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Uno de los indicadores clave del progreso de un país es la cobertura y calidad de sus servicios públicos, entre los que se destacan el suministro de agua, electricidad y gas. Estos servicios son fundamentales para el bienestar y el desarrollo de las comunidades, garantizando el acceso a necesidades básicas en los hogares y lugares de trabajo. Aunque Colombia ha logrado avances notables en este aspecto, aún enfrenta desafíos que requieren atención urgente. Es el caso de Bogotá, que hoy por hoy enfrenta el reto del racionamiento de agua, agudizado por la sequía que ha generado el fenómeno climático de El Niño en Colombia. El suministro del líquido vital en la capital y municipios aledaños experimenta una situación crítica, lo que ha llevado a las autoridades a implementar medidas para mitigar el impacto de su escasez. El racionamiento sectorizado anunciado por el alcalde Carlos Fernando Galán, responde a la urgente necesidad de reducir el consumo de agua y preservar o elevar los niveles de los embalses, sobre todo, el de Chingaza, que cuenta apenas con el 16,6% de su capacidad. Riesgo de crisis energética y transición hacia energías renovables Además del racionamiento de agua, Colombia enfrenta la posibilidad de una crisis energética debido a la presencia del fenómeno de El Niño que entró en su fase final en el mes de abril para dar paso a la temporada de lluvias en el país, pero que provocó en los meses anteriores una fuerte sequía que redujo los caudales de los ríos y provocó incendios forestales en varias regiones colombianas. Las pocas precipitaciones que se presentaron a lo largo y ancho del territorio nacional podrían afectar significativamente la generación de energía, a través de las hidroeléctricas, reviviendo el fantasma de un apagón generalizado. Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), advirtió hace un año sobre la posibilidad de un escenario crítico, donde las térmicas debían cubrir cerca del 50% de la demanda energética del país. “En este momento hay una oferta inferior a la demanda. Las plantas están operando a su plena capacidad. Estamos generando energía térmica que es más costosa que la hidráulica, por lo que es inminente un mayor costo de la electricidad”. A pesar de que el Gobierno del Presidente Gustavo Petro ha minimizado los riesgos de que se presenten apagones, los gremios mantienen desde hace varias semanas la alerta por posibles racionamientos energéticos. Factores como el retraso en proyectos de energía eólica y solar en La Guajira, así como el cronograma ajustado de las nuevas turbinas de Hidroituango, aumentaron la preocupación de los actores del sistema frente a lo que puede ocurrir. En medio de la crisis que se está registrando, Colombia está transitando hacia fuentes de energía más sostenibles y renovables. Proyectos como los parques eólicos y solares en La Guajira están en marcha, aunque su implementación completa aún está en proceso. Se espera que estas iniciativas no solo diversifiquen la matriz energética del país, reduciendo su dependencia de la energía hidroeléctrica, sino que también contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático, que avanza de manera acelerada en el mundo. Urgen acciones para evitar apagón El senador de partido de la U, José David Name, consideró que, ante la actual coyuntura energética, es necesario acciones inmediatas y contundentes para garantizar la confiabilidad del sistema y así evitar un apagón en el país. Y es que con la capacidad de los embalses en vertiginoso descenso y un fenómeno de El Niño que persiste, aumenta la vulnerabilidad en los servicios públicos esenciales, particularmente en la Costa Caribe colombiana. “Con los niveles de los embalses por debajo del mínimo histórico de los últimos 20 años, las alarmas resuenan, y nos toca a la puerta el fantasma del apagón eléctrico”, dijo. Según el legislador, con una demanda creciendo a un ritmo insostenible y una oferta cada día más limitada, es inaplazable desarrollar, desde todos los sectores, acciones y programas orientados a la conservación del agua y el ahorro de energía. “Si bien el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha despejado la posibilidad de un apagón eléctrico en Colombia, no podemos confiarnos, mucho menos ignorar que la inestabilidad en el tiempo hace que los precios estén sujetos a maniobras especulativas a través de la Bolsa Nacional de Energía, hecho que no puede ser descuidado a los ojos de la intervención oficial”. El panorama es preocupante si se tiene en cuenta que la oferta de gas no es la misma de antes y los generadores térmicos, golpeados también por los altos precios del energético, no pueden hacer el mismo aporte que hacían antes en momentos de sequía. “Si hubiésemos sido más eficientes en el funcionamiento de las energías renovables, no estaríamos corriendo base en estos momentos. Estamos pagando las consecuencias de los retrasos en el que incurrimos”, añadió. Desafíos en el Caribe colombiano Los residentes del Caribe colombiano enfrentan desafíos constantes, como las exorbitantes tarifas de energía que impactan su calidad de vida y desarrollo económico. Esta preocupación ha llevado a una reciente cumbre de gobernadores en busca de soluciones, así como a la atención del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien ha prometido alternativas que, hasta ahora, parecen insuficientes. El funcionario ha destacado la necesidad de priorizar el bienestar de la población, asignando recursos para proyectos de energía comunitaria y hogares sostenibles. Sin embargo, se requieren acciones más estructurales y urgentes para abordar el problema del cobro por pérdidas y el hurto de energía, que se reflejan en las tarifas y afectan a los ciudadanos de la región Caribe. En este contexto, es crucial implementar medidas concretas y coordinadas para mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos en Colombia. Desde el apoyo a la gestión comunitaria del agua hasta la implementación de reglas claras en la regulación y política sectorial de energía y gas, se necesita una acción concertada para garantizar un acceso equitativo y sostenible a estos servicios esenciales.