junio 26, 2026

Servicios públicos

La garantía de Agua Potable en medio de la emergencia sanitaria

En el Facebook LIVE de ¿En qué estamos?, se contó con la participación del viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Jose Luis Acero y del Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Diego Felipe Polanía, con quienes se abordaron temas relacionados con el recurso hídrico y el acceso al mismo en medio de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 en el país. En principio, el viceministro se refirió a las políticas que se adelantan desde esa dependencia y los retos que se tienen frente a la coyuntura actual. “En agua potable y saneamiento básico, Colombia parte de la base de que se tiene una cobertura del 92%, pero esconde diferencias entre el sector rural con el 70% de la cobertura. Sin embargo, se avanza en la universalidad”, precisó. Agregó que a pesar de que en los últimos años se ha dado un salto significativo para alcanzar ese objetivo, se tiene una franja de hogares en condición de vulnerabilidad con probabilidad de pobreza, la cual ha sido priorizada en esta emergencia. Por ello, el trabajo ha sido focalizado en tres puntos claves durante la crisis sanitaria: Garantizar el servicio del agua a toda la población. Ayudar a sobrellevar la emergencia sanitaria a los hogares vulnerables. Gestionar acciones en función de ayudar a la sostenibilidad de las prestadoras de servicios para conservar la solvencia y liquidez con el fin de que se pueda responder a la contingencia actual. En un trabajo conjunto con la CRA y la Superintendencia de Servicios Públicos, se adoptaron 25 medidas, entre las que se destacan las siguientes: La reconexión de los usuarios morosos. Más de 300.000 hogares reconectados cuentan con el acceso al agua potable en medio de la pandemia. Se prohibió el incremento en las tarifas de facturación, con la posibilidad de diferir los pagos. Además, los estratos comercial e industrial para los siguientes 24 meses tendrán una tasa de interés nominal de 0%. Esto permite solventar la crisis desde los hogares colombianos. Generar un crédito a toda la cartera que acumulan las empresas y los operadores, a través de Findeter, con las mismas condiciones. En el conversatorio, el Director de la CRA, Diego Felipe Polanía, consideró que “las entidades prestadoras de servicios han sido muy efectivas en el acceso al agua, lo que corresponde al plan de mitigación en la pandemia, pues certifica el lavado de manos e higiene”. “Se han venido haciendo medidas asociadas al tema de mitigar los efectos económicos en el confinamiento. De acuerdo a la demanda del recurso hídrico se tiene un alza, que en cálculos sería 1.5 metros cúbicos más de los normal, lo cual corresponde a un mayor consumo y una mayor factura”, explicó. Agregó que el no tener acceso suficiente al agua para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad y el estrés que eso ocasiona, se ve reflejado en una facturación más alta. El viceministro resaltó de otro lado las inversiones en infraestructura que se han hecho, como plantas de tratamiento para la potabilización del agua.  Finalmente, se destacó en el Facebook Live que para el 2030 se necesitarán 60 billones de pesos, que se solventarán con recursos del Sistema General de Participaciones, regalías y el presupuesto asignado por el Gobierno Nacional.  

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Debemos hacer un uso consciente de los recursos: Andesco

  En el Facebook Live realizado el miércoles, la revista El Congreso Siglo XXI, estrenó su sección Pregúntele al experto, un espacio que permite la interacción de la comunidad con un personaje que maneja determinada área. En esta ocasión, el invitado fue Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), quien en su intervención destacó las ayudas ofrecidas a los estratos 1, 2 y 3 en el pago de los servicios públicos, en el marco de la emergencia sanitaria que decretó el Gobierno Nacional en marzo pasado para contener el avance de la pandemia en el país. Durante el espacio, Sánchez Ortega explicó que las facturas llegaron más costosas debido a que los colombianos han permanecido mucho más tiempo en casa y eso llevó a que se elevara el consumo de agua, luz y gas durante la crisis sanitaria. Reconoció que se pudieron presentar errores en el promedio, por lo que hizo un llamado a la comunidad a presentar sus quejas o reclamos. “El llamado a la comunidad es a hacer un uso consciente de los recursos que hoy disponemos, pues debemos tener reservas para el año siguiente, puesto que el consumo masivo, ha presentado una baja que no se veía desde hace 20 años y actualmente los embalses están por debajo del 33% aproximadamente”, afirma. Destacó que para 2022 se prevén proyectos que viabilicen el uso de energías renovables, como el proceso que se adelanta en La Guajira para obtener un 13% de energía a partir del uso de sistemas solares y eólicos. Otra gran apuesta es Hidroituango, proyecto hidroeléctrico de gran impacto que ayudará a atender la demanda que se tenga del servicio. Otro aspecto importante que se resaltó durante la transmisión, fue la educación, pues en este momento se han puesto en marcha diferentes estrategias para garantizar que la comunidad que lo requiera cuente con al menos 200 mensajes de texto para que pueda comunicarse. Sánchez Ortega consideró importante mantener a los estudiantes conectados para que puedan continuar desarrollando sus actividades, situación, que según dijo, debe replicarse en todo el país. “La política de educación debe buscar que se garantice un sistema eficiente y se evite la deserción académica”, agregó. Durante el espacio, se destacó la importancia del teletrabajo y los beneficios que el mismo ofrece, pues la productividad no se ve afectada, por el contrario se incrementa y la salud puede protegerse adoptando esta medida.  

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Alcaldía de Ibagué subsidiará servicios públicos

La Alcaldía de Ibagué desarrolla un plan de subsidios para responder a la crisis financiera, por lo que asumirá el pago de uno de los recibos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas natural. La medida busca mejorar la calidad de vida y la carga económica de los ciudadanos. El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, enumeró las medidas tomadas por el equipo de gobierno y la Superintendencia de Servicios Públicos del Tolima: El pago de facturas por parte del municipio de Ibagué. El aplazamiento del pago en las próximas facturas que se generen. El aumento de subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado hasta el tope para los estratos 1, 2 y 3. Aplazar el pago de alumbrado público. Hurtado describió cada uno de los puntos expuestos, en primer lugar “el Decreto del 15 de abril habilita a los entes territoriales para asumir temporalmente y/o parcial el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado de acuerdo a su capacidad presupuestal”, aseguró En el punto dos, “la Administración Municipal asumirá el 100% del costo de la factura de acueducto y alcantarillado de los suscriptores del IBAL y de los acueductos comunitarios de los estratos 1, 2, 3 y 4. Para aquellos usuarios que ya hayan realizado el pago de su factura el beneficio será trasladado a su factura de mayo”, indicó. Esta medida aplicará para UNA sola factura y para consumos de UN solo mes, y exigirá aproximadamente $4.500 millones del presupuesto municipal. Además, se resalta que los subsidios se entregarán a los usuarios de los acueductos comunitarios que estén legalmente constituidos y registrados ante la autoridad competente. Igualmente, Hurtado explicó la resolución 915 de 2020 que establece la obligación de ofrecer, por parte de las ESP de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la opción de diferir DOS facturas a los usuarios que no puedan pagar de los estratos 3 y 4 a 24 meses. A través de INFIgabué se le otorgará un crédito en condiciones favorables al IBAL para que pueda extender el beneficio a los usuarios de estrato 3 y 4, que no cuenten con la capacidad de pagar oportunamente. Esta medida requerirá alrededor de $3.000 millones. De esta forma, al aumentar el subsidio de 65% a 80%, para un consumo de 14 metros cúbicos, la factura pasaría de $15.500 a $9.888, es decir una reducción de $5.613, equivalente al 36%. Por último, el gobernante local invitó a los empresarios de la zona a brindar su apoyo ante las necesidades de la población, afirmando su alianza con la Cruz Roja y la Cámara de Comercio de Ibagué.  

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Energía y gas se podrá pagar a plazos

La medida que cobijará a los hogares que no tengan la capacidad económica para pagar los servicios de energía y gas, consiste en plazos (de hasta 24 meses) en las facturas generadas durante los meses de abril y mayo.  La crisis que sufre la economía mundial por la pandemia ocasionada por el coronavirus, ha dificultado que las familias colombianas obtengan los recursos necesarios para cubrir el pago de los servicios públicos. Por esta razón, el Gobierno Nacional diseñó una estrategia para hacerle frente a la emergencia sanitaria, que permitirá el beneficio de los hogares de estratos 3 y 4. Se especifica que el inicio de los pagos se iniciará dos meses después del 30 de mayo, brindando ese periodo de gracia para obtener los recursos. Sin embargo, la totalidad de los recibos podrá ser cancelada en cualquier momento sin ningún tipo de sanción.  “El prestador del servicio deberá informarle al usuario las condiciones de la opción de pago diferido, entre ellas, la tasa de financiación, la cual no puede exceder el límite fijado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y las opciones de pago anticipado”, explicó el comunicado. Las ayudas que se brindarán a los estratos 1 y 2 de diferir hasta 36 meses el pago se los servicios de abril y mayo, están determinadas para mitigar el impacto de la emergencia, por lo que los estratos 3 y 4 podrán pagar en agosto o en un plazo máximo de 24 meses la totalidad de la deuda. Por último, para los estratos 5 y 6, antes de suspenderles el servicio, las empresas prestadoras deben ofrecerles la opción de pago diferido.  Finalmente, se resaltó que el valor del costo por kilovatio hora, no podrá ser incrementado por la empresa prestadora del servicio de energía, puesto que así lo establece la Resolución 058 de 2020 de la CREG.

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Tire y afloje por gratuidad de servicios públicos en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el pasado 21 de marzo, la gratuidad de los servicios públicos en la capital. Si embargo, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco) rechazó la declaración y alegó que esa potestad solo la tiene el Presidente de la República, Iván Duque. La iniciativa se contempló en el marco de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria que vive la ciudad y situación crítica que enfrentan algunos ciudadanos por la falta de ingresos al no poder salir de sus casas. “Sabemos que la regulación del pago de servicios públicos depende del señor presidente. Por eso solicitaremos con todo respeto al señor presidente que en ejercicio de sus facultades tome esa decisión, y la cofinanciemos entre Gobierno Nacional y locales de manera equitativa”, afirmó López. En respuesta a las afirmaciones de la mandataria loca, Andesco se pronunció: “No sobra recordar que la Constitución y la ley establecen un marco jurídico para la financiación de los servicios públicos domiciliarios (…) no se puede poner en riesgo la adecuada prestación de estos servicios mediante la promoción de figuras que exigen la coordinación institucional y la precisión de las fuentes de recursos que se requieren para implementarlas”. Hasta el momento, Duque no se ha pronunciado formalmente frente al tema y la gratuidad de los servicios públicos en la capital está en el tintero.

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Reconexión gratuita del agua para 230.000 familias

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció que se proveerá de agua potable a 230.000 familias, lo que equivale a un millón de colombianos que no cuentan, actualmente, con el servicio por falta de pago. La iniciativa garantizará la reconexión gratuita del servicio de agua, como una de las estrategias del Gobierno Nacional, para frenar la crisis sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus, Covid-19, que hasta el momento deja un balance de 108 infectados en el país. “Se hará reconexión del servicio de agua, gratuitamente y por una única vez, a cerca de un millón de personas que lo tenían desconectado por falta de pago para que durante la emergencia sanitaria tengan acceso al preciado líquido. Esto lo haremos, además, con otro principio: la aplicación del congelamiento de la tarifa de agua durante la vigencia de la emergencia sanitaria”, afirmó el Presidente de la República, Iván Duque. Según indicó Malagón, la medida ya se encuentra en ejecución y espera que cerca del 70 por ciento de la población obtenga el beneficio en un periodo máximo de dos semanas. Aseguró, igualmente, que los operadores tienen instrucciones concretas para presentar al Ministerio de Vivienda y a la Superintendencia de Servicios Públicos el plan de conexión. Además, indicó que se suspenderá el cobro de aranceles para insumos de potabilización del agua. La medida que deberá adoptarse, inmediatamente, por los mandatarios locales y las empresas prestadoras de servicios públicos, regirá hasta el 30 de mayo.

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Acceso de colombianos a servicios públicos “a medias”

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregó este jueves los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2018, en el que se evidencia que el acceso de los colombianos a los servicios públicos aun está lejos de alcanzar el 100%. De acuerdo con lo presentado por el DANE, los servicios públicos siguen siendo una necesidad básica de los hogares colombianos que el Estado no ha podido solventar. Los resultados evidencian que el que menos cobertura tiene a nivel nacional es el gas natural domiciliario, alcanzando tan solo el 66,8%, mientras que el acceso a la energía eléctrica en el territorio colombiano alcanzó el 96,3%. Por otra parte, un indicador que llama la atención es la cobertura del Internet fijo y móvil en el territorio nacional, pues según la entidad, apenas alcanza el 43,4%, contrastando con la necesidad planteada desde el Gobierno Nacional de garantizarle a toda la población el acceso a Internet, en un intento de democratizar su uso, apoyado por iniciativas como los Kioscos Vive Digital del MinTic. Otros indicadores De acuerdo con el Censo, en Colombia actualmente hay 48.258.494 habitantes según las estimaciones. El DANE tan solo pudo censar de manera directa a 44.164.417 personas y el 8,5% restante hace referencia a personas que habitan hogares particulares. Respecto al total de viviendas, el DANE visitó un total de 13.480.729 de edificaciones, obteniendo como resultado que en el país hay 14.243.223 hogares. Esto evidenció que en promedio un hogar en Colombia está conformado por 3,1 personas. En cuanto a la distribución de los habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional, el 84,2% viven en las zonas urbanas, mientras sólo el 15,8% habita en espacios rurales, lo cual deja en evidencia la necesidad de incentivar el desarrollo del campo colombiano. Por último, frente a la preocupación global ante el envejecimiento de los habitantes, el DANE mostró que los departamentos de Guainía, Vichada, Amazonas, Putumayo, Guaviare y Arauca poseen el mayor número de habitantes jóvenes, entre los 15 y los 29 años, mientras que los grandes centros poblados poseen una media de edad mucho más alta.

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Agua potable para el Magdalena

Por: Honorio Miguel Henríquez Pineda Senador del Centro Democrático Al referirnos al acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta, describimos una problemática que los samarios viven día a día, ya que este no garantiza ni acceso ni calidad desde hace muchos años y las administraciones no han logrado darle una solución. Pero este tema no es reciente. Según una evaluación integral, realizada por la Superintendencia de Servicios en 2015, la ciudad enfrenta serias deficiencias debido a que “no se han realizado las inversiones necesarias para garantizar la demanda de agua por parte de la ciudadanía, a las altas pérdidas del sistema de acueducto, y a que la cobertura de este mismo servicio no cubre a toda la población samaria, (…)”. Actualmente, el panorama no ha mejorado, pues las fallas en el sistema son constantes, tal y como lo expresa la comunidad. Con el anuncio del acueducto regional, el cual se encuentra incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, los magdalenenses por fin notamos una luz al final del camino, cuyo principal propósito es ponerle fin a un problema que aquejamos y arrastramos desde hace mucho tiempo. En 2017, el DNP sostuvo que la cobertura de acueducto en Santa Marta alcanzaba el 83%, el alcantarillado sanitario el 76% y el pluvial 19%. Sin embargo, un agravamiento de estas cifras es el porcentaje de aguas perdidas, que alcanzaron el 58%, lo que posiblemente se deba a que ni el acueducto ni el alcantarillado cumplen con los requisitos mínimos de optimización y salubridad establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente (Acuerdo 005 de 2000).  Por otro lado, el estudio “La pobreza en Santa Marta: Los Estragos del Bien”, realizado por Meisel y Ricciulli (2018), concluye que “las inundaciones y los malos olores terminan afectando la calidad de vida de la población, así como la actividad turística del sector”. Lo anterior, debe analizarse con cautela debido a que el turismo es uno de los principales motores de la economía distrital. La actividad de hotelería y restaurantes representa una importante fuente de empleo formal, lo que permite entrever que este problema necesita de soluciones estructurales debido a que hasta nuestra economía magdalenense podría encontrarse en riesgo.  Ahora bien, este asunto no es solo local. El Magdalena es el departamento con la mayor población con acceso a agua inviable (101.871 personas). Además de ello, es el segundo departamento, después del Tolima, con el número más alto de municipios que poseen agua no apta para el consumo humano (5 y 3 respectivamente). Como si fuera poco, el municipio de Sitionuevo registró en 2016 el mayor IRCA (Índice de Riesgo de Calidad de Agua), colocándolo como la población con peor agua en Colombia. Actualmente persiste esta catalogación Con el anuncio del acueducto regional, el cual se encuentra incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, los magdalenenses por fin notamos una luz al final del camino, cuyo principal propósito es ponerle fin a un problema que aquejamos y arrastramos desde hace mucho tiempo.  Por el momento se ha definido que la modalidad de realización será una Alianza Público Privada (APP) para la construcción del Acueducto Regional, el cual llegará a Ciénaga, Pueblo Viejo y eventualmente a la Zona Bananera y Aracataca. La inversión será cercana a los $600 mil millones y permitirá obtener 1.500 litros de agua por segundo de los ríos Toribio y Córdoba para subsanar el déficit del vital elemento.

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El Gobierno define el futuro de Electricaribe

Dividir la empresa en dos sería la propuesta del Gobierno Nacional, según lo expresado por la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño. El salvavidas para Electricaribe dividiría la empresa en dos, una que tendría cobertura en Atlántico, Magdalena y La Guajira, se llamaría Caribe Sol, mientras la segunda que abarcaría Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, se denominaría Caribe Mar. La participación en el mercado se repartiría de la siguiente manera: Caribe Sol contaría con el 10,8% , tendría 9.816 kilómetros de redes y de ella dependerían 1,21 millones de usuarios. Por el lado de Caribe Mar, la participación sería del 10,9%, tendría 27.835 kilómetros de redes y cobijaría a 1,51 millones de clientes. El gobierno iniciará la búsqueda del nuevo operador o nuevos operadores desde este 2 de abril y espera que el proceso arroje resultados a más tardar el 4 de octubre, teniendo en cuenta que la oferta final deberá ser entregada al Ejecutivo antes del 16 de septiembre. De acuerdo con Avendaño, la idea es asegurar inversiones por $8 billones que es lo requerido para el sector por los próximos 10 años. El vacío pensional por 1,2 billones de pesos de la empresa seguirá a cargo del Estado. Cronograma 3 de abril: Publicación del reglamento del proceso 8 de abril a 30 de abril: Mercadeo y gira promocional de los mercados. 7 de mayo: Aprobación Plan de Desarrollo (que incluye la sobretasa) 17 de mayo: Entrega de sobres de precalificación 5 de junio: Resultados de la precalificación 6 de junio a 6 de septiembre: Interesados revisan documentos. 16 de septiembre: Plazo para entregar sobres con ofertas 24 de septiembre. Subasta individual primer mercado 4 de octubre. 2a. subasta individual, subasta conjunta y adjudicación

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Con vivienda y agua revolucionamos al país

Camilo Sánchez Ortega Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia El gobierno Santos pasará a la historia no solo por la firma de la paz sino por haber hecho la más grande inversión en vivienda, agua y saneamiento básico, logrando una revolución en la sociedad. La paz no se consolida sin igualdad, esa fue la visión del Presidente, por eso la meta de construir 1,7 millones de viviendas, hoy ya iniciamos más de 1.749.433 millones de viviendas urbanas y rurales, que incluyen 94.174 del Minagricultura y 45.560 del Fondo de Adaptación, de éstas, el 60% se financiaron o cofinanciaron por parte de la Nación, cambiando la vida a más de 5 millones 500 mil colombianos. Los programas y subsidios de Minvivienda alcanzan una inversión de 7,3 billones de pesos. Gracias a este aumento en la escala de producción de vivienda redujimos el déficit habitacional cuantitativo urbano, pasando de 12,6% en 2005 a 5,6% en el 2016 y 5,2% en 2017, estamos seguros que en el 2018 el déficit bajará al 5%, superando con creces la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que era de 5,5%. Esto fue posible gracias a la Ley 1537 de 2012, punto de quiebre en materia de política pública de vivienda. En la Fase I de Viviendas Gratis entregamos 100 mil unidades, y fue tan exitoso que empezamos la Fase II en la que iniciamos 30 mil  casas en los municipios más pequeños y apartados. En total, entre viviendas gratis rurales y urbanas, superamos las 275 mil soluciones habitacionales. Pero entregar casas no es nuestro único fin, también nos esforzamos en dar acceso a servicios públicos y sociales a través de equipamientos(…) Este año gestionamos ante el CONFIS la aprobación de más de 1,2 billones, logrando 77.670 cupos de coberturas a la tasa en todos los programas, lo que dio seguridad a constructores y compradores. Además, en Mi Casa Ya hay aún 64 mil cupos de subsidios para cuota inicial. Pero entregar casas no es nuestro único fin, también nos esforzamos en dar acceso a servicios públicos y sociales a través de equipamientos, en ese propósito se han invertido 987 mil millones de pesos para la construcción de 34 colegios, 46 CDI, 68 parques recreo-deportivos, 13 bibliotecas públicas, entre otros. Estamos comprometidos en construir comunidad y crear ciudades dentro de las ciudades. También consolidamos el Plan Nacional de Titulación. A la fecha generamos más de 163 mil títulos, aportando así a que Colombia sea un país de propietarios legales. Otra prioridad ha sido dar seguridad a los actores del mercado, por esta razón se expidió la Ley de Vivienda Segura (1796 de 2016), que bajo un enfoque preventivo, genera medidas para la protección y amparo del comprador de vivienda, el aumento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función que ejercen los curadores urbanos. Esta política integral no estaría completa sin prestar atención a un derecho fundamental: el agua potable y el saneamiento básico. Durante este gobierno, por primera vez 6,8 millones de colombianos pudieron contar con agua potable y 7,4 millones accedieron a saneamiento básico, lo que significó un aumento del 54,5% en acueducto y 64,4% en alcantarillado frente al Gobierno anterior. A la fecha, entregamos 1.663 proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, con una inversión que no tiene precedentes y asciende a 7,9 billones de pesos. Además, pusimos en marcha el programa de Conexiones Intradomiciliarias, que beneficia familias de estratos 1 y 2 al instalarles inodoros, duchas, lavamanos, lavaderos y lavaplatos. Se invirtieron 169 mil millones de pesos, con los que construimos 32.161 conexiones, beneficiando a 143.089 personas. Esta revolución pacífica de llevar viviendas y agua potable a quienes más lo necesitan ha significado la consolidación de la paz en todo el territorio nacional y un gran legado para el siguiente Gobierno.

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