condiciones que son fruto del debilita­miento histórico del sistema de seguridad social en salud y de la falta de promoción de hábitos saludables junto con estrategias de prevención de enfermedades, con medidas coercitivas. El contrato social que ya sostenemos obliga al Estado a garantizar esa seguridad de la que hoy se responsabiliza a los pacientes de enfer­medades crónicas no transmisibles. Y es aún más lamentable que este escenario sea habitual en lo que a los deberes del Estado se refiere. No me cansaré de insistir en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud basados en la pro­moción y la prevención, que nos permitirá to­lerar los embates de la pandemia y vislumbrar más pronto que tarde el punto de inflexión en la curva de contagios. Sin mencionar que a mediano y largo plazo podrá alivianar los altos costos de la prestación del servicio en el país. En este orden de ideas, es igualmente impor­tante que las decisiones que impactan la salud pública se tomen de cara a la ciudadanía para que la misma pueda ejercer una veeduría res­ponsable. Estamos ad portas de una negocia­ción que podría definir la próxima década del país. Negociación de la que la opinión pública se percató luego del anuncio del Ministerio de salud sobre un par de acuerdos de confidencia­lidad con gigantescas farmacéuticas. La proactividad del Ministro Ruiz es es­peranzadora, pero no se pueden obviar las recurrentes prácticas corporatocráticas que orientan las políticas públicas en Colombia, por eso aprovecho para pedir públicamente la inclusión del defensor del Pueblo, socieda­des científicas, delegados de organizaciones de trabajadores de la salud, universidades y delegado/as del Congreso de la República como garantes de la negociación y de los de­rechos de la ciudadanía. Si en esta negociación hay recursos públi­cos, y los hay, deben respetarse los principios de publicidad y de transparencia. Este pro­ceso determinante no puede convertirse en una nueva excusa para desplegar un paquete de medidas regresivas que castigan a la clase media. Pese a que por estos días el panorama no es alentador, el compromiso ciudadano y la acción responsable de los funcionarios pú­blicos pronto darán sus frutos. Pronto llegare­mos al punto de inflexión y las decisiones que allí tomemos podrán facilitar la transición ha­cia la pospandemia. Por ahora mantengamos los cuidados y antepongamos el bien común. El tiempo nos recompensará.

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Matrícula cero y el camino hacia un nuevo modelo de educación

“Es claro que Matrícula Cero no resuelve de fondo la crisis de la educación superior, pero si puede convertirse en un cambio de rumbo estructural para el mode­lo de educación que por décadas se ha intentado implementar en Colombia” El Presidente Iván Duque, desde su campaña se comprometió con el aumento de cobertura en la edu­cación superior, luego, en su primer año de gobierno, anunció la inversión más alta en educación en la historia del país, sin embar­go, su política es más de lo mismo, financiar la demanda, ya sea a través de subsidios o préstamos, en cambio de financiar la oferta inyectando recursos a las universidades pú­blicas del país. Primero lo hizo a través del programa Ser Pilo Paga, pero gracias a las reiteradas denuncias y la evidencia contundente sobre la manera como este programa estaba per­mitiendo que las universidades privadas se beneficiaran por encima de las públicas, el programa tuvo que ser modificado. Así sur­ge Generación E, como un intento de mejo­ra, sin embargo, el enfoque de esta política no ha cambiado en esencia, el Estado esca­pando de su responsabilidad de garantizar la educación como derecho fundamental. Año y medio después del lanzamiento de Generación E, los resultados son precarios, mientras tanto el Ministerio de Educación prefiere guardar silencio para no reconocer el fracaso. Ante este descalabro de políticas y progra­mas frente a la educación, el Gobierno de Iván Duque ha tenido que adoptar la única medida que le puede permitir tener algo que mostrar, Matrícula Cero, propuesta del mo­vimiento estudiantil que busca que se apro­pien y destinen recursos con el fin de cubrir los costos de matrícula de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior del país IES, esto como parte de las ayudas del Gobierno en medio de la emergencia sanita­ria que se vive por la pandemia. Esta medi­da, que con creatividad y valentía han sacado adelante los y las estudiantes del país, puede y debería convertirse en el programa estrella del Presidente, tiene la oportunidad el primer mandatario de la nación, de cambiar el enfo­que de los ya fracasados programas que solo endeudan a las familias colombianas, y dar un salto definitivo a un nuevo modelo para la educación en el país. El día 11 de agosto, durante su programa ‘Prevención y Acción’ el presidente junto a la ministra de Educación, María Victo­ria Angulo, anunciaron que los jóvenes de estratos 1 y 2 que estudian en las univer­sidades públicas del país recibirán, en su gran mayoría, el 100 % de financiación de la matrícula. Según el anunció se harán aportes cercanos a un billón de pesos para la Educación, a los cuales se agregan 74 mil millones del Fondo de Solidaridad Educati­va y en adición otros aportes con gobiernos locales para lograr la mayor contribución a la matrícula. Esperamos que no sean solo anuncios, que se garantice la cobertura del 100% de los estudiantes y cobije al conjunto de universidades públicas del país. Es claro que Matrícula Cero no resuelve de fondo la crisis de la educación superior, pero si puede convertirse en un cambio de rumbo estructural para el modelo de edu­cación que por décadas se ha intentado implementar en Colombia, además, en lo inmediato representa un alivio para miles de familias que esperan que sus hijos e hi­jas puedan continuar sus estudios, en medio de las difíciles circunstancias que vivimos debido a la emergencia sanitaria. A la uni­versidad pública colombiana le hacen falta recursos para cubrir el déficit histórico que ha tenido que cubrir, muchas veces con re­cursos propios, ahora tenemos la oportuni­dad de dar un paso en el sentido correcto, así que Matrícula Cero puede ser el expe­rimento para transitar hacia una educación pública, gratuita y universal que SÍ es posi­ble en Colombia.

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¿Deberían las EPS usar su Reserva Técnica para atender esta pandemia?

Consideraciones y reflexiones   Luis Enrique González Durán Asesor actuarial-EPS “No puedes guiar el viento, puedes cambiar la dirección de las velas”. Proverbio Chino. No cabe duda de que lo que se esta viviendo en el mundo y particularmente en Colombia relacionado con el COVID-19 deja a las claras que es una situación difícil de afrontar por su gravedad. Es una de esas emergencias que se soluciona principalmente con dinero, logística, conocimiento médico, centros de atención y  equipamiento especializado, además de tecnología en medicamentos, todo esto unido con una cuarentena estricta. Esto pues ha sido milimétricamente estructurado por el sistema de salud de Colombia en cabeza del ministerio y en asocio con las EPS, alma y motor de la misma. Entidades, que, en unión con las IPS, estarán dedicadas a salvaguardar la salud de los colombianos a lo largo y ancho del territorio. No cabe duda que las EPS serán las garantes de que aquel colombiano que ha resultado afectado por COVID-19 tenga garantizada su atención en todos los niveles, desde el inicio hasta el final de su recuperación. Para hacer que este precepto se cumpla, el Ministerio de Salud dio luz verde a las EPS para que hagan uso de sus Reservas Técnicas con el fin de poner al día las cuentas de las IPS que se tengan atrasadas. Cabe anotar que en este valor por pagar (1.7 billones de pesos), se encuentran las glosas pendientes de conciliar y los reembolsos de atenciones no red, entre otros. Todos estos dineros adeudados, como ya lo anuncio el Dr. Ruiz el 23 de abril del presente año,  deberán ser cancelados para dar flujo de caja y margen de maniobra a las IPS durante la emergencia, que entre otras cosas por ahora no tiene fecha final establecida, tan solo se dan algunas  estimadas. ¿Cuál es la propuesta ministerial? De acuerdo con lo escrito anteriormente, lo que pretende el ministerio es que las EPS echen mano de sus reservas para darle solvencia al sistema y que las IPS cumplan a cabalidad su labor. ¿Pero cuál es ese reservorio económico que tienen los aseguradores para solventar esta crisis? A continuación, se revisarán algunos aspectos técnicos de la propuesta. De acuerdo con lo determinado en el artículo No 7 del decreto 2702 del año 2014, toda EAPB, las cajas de compensación que operen los regímenes contributivo y subsidiado, deberán mensualmente mantener actualizadas las siguientes reservas: la Reserva de Obligaciones Pendientes conformadas por las obligaciones pendientes y conocidas, No Liquidadas (evento), Liquidadas pendientes de pago y las Obligaciones pendientes aún no conocidas. Lo antes descrito, corresponde a las fuentes de las cuales se podría echar mano en la presente emergencia por parte de las EPS. Ahora la pregunta es, ¿cuáles de estas reservas se pueden ejecutar financieramente, para dar esa liquidez esperada? De acuerdo con la idea del sr ministro, veremos cuáles son las que en ultimas generan esa liquidez esperada. Sin duda, las reservas de obligaciones pendientes y conocidas son la clave. Estas reservas se crean de manera específica para atender el evento, se crean a partir de que la entidad conozca el siniestro por cualquier medio, es decir, cada vez que el afiliado hace uso de un servicio de la EPS, genera y activa esta reserva. Se libera en el momento en que la aseguradora conoce el valor de la prestación del servicio mediante la factura o cuenta de cobro de esta. Hay que tener en cuenta que, será inmediato el pago siempre que no exista glosa sobre algún servicio prestado que no esté contratado o algún elemento que no este claro en la factura. ¿Cuál es el soporte de las EPS financieramente? La respuesta es fácil, aquellas EPS que han sido serias y han hecho manejos financieros claros y responsables, tienen inversiones en CDTs (renta fija), en acciones (renta variable), inversiones en activos fijos y en títulos del tesoro nacional (TES). Teniendo en cuenta que el dinero esta invertido y que muy probablemente monetizar estos títulos, o vender estos activos fijos demorara un tiempo no conocido, es el momento en el que las aseguradoras deben explorar alternativas de liberación de efectivo en el corto plazo. Para terminar este análisis, es necesario reflexionar sobre la conveniencia de la medida tomada por el gobierno respecto a la liberación de las reservas técnicas, que en últimas se hicieron para este tipo de situaciones, es decir, hasta ahí se cumple con el objetivo de la creación de las mismas. Sin embargo, es necesario debatir si esta medida pone en riesgo el futuro financiero del sistema. Se hace necesario crear un escenario actuarial en el que usando los modelos financieros se puedan determinar las afectaciones financieras para las EPS. Adicionalmente, ¿Cómo podrán las EPS asumir el costo de las pruebas Covid-19 que se tendrán que realizar paulatinamente a sus afiliados y cómo será repartido dicho costo entre las EPS y el Estado?

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INSISTIREMOS EN NUESTRAS INICIATIVAS AMBIENTALES

Con la culminación de las sesiones ordinarias de la legislatura 2020 -I muchos de los proyectos de ley y de acto legislativo que se encontraban en trámite fueron archivados por el vencimiento de los términos que la Constitución y la ley establecen. Dentro de estos proyectos se encuentran las iniciativas en materia ambiental que radicamos en Opinió n el Congreso desde el 2018 por considerarlos temas de importancia nacional. Sin embargo, seguiremos proponiendo, ya sea insistiendo con nuestras iniciativas mejoradas o presentando nuevos proyectos, tal como lo hemos hecho en el pasado. Nuestros proyectos buscan dar soluciones a problemáticas ambientales relacionadas contres líneas principales: Industrias extractivas, Gestión Ambiental y Participación Ambiental. Industrias extractivas. Fue propuesta para garantizar la participación efectiva de las comunidades, el planteamiento, ejecución y cierre de proyectos extractivos, además del estricto cumplimiento de normas ambientales, y la solución de conflictos de competencia entre autoridades del orden nacional con las del orden territorial. En ella encontramos los proyectos de Mecanismos de Participación y Concertación Minera (PL 052/19S), Cierres Mineros (PL 53/18C), Guías Minero-Ambientales (PL 49/19S), Licencia Ambiental Exploratoria (PL 038/18S) y Pasivos Ambientales (PL 56/18C). Gestión ambiental. Busca mejorar la forma en que se gestionan los recursos naturales y los residuos propios de las actividades productivas, además de fortalecer la institucionalidad del sector para mejorar la gobernanza ambiental. En esta línea encontramos los proyectos de Prohibición de Plásticos de un solo uso (PL 080/19S), Sostenibilidad en Costas (PL 073 2019C), Control de emisiones de Gasolina (PL 051/19S) y Humedales Ramsar (PL 54/18C). Participación ambiental. Busca crear espacios de participación permanentes en materia ambiental a nivel regional, para lo cual propusimos el Proyecto que crea los Consejos Ambientales Municipales (PL 072/19C). Esta es una forma de clasificar los proyectos, pero en la práctica estos factores se interrelacionan debido a que las problemáticas y conflictos socio ambientales requieren un abordaje complejo. “Teniendo en cuenta la crisis que ha causado la pandemia, las sesiones no sólo se retrasaron en iniciar este año, sino que el debate sobre la constitucionalidad de las sesiones virtuales y la complejidad de la adaptación mediante herramientas virtuales, especialmente en lo relacionado al registro y votación, ha hecho que el Congreso no haya debatido y votado iniciativas con normalidad”. Teniendo en cuenta la crisis que ha causado la pandemia, las sesiones no sólo se retrasaron en iniciar este año, sino que el debate sobre la constitucionalidad de las sesiones virtuales y la complejidad de la adaptación mediante herramientas virtuales, especialmente en lo relacionado al registro y votación, ha hecho que el Congreso no haya debatido y votado iniciativas con normalidad. Esta parálisis legislativa claramente incluye nuestros proyectos. Nosotros teníamos en trámite 10 proyectos de ley en materia ambiental, sobre temas que consideramos necesaria la intervención del legislativo para garantizar derechos como el ambiente sano y la participación ante la realización de actividades que pueden amenazarlos. A pesar de la importancia de estos proyectos, considerando que algunos buscan cumplir exhortaciones al Congreso hechas por la Corte Constitucional, y teniendo en cuenta la incertidumbre que tuvo el Congreso sobre la continuidad del trámite legislativo, nuestros proyectos fueron archivados por vencimiento de términos. Es decir, que por no haberse discutido en los tiempos establecidos por el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992) y la Constitución, lastimosamente no podrán continuar su trámite en el Congreso. Creemos que las amenazas del Cambio Climático además de los retos que impone superar la pandemia, imponen la necesidad de seguir proponiendo al país diversas iniciativas ambientales. Por lo cual, en la legislatura que comenzó el 20 de julio, insistiremos con varias de estas iniciativas y continuaremos proponiendo al Congreso proyectos que respondan al sin número de problemáticas ambientales que aquejan a Colombia. De hecho gran parte de estos proyectos han sido fruto de un proceso de enriquecimiento legislativo logrado tras varios procesos de proponer, escuchar comentarios de diferentes actores y sectores, recibir la negativa del Congreso e insistir con nuestros proyectos mucho más completos. Todo esto, siempre partiendo del rigor técnico y científico proveniente de las investigaciones de la academia, pero también de escuchar las voces de las comunidades, organizaciones y entidades que conocen de primera mano estas realidades.

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DETRÁS DEL PIZARRÓN

“Las cifras son aterradoras, y aunque en esta ocasión hablaré solo de los casos que se conocen de manera oficial, la realidad es que son cientos de estudiantes los que a diario sufren acoso y abuso sexual por parte de sus profesores” “Institucionalmente la persona tiene que haber sido vencida en juicio” Con esta vehemente declaración ante los medios, respondió la rectora de un prestigioso colegio, cuando le preguntaron sobre la denuncia que, por acoso sexual, recaía sobre diez docentes de su colegio. Estas infortunadas palabras, que buscan justificar a presuntos predadores sexuales, dibujan el silencio cómplice de quienes tienen la obligación de proteger a los estudiantes, ante una realidad dolorosa y aberrante, como es el abuso y acoso sexual de que han sido víctima miles de niños en colegios y escuelas, actos cometidos por parte de sus propios docentes. Esos a los que en la casa nos enseñaban a llamar, “nuestros segundos padres”. Las cifras son aterradoras, y aunque en esta ocasión hablaré solo de los casos que se conocen de manera oficial, la realidad es que son cientos de estudiantes los que a diario sufren acoso y abuso sexual por parte de sus profesores, como en el caso reciente de dos docentes en el Cauca, destituidos e inhabilitados por 15 años tras abusar de niñas de menos de 14 años. El tema no es nuevo. Solo en el 2016, se registraron 326 casos de abuso sexual perpetrados por profesores en contra de alumnos en el país. Para 2018, solo en colegios distritales de Bogotá 116 docentes estaban siendo investigados por acoso y abuso sexual, en tanto que al menos otros 130 estaban en la lupa de las autoridades. Ese mismo año, 21 profesores de Cali fueron investigados y retirados de sus cargos. 11 docentes y un administrativo investigados por acoso sexual en la Secretaría de Educación del Huila, y en el Meta, 22 casos están en etapa de investigación por parte de la Fiscalía, y cinco maestros ya fueron investigados y sentenciados por hechos ocurridos en Mapiripán, Acacías, Granada, Puerto López y La Macarena. Lo triste, es que en la mayoría de los casos, los docentes ni siquiera son retirados de su actividad, sino que son trasladados a otros municipios y departamentos donde siguen ejerciendo su actividad bajo la mirada impoluta de entes que como Fecode, entidad que agremia al grueso de los profesores en Colombia, parece estar ocupada en su afán por seguir convocando paros y marchas, apoyando a grupos políticos opositores al Gobierno, antes que velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes víctimas de acoso y abuso sexual por parte de los docentes que agremia. Llama la atención el boletín número 13, emitido hace pocos días por esa agremiación, en la que condena la violación a una niña indígena y hablan de “la descomposición del Ejercito Nacional y la podredumbre de la justicia colombiana” Sin embargo, se ve la doble moral de los directivos de una organización que no se pronuncia ante tantos casos de docentes investigados por acoso y abuso sexual, aun cuando las víctimas son niños cuyas edades oscilan entre los 6 y 17 años de edad, y muchos casos quedan impunes porque las víctimas por ser precisamente niños tienen miedo a defenderse. Valoro profundamente el enorme trabajo educativo que adelanta el magisterio colombiano. También es de aclarar que no se trata de estigmatizar a todo el profesorado ante esta ignominia. Pero no es menos cierto que Fecode le debe una respuesta clara y precisa al país. Su silencio cómplice ante tantas aberraciones pone en grave peligro la integridad de miles de niños en Colombia. No puede ser que quienes tienen el deber implícito de velar por el estudiantado colombiano, no solo se dediquen a torpedear adrede los procesos educativos para conseguir mezquinos intereses, sino que sean los mismos que hoy guarden silencio ante la infamia, protegiendo a predadores sexuales que se esconden detrás de un pizarrón desde donde acechan a nuestros niños.

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LA MUJER Y EL DEPORTE, OTRA MUESTRA DE TRABAJO EN EQUIPO

Sabemos que es un camino largo y que aún nos queda mucho trabajo por hacer. El Reto es grande, pero soy una persona que cree firmemente que con convicción se pueden alcanzar grandes metas para que la mujer colombiana siga imprimiendo su sello en la consolidación de nuestra ¡Colombia Tierra de Atletas! Es inevitable afirmar que el deporte y la mujer tienen cosas en común. Nombres como Mariana Pajón, Caterine Ibargüen y María Isabel Urrutia, entre otras, son sinónimo de grandeza, de esfuerzo, trabajo y dedicación. Es por ellas, y cientos de mujeres más, que trabajamos día a día desde el Ministerio del Deporte, y como mujer me siento orgullosa de hacer parte de esta cartera que ha dignificado no solo la labor de las atletas, sino también de madres comunitarias, entrenadoras, monitoras, gestoras y demás representantes del genero femenino que materializan día a día los valores que promueve el Sistema Nacional del Deporte. Precisamente esa fue una de las razones que me motivaron a enfrentar este nuevo reto como viceministra del Deporte. Desde mi llegada a la entidad he aportado al desarrollo de programas que promueven la igualdad en el deporte, la recreación y la actividad física, herramientas que considero útiles para transformar la sociedad en la que vivimos. Durante los años corridos de este gobierno he sido testigo de la labor que se viene adelantando desde entidades como la Vicepresidencia de la República, con la doctora Marta Lucía Ramírez a la cabeza, quien ha promovido la eliminación de todo tipo de barreras, independiente de la profesión, la religión o el estrato socioeconómico. Hoy me sumo a ella trabajando desde las áreas técnicas de Mindeporte, con iniciativas que fomentan la práctica de actividades físicas como el Pacto por la Transparencia y la Protección de los Niños y las Mujeres en el Deporte Colombiano. Esta labor ha reflejado el trabajo en equipo entre nuestra entidad, la Secretaría de Transparencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Federación Colombiana de Fútbol y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Un logro que sin duda marca una nueva ruta de avance como sociedad, para dejar atrás las brechas que existían en el sector y generar un verdadero empoderamiento de la mujer. Desde la dirección de Fomento y Desarrollo también nos hemos involucrado con las regiones en la búsqueda de exaltar la labor de la mujer y garantizar sus derechos, es por eso que el programa DEPORTE + Y MUJER RURAL ha sido fundamental para llegar a los 32 departamentos del país e impactar a más de 7.500 mujeres de diferentes comunidades indígenas, afro, raizales y campesinas. Con una inversión de $2.434 millones de pesos, el programa busca que los municipios y departamentos hagan énfasis en los planes y proyectos que estimulen la práctica del deporte como instrumentos indispensables para lograr el desarrollo integral de las mujeres rurales. En mi posición como dirigente deportiva reconozco la importancia del trabajo mancomunado para llegar con este tipo de iniciativas a la Colombia profunda, donde aunamos esfuerzos entre el Gobierno y la comunidad para que la práctica del deporte social comunitario y formativo sea pilar de la construcción de país. Esto también ha generado que trabajemos en la creación de políticas públicas que nos permitan acompañarlas en los municipios y veredas del territorio colombiano, tales como el programa Mandalavida, en el que se evidencia la inclusión de las mujeres con una participación de 1.543 madres comunitarias; incluso durante la coyuntura mundial que se vive a causa del COVID-19 no se han dejado de implementar estos espacios, sino que por el contrario, han ganado relevancia. Sabemos que es un camino largo y que aún nos queda mucho trabajo por hacer. El RETO es grande, pero soy una persona que cree firmemente que con convicción se pueden alcanzar grandes metas para que la mujer colombiana siga imprimiendo su sello en la consolidación de nuestra ¡Colombia Tierra de Atletas!

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EL ROL DE LA MUJER EN EL CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Teniendo en cuenta que el proceso de reactivación económica no será fácil, se están adelantando las gestiones con Findeter para poder acceder al crédito por la aplicabilidad del decreto 580 del 2020 en cuanto a diferir la factura a los usuarios hasta 36 meses. Como Gerente y responsable de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Duitama, la perspectiva principal que existe es la de garantizar la cantidad, calidad y continuidad a los 39.800 usuarios del casco urbano, a pesar de las diferentes variables técnicas, económicas, sociales y de salubridad. Cabe precisar que como consecuencia del fuerte verano que actualmente presenta la región, las principales fuentes superficiales se vieron seriamente afectadas con la disminución de cerca del 70% del caudal, lo que llevó a la activación del plan de contingencia, con la prestación del servicio en carrotanques, especialmente el circuito de la planta Boyacogua. Así mismo, fue necesario solicitar apoyo a la unidad de gestión del riesgo del departamento de Boyacá, para transportar el líquido vital. Sin embargo, para garantizar un excelente servicio, el control y supervisión del recurso hídrico en medio de la emergencia sanitaria, la Subgerencia Técnica y Operativa, adelanta un seguimiento diario al comportamiento de las fuentes y el estado de los sistemas y subsistemas. Vale la pena mencionar que desde que se declaró la emergencia económica, soOpinió n Teniendo en cuenta que el proceso de reactivación económica no será fácil, se están adelantando las gestiones con Findeter para poder acceder al crédito por la aplicabilidad del decreto 580 del 2020 en cuanto a diferir la factura a los usuarios hasta 36 meses.  Empoduitama SA.ESP, viene laborando con la cuadrilla de redes y de comercialización con el fin de garantizar la prestación del servicio, lo anterior, siguiendo las indicaciones y medidas de bioseguridad. Sin embargo, debido al confinamiento, se ha visto un aumento considerable, y el desabastecimiento generó algunos inconvenientes con la prestación del servicio. Aún así, la empresa ha afrontado la situación satisfactoriamente. Están tan bien distribuidos los recursos que actualmente para el casco urbano se registra un 98.90% para el acueducto. Las principales fuentes de abastecimiento superficiales son el Río Surba, la quebrada Boyacogua, y el río Chicamocha. Como fuentes subterráneas se cuenta con dos pozos profundos el Mirto y el Bosque. La planta Surba presenta caudal de operación de 180 Lps, con una cobertura del 50% de la población, la Planta Milagrosa 70 Lps con una cobertura del 30%, y Boyacogua 30 Lps, atendiendo al 20% de la población. En articulación con el Gobierno Nacional y los prestadores de servicios para responder a las dificultades técnicas y de cobertura en todo el municipio, se han aplicado los decretos 589 y 918 de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) y del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento básico, sobre los alivios a los usuarios con el pago parcial o total por parte de los entes territoriales. Bajo este criterio, la administración del Municipio de Duitama, al amparo del Decreto 236 del 04 de junio de 2020, ordena el pago a favor de la Empresa de acueducto y alcantarillado EMPODUITAMA S.A ESP, para el alivio en la factura del mes de mayo a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, con consumo menor o igual a 14 M3. Así mismo, y teniendo en cuenta que el proceso de reactivación económica no será fácil, se están adelantando las gestiones con Findeter para poder acceder al crédito por la aplicabilidad del decreto 580 del 2020 en cuanto a diferir la factura a los usuarios hasta 36 meses, para lo cual espera poder acceder al crédito, y así de esta manera garantizar la prestación eficiente del servicio. La administración municipal, viene aplicando los lineamientos del gobierno nacional en cuanto al aislamiento obligatorio y ligado a ello, implementó a través de decretos lo que se denominó merca cédula cívica, que establece los días y horarios en que la población puede desplazarse a realizar las diferentes actividades cotidianas, esto, con el fin de evitar las aglomeraciones y minimizar la propagación del virus covid-19.

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