diciembre 3, 2024

#Procuraduría GeneralDeLaNación

Procuraduría pide a la JEP rechazar petición de nulidad por casos de violencia sexual, cometidos por excombatientes

En documento dirigido a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Uldi Teresa Jiménez López, Procuradora Delegada con funciones mixtas, exigió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), negar la solicitud de nulidad parcial en casos de violencia sexual, contra mujeres, niñas y personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD), que  señala como responsables a algunos excombatientes. Esto puesto que en la defensa de algunos comparecientes involucrados en el macrocaso 002, buscan darles anulación a sus expedientes. ¿Por qué surgió este rechazo? Por medio del documento dirigido a la Magistrada Belkis Florentina Izquierdo Torres, la Procuraduría manifestó su preocupación ante lo ocurrido los días 15 y 16 de julio del presente año, durante el espacio de interacción dialógica, entre la SRVR y excombatientes. En este evento los comparecientes manifestaron las inconformidades  y reparos frente las imputaciones realizadas, por su parte, sus defensas presentaron aquellos elementos jurídicos y observaciones a los actos presentados hacia sus defendidos, sin embargo, dentro de sus consideraciones señalaron iniciar un proceso de nulidad parcial al Patrón 4: Violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas o no normativas. ¿Qué es el Macrocaso 002? En este apartado se realiza investigación de delitos tales como: violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidos en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas del departamento de Nariño por excombatientes de las FARC-EP, Fuerza Pública y terceros sometidos voluntariamente ante la JEP. Durante el período comprendido entre 1990 y noviembre de 2016. Objetos de investigación del macrocaso 002 Asesinatos Masacres Minas antipersonales (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) Violencia sexual Reclutamiento forzado Desaparición forzada Desplazamiento forzado Destrucción de la naturaleza y el territorio Daño socioambiental Argumentos de la defensa para pedir nulidad parcial “No se estableció una metodología acorde con las exigencias legales respecto de la contrastación de la información con todo el acervo probatorio, sino que, se incumplió con los criterios de selección vulnerando el debido proceso” argumentó la defensa Llamado de la Procuraduría Ante este hecho la Procuraduría General de la Nación objetó y en este documento interpuesto a la (SRVR) concluyó con las siguientes peticiones: Que se niegue la solicitud de nulidad presentada por algunos comparecientes de las extintas FARC-EP en contra del patrón 4. Que se exhorte a los sujetos procesales a ejercer sus atribuciones legales en el marco del respeto hacia las víctimas. Para la Procuraduría, es importante impedir que se den omisiones en las investigaciones de estos hechos, dado que incurren en actos de violación a los Derechos Humanos de las víctimas, ante esta premisa esta entidad solicitó a la JEP rechazar estos actos, por ello enfatizó “que el derecho de defensa de los comparecientes no debe antagonizar con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y pidió que las decisiones judiciales se tomen con pleno respeto hacia las víctimas, evitando cualquier forma de revictimización, y garantizando que tengan un acceso adecuado a la justicia” comunicó la entidad.  

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Definida la fecha para la elección del nuevo Procurador General

El Senado de la Republica confirmó que la elección del nuevo Procurador General de la Nación se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de octubre. Esta votación es crucial para designar al sucesor de Margarita Cabello. Los aspirantes al cargo son Germán Varón, Luis Felipe Henao y Gregorio Eljach, los cuales fueron ternados por la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Concejo del Senado respectivamente. Gregorio Eljach Gregorio Eljach es abogado de la Universidad del Cauca y especialista en Gestión de Entidades Territoriales, Derecho Público, Derecho Constitucional y Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia. Eljach fue designado por el presidente Gustavo Petro, lo que lo posiciona como un competidor fuerte en esta contienda. Es el más reciente exsecretario del Senado y a lo largo de su carrera ha demostrado un compromiso con el servicio público. Germán Varón Cotrino Elegido por la Corte Suprema de Justicia, Germán Varón Cotrino se graduó como abogado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Además, posee una especialización en Derecho Administrativo de la misma institución. Fue Secretario General de Corabastos, así como Secretario General de la Personería Distrital de Bogotá, en 1993. En el ámbito político, fue senador de la República hasta 2022. En su experiencia legislativa ha sido presidente de Cambio Radical y presidente de la Cámara de Representantes entre 2007 y 2009. Con un enfoque en la administración pública y el derecho. Luis Felipe Henao Luis Felipe Henao, el candidato del Concejo de Estado, también abogado egresado de la Universidad del Rosario. realizó estudios superiores en la Universidad de Salamanca, en España. Antes de ser candidato a Procurador, Henao se desempeñó como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde impulsó importantes políticas de vivienda y desarrollo urbano. Además, ha ocupado cargos de alto nivel como viceministro en las carteras de Vivienda y del Interior. Henao, también se ha desempeñado en el sector privado, trabajando en empresas del ámbito financiero y de servicios públicos. Fue miembro de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Cuenta con una amplia experiencia en litigio y una vocación académica. También ha publicado numerosos libros y artículos especializados en derecho penal y urbanístico. Mientras continua la espera ante el veredicto del Senado, la expectativa se centra en quién de estos tres candidatos logrará captar el apoyo necesario para alcanzar el puesto.

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Procuraduría sanciona a oficiales de la Policía acusados por asesinato de menores de edad en Sucre

La Procuraduría General de la Nación dictó fallos disciplinarios tras una investigación sobre el operativo realizado en la intersección La Garita, del corregimiento de Chochó, Sucre. El operativo, llevado a cabo por el Departamento de Policía de Sucre, resultó en la muerte de tres ciudadanos que estaban bajo custodia policial. El Teniente Coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, en ese entonces comandante operativo de Seguridad Ciudadana, fue hallado responsable de una falta gravísima. Núñez Jaramillo disparó contra Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras mientras eran transportados en un vehículo institucional hacia la Clínica María Reina en Sincelejo para recibir atención médica. Los tres ciudadanos, quienes habían sido capturados por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, murieron a consecuencia de los disparos. Otros responsables en el caso El dictamen también identificó y sancionó a otros miembros de la Policía involucrados en el operativo. Según el comunicado de la Procuraduría “El Mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y los patrulleros Eduar de Jesús de la Rosa Juez, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana fueron considerados responsables de faltas graves. Se les acusó de Prevaricato por Omisión y Abuso de Autoridad, conforme a los artículos 414 y 416 del Código Penal, por no proteger adecuadamente a los civiles bajo su custodia.”  A estos oficiales se les impuso una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un período que varía entre 11 y 15 años.  

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Corte Suprema ya tiene a los ternados para Procurador General de la Nación

Entre los sesenta aspirantes se encuentra una exministra del gobierno Duque y el actual secretario del Senado de la República. La Corte Suprema de Justicia ya tiene la lista de aspirantes de la terna de elegibles para la Procuraduría General de la Nación con la que el Senado de la República elegirá el reemplazo de la actual procuradora, Margarita Leonor Cabello Blanco. Conforme al documento expuesto por el máximo tribunal, sesenta aspirantes integran la terna tras inscribirse a la Convocatoria Pública número 02 de 2024 que se abrió entre el 8 y el 12 de julio de forma virtual en el micrositio ubicado en el portal de la corporación. Dentro de los nombres que sobresalen en la lista se encuentra Gregorio Eljach, actual secretario del Senado de la República, quien anteriormente ya se había postulado a este cargo. También está Álvaro Name, expresidente del Consejo de Estado y Humberto Sierra Porto, el exmagistrado de la CIDH. Asimismo, la exministra de Cultura que hizo parte del Gobierno del expresidente Iván Duque, Carmen Vásquez, se sumó a la convocatoria junto al  exsenador de Cambio Radical; Jorge Otálora, exdefensor del Pueblo y Germán Varón Cotrino, quien es considerado una ficha política cercana a Germán Vargas Lleras. Para conocer a los 60 candidatos y su hoja de vida, ingrese al siguiente enlace: Convocatoria Ternado Procurador. Quién elige al próximo procurador (a) De acuerdo con los requisitos previos, la Sala de Gobierno de la Corte revisó las hojas de vida y verificó el cumplimiento de las cláusulas constitucionales y legales de los aspirantes inscritos con la que presentó un informe a la Sala Plena. La Procuraduría General de la Nación tiene como pilar tres funciones constitucionales que se basan en prevenir los actos contrarios a la ley y al interés general; interviene en los procesos judiciales, e investiga y sanciona a los gobernantes y demás servidores públicos, incluidos los de elección popular. Siguiendo el protocolo del proceso, el 9 de septiembre iniciarán las deliberaciones para seleccionar a 10 de los 60 aspirantes inscritos que cumplan con todos los requisitos los cuales posteriormente serán citados a audiencia pública en la que serán escuchados por los integrantes de la Sala Plena de la Corte. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, el próximo Procurador General de la Nación se debe elegir teniendo como soporte el artículo 276 de la Constitución Nacional que determina que el Senado será quién elija al funcionario para cumplir con un período de cuatro años. La conformación de la terna debe ser integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La norma que regula el funcionamiento del Congreso de la República bajo la Ley 5 de 1992, determina que en el procedimiento el  Senado se reunirá y sesionará para así proceder a la elección. Cabe recordar que la actual Procuradora tomó posesión del cargo el 15 de enero de 2021 durante el Gobierno Duque, quién también la nombró Ministra de Justicia y del Derecho en su administración. 

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Informe de la Procuraduría advierte irregularidades en compra de tierras de la ANT

La Procuraduría General de la Nación por medio de un informe advierte de posibles irregularidades en la compra de tierras destinadas a para campesinos en situación de vulnerabilidad como parte de los objetivos de la reforma agraria propuesta por el Gobierno Nacional, la entidad refiere que estarían en riesgo de malos manejos, dineros que alcanzan la cifra de $136.911 millones. Todo indica que esta investigación por parte de la Procuraduría General y la Contraloría General, se dio debido irregularidades detectadas en la revisión de estos procesos, por medio de las auditorías internas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que arrojó inconsistencias y desviaciones de los trámites dejando en evidencia posibles irregularidades. Trámites irregulares Desde diversos sectores se ha expuesto la lentitud y poca efectividad de los trámites de compra de tierras para los campesinos, lo que hace parte de una de las banderas de progreso de la administración Petro, las estadísticas hablan de que en dos años se han adquirido 93.000 hectáreas, según indicó Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una cifra que no alcanza la expectativa de entrega de 500.000 hectáreas al campesinado colombiano. Recordemos que el resurgimiento agrario ha sido uno de los principales motores de desarrollo impulsados por el llamado Gobierno del Cambio, así como el cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016. Para llegar a esta conclusión la Procuraduría General de la Nación revisó de manera aleatoria 86 de las 288 compras de tierras que hizo la ANT desde inicios de la actual administración del Estado, hasta febrero pasado, cuando Gerardo Vega salió del cargo de director, encontrando irregularidades en el 62 % de las adquisiciones. ¿Qué dice el Ministerio Público? Por su parte el Ministerio Público indica en el informe que “a fin de realizar un cálculo estimativo de los valores que se ponen en riesgo con tales acciones se tomaron como base los precios de los inmuebles estimados para el pago según la información de los expedientes de compra y los valores pagados por los avalúos en los casos en los que se señala que no se debieron ordenar. En suma, el valor que se pone en riesgo corresponde a El informe fue realizado por el procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero, en donde se da cuenta también que se compraron 14 predios por $51.787 millones, a pesar de que no tienen vocación agrícola y desconociendo observaciones técnicas que se formularon”. Señala, además el ente que hubo irregularidades en las promesas de compraventa de 16 predios adquiridos por $30.623 millones e inconsistencias en 26 predios por $27.039 millones porque no hubo acta de entrega. Se da cuenta de posible falla en la compra de 8 predios que la ANT adquirió por un total de $15.281 millones, las cuales podrían tener la condición de tierras baldías lo que implicaría que no son adjudicables. Otro de los hallazgos de la Procuraduría advierte inconvenientes en la compra de 10 predios por $11.791 millones, calificados como inhábiles para realizar allí actividades agropecuarias porque en su mayoría están conformados por humedales o cuerpos de agua. Entre otras irregularidades la Procuraduría destaca la baja ejecución presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras “Pese a que se asignaron altos recursos para la compra de tierras, la ejecución financiera real es baja, con un desembolso mucho menor de lo previsto, lo que sugiere una gestión ineficaz de los recursos”.

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