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Nueva oportunidad para el nuevo liberalismo

Juan Manuel Galán Exsenador, Partido Liberal Miembros del movimiento Nuevo Liberalismo han solicitado el reconocimiento de su personería jurídica. Este reclamo, dicho sin exageraciones, se funda en hechos dolorosos de la historia colombiana que han dejado cicatrices en el alma nacional, pero que hoy, marcan el horizonte de una nueva esperanza para nuestro país. Luis Carlos Galán Sarmiento entregó su propia vida al servicio del combate contra la corrupción y el narcotráfico movido por las ideas que inspiraron al Nuevo Liberalismo. Esas ideas libertarias en contra de la inequidad y la desigualdad, así como la convicción de que Colombia solo alcanzará su madurez democrática cuando se recuperen los valores éticos en el comportamiento social de los individuos, empezando por los dirigentes de partidos políticos, fueron su sentencia de muerte en la plaza de Soacha casi 30 años atrás. Hoy, quienes lo acompañaron en los inicios de su proyecto político, son proponentes de una nueva demanda que busca recuperar la personería que se obtuvo en 1986 y que, como consecuencia directa de su exterminio físico (50 militantes asesinados en el Urabá, Puerto Boyacá y Magdalena Medio) en los años ochenta y noventa en el país, después del asesinato de su líder, no pudo mantenerse. “Esperamos celeridad y justicia para que el Nuevo Liberalismo reaparezca como intérprete de ese liberalismo que el Partido Liberal decidió abandonar” Prueba de ese clima de violencia es que, cuando el movimiento se disolvió para ingresar al Partido Liberal durante la campaña a la Presidencia de la República en 1989; su principal rival dentro del partido fue Alberto Santofimio Botero, político condenado por la Corte Suprema de Justicia a 24 años de prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Posterior a esto, los demás miembros del Nuevo Liberalismo fueron víctimas de persecución, secuestro y atentados de diverso orden. Solo por honrar a algunos de ellos, recordamos a los concejales en Apartadó, y Antioquia, los periodistas Guillermo Cano Isaza y Jorge Enrique Pulido Sierra, y otros miembros que sufrieron atentados como Alberto Villamizar, Enrique Parejo, Iván Marulanda Gómez y Maruja Pachón. Todos estos hechos, muestran la sistematicidad de los ataques contra el Nuevo Liberalismo, solo comparable al de la Unión Patriótica, a través de aparatos organizados de poder, razón por la cual, la Corte declaró el magnicidio como un crimen de lesa humanidad. Pese a las pruebas aportadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud de restitución de la personería jurídica al Nuevo Liberalismo. Ahora, los demandantes acuden al Consejo de Estado, quien declaró que el CNE debe valorar de nuevo la solicitud inicial a la luz de consideraciones precisas impartidas por el propio Consejo de Estado. Esperamos celeridad y justicia para que el Nuevo Liberalismo reaparezca como intérprete de ese liberalismo que el Partido Liberal decidió abandonar.

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Partido de La U hará parte de la coalición de Gobierno

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Presidencia, Senado / revistacg

La oposición tendrá 22 curules en el Senado. El Partido de “La U” declaró su apoyo al Gobierno de Iván Duque este miércoles, tras una reunión de su bancada para definir la postura que asumiría frente al Ejecutivo. Según la legislación, los partidos con representación en el Congreso tienen un mes luego de la posesión presidencial para tomar una decisión en ese sentido. “Con 25 votos a favor de hacer parte de la coalición de Gobierno, y 16 de independencia, el @partidodelaucol decidió acompañar al Gobierno del presidente Iván Duque. Acato la decisión tomada. ¡Amanecerá y veremos!”, escribió Norma Hurtado, representante de la colectividad política que acompañó al expresidente Juan Manuel Santos. Lea también: Partido Conservador oficializa su respaldo al Gobierno La bancada de Gobierno queda conformada por el Centro Democrático, el Partido Conservador, el movimiento político Mira, movimiento Colombia Justa Libres y el partido de ‘La U’, lo que suma 54 votos en el Senado asegurándole al jefe de Estado gobernabilidad. Por su parte, el partido Liberal se declaró en independencia, sumándose a la fuerza política Cambio Radical, organización que lidera el excandidato a la Presidencia Germán Vargas Lleras.

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Reforma al Sistema Nacional de Regalías

Columnistas, Opinión / revistacg

Rodrigo Villalba Mosquera Senador, Partido Liberal Por estos días previos a lo que será la posesión del nuevo mandatario de los colombianos, se han escuchado propuestas de reforma tributaria que causan temores, pero la reforma que me llama la atención, la escuché en campaña al doctor Iván Duque, la misma que ha reiterado ahora sobre la necesidad de crear un nuevo Sistema Nacional de Regalías -justo y equitativo- frente a los entes territoriales productores (caso Huila), que corrija la enmienda del actual gobierno, que con el pretexto de combatir la corrupción en las regalías y repartir ‘la mermelada en toda la torta’, distribuye por igual en productores y no productores, mediante los OCAD regionales. Aquí es prudente aclarar que equidad no siempre significa que hay que partir por igual. La equidad quiere decir que a cada cual hay que darle lo justo, y por supuesto lo equitativo es que los entes territoriales productores de estos recursos naturales en explotación tengan unas regalías preferenciales y privilegiadas, pues donde se explota es donde se registra el impacto negativo en lo ambiental y en lo socioeconómico, especialmente. El esquema actual desestimuló la producción. Sin incentivos, los municipios y departamentos productores, como también la comunidad, perdieron el interés, pues lo único que les deja es deterioro en su entorno, debilitamiento social y ningún recurso adicional para mitigar estos efectos negativos. En hora buena hay que respaldar la propuesta a la nueva enmienda constitucional al Sistema Nacional de Regalías, para que haya equidad y se haga justicia con los entes productores. Hoy, con este torpe sistema de regalías y el desgano de los entes productores, se han puesto en riesgo las reservas de hidrocarburos, lo que pone en peligro el abastecimiento futuro y, por ende, las finanzas de la nación. En hora buena hay que respaldar la propuesta a la nueva enmienda constitucional al Sistema Nacional de Regalías, para que haya equidad y se haga justicia con los entes productores, con la participación de unas regalías privilegiadas para mitigar el impacto negativo por la explotación del recurso natural, y generar también unos recursos disponibles de tipo compensatorio en obras de desarrollo para las regiones donde se den explotaciones mineras, de hidrocarburos o de cualquiera de estos recursos naturales. No será fácil sacar adelante el proyecto de Acto Legislativo de la referencia, pues como se sabe, son mayoría los no productores y eso se refleja en que ellos tienen mayor representación congresional, pero se tendrá que imponer la razón de la equidad, la conveniencia sectorial y de país. Nos corresponde como bancada de un departamento productor de hidrocarburos, apoyar la iniciativa con liderazgo, para que brille la equidad y también aprovechar la oportunidad para eliminar esos procedimientos engorrosos de presupuestos paralelos a través de los OCAD, y que los recursos de regalías, como en el pasado, lleguen directamente a los presupuestos departamentales y municipales. Tomada del diario La Nación.

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Pastrana, Gaviria y Uribe se reúnen para garantizar gobernabilidad a Duque

Actualidad, Diplomacia, Gobierno / revistacg

Los exmandatarios llegaron a un acuerdo para trabajar conjuntamente en materia legislativa, como un gesto de reconciliación. Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y César Gaviria, se reunieron este jueves en el centro de Bogotá para acordar una agenda que asegure gobernabilidad al Presidente Iván Duque. Así lo anunció el senador Álvaro Uribe, quien previo al encuentro, aseguró que el propósito de la reunión era lograr el consenso necesario para que el Congreso le de su respaldo a los proyectos que se pondrán a su consideración en los distintos frentes. “Hoy iniciamos el tránsito de la polarización hacia la reconciliación. Gracias a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria por este compromiso”, escribió Pastrana en su cuenta de twitter. Por su parte, el exmandatario César Gaviria aseguró que frente a la elección del Contralor General de la República, no llegaron a un acuerdo, pero resaltó que están dialogando de manera cordial sobre el tema. “No queremos que esto se interprete como el triunfo de uno sobre otro”, añadió. En la tarde de este jueves, los representantes de los partidos mayoritarios se reunirán en el Legislativo para buscar un consenso con el fin de llevar un candidato único el próximo lunes al pleno del Congreso, donde se elegirá al nuevo jefe del órgano de control fiscal.

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La JEP, en el centro del debate político

Columnistas, Opinión / revistacg

Guillermo García Realpe Senador, Partido Liberal En los últimos días la ciudadanía de nuestro país y los medios de comunicación en particular han registrado la negativa de varios senadores y de senadoras que se han opuesto a la aprobación del proyecto de Ley por medio del cual se implementa la Justicia Especial para la Paz (JEP) . Es un pulso, así se ha manifestado, entre el actual Gobierno y los senadores afectos al nuevo Presidente, el doctor Iván Duque. Por supuesto, aquí también se han sumado antiguos miembros del Partido de la U, del Partido Conservador, Cambio Radical y algunos del Partido Liberal. Esta circunstancia agrava lo que hoy está demandando el país, claridad en los procedimientos de los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, de sus magistrados. Ha habido mucha crítica de que el tema de Jesús Santrich, por ejemplo, no ha tenido la suficiente claridad y precisamente ese proyecto de Ley ayuda a dar claridad sobre las tareas de la JEP. Por eso, no se justifica lo que hoy están promoviendo algunos sectores en oponerse a la implementación del proceso de Paz. “…vivimos más de cinco décadas buscando la paz con la principal guerrilla colombiana y ahora que la tenemos no la valoramos” Tampoco se entiende la posición negativa o de ausentarse del debate de parlamentarios que apoyaron durante ocho años el proceso de paz, votaron por el Sí en el plebiscito, aprobaron los proyectos de ley o los proyectos de acto legislativo, por ejemplo, alrededor de participación política de los desmovilizados, del mismo proyecto o Ley Estatutaria de creación de la Justicia Especial para la Paz; siempre apoyaron y ahora no quieren hacerlo con la reglamentación que prácticamente es un acto complementario y procedimental. Lo central fue la creación mediante acto legislativo y Ley Estatutaria que creó la jurisdicción, que hoy existe; han sido nombrados sus magistrados, están administrando justicia, lo que hoy demanda reglas de juego para el procedimiento hacia adelante. Ellos están dictando su propio reglamento y tienen competencia para eso, pero el Congreso debe dar una ley, marco de esos procedimientos. Entonces, hoy ya existe lo central que es la Jurisdicción Especial para la Paz, lo marginal o lo complementario es esta ley de reglamentación, por lo tanto, tampoco se justifican las negativas. Por un lado, como se manifiesta de alguien que apoyó política y jurídicamente en el Congreso durante ocho años para después empezar a negar el complemento. En segundo lugar, no hay razones jurídicas estrictas porque lo central está aprobado y está funcionando. Lo que debemos hacer los ciudadanos colombianos es levantar nuestra voz para que el Senado de la República le dé vía libre a la reglamentación de la JEP, porque la Cámara ya lo aprobó, es más, ese es otro argumento adicional, que la Cámara ya superó ese escollo. Ahora, está el espacio en el terreno del Senado de la República, por lo tanto, esa es nuestra posición, que debemos seguir implementando el proceso de paz para superar la crisis que hoy tiene. En las últimas horas, el Presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, se pronunció de manera clara, manifestando que la reglamentación de la Ley Estatutaria puede hacerse de manera inmediata sin esperar que finalmente salga el análisis de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, con esto no hay ningún pretexto de tramitar en los próximos días en el Senado de la República la aprobación de la reglamentación de la JEP. No podemos retroceder ni un centímetro en lo que a temas de paz se refiere, vivimos más de cinco décadas buscando la paz con la principal guerrilla colombiana y ahora que la tenemos no la valoramos, por eso el gran reto es mantenerla en el tiempo de una manera integral, efectiva y duradera.

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Baños públicos, una necesidad urgente

Columnistas, Opinión / revistacg

Clara Rojas González Representante a la Cámara, Partido Liberal El Concejo de Bogotá infortunadamente hundió un Proyecto de Acuerdo 211 de 2017 que, en mi concepto, es necesario y se debe presentar nuevamente. Se trata de una iniciativa que buscaba la construcción e instalación de baños públicos gratuitos, publicitarios y autosostenibles en el espacio público de la capital del país. Con cuatro votos a favor y siete en contra, la Comisión de Plan archivó la iniciativa, entre otras razones, por considerar que existían falencias jurídicas, financieras y de ocupación del espacio público que hacen inviable la puesta en marcha del proyecto, acogiendo los argumentos esgrimidos por varias entidades de la Administración Distrital. Según Planeación Distrital, Bogotá tiene 163 baños públicos, es decir, dos baños por cada 160.000 habitantes, pero incluye los 11 ubicados en Transmilenio, 6 en Cades y SuperCades, 60 de la infraestructura del IDRD, 32 administrados por el IPES y 4 por el IDIPRON, que no solo son insuficientes para atender la demanda de la ciudadanía, sino que debe llamar la atención sobre la necesidad de construir más en varios puntos de la capital. El autor del Proyecto de Acuerdo Concejal Jorge Torres, por su parte, contradice las cifras del Distrito y advierte que el número de baños públicos asciende a 113, es decir, 1 por cada 50 mil habitantes otros cabildantes señalan que la cifra podría ascender a un año por cada 75 mil habitantes. En Suba hay 1 baño por cada 178.000 habitantes; en Bosa 1 por cada 141.000 y en el centro donde la población flotante asciende a 1.700.000 ciudadanos hay 19 baños públicos, es decir, 1 por cada 89.473 personas. “El llamado es a que se cumpla el fallo judicial que ordena la instalación, construcción, equipamiento, operación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los baños públicos…” A la discusión sobre la cifra real se suma la afirmación del Alcalde Mayor según la cual se deben sumar los que están ubicados en locales y centros comerciales que suman 32.660, lo que equivale a decir, según el gobierno Distrital a un baño por cada 33 habitantes sobre un potencial de usuarios de un millón de personas. El Código de Policía en el Artículo 88 señala que esos establecimientos podrían ser objeto de multas hasta de 104.166 pasos en caso de no prestar ese servicio. “Es obligación de todos y cada uno de los establecimientos de comercio abiertos al público, prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad cuando así lo soliciten, sin importar que los mismos sean sus clientes o no. La inobservancia de la presente norma tendrá como consecuencia la imposición de una Multa General Tipo 1 o suspensión temporal de actividad” Muchos locales han establecido tarifas entre los 500 y los 2.000 pesos con papel higiénico incluido por el servicio de baño pero la mayoría prefiere no prestarlo por razones de seguridad ya que se roban las tapas de los sanitarios, las llaves del lavamanos y hasta las cisternas. Además se abstienen de hacerlo argumentando motivos de salud. Creemos que es importante brindar alternativas a los ciudadanos, porque aunque se ha anunciado que a través de Asociaciones Público-Privadas (APP), se estudia la construcción de baños públicos, la Administración Distrital cuestionó la falta de espacio público y de recursos para construir este tipo de infraestructura teniendo en cuenta que de acuerdo con los estudios el costo de un baño para que esté medianamente atendido es entre 6 y 7 millones de pesos mensuales, sin contar con el pago del agua, luz y demás. Más allá de la controversia, creemos que es importante que se adelante un programa de construcción de baterías sanitarias porque la ciudad lo requiere. Se debe acatar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó dar cumplimiento a un proyecto de Acuerdo aprobado en 2006. Debido al incumplimiento del fallo de 2011, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial le impuso a la Alcaldía una multa equivalente a 30 SMLV unos 23 millones 437 mil 260 pesos. Pero además hay un elemento fundamental en esta discusión sobre las necesidad de construir baños públicos en la ciudad y está relacionado con lo previsto en el Artículo 140 del Código Policía en su numeral 11 que prevé que es objeto de una multa tipo 4 lo que significa unos 833 mil 324 pesos a las personas por “realizar necesidades fisiológicas en el espacio público”. El llamado es a que se cumpla el fallo judicial que ordena la instalación, construcción, equipamiento, operación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los baños públicos porque se trata de garantizarle a los ciudadanos unos espacios en condiciones dignas para estos casos, ya que hoy solo se hacen obligatorios en los establecimientos comerciales solo para un sector de la población como lo mencionamos anteriormente.

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La mujer, la gran víctima

Columnistas, Gobierno, Opinión, Senado / revistacg

Por: Sofía Gaviria, Senadora de la República Colombia es signataria de las principales convenciones internacionales en cuanto a derechos de las mujeres. Sin embargo, las estadísticas que, a continuación, presentaremos demuestran que, aunque, cuantitativamente, la cifra de mujeres víctimas es muy similar a la de hombres, cualitativamente, la mujer ha sido mucho más victimizada y de muchísimas formas, y que, definitivamente, la mujer, especialmente la mujer víctima, no ha sido una de las prioridades de este gobierno. Con 4’311.599 mujeres víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), las mujeres representan el 49.73% del total de sobrevivientes del conflicto. De ellas, hasta el 30 de octubre de 2016, solo habían sido indemnizadas 377.400. Estadísticas conservadoras divulgadas por El Tiempo hablan de que el 92% de los menores reclutados por las Farc que sufrieron violencia sexual eran niñas. Es aberrante el caso, por ejemplo, de Héctor Albeidis Arboleda, el llamado “Enfermero de las Farc”, acusado por desmovilizadas de haber practicado más de 500 abortos forzados. “Colombia es signataria de las principales convenciones internacionales en cuanto a derechos de las mujeres” La Dijin reveló en su informe Sisma Mujer que en promedio cada 20 minutos una mujer es agredida sexualmente en nuestro país. Y Medicina Legal asegura que en el 85 % de los casos de violencia sexual contra mujeres, las víctimas son niñas entre los 10 y los 13 años. Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, más de 100 municipios de 23 departamentos tienen alerta de violencia sexual contra la mujer. La directora de Oxfam, Aída Pesquera, calcula que, durante los cinco primeros años del gobierno Santos, 875.437 mujeres fueron víctimas de violencia sexual (violación, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados y regulación de la vida social). Aunque, en el RUV, están registradas 18.544 mujeres víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual (de las cuales, hasta el 24 de mayo de 2017, la UARIV sólo había reparado a 6.903), se dice que hay un 78% de mujeres que, por vergüenza, no han denunciado las formas de violencia de las que han sido víctimas, como indica la Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano 2010-2015, publicada en agosto de 2017, en el marco de la campaña “Violaciones y otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra”. Si bien, estos son los reflejos más dolorosos del machismo y la violencia contra la mujer que este Gobierno no ha sabido enfrentar, detrás de esto están la discriminación laboral, social y política, que no podemos soslayar y que merecen, cada una, varias columnas con estadísticas igualmente escandalosas. “Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa”: es el llamado de Ban Ki Moon, secretario general de la ONU.

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Límites claros para la dosis mínima

Cámara: Cámara de Representantes, Columnistas, Opinión, Política / revistacg

Óscar Sánchez León Representante a la Cámara, Partido Liberal Los fenómenos de microtráfico, narcomenudeo y consumo de sustancias psicoactivas presentan un aumento significativo en Colombia. Al hablar de microtráfico y narcomenudeo se tiene que hacer referencia a estructuras delictivas muy bien organizadas que controlan y conocen todas las variables del “negocio”, es decir, variables de comercialización, precios, tarifas, elaboración y distribución; variables legales, territoriales, institucionales y sociales, las cuales son utilizadas a la perfección por estructuras delictivas con el objeto de lucrarse y, de paso, destruir núcleos y pilares esenciales de la sociedad como lo son familias, niños, niñas y adolescentes. Dentro de estas, la que más ha llamado la atención es la de tipo legal, específicamente lo relacionado con la dosis para uso personal y de aprovisionamiento, ya que, según la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, muchas de las personas detenidas portando sustancias psicoactivas por encima de los gramos permitidos por la ley aducen o argumentan que la sustancia está destinada a su consumo personal, generando entonces una ventana de oportunidad para las estructuras criminales, para de esta forma burlar la ley y la autoridad dedicada a esta tarea. Según el Fiscal General de la Nación, 276 capturados quedaron en libertad bajo el argumento de que la cantidad de la sustancia que portaban era o iba a ser destinada para su aprovisionamiento. Lo anterior, amparados en la interpretación a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual presenta un importante análisis sobre el tratamiento que debe tener la institucionalidad del Estado y la sociedad en general con las personas que consumen sustancias psicoactivas; análisis que se sustenta, entre otros, en disposiciones de las Naciones Unidas con el objeto de tratar al consumidor como enfermo y no como un delincuente, posición que de por sí es aceptada y compartida desde todos los puntos de vista y que, para lo cual, existen disposiciones legales y de política pública encaminadas a ello. Sin embargo, la dosis de aprovisionamiento en un contexto como el colombiano, donde muchas de las políticas, planes y programas encaminados a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas no cuentan con una debida y formal evaluación por parte del Gobierno, puede llegar a generar más perjuicios que beneficios, tanto para el consumidor como para la sociedad.

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¡Es el centro estúpido!

Columnistas, Opinión / revistacg

Por, Juan Manuel Galán Senador, Partido Liberal La campaña presidencial comenzó y hasta con las consultas se pretendía, desde las encuestas, anticipar una especie de segunda vuelta entre dos visiones políticas extremas. Sin embargo, las elecciones del domingo sorprendieron a esos extremos que se creían mucho más fuertes. Petro esperaba arrasar a Duque, no a Caicedo a quién descalificó como “una fuerza marginal en la política”; no solo se quedó en la votación histórica de Carlos Gaviria sino que se evidenció su incapacidad para sumar y aglutinar a toda la izquierda para la primera vuelta. La derecha tampoco logró superar la votación de Oscar Iván Zuluaga hace 4 años. La evidencia política nos muestra que una gran mayoría de colombianos no quiere un gobierno extremista y polarizante. Esa masa de votantes está sin candidato. Los egos y la incapacidad de construir acuerdos tiene al centro fragmentado y sin identidad. Se perdió la oportunidad de realizar una consulta popular que propuse hace varios meses entre candidatos de centro para ir a primera vuelta unificados. “Colombia no necesita solo una persona sino todo un equipo que sepa administrar, gobernar y que oriente a nuestro país para ganar la paz”. Parece tarde y difícil hoy lograr ese acuerdo dados los obstáculos jurídicos, políticos y de egos que enfrentamos. A pesar de las dificultades, reitero mi llamado a Sergio Fajardo y a Humberto De la Calle para que logren un acuerdo que permita representar a la Colombia de centro. Es bien sabido que muchos candidatos están amarrados por sus consultas. El artículo séptimo de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 afirma que el candidato que se someta a una consulta interna o interpartidista deberá respetar el resultado de ese mecanismo de participación; es decir, que el candidato elegido no podrá renunciar a su aspiración, en este caso presidencial, so pena de tener que reintegrar los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral para realizar la consulta. En el marco de esta disposición jurídica, Humberto De La Calle, Iván Duque y Gustavo Petro no podrían hacer alianzas antes de llegar a primera vuelta, so pena de violar el estatuto electoral. Así las cosas, los únicos candidatos que no están amarrados por una consulta se llaman Sergio Fajardo y German Vargas Lleras. Son ellos quienes llevan la delantera en la negociación política para asegurar un buen resultado en la primera vuelta de las próximas elecciones. Estamos a pocas semanas del 27 de mayo. Colombia no necesita solo una persona sino todo un equipo que sepa administrar, gobernar y que oriente a nuestro país para ganar la paz. Parafraseando al expresidente Bill Clinton: “¡Es el centro estúpido!”.

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Organización ciudadana para una democracia sostenible

Actualidad, Opinión / revistacg

Por: Luciano Grisales Londoño Representante a la Cámara por Quindío, Partido Liberal Los colombianos tenemos la oportunidad de fortalecer la democracia a partir de la confianza en el otro y el trabajo colectivo. Las organizaciones sociales, cívicas y comunitarias son escuelas para la formación en valores democráticos, al tiempo que refuerzan los vínculos de cooperación para la proyección de ideales y propósitos comunes. Como líderes políticos decididos a consolidar las bases democráticas de Colombia a partir de la participación ciudadana, podemos contribuir al fortalecimiento de estas estructuras existentes y a la formación de otras nuevas con iniciativas como los Centros de Apoyo Comunitario que he propuesto en el departamento del Quindío. Estos centros permitirán fortalecer los principios democráticos y de solidaridad que se impulsan desde el Partido Liberal, para responder a las necesidades de los ciudadanos a partir del diseño y gestión de proyectos ante los organismos de participación nacional. Los Centros de Apoyo Comunitario contarán con la amplia participación de profesionales, técnicos y tecnólogos que apoyarán la elaboración de dichas iniciativas para su gestión ante los organismos competentes, y compartirán el conocimiento con los líderes sociales para consolidar la participación en el desarrollo integral de los municipios en sus sectores urbano y rural. Además, permitirán visibilizar a quienes trabajan por el desarrollo colectivo desde las juntas de acción comunal, grupos de adultos mayores, asociaciones productivas, clubes deportivos, organizaciones de comerciantes, artesanos y pensionados, entre otros. Estos centros permitirán fortalecer los principios democráticos y de solidaridad que se impulsan desde el Partido Liberal Esta iniciativa será un ejercicio efectivo de democracia participativa sostenible en el tiempo, que permitirá la vinculación activa de los colombianos en el desarrollo de proyectos colectivos en beneficio de la sociedad, el medio ambiente, el desarrollo integral del campo y la defensa de la vida. Se trata de un insumo esencial para conocer las inquietudes, necesidades y propuestas ciudadanas que permitan la estructuración de los programas del Plan de Desarrollo que regirá el trabajo del próximo gobierno nacional.

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