mayo 31, 2026

MinHacienda

Mintrabajo y Colpensiones inician reglamentación de Reforma Pensional

Gloria Ramírez ministra de Trabajo anunció recientemente que liderará reuniones con el presidente de Colpensiones Jaime Dussan para reglamentar la reforma pensional propuesta por el Gobierno Nacional. Ramírez, indicó que estos encuentros se llevarán a cabo en los próximos días con participación de funcionarios de Colpensiones, todo esto en el marco del proceso de reglamentación de la reforma pensional propuesta en el Congreso de la República por la administración Petro, ‘ad portas’ de ser proyecto de ley, tras la firma del presidente de la República. Se reglamentarán 42 artículos La titular de la cartera de trabajo expresó “Vamos a reglamentar la reforma pensional, y son 42 artículos donde se estipula la instalación de la mesa técnica, ya estamos planeando diferentes reuniones con los equipos de trabajo e instituciones que tienen que ver con la reglamentación”. Para efectos de este trámite indicó el ministerio que se crearán dos mesas técnicas, cuya misión será levantar la reglamentación y adaptación tecnológica que se requiera de parte de Colpensiones. “En esta última mesa además de Colpensiones tras también el Departamento de Prosperidad Social y de otras instituciones que tiene que ver con la aplicación y operación de la reforma pensional y lo que se tenga que ajustar lo haremos respirando el debate que se dio en la Cámara y en el Senado de la República”, indicó al respecto la alta funcionario. Colpensiones involucrado en la planeación estratégica de la RP En tal sentido el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, aseveró que viene la entidad ya se encuentra participando en la estructuración de los diferentes equipos, empezando la planeación de lo que se hará para consolidar este proceso de reglamentación. “Ya estamos reuniéndonos con los equipos tecnológicos, pero también tenemos proyectado reunirnos con la ministra de trabajo y el Ministerio de Hacienda junto con varios expertos que orientarán este proceso y trabajar con mayor fuerza porque en un año tendremos a todos los afiliados del sistema pensional en Colpensiones”, destacó Dussan. A la espera de sanción Jaime Dussan también aseguró “Estamos a la expectativa que el presidente de la República, Gustavo Petro, sancione la ley para seguir trabajando en busca de que más colombianos logren la pensión y tengan una digna vejez”, finalizó.

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Contraloría abren proceso de responsabilidad fiscal a Minhacienda

En una acción de responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la Nación anunció la apertura de un proceso a Ricardo Bonilla actual ministro de Hacienda, así como a otros funcionarios por su responsabilidad en los pagos dobles y triples que salieron de manera errada de las arcas de la entidad el 24 de noviembre de 2023 por un monto que alcanza los $1.624 millones. Este proceso de responsabilidad fiscal también recae sobre el viceministro general, Diego Guevara, y otros cinco funcionarios de esa cartera. El ente también aseguró que “En esta decisión adoptada por la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, a través de la Contraloría Delegada Intersectorial No. 1, se vincularon como terceros civilmente responsables a 4 compañías aseguradoras, para garantizar el resarcimiento del perjuicio ocasionado”. Contexto Como es del conocimiento público el inconveniente fiscal se dio tras el pago de las nóminas adicionales a diversos servidores públicos, los cuales se efectuaron con cargo al Presupuesto General de la Nación. Ante lo expuesto la entidad refiere que en el trámite hubo erogaciones de dos o tres veces más de la asignación que correspondía, por un monto superior al medio billón de pesos. “Fue así como se hizo un seguimiento detallado a los recursos que iban retornando a las arcas del Estado, bien por reversos bancarios, consignaciones voluntarias y débitos de nóminas, entre otros”, indica el documento de la Contraloría. Solo se devolvieron $663.755.200.394 Detalla la Contraloría además que de los dineros salientes tras la emisión de los pagos de nóminas fueron devueltos al Tesoro Público un total de $663.755.200.394, quedando pendiente a la fecha un saldo de $1.624.181.986,4 por recuperar, que incluye el Gravamen de Movimientos Financieros cobrado por la única entidad bancaria que lo aplicó. ¿Qué dijo el Ministro? Por su parte Bonilla, expresa al respecto que una parte de ese saldo pendiente es de difícil cobro toda vez que fueron entregados a funcionarios del Ejército Nacional y otras entidades se encuentran en situación de retiro, inactivos, fallecidos o embargados.

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Gobierno anuncia alza en precio de diésel a grandes consumidores

Este viernes siete de junio, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante una entrevista anunció que el gobierno incrementará el precio del diésel para los grandes consumidores, como parte de los esfuerzos por reducir la brecha existente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPEC).  “Va a salir de grandes consumidores de diésel en los que se empiezan a ajustar el precio porque todavía hay en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPEC) la brecha de este combustible”, señaló Bonilla, destacando la necesidad de equilibrar las cuentas del fondo.   El ministro explicó que el aumento afectará directamente a las empresas que consumen más de 20.000 galones de diésel. Según él, estas son empresas bien establecidas con su propia logística, claramente distintas de otros consumidores, ya que nunca acuden a las estaciones de gasolina. Son principalmente empresas del sector del petróleo y del carbón. Además, mencionó que ciertas empresas estarán exentas del incremento, como las dedicadas al transporte masivo y las áreas no interconectadas, que también son grandes consumidores de diésel. Según él, este ajuste apenas representa un 6 o 7% de la brecha actual del precio del diésel. Aunque no se ha definido aún la magnitud del aumento ni la fecha exacta de su aplicación, Bonilla afirmó que estas decisiones están siendo discutidas con el Ministerio de Minas, quien ya ha identificado a los consumidores involucrados.

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Preocupación en el Senado por costos de reforma educativa

Aunque la Comisión Primera del Senado tenía planeado avanzar en la discusión de la reforma educativa propuesta por el Gobierno Nacional, los congresistas expresaron su preocupación por un informe del Ministerio de Hacienda que indica la falta de claridad sobre el costo de implementar esta normativa. Según el Ministerio de Hacienda, no cuentan con información para determinar el impacto fiscal de llevar a cabo un plan con las características propuestas. La senadora Paloma Valencia propuso posponer el debate del proyecto, señalando la insuficiencia del Sistema General de Participaciones para cubrir los salarios de los docentes, lo que ha llevado a dejar de pagar prestaciones sociales al FOMAG. Además, mencionó que el déficit del SGP para pagar los salarios de los docentes ha aumentado en más del 163% desde 2022, ascendiendo a más de 3,5 billones de pesos, y cuestionó cómo el gobierno planea resolver este déficit y qué impacto adicional tendría la nueva reforma educativa. Por su parte, el senador David Luna afirmó que es imposible avanzar en la tramitación de la reforma educativa sin que el Ministerio explique el costo de implementación del proyecto. Un oficio del ente señaló la falta de claridad en las cuentas y la disponibilidad de fondos para financiar la ley estatutaria de educación, lo que llevó a solicitar la presencia del ministro en la próxima sesión para avanzar en el debate. Finalmente, la senadora Paloma Valencia recordó que la Corte Constitucional rechazó la creación del Ministerio de la Igualdad porque el proyecto carecía del concepto de viabilidad fiscal por parte del Gobierno Nacional.

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Anif proyecta incremento de unos cinco mil pesos por galón de Diesel y eliminación del subsidio actual

Un reciente informe del Centro de Estudios Económicos ANIF, arrojó que la brecha que persiste con el precio del diésel seguirá generando un déficit considerable del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). “Nuestros cálculos sugieren que el Gobierno tendría que implementar un ajuste de más de $5.000 por galón para cerrar también esta brecha”, indica el documento. Entre otras cosas el Centro de Estudios Económicos refiere que, si el Gobierno toma la medida de aumentar los precios, el FEPC dejaría de ser una “carga consistente para el Presupuesto General de la Nación y libere recursos valiosos para avanzar en proyectos”. Por otra parte, Anif indica que tal cual como MinHacienda y MinMinas ejecutaron un ajuste al precio interno de la gasolina corriente desde 2022, hasta enero del presente año, se espera que suceda lo mismo con el aceite combustible para motores (ACPM). Los precios En el documento se detalla que el diferencial para el ACPM promedió $6.347 por galón, un nivel elevado, pero inferior al observado en 2022, cuando se ubicó cerca de los $11.008. A pesar de que la referencia interna ha permanecido estable en los últimos tres años, la disminución en la brecha ha sido posible por la corrección de los precios internacionales y la apreciación del tipo de cambio. En línea con esta tendencia, en lo corrido de 2024 la brecha frente a la referencia internacional se ha ubicado cerca de los $5.800 por galón. Esta particularidad revela un reto fiscal del Gobierno de cara al FEPC para el 2024: de no subir los precios del ACPM, el déficit causado bajaría levemente y se mantendría por encima de los $10 billones en el año completo.

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En Antioquia avanzan los diálogos ciudadanos del sector minero-energético

El presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, anunció que el Ministerio de Hacienda viabilizó la creación de una empresa pública de minería. El Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas sostuvieron un Diálogo Ciudadano en el que, por parte del Gobierno del Cambio, se compartieron los logros alcanzados como sector. De otra parte, representantes de las comunidades interesadas en el desarrollo minero-energético de Antioquia expresaron sus inquietudes, necesidades y propuestas. “Antioquia es una de esas regiones no solamente insignes en Colombia, sino también un escenario donde se ha probado que son posibles el diálogo y las distintas visiones que tenemos para construir condiciones de bienestar”, destacó la viceministra de Minas, Johana Rocha Gómez. El Diálogo Ciudadano, enfocado principalmente en asuntos mineros, se dividió en 8 espacios distintos en los que se trataron temas relacionados con fiscalización y seguimiento a la actividad minera, regalías, promoción y fomento de la minería formal, relacionamiento territorial y Transición Energética Justa. Igualmente, se prestó especial atención a los mineros antioqueños, con quienes se habló sobre titulación, fiscalización y caracterización del Bajo Cauca y Buriticá. Diana Álvarez, representante de la comunidad, celebró el acercamiento de las instituciones para la construcción de la política: “Hablamos de la importancia de la articulación y el diálogo permanente para resolver inquietudes y no dejar que la conflictividad se agrande durante el proceso”. A su vez, en el marco de la conversación ciudadana se adelantó la rendición de cuentas de la Agencia Nacional de Minería, en la que su presidente, Álvaro Pardo enfatizó: “Sin escuchar a los territorios no hay política válida y ustedes son habitantes del territorio, conocen mejor que todos nosotros la realidad”. Finalmente, Pardo anunció que el Ministerio de Hacienda dio luz verde para la creación de una empresa pública minera (Ecomineral): “El Ministerio de Minas y Energía presentará al Congreso un proyecto de ley para que en el primer semestre del otro año los colombianos puedan tener un ‘Ecopetrol minero’”. Tomado de Min Minas

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Congreso de la República aprobó Presupuesto General de la Nación 2024

Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron hoy, en segundo debate, el proyecto de ley que decreta el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, cuyo monto asciende a $502,6 billones, cifra 18,9% superior al PGN 2023 ($422,8 billones). El texto avalado pasa ahora a sanción presidencial. Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el pasado 18 de octubre, en segundo debate, el proyecto de ley que decreta el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, cuyo monto asciende a $502,6 billones, cifra 18,9% superior al PGN 2023 ($422,8 billones). El texto avalado pasa ahora a sanción presidencial.   El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla,  destacó que gracias al trabajo conjunto del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en el marco de un constructivo debate  democrático, estos recursos permitirán impulsar una reactivación productiva encaminada a reducir el desempleo, la inflación, la pobreza y la desigualdad social y regional.   El presupuesto aprobado es el resultado de la revisión de recursos ciertos para ejecutar gastos ciertos. En un contexto económico mundial complejo, caracterizado por la desaceleración de la actividad productiva, inflación por encima de su promedio histórico y contracción del comercio internacional en medio de marcadas tensiones geopolíticas, el PGN 2024 permite avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 (Ley 2294 de 2023), y de ese modo contribuir a impulsar un modelo de transformación económica con justicia social y justicia ambiental.  Los recursos aprobados impulsarán proyectos de inversión pública de alto impacto multiplicador en la transformación social y productiva del país, que permitirán contrarrestar el ciclo descendente de la actividad económica y avanzar en el cierre de brechas sociales, con programas dirigidos a incentivar la producción agropecuaria; mejorar la infraestructura educativa, hospitalaria y de transporte; y salvaguardar a la población más pobre del país mediante transferencias monetarias (renta ciudadana).   El PGN 2024 es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal, según señaló el ministro. Se proyecta que el Gobierno Nacional Central (GNC) cierre 2024 con un superávit primario de 0,2% del PIB y un déficit fiscal de 4,4% del PIB, ocasionado esencialmente por el pago de intereses de la deuda pública, cifras coherentes con el ancla de la deuda pública neta de activos financieros, fijada por la regla fiscal en 55% del PIB a partir de 2026.   El escenario fiscal que sustenta el PGN 2024 se construyó a partir del escenario macroeconómico proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023. Allí se prevé que para 2024 la economía colombiana crezca 1,5%; la inflación anual se ubique en 5,7%; la tasa de cambio peso dólar de los Estados Unidos (TRM) registre un promedio anual de $4.603; el precio del petróleo contabilice un promedio anual de US$74,5 por barril; la producción petrolera sea de 787 mil barriles promedio diarios; y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos baje de 4,0% del PIB en 2023 a 3,5% del PIB.  La estrategia de financiación para 2024 tiene previsto robustecer el  recaudo tributario con altos estándares de equidad, y elevar la calidad y eficiencia del gasto público, propósitos en los cuales se está trabajando con fundamento en la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social (Ley 2277 de 2022); y una estrategia para el uso eficiente de los recursos públicos, contenida en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo vigente, que, de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 2294 de 2023, forma parte integral de dicho plan.   Los esfuerzos para mejorar la calidad y eficiencia del gasto se centrarán en: priorizar proyectos estratégicos intersectoriales susceptibles de ser financiados mediante concurrencia de fuentes (PGN, SGP, SGR y otros ingresos territoriales); corregir errores de inclusión y exclusión en la asignación de los subsidios; buscar la convergencia de la inversión pública y la inversión privada alrededor de las grandes transformaciones socioeconómicas del PND mediante una adecuada alineación de la gestión pública con los incentivos privados; y mejorar el diseño y la ejecución de los proyectos estratégicos, la lucha contra la corrupción y la adecuada organización administrativa del aparato estatal.  La reforma tributaria 2022 y la lucha contra la evasión ayudarán a sustituir crédito por ingresos corrientes en favor de la sostenibilidad fiscal. Los ingresos corrientes se estiman en $317,4 billones (63,8% del total); como porcentaje del PIB aumentan de 17,8% en 2023 a 18,7% en 2024. Por su parte, los desembolsos de crédito (interno y externo) llegarían a $73,7 billones (14,7% del total), con lo cual pasarían de 4,2% del PIB en 2023 a 4,3% del PIB en 2024.   El monto restante del PGN 2024 (22,2%) se financiará con recursos provenientes de excedentes financieros, principalmente Ecopetrol, Banco de la República y Agencia Nacional de Hidrocarburos; al igual que con otros recursos de capital, entre los cuales se encuentran rendimientos financieros, reintegros y recuperación de cartera, entre otros.  El PGN 2024 permite cumplir a cabalidad todas las obligaciones derivadas de mandatos constitucionales, legales y contractuales preexistentes, así como para garantizar, dentro de estándares moderados, los gastos operacionales de las entidades estatales que conforman el PGN. En consecuencia, este presupuesto se distribuye de la siguiente manera: funcionamiento $308,2 billones (18,0% del PIB); servicio de la deuda $94,5 billones (5,6% del PIB); e inversión que llega a su máximo histórico, con $99,9 billones ($5,9% del PIB).   Las transferencias es la cuenta más representativa del gasto. Se trata, en su mayor parte, de inflexibilidades presupuestales derivadas del cumplimiento de mandatos constitucionales y legales para la atención de derechos. En este grupo sobresalen las relacionadas con el Sistema General de Participaciones para cumplimiento de las competencias territoriales, el aseguramiento en salud de los colombianos, las pensiones y los recursos para las universidades públicas, entre otras.  El Ministro destacó la situación del presupuesto para el Sistema General de Participaciones territoriales. De una apropiación en el presupuesto de 2023 por valor de $54,9 billones, se pasará a una cercana a $70,5 billones en el de 2024. Un crecimiento del 28,4%, esto es más de $15,6 billones adicionales de una vigencia a otra. Este gran aumento

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Minhacienda subasta TES de corto plazo por $150.000 millones

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público puso en el mercado público de valores colombiano $150.000 millones en valor nominal en Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) para la referencia denominada en pesos con vencimiento el 4 de septiembre de 2024. Reportaron posturas de compra por $248.000 millones en valor nominal, equivalente a 1.7 veces el monto ofrecido correspondiente a $150.000 millones. La tasa de interés de corte fue tres puntos básicos por debajo del corte de la subasta anterior, exactamente de 11.698% para la referencia a un año,  El programa de colocaciones de TCO hace parte de la estrategia de la Nación de contribuir con el desarrollo del mercado de capitales interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos. “La tasa de interés de corte fue de 13,050 % para la referencia a un año. La demanda recibida activó las cláusulas de sobre adjudicación, lo que permitió la aprobación de $375.000 millones, en línea con lo establecido en la Resolución 3609 del 30 de diciembre de 2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. Tomado de Ministerio de Hacienda

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Minhacienda: Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero

Minhacienda: Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero

Durante la sesión 86 del Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero, llevada a cabo el día de hoy entre el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Gerente General del Banco de la República, el Superintendente Financiero y la Directora del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín, junto con la Directora  encargada de la Unidad de Regulación Financiera – URF, se analizaron los datos y las principales tendencias de los indicadores líderes del sistema financiero  en el primer semestre de 2023 y las perspectivas para lo que resta del año. A mayo de 2023 los establecimientos de crédito continúan mostrando indicadores prudenciales adecuados, que les permitirían absorber una eventual materialización de los riesgos de baja probabilidad.  La labor de intermediación financiera se ha ajustado de forma ordenada ante un entorno macroeconómico caracterizado por una desaceleración de la actividad económica y una reducción paulatina en la inflación. Luego del análisis conjunto de los principales indicadores del sistema financiero, de las conclusiones de las diferentes encuestas y los resultados de los ejercicios de estrés, el comité concluyó que, si bien el sistema financiero se mantiene altamente resiliente, persisten algunos factores de riesgo identificados y monitoreados en lo que corresponde al crédito de consumo y el alto endeudamiento de los hogares. Adicionalmente, conforme evolucionen los indicadores de actividad económica principalmente es posible continuar observando un incremento del riesgo sectorial en el crédito corporativo y comercial.   El comportamiento de los principales agregados de la cartera, demuestran que ésta continúa en una senda de desaceleración explicada principalmente por el comportamiento de consumo y en menor grado por el de vivienda y el crédito comercial. La supervisión ha propendido por fortalecer los mecanismos de gestión prospectiva del riesgo en las entidades a partir del seguimiento a los indicadores de desempeño sectorial y la adopción de metodologías que permitan medir el deterioro esperado de la modalidad. El indicador de deterioro de la cartera por mora se situó en 4.6%, un nivel superior al reportado al cierre de 2022 (3.95%) pero que ha sido absorbido sin dificultades mediante las provisiones correspondientes y el respaldo patrimonial con que cuentan las entidades financieras en concordancia con la regulación y la supervisión que se ejerce sobre ellas.  Las medidas prudenciales acompañadas de un proceso de originación cuidadoso por parte de las entidades financieras, así como unas condiciones financieras más estrictas permiten esperar que el proceso de ajuste del crecimiento de la cartera se siga dando de manera ordenada.     Reflejo de lo anterior, es el comportamiento de los niveles prudenciales de los indicadores de solvencia, liquidez de corto plazo y fondeo estable, que al cierre de mayo de 2023 registraron niveles de 17.7%[1], 201.4%[2] y 108.5%[3], respectivamente, todos ellos ampliamente por encima de los mínimos regulatorios establecidos. En el agregado los establecimientos de crédito cuentan con niveles de solvencia que les permiten enfrentar escenarios adversos de tasa de cambio, tasa de interés y desaceleración económica.   La rentabilidad de los establecimientos de crédito se ha reducido de 1,6% a 1,1% entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. Esta disminución coincide con el mayor deterioro del portafolio de consumo, junto con la afectación del margen neto de intereses, por cuenta de las presiones en el costo de fondeo.  Conforme se anticipó en la sesión anterior, la cartera de consumo moderó su tasa de crecimiento en un entorno de condiciones financieras más restrictivas.  Conclusiones   Los miembros del Comité concluyen que los indicadores líderes del sistema financiero en lo corrido de 2023 a mayo coinciden con las expectativas y análisis de riesgos realizados en 2022 y primer trimestre de 2023. La regulación vigente, las buenas prácticas de regulación, el uso de la política monetaria que ayuda a estabilizar el ciclo de crédito, así como  el marco de política macroprudencial existente y las medidas de supervisión adoptadas que promueven el fortalecimiento de los mecanismos de gestión de riesgos y absorción de pérdidas permiten a los establecimientos de crédito mitigar el impacto del deterioro de la cartera que se ha observado a lo largo de 2023 y de los riesgos previsibles para en lo que resta del año.  Consulte en mayor detalle de las principales tendencias del sistema financiero en los siguientes reportes:  Informe de Actualidad del Sistema Financiero  https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/informes/informe-actualidad-del-sistema-financiero-colombiano-60765  Reporte de Estabilidad Financiera.

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El Gobierno Nacional se encuentra en un proceso de ajuste de precios de los combustibles líquidos en el país con el propósito de reducir el efecto negativo en las finanzas públicas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual alcanzó un déficit de $37 billones de pesos en 2022.

Gobierno Nacional continúa evaluando alternativas que permitan reducir la incidencia del FEPC en las finanzas públicas

El Gobierno Nacional se encuentra en un proceso de ajuste de precios de los combustibles líquidos en el país con el propósito de reducir el efecto negativo en las finanzas públicas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual alcanzó un déficit de $37 billones de pesos en 2022. En general, el gasto público que se asigna al pago de menores precios de los combustibles fósiles en el mercado doméstico se distribuye en mayor medida a los hogares con mayores ingresos del país y por tanto es inequitativo. No hay duda que la reducción del subsidio generalizado y regresivo contribuye a organizar mejor el gasto social que es prioridad en el Plan de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” recientemente aprobado. Adicionalmente los subsidios a los combustibles desincentivan la transición energética y la diversificación de la economía. En el marco de este proceso el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el grupo Ecopetrol realizarán mesas técnicas conjuntas para evaluar diferentes alternativas. Con esto se busca contribuir de manera fiscalmente responsable a la gradualidad del proceso de la mano de una estrategia transparente en el manejo de precios de los subsidios de los combustibles y el costo de oportunidad de proveer el mercado nacional. Adicionalmente la revisión en el ajuste programado de los precios busca identificar con mejor detalle a que grupos de consumidores se puede focalizar algún tipo de subsidio específico. Así entonces las propuestas que emerjan de la mesa estarán enfocadas en atenuar los efectos en la población de los percentiles de menores ingresos. Actualmente, el Gobierno nacional analiza diferentes alternativas para mitigar el impacto del FEPC en las finanzas públicas: i) el establecimiento de mecanismos de estabilización diferenciales, ii) mayores controles a los combustibles distribuidos con beneficios económicos y tributarios en zonas de frontera, y iii) revisiones regulatorias que en el marco de la discusión con todos los actores de la política de combustibles permitan identificar eficiencias en el sector. Las conclusiones de las mesas serán objeto de discusión en Consejos de Gobierno y socializadas para identificar las mejores alternativas siempre en el Marco de la sostenibilidad fiscal. Cabe recordar que el principal beneficiario de las utilidades del Grupo Ecopetrol es la Nación, a través de los dividendos que recibe de este grupo empresarial. Este ingreso es fundamental para el financiamiento de la política social y la inversión del presupuesto nacional. Por tanto, la reducción del déficit del FEPC es una prioridad del Gobierno nacional, para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como también para asegurar la competitividad y sostenibilidad financiera del Grupo Ecopetrol. De esta manera el Gobierno del Cambio busca lograr un gasto público más equitativo y progresivo que a su vez promueva la transición energética y reduzca el impacto ambiental de los combustibles fósiles. Tomado de MinHacienda

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