junio 15, 2026

regiones

Gobierno reglamenta el Fondo ‘No Es Hora De Callar’ para prevenir, proteger y asistir a mujeres periodistas víctimas de violencia de género

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de la Igualdad y Equidad, expidió el Decreto 0277 del 18 de marzo de 2026​, mediante el cual se reglamenta el Fondo ‘No es Hora de Callar’, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionada con el  caso de la periodista Jineth Bedoya Lima vs Colombia.​ La sentencia de la CIDH derivó en la expedición de Ley 2358 de 2024, mediante la cual se creó el Fondo ‘No es Hora de Callar’, pero se hacía necesario reglamentar el desarrollo de las líneas de los programas, medidas e investigaciones que se pueden financiar con cargo a los recursos del Fondo. En ese sentido, las disposiciones del Decreto 0277 de 2026 están dirigidas al funcionamiento del Fondo ‘No es Hora de Callar’ para la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género, el cual estará destinado a la financiación de programas del orden nacional, departamental y municipal. El Fondo es un instrumento que permitirá saldar una deuda social e histórica con las periodistas colombianas: reconocer que por su género y su oficio se encuentran expuestas a violencias sistemáticas, que requieren atención, acciones transversales y enfoque diferencial. Para su aplicación, el Decreto define a quienes se les considera mujeres periodistas: Las mujeres graduadas de las facultades de periodismo del país, ya sea a nivel técnico o profesional. Las mujeres comunicadoras empíricas que desarrollan proyectos comunicativos alternativos o comunitarios. Las mujeres comunicadoras de organizaciones sociales que gestionan medios de comunicación o proyectos comunicativos regionales, alternativos o comunitarios, y cuyo trabajo impacta a grupos y organizaciones. Las mujeres en áreas de la comunicación tales como realizadoras audiovisuales, reporteras gráficas y editoras. Las mujeres comunicadoras dedicadas a la producción de contenidos digitales. Asimismo, la norma determina que “los recursos asignados anualmente al Fondo No es Hora de Callar serán apropiados en el presupuesto de la sección del Ministerio de la Igualdad, o quien haga sus veces, de conformidad con el trámite previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto”.​ Decreto crea ​Comité Decisorio Además, el Decreto crea el Comité Decisorio del Fondo y lo define como la máxima instancia de decisión y dirección del Fondo, encargado de establecer la planeación y programación de las medidas e investigaciones a financiar con los recursos asignados. Este Comité estará conformado y será presidido por el ministro o la ministra de Igualdad y Equidad o su delegado (a). También lo integrarán el viceministro o viceministra de las Mujeres o su delegada, la beneficiaria de la sentencia o a quien ella designe de su campaña ‘No es Hora de Callar’, y un representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLlP). En el mismo contexto, el Decreto ordena que los recursos del Fondo solo podrán ser destinados a financiar: ​Programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia basada en género en el ejercicio de su profesión. Adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas que se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión, desde una perspectiva de género. Investigaciones regulares para monitorear la prevalencia y los tipos de violencia de género enfrentados por las mujeres periodistas en Colombia. El Fondo debe asegurar que sus líneas de trabajo sean accesibles para mujeres de distintas regiones, incluyendo áreas rurales o de difícil acceso. En la misma línea, el Decreto establece que el Fondo no estará destinado para financiar apoyos materiales y directos en casos como amenazas, persecución, otro tipo de violencias. Tampoco se financiarán viajes de reubicación, subvenciones derivadas de exilios económicos u otro tipo de desplazamientos, ni apoyos de subsidios monetarios. Estas situaciones deberán articularse con las entidades competentes para ello.

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San Onofre, Sucre le apuesta al bienestar emocional con el cierre del encuentro “Se Vale Expresarlo”

El municipio de San Onofre fue escenario del cierre del proyecto de salud mental y bienestar emocional con el evento “Se Vale Expresarlo: Encuentro por el bienestar emocional”, una jornada que reunió a actores clave del territorio, comunidad educativa, asociaciones locales e instituciones para compartir los resultados y proyectar nuevas acciones en favor del cuidado emocional. El evento se desarrolló con una participación activa de la comunidad, cumpliendo la agenda programada y consolidándose como un espacio de diálogo, reconocimiento y compromiso colectivo frente a la importancia de hablar de salud mental sin estigmas. Uno de los momentos centrales de la jornada fue la firma de los “Acuerdos por el Bienestar”, liderada por Luisa Fernanda Robayo Ortiz, en representación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de Colombia, junto a asociaciones del territorio y demás actores vinculados al proyecto. Este acto simbólico reafirma el compromiso de continuar trabajando de manera articulada por la promoción de la salud mental en las comunidades. A través de este acuerdo, los participantes manifestaron su intención de seguir gestionando recursos, impulsando iniciativas y fortaleciendo procesos que permitan dar continuidad al trabajo desarrollado, integrando la tecnología con acciones comunitarias que generen un impacto real y sostenible. El encuentro también permitió socializar los avances del proyecto, destacando el uso de herramientas tecnológicas para el acompañamiento emocional, así como el trabajo conjunto con jóvenes, familias y profesionales del territorio, quienes han sido parte fundamental en la construcción de espacios de confianza para la expresión emocional. Sin embargo, hubo un momento que trascendió lo protocolario y conectó profundamente con la comunidad. Durante el evento se realizó un reconocimiento a tres mujeres del territorio: Dayana Tais Julio Del Toro, Diomaris de la Rosa Wilches y Norma Yaneth Ospina Ortiz, lideresas de la asociación Funpalito (FUNDACIÓN PALENQUE LIBRE DE TOROBÉ) que representan el trabajo constante y silencioso que sostiene a sus comunidades desde la acción cotidiana. A cada una se le entregó la escultura “Alma”, una obra inédita del artista plástico Jeys Junieles Bandera, bajo su seudónimo “Monocuco”, como una forma de integrar el arte y el emprendimiento cultural al proceso. Las piezas generaron un impacto inmediato, despertando conversación, identificación y una emoción genuina entre los asistentes. Muchas mujeres del territorio se vieron reflejadas en estas obras: en sus colores, en sus formas y en los símbolos que evocan la lucha, la identidad y la fuerza de una comunidad que no se rinde. Más allá del cierre formal, “Se Vale Expresarlo” deja instalada una convers ación necesaria en el municipio: la importancia de reconocer, expresar y acompañar las emociones como parte del bienestar integral de las personas. Con este evento, el proyecto no solo concluye una etapa de ejecución, sino que abre un camino de continuidad en el que la articulación entre comunidad, instituciones y tecnología seguirá siendo clave para fortalecer la salud mental en San Onofre.

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Fuerza Pública frustró atentado terrorista en el municipio de La Plata, Huila

Gracias a información de la ciudadanía, la Policía y el Ejército Nacional desactivaron de manera controlada dos campos minados que contenían 18 artefactos explosivos improvisados en zona rural del municipio de La Plata, específicamente en la vereda Los Pinos. Estos dispositivos incautados, acondicionados con aproximadamente 40 kilogramos de explosivos y cerca de 110 metros de cable dúplex para su sistema de iniciación, estaban dispuestos estratégicamente para atentar contra unidades de la Fuerza Pública que adelantan operaciones en la zona, así como para poner en grave riesgo a la población civil. Esta acción se enmarca en la estrategia institucional ‘Huila más seguro’, que busca contrarrestar las amenazas de los grupos armados organizados y garantizar la tranquilidad de las comunidades en este departamento. De acuerdo con las labores de inteligencia policial y Policía judicial, estos artefactos serían atribuidos a integrantes del frente ‘Hernando González Acosta’, del bloque central ‘Isaías Pardo’, estructura perteneciente a las disidencias al mando de alias ‘Mordisco’, grupo armado ilegal que ha venido generando afectaciones en esta región del país. Esta organización ha sido señalada de perpetrar acciones terroristas previas en el departamento, entre ellas el atentado ocurrido el 17 de abril de 2025 en el municipio de La Plata, mediante una motocicleta acondicionada con explosivos, así como hostigamientos registrados en Tesalia el 5 de diciembre de 2025 y el atentado que cobró la vida de una patrullera de la Policía en zona rural de La Plata. La intervención oportuna de la Policía permitió la desinstalación y destrucción controlada de estos explosivos en el mismo lugar, evitando así una tragedia de grandes proporciones en el occidente del Huila. Este resultado no solo salvaguarda la integridad de los uniformados que desarrollan operaciones en el territorio, sino también la vida de campesinos, niños y demás habitantes que transitan diariamente por estos sectores rurales. Este importante logro demuestra la efectividad del trabajo articulado entre la Fuerza Pública y la comunidad, resaltando la confianza ciudadana como un pilar fundamental en la lucha contra las estructuras criminales. La Policía agradeció a los habitantes de la región occidente del Huila, cuya colaboración e información fueron determinantes para prevenir lo que pudo haber sido una acción lamentable.

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GASNOVA alerta por el no pago de subsidios al GLP

La Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA manifestó su preocupación ante el retraso en el giro de los recursos destinados al pago de subsidios del consumo de GLP en redes de distribución, cilindros y compensación de transporte, del servicio público esencial de Gas Licuado del Petróleo (GLP), situación que afecta a los usuarios más vulnerables del país. Con respecto a los subsidios al consumo en redes de distribución urbana, estos no se pagan a las distribuidoras desde el mes de marzo del año pasado, afectando directamente a 360.000 personas de escasos recursos, pertenecientes a los estratos 1 y 2, minorías étnicas y sector rural, que dependen de este energético para cocinar. “A pesar de que el Ministerio de Minas y Energía (MME) ya verificó    los montos de los subsidios por redes pendientes de 2025, las resoluciones de pago aún no han sido expedidas porque el Ministerio de Hacienda no ha dado el visto bueno”, aclaró Alejandro Martínez Villegas, presidente de GASNOVA. A corte de febrero de 2026, la deuda acumulada asciende a $36 mil millones de pesos por concepto de subsidios en redes de distribución, y $7,1 mil millones de pesos por la compensación de transporte hacia el departamento de Nariño. En cuanto a la deuda por subsidios al consumo de GLP en cilindros, en el presente mes el MME expidió las resoluciones de octubre y noviembre de 2025, pero el sector permanece a la espera del desembolso de los recursos por parte del Minhacienda. El MME ya finalizó también las validaciones de diciembre de 2025 y enero de 2026 para este rubro y el llamado del sector es a que estos pagos se hagan con la mayor celeridad. El presidente de GASNOVA señaló: “Es imperativo que el Gobierno Nacional agilice los trámites administrativos y priorice el giro de estos recursos que ya están verificados y disponibles. Estos pagos garantizan el acceso al GLP para más de 1 millón de ciudadanos que lo usan para cocinar”, puntualizó Martínez V. La demora en los pagos genera un riesgo en la continuidad de este servicio público que es esencial para las familias más vulnerables del país.

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Gobierno nacional inicia giro de $1,3 billones para personas mayores con nuevos operadores

Prosperidad Social iniciará la dispersión de las transferencias monetarias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor, con una inversión de 1,3 billones de pesos que beneficiará a más de 2,8 millones de personas mayores en todo el país. El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que la operación de entrega de transferencias monetarias fue adjudicada a la Unión Temporal de Pago Postal conformada por Matrix-Sured y Supergiros, que tendrá a su cargo la dispersión de los recursos a través de servicios postales de pago. “Con esta adjudicación fortalecemos la transparencia, la competencia y la eficiencia en la entrega de los recursos públicos. Nuestro objetivo es que cada peso llegue de manera oportuna y segura a quienes más lo necesitan”, dijo Rodríguez Amaya. La unión temporal ganó la licitación tiene como objeto la “Prestación de servicios de dispersión y entrega de transferencias monetarias a través de servicios postales de pago a los beneficiarios de los programas que adelanta la dirección de transferencias monetarias de Prosperidad Social”. Colombia May​or Colombia Mayor será el primer programa que iniciará la dispersión bajo esta modalidad. En los departamentos de Córdoba y Sucre, fuertemente afectados por la temporada de lluvias, las transferencias comenzarán a entregarse a partir del 28 de febrero con esquema de pico y cédula. En el resto del país, el proceso iniciará el 2 de marzo. En Córdoba y Sucre, 270 mil personas mayores son beneficiarias en estos ciclos y podrán acercarse a los puntos de pago habilitados para retirar los recursos. A nivel nacional, la dispersión cubrirá 1.108 municipios en los 32 departamentos del país. “Garantizamos que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de la población mayor del país”, afirmó Rodríguez Amaya. Con esta entrega, la entidad avanza en la meta del gobierno del presidente Gustavo Petro de ampliar la cobertura del programa hasta llegar a 3 millones de personas mayores beneficiarias en todo el país, de acuerdo con la Resolución 0460 del 24 de febrero de 2025, que establece la distribución de cupos por territorio. En estos ciclos, la población indígena beneficiaria del programa pasó de 69.000 a 148.000 personas, lo que representa un aumento del 114 %. En Bogotá, el número de beneficiarios con liquidación aumentó de 51.000 a 108.000 personas mayores, un incremento del 111 %. La modalidad de giro opera como mecanismo complementario que garantiza cobertura nacional, especialmente para la población no bancarizada o con limitaciones de acceso a servicios financieros, mientras Prosperidad Social avanza en la implementación del Sistema de Pagos ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de los programas Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA se entregarán a través de más de 31.000 puntos de pago directos dispuestos por los nuevos operadores en todo el territorio nacional. “Estamos avanzando hacia un modelo que promueve la inclusión financiera, permite a los beneficiarios elegir el canal de pago y reduce costos operativos para el Estado. Esto significa más eficiencia y mayor cobertura social”, dijo Rodríguez. El artículo 68 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo establece que el Gobierno nacional podrá definir las condiciones, productos y canales para la entrega de transferencias monetarias, y que los beneficiarios podrán elegir el canal o producto financiero digital a través del cual recibirán los recursos, atendiendo los lineamientos establecidos por el Gobierno. En 2024, Prosperidad Social inició la construcción del Sistema de Pagos con Jóvenes en Paz, que entrega transferencias mensuales a más de 16.000 participantes. En 2025, el esquema se extendió al programa Renta Joven, con más de 500.000 transacciones y un ahorro superior a 2.270 millones de pesos en comisiones financieras para la entidad. Para 2026, la expansión del modelo incluirá a los programas Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA, permitiendo que los beneficiarios accedan a su transferencia monetaria directamente en el producto financiero de su elección o a través del operador de giro habilitado, sin necesidad de intermediarios.

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Gobernación de Arauca y la UIS fortalecen alianza para impulsar el desarrollo en el Departamento

Desde Bucaramanga, el gobernador Renson Martínez Prada, junto a su equipo de trabajo, sostuvo un importante itinerario institucional con el rector Hernán Porras y el Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con el objetivo de articular la capacidad científica y tecnológica de la institución con las necesidades reales del departamento de Arauca. Esta articulación busca convertir la formación de calidad y las alianzas estratégicas en desarrollo para la región, generando oportunidades a través del conocimiento, la innovación y la investigación aplicada al territorio. El gobernador destacó que, “avanzamos en una alianza entre la Universidad Industrial de Santander y el departamento de Arauca, en un proceso que permitirá la presencia de la universidad en el territorio araucano a través de programas presenciales, programas de investigación, innovación, ciencia y tecnología”. UIS fortalece su presencia en Saravena Durante la agenda también se firmó el acta de entrega y recepción del bien inmueble que permitirá consolidar la presencia de la UIS en Saravena. Este acto formaliza la entrega del predio por parte de la Gobernación, destinado a la oferta de programas académicos en el municipio, fortaleciendo la formación profesional de los jóvenes araucanos y apostándole al desarrollo del departamento desde el conocimiento y las oportunidades reales. Entre tanto, el arquitecto Christian Hernández explicó que se proyecta un sistema de aulas modulares que dará inicio a la apertura de las clases en Saravena. El proyecto contempla varios módulos distribuidos en:                   -Áreas administrativas -Aulas de clase -Aula de cómputo -Laboratorios -Biblioteca -Espacios de bienestar Esta primera etapa está diseñada para atender a una población cercana a los 1.900 estudiantes, consolidando así una infraestructura educativa con visión de crecimiento. Y finalizó su agenda con la visita a los laboratorios y la infraestructura tecnológica del Parque Tecnológico Guatiguará de la Universidad Industrial de Santander, en donde conoció de cerca la capacidad científica, la infraestructura de innovación y la planta piloto de chocolates, un entorno que articula la investigación aplicada con los territorios. Durante la jornada, el mandatario identificó oportunidades para llevar el conocimiento al departamento y convertirlo en soluciones con impacto regional y valor productivo.

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‘Con suministro de agua potable hemos salvado la vida de niños y niñas en La Guajira y el país’: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro resaltó este martes los indicadores de reducción de mortalidad de niños y niñas en La Guajira y el país, lo cual atribuyó a la política del Gobierno de suministrar agua potable a las comunidades más vulnerables, pero también al programa de prevención en salud. El mandatario destacó que el indicador de muertes por desnutrición en niños menores de 5 años en el país cayó de 404 casos en el año 2022 a 160 en el 2025, mientras que en La Guajira esa cifra bajó de 96 casos en el 2022 a 31 en el 2025. “Hemos hecho que el agua potable sea de verdad agua potable, pero no hay aplausos de la prensa para esto, además porque se necesita más, este número tiene que llegar a cero”, dijo el mandatario en referencia a los indicadores de muertes de niños en el país. “¿Queremos salvar a niños y niñas?, démosles agua potable, antes que nada”, recalcó el mandatario. Agregó que las madres de La Guajira tenían que enterrar más niños “simplemente porque no había agua potable, pero ahora sí hay, aunque esto debió hacerse más rápido y con más dinero”. El presidente hizo esta reflexión durante el acto de entrega de una nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la comunidad de Yotojoroin, zona rural del municipio guajiro de Uribia, con la que se busca fortalecer el acceso a agua apta para el consumo humano en una de las regiones con mayores desafíos históricos en materia de abastecimiento. Asimismo, hizo énfasis en que para su Gobierno es fundamental salvar la vida de los niños y niñas de Colombia: “Hemos priorizado que menos niños y niñas mueran en el país”.     Además, el jefe de Estado trajo a colación lo ocurrido en el 2023 cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, que buscaba responder a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la reducción de acceso a agua potable en la región. “La Corte Constitucional nos debería ayudar en vez de obstaculizar, pues hay que decir que fue un error lamentable haber levantado la emergencia económica y social de La Guajira, porque mucho se hubiera hecho mejor y las cifras serían aún mejores, estaríamos llegando a cero y eso se hace con ayuda de la comunidad, no contra la comunidad”, añadió. Inversi​ón de $6.800 millones ​La nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la comunidad de Yotojoroin contó con una inversión de 6.800 millones de pesos, financiados en su totalidad por la nación, y hace parte de la estrategia del Gobierno del Cambio para ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento básico en La Guajira. La infraestructura beneficiará a más de 5.000 habitantes de Yotojoroin y de comunidades vecinas como Kapuchichon, Ouispa y Pirrulia. La PTAP opera mediante tecnología de ósmosis inversa y tendrá una capacidad de producción cercana a los 80.000 litros diarios. Durante el Gobierno del presidente Petro se han destinado aproximadamente 803.000 millones de pesos en 15 municipios del departamento, alcanzando el 100 % del territorio. De ese total, 632.000 millones de pesos han sido dirigidos a proyectos de acceso a agua potable y saneamiento básico.

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Gobierno de Sucre protege derechos de estudiantes ante cierre de institución Carmelo Percy

El secretario de Educación Departamental, Jacobo Quessep Espinosa, ratificó el compromiso de la Gobernación de Sucre con la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del departamento, frente a las situaciones registradas en la Institución Educativa Carmelo Percy Vergara, en Corozal. El funcionario, en articulación con la administración departamental encabezada por la gobernadora Lucy García, rechazó de manera contundente el cierre de la institución educativa y aseguró que se están tomando medidas para garantizar que tanto estudiantes como docentes no vean vulnerados sus derechos. “Los derechos de nuestros niños no se negocian ni se vulneran. Estamos actuando con responsabilidad y firmeza para garantizar que la comunidad educativa del Carmelo Percy Vergara tenga tranquilidad, protección y condiciones adecuadas para el desarrollo normal de las clases”, señaló Quessep Espinosa. Asimismo, indicó que se adoptarán las acciones correctivas necesarias frente a cada uno de los casos que se han presentado, con el propósito de restablecer la normalidad académica y asegurar que las actividades escolares se desarrollen en ambientes seguros, acogedores y respetuosos. La Estrategia Sucre Escucha, con su equipo interdisciplinario, también hizo parte de la intervención hecha por el gobierno departamental para promover la sana convivencia escolar. La Gobernación de Sucre continuará trabajando para garantizar entornos escolares protectores en todo el departamento.

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Nariño consolida acuerdo de sustitución voluntaria con meta de 15.000 hectáreas de coca

Consolidar una transición real hacia economías legales fue el resultado del encuentro desarrollado en Tumaco entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), donde se ratificó la sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de coca, 15.000 de ellas en el Departamento de Nariño. • Nariño avanzará en la erradicación voluntaria de 15.000 hectáreas con seguimiento verificable. • Comunidades liderarán el proceso con autonomía y compromiso ambiental. • Gobernación respaldará la transformación territorial con inversión social. Durante la jornada del 11 y 12 de febrero, llevada a cabo en Inda Zabaleta, zona rural del Distrito Especial de Tumaco, se estableció que el proceso de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito contará con verificación internacional y una fecha de seguimiento prevista para el 31 de marzo de 2026. La sustitución voluntaria será liderada por comunidades campesinas, pueblos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes, quienes avanzarán en asambleas territoriales para definir el alcance del proceso. El acuerdo incluye el compromiso de no resiembra y protección del medio ambiente como base de la transformación territorial. “Ratificamos nuestro respaldo a la sustitución voluntaria con las comunidades como protagonistas. Hemos asumido el compromiso de apoyar la protección del medio ambiente y evitar la resiembra. La transformación territorial solo será posible con inversión social, vías, educación, salud y comercialización de los nuevos productos”, señaló Walter Mendoza, vocero de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en la mesa de conversaciones. El proceso incluye el respaldo al ejercicio autónomo que desarrolla el resguardo indígena de Inda Zabaleta, donde se proyecta avanzar en nuevas hectáreas de erradicación voluntaria como parte de la organización comunitaria, compromiso que contará con el acompañamiento del gobierno departamental en la proyección de obras de infraestructura y la estrategia VIDA (Visión Integral de Desarrollo Alternativo). “El acuerdo ratifica la facilitación para que las comunidades erradiquen voluntariamente 30.000 hectáreas, 15.000 en Nariño. Se respeta la autonomía de campesinos, pueblos indígenas y consejos comunitarios, y se asume el compromiso de no permitir la resiembra. Desde la gobernación acompañaremos este proceso con inversión para garantizar transformación territorial”, afirmó Alex Javier González, Secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Nariño.

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El adiós a la coca en Nariño

En dos veredas de distintos municipios, una en Roberto Payán y otra en Tumaco, los campesinos avanzan en la erradicación manual de cultivos de coca y en el inicio de una nueva vida que los aparte de las economías ilícitas. Entre la vereda Pumbí las Lajas, en el municipio de Roberto Payán, y la vereda Vuelta Larga, de Tumaco, ambos en Nariño, hay más distancia geográfica que social. Con suerte, un recorrido de 5 a 6 horas si el clima está a favor y un trayecto que se hace en su mayoría por río. En cambio, socialmente comparten bastantes similitudes: difícil acceso a servicios básicos, brechas sociales, pocas oportunidades; pero también identidad cultural, gastronómica, folclor y algo más. Algo que por décadas ha dominado estos territorios rurales: la siembra de mata de coca. Y allí están ellos, los protagonistas de esta historia. Evaristo y Yubán nacieron en Pumbí. El primero, un viejo de 62 años, Y el otro, con 30 menos. En Tumaco está Gustavo, 49 años, fortachón, agricultor por vocación y líder de su comunidad. Los tres comparten un largo camino detrás de la siembra de coca con los lastres que conlleva. “Nadie ha dicho que vivir de la coca sea fácil. Pero las oportunidades escasean y ante la ausencia de Estado y alternativas es lo que había’, asegura Evaristo al preguntarle por qué terminó sembrando coca. “No la queremos más’ Aquí todos cuentan su propia historia, con algunos matices, pero al final del día el mismo denominador: no hay mucho de donde escoger y hay que trabajar para poder comer. Yubán, por ejemplo, quería ser policía, pero rápido tuvo que renunciar a ese sueño porque condiciones en su salud se lo impidieron. Y sembrar coca fue una solución para llevar algo de plata a la casa.  “Hemos vivido muchos años de violencia, pero no es por la mata, es por el mal uso que la misma gente le da. Lo cierto es que no queremos tenerla más en el territorio’, dice Gustavo, convencido de que lo que acaba de decir es una verdad absoluta de principio a fin. Y es que estos tres hombres, de distintas generaciones pero con realidades similares, siguen coincidiendo quizá en algo que han esperado por años. Gustavo, Yubán y Evaristo, así como miles de campesinos de la región del Pacífico nariñense, le dicen adiós para siempre a la siembre de hoja de coca.   “No poder dormir por la intranquilidad, eso es duro. Más vale vivir en escasez, pero sin poner a la venta algo que es invaluable, la tranquilidad’, asegura Evaristo desde la experiencia que le dan más de 20 años sembrando coca. Tiempo suficiente para estar seguro de que quiere otra cosa, que está cansado y no quiere seguir más. Sustituir y erradicar Recientemente, el Gobierno nacional presentó dos programas enfocados en la sustitución de cultivos. De un lado, el pasado 19 de diciembre, en Pumbí, lanzó los grupos comunitarios de apoyo a la erradicación de cultivos de uso ilícito. Son cuadrillas de hasta cien personas que tienen como misión apoyar a las familias inscritas en el programa de sustitución RenHacemos en la eliminación de raíz de los cultivos de uso ilícito, acelerando el proceso de sustitución. Dicho de otra forma, mientras una persona puede tardar hasta un mes en erradicar manualmente una hectárea, el trabajo colectivo permite reducir ese tiempo a un solo día, haciéndolo más eficaz. Mientras tanto, el 23 de enero, en Tumaco, fue presentada la estrategia ‘Erradicar para la Paz’. Básicamente, formalizar las tierras a los campesinos y comunidades indígenas que voluntariamente decidan arrancar de raíz las matas de coca sembradas en sus territorios. Solo en Tumaco, 2.225 familias ya se han beneficiado de ese programa. Se han invertido 157.794 millones de pesos buscando sustituir ingresos, transformar economías ilegales en legales y acompañando a quienes decidan dar el paso. Eso se traduce en 7 mil hectáreas en las que antes se sembraba coca y ahora se cultivan, entre otros, cacao, limón y ají. “No es fácil desacostumbrarse a la siembra de coca, pero tampoco será imposible porque aquí no nacimos con esta mata’, dice Gustavo, mientras agrega que, “en un tiempo si fue negocio para el campesino. Pero ya hoy no es rentable, no solo porque el precio está caído, sino porque vemos que no es la solución seguir sembrando cultivos de uso ilícito’. Aquí se respira felicidad y paz. El tono de voz, la mirada de un soñador y un rostro apacible dejan en evidencia a los tres hombres que han contado esta historia. Están felices y esperanzados. Al final de cuentas no se trata de la coca, sino de la tierra; no se trata de erradicar, sino de hacerlo pacíficamente. Gustavo lanza una frase contundente: “después de Dios y la vida, la tierra. Porque es donde usted va a poner una mata de plátano. En el campo si una persona no tiene 2 o 3 hectáreas de tierra, no tiene nada’. Y Yubán, a kilómetros de distancia, lo secunda diciendo: “hace como unos 25 años venía la fumigación aérea que, además de afectar el medio ambiente, nos afectó a nosotros que no encontrábamos la forma de sustentar a nuestros familiares’. Mientras a toda marcha erradica junto a grupo de vecinos una hectárea más de coca, agrega que “es algo voluntario, porque somos nosotros los que queremos cambiar de producto. Algo que le sirva a la sociedad para avanzar’. Así es como en Nariño están pasando cosas. No ha sido ni será fácil, porque han sido años bajo un mismo paradigma del que cuesta zafarse, costumbres que se vuelven ley y todo mientras se lucha por resistir a los prejuicios sociales y señalamientos. Al final, Gustavo lanza una frase poderosa que lo dice todo, que permite entenderlo todo: “una cosa es sacarle la coca del territorio al campesino a la fuerza y otra sacársela de la mente. Cuando usted logra sacarla de su mente, está razonando para no volver a los cultivos’. Es la sentencia de

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