junio 24, 2026

Congreso

Perú, sin Parlamento y sin Presidente

La decisión del Presidente del Perú, Martín Vizcarra de disolver el actual Parlamento ha generado diferentes reacciones en el mundo político del país, mientras el pueblo celebra la salida de los parlamentarios y realiza protestas en la calle ante las denuncias de corrupción al interior del Congreso. Como represalia, el Legislativo destituyó al mandatario, cuyo cargo fue asumido por la vicepresidenta Mercedes Aráoz. “En respeto irrestricto de la Constitución Política de Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional”, dijo el presidente en un mensaje a la nación. La medida fue acompañada por los ciudadanos que aplaudieron la decisión del gobernante. Tras apartarse de la determinación presidencial, el Parlamento destituyó a Vizcarra a través de la votación a favor de una suspensión “temporal” y designó como mandataria interina a Mercedes Aráoz. Como parte de su discurso, la Presidenta (E) explicó que asume el cargo de manera temporal , ya que Martín Vizcarra “ha fallado al no haber cumplido con tres artículos constitucionales”.  Según señaló,  el gobernante incurrió en causal de grave infracción constitucional, de acuerdo con el el artículo 117. Sin embargo, Aráoz podría estar cometiendo el delito de usurpación de funciones según el articulo 361 del código penal. La mandataria interina podría haber incurrido en cuatro conductas delictivas: la usurpación de una función pública sin tener título o nombramiento, dar órdenes militares o policiales, continuar en el cargo destituido y ejercer labores distintas al puesto que ocupa.  

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Existe la posibilidad de que paramilitares accedan a la JEP

Un Proyecto de Ley radicado por el senador del Partido de la U, Roy Barreras, busca ampliar el plazo para que empresarios, políticos, parapolíticos y civiles acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a partir del Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Paralelo a este, existe otra iniciativa que busca abrir la puerta a los paramilitares dentro de este sistema, aunque el nuevo modelo de justicia no contemple la participación de exmiembros de estas agrupaciones ilegales. El proyecto del senador Barreras busca que terceros tengan más oportunidades de acceder a la JEP. A la fecha van 589 solicitudes por parte de ellos en la búsqueda de confesar su participación en el conflicto y de esta manera resolver su situación con la justicia. Adicional a estas solicitudes, existen 100 peticiones de agentes del estado para acogerse al sistema especial. De acuerdo con los magistrados de la Justicia Especial de Paz, pueden existir circunstancias excepcionales que permitan el acceso de paramilitares a la JEP, sin embargo, a la fecha se han rechazado 300 solicitudes de exparas para “contar la verdad” en este tribunal. Entre quiennes han buscado acogerse a la JEP están Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, Pablo Hernán Sierra, Edwar Cobos Téllez, Jorge Iván Laverde, Iván Roberto Duque y Fredy Rendón Herrera, comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Ley de Justicia y Paz, a la que se acogieron los paramilitares en el proceso de paz que se puso en marcha en el Gobierno de Álvaro Uribe en 2005, tiene vigencia hasta el 2020, por lo que se piensa en extender esta normativa. No obstante, no se percibe la efectividad de esta justicia transicional, ya que en 35 sentencias solo se han fallado 5.401 delitos de más de 82 mil imputados por la Fiscalía, según un estudio realizado por la Contraloría en 2017. Por su parte el Presidente Iván Duque informó, en una reunión con la bancada del Valle del Cauca, que su intención es presentar un proyecto de ley que elimine la posibilidad de ingreso de los paras a la JEP. Entre tanto, el senador Barreras considera varias opciones, una de ellas permitir que los exparas actúen en condición de testigos y reciban algunos beneficios establecidos por esta jurisdicción especial.

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“¡Los debates tienen que hacerse de cara al país!”: oposición

Siete de los congresistas citados a evaluar el proyecto de Presupuesto General para la Nación de 2020 se opusieron a que la iniciativa se llevara a cabo, pues reclaman que este tipo de gestiones se tienen que realizar de cara al país, televisadas y en las salas del Congreso Nacional.    Aída Avella, Wilson Arias, Iván Marulanda, Katherine Miranda, Gustavo Bolívar, Sergio Marín y Jairo Cala, todos pertenecientes a partidos opositores, no asistieron a la cita impartida por parte del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para discutir los pormenores y las propuestas del Gobierno que tendrán que ser incluidas en el informe que se entregará a las comisiones económicas, las cuales serán tenidas en cuenta dentro de su primer debate.  “Las discusiones deben realizarse de cara al país, en los recintos del Congreso, con transmisiones públicas y no en los ‘oscuros salones del Ministerio’”, exponen los congresistas en el comunicado que dieron a conocer. De acuerdo con el documento que expusieron frente a Carrasquilla, los partidarios políticos afirman que los colombianos deben tener la posibilidad de conocer abiertamente las decisiones que se van a tomar respecto al Presupuesto de la Nación para 2020, pues son ellos quienes depositan sus tributos y confían en los congresistas para que este tipo de gestiones se ejecute en pro de la ciudadanía.  Según las declaraciones de Gustavo Bolívar, senador de la Lista de los Decentes, “el presupuesto público no se puede seguir manejando a puerta cerrada dentro de las oficinas del Ministerio. Si el Gobierno quiere contar con nuestra opinión debe de ir al Congreso a debatir el proyecto frente a la gente”, afirmando que de seguir así, ninguno de los ponentes asistirá a este tipo de debates políticos. 

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En el Congreso reclaman plazos de pagos justos para emprendedores

Varios congresistas se sorprendieron la mañana de este lunes por un aviso que rondaba por los pasillos del Capitolio Nacional, anunciando que el pago de los funcionarios se realizaría con un plazo de 180 días. El objetivo de este cartel, que en sus inicios indicaba lo anteriormente mencionado, era causar impacto en los congresistas para que finalmente apoyaran el proyecto de ley llamado “Plazos Justos“, el cual obligaría a las grandes empresas a pagar en menos tiempo los servicios que les prestan, en la mayoría de los casos, los emprendedores o pequeñas y medianas empresas. En la actualidad, la regla indica que el plazo máximo para saldar estas obligaciones es de 180 días, practica que según el congresista Mauricio Toro, es la que ha contribuido a que las Mipymes quiebren.  Varios han sido los proyectos que se han impulsado para que esto se implemente como ley, el más reciente radicado por el representante del Partido Alianza Verde, Mauricio Toro, el cual ya tuvo su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara. Sin embargo, le quedan tres filtros más para que sea evaluado y aceptado ante el Congreso de la República.  De igual forma, el Centro Democrático, en mayo de este año también lideró otra iniciativa que busca proteger a pequeños empresarios que incluye, por supuesto, la fijación de plazos justos para sus pagos. 

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Acusados por violencia sexual a menores podrían quedar en libertad

Al menos 2.875 personas acusadas de abuso sexual a menores de edad podrán quedar en libertad en los próximos cinco años por “pena cumplida”, según el Inpec.  La entidad tendrá la obligación de revisar y verificar si cumplen o no con los requisitos para recobrar la libertad, pues de acuerdo con cifras entregadas por la institución, 1.380 exconvictos son reincidentes de este delito, datos que preocupan a algunos sectores políticos y organizaciones sociales. Hasta el momento, 804 personas condenadas por violación sexual han sido beneficiadas con la ley de casa por cárcel, mientras que otras 840 son monitoreadas a través de sistemas de vigilancia electrónica.  Según informes oficiales, en el año 2018 abusaron de 22.794 menores de edad en el territorio nacional. Por lo tanto, para evitar este tipo de delitos, la representante a la Cámara por Bogotá, Ángela Sánchez, citó a un debate de control político en la Plenaria de Cámara de Representantes.  “Colombia es un país hostil para crecer, en donde los niños y niñas se encuentran expuestos a toda clase de vejámenes y tipos de violencia, situación que debe llamar la atención del gobierno nacional de manera urgente y prioritaria. Por ejemplo, la cifra de 22.794 niños violentados sexualmente equivale a que en Colombia son abusados cada mes 1. 899 niños, semanalmente 438, diariamente 64 y casi 3 niños cada hora”, reveló la parlamentaria. El debate coincidirá con la discusión que, sobre la implementación de la cadena perpetua a los asesinos y violadores de menores en Colombia, avanza en el Congreso.

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Una legislatura con reformas clave para el Gobierno

En la planificación de las estrategias que se pondrán en marcha en el segundo año de mandato, el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez definió como prioridad el impulso en el Congreso de la República de las reformas judicial y política, la primera para “modernizar la justicia y hacerla más cercana al ciudadano”, y la segunda para “defender la confianza de los colombianos en la democracia”. La agenda que estará a consideración del Legislativo, incluye el presupuesto de 2020, la eliminación de la casa por cárcel para los funcionarios condenados por corrupción, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y los cambios al régimen pensional. Pero tal vez el mayor reto del Ejecutivo será comunicar mejor los logros de la Administración. Y es que en la legislatura que comienza, el Ejecutivo espera sacar adelante este paquete de iniciativas, como lo hizo en el primer año de Gobierno con otras 16 leyes, sobre la base de una relación con el Congreso, en la que prime el debate y la deliberación. Una tarea nada fácil, si se tiene en cuenta que los partidos independientes -Liberal y Cambio Radical- tendrán bajo su  responsabilidad las Presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes, a las cuales corresponde convocar, dirigir y presidir las plenarias donde se deben discutir y aprobar los proyectos de origen gubernamental. La legislatura que comienza será clave para sacar adelante las reformas política y judicial. Aunque en el periodo de sesiones que terminó el 20 de junio pasado, se evacuaron iniciativas como la Ley de Reactivación Económica, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley TIC, el Ministerio del Deporte, la Ley contra el Abigeato, la Ley de Vehículos Eléctricos y la ley que elimina la conexidad entre narcotráfico y secuestro con delitos políticos, se quedaron en el camino las reformas política y judicial, dos de las promesas de campaña del entonces candidato presidencial. Es por ello que el Gobierno insistirá en su trámite en este segundo semestre, para lo cual buscará los consensos necesarios frente a polémicostemas como la obligación a los partidos de presentar listas cerradas para acceder a corporaciones públicas. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, cree que en algún momento se tomará conciencia de que la lista cerrada es el mejor camino para el fortalecimiento de la democracia colombiana. “Estoy convencida de que el país la necesita y seguiremos adelante (con la propuesta)”. Proyectos anticorrupción Más de 11 millones de colombianos votaron en la consulta anticorrupción. El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, considera que antes que cualquier otro proyecto, se deben priorizar en el segundo periodo legislativo las iniciativas que respaldaron masivamente los colombianos en la Consulta Popular Anticorrupción celebrada el 26 de agosto del 2018, que incluía preguntas relacionadas con el salario y periodo de los funcionarios públicos, la contratación con el Estado y la rendición de cuentas, entre otras. “Esa es una tarea pendiente y fue un compromiso incumplido por parte del Gobierno Nacional y de su bancada en el Congreso de la República”, afirma el legislador opositor. Y es precisamente la lucha contra la corrupción uno de los temas sobre los cuales centrará su trabajo el Ejecutivo, ante la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como de procesos visibles de contratación estatal.  Según la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el Gobierno le apostará a un nuevo paquete normativo que recoja los puntos más importantes de los proyectos que se han hundido y que incorpore elementos como “la facultad no solo en cabeza de la Fiscalía sino de la Contraloría y la Procuraduría de ejercer extinción de dominio por iniciativa propia o a solicitud de la Secretaría de Transparencia, recompensas y protección” a quienes entreguen información. Para ello hizo un llamado a conformar un frente común que garantice su aprobación. “Hay que entender que la lucha contra la corrupción no puede ser un simple anhelo sino que debemos trabajar todos los días en cumplir con este mandato ciudadano y entender el riesgo que la corrupción le plantea a la sostenibilidad de la democracia”. La reforma a la justicia, una necesidad Modernizar la administración de justicia para hacerla más cercana al ciudadano, a través de la digitalización y optimización administrativa, es otra de las metas del Gobierno. Además, el Ejecutivo buscará cambios estructurales que van desde la extensión del periodo de los magistrados de las altas cortes hasta las modificaciones al pénsum de estudio de la cátedra de derecho en la facultades universitarias. Según la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, serán varias las reformas que se presentarán a través de proyectos de ley ordinarios, proyectos de ley estatutaria y proyectos de reforma constitucional.  Una de las propuestas tiene que ver con aumentar la edad para entrar a las cortes a los 50 años, así como establecer el requisito de 25 años como mínimo de experiencia en la rama judicial. La idea es extender de 8 a 12 años el período de los nuevos magistrados para lograr mayor estabilidad en la jurisprudencia, ante la preocupación que existe por la seguridad jurídica. “Cuando cambian los magistrados tan rápidamente, con ello se da la posibilidad de cambios de jurisprudencia, con la inestabilidad que eso pueda generar”, sostiene la funcionaria. Además de reformas procesales para agilizar los trámites, se trabajará en materia reglamentaria en una resolución que establezca los requisitos de alta calidad para los programas de derecho de las universidades.  Ajustes a la JEP Los partidos de oposición votaron en contra de las objeciones presidenciales a la JEP. Pese a los reparos que el Gobierno Nacional le ha venido haciendo al modelo de justicia transicional, considera que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe mantenerse, pero con ajustes en algunas de sus normas para perfeccionarlas. Por ello, seguirá impulsando las reformas que estime necesarias en el Congreso de la República. Se busca claridad sobre algunos temas que se previeron en los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016 en La Habana. “El Presidente anunció reformas de las cuales una, que se encuentra en curso en el Legislativo, está relacionada con los delitos sexuales contra menores

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¿Llegó la hora de replantear relaciones?

¿Llegó La Hora De Replantear Relaciones? Aunque para el Gobierno esta legislatura fue positiva porque se logró sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo (PND), considerado la hoja de ruta del Presidente Iván Duque Márquez en estos cuatro años, algunos congresistas creen que el balance no es el esperado, porque en su concepto, el Ejecutivo no ha logrado construir la gobernabilidad que se requiere para garantizar el trámite de iniciativas importantes como las reformas política y judicial. La postura de los partidos Liberal, Cambio Radical y La U -con las mayorías en el Legislativo- de distanciarse del Gobierno le restaron capacidad de maniobra al mandatario, quien se resistió a darles participación a las fuerzas políticas en su administración, como parte de su nuevo estilo de gobernar, en el que priorizó el nombramiento de ministros y funcionarios técnicos durante sus primeros meses de gestión. Analistas consideran necesario un replanteamiento en las relaciones con el Congreso de la República, pensando en los proyectos que se vienen y en la campaña electoral que se cruza con la próxima legislatura, en la cual estará en juego el poder regional.  La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, encargada de impulsar y coordinar las iniciativas y acciones del Gobierno ante los congresistas, admite que el esquema que se planteó era distinto, pero muy positivo para la democracia colombiana. “Creo que eso es constructivo para el país y eso es una relación sana de respeto entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial. Es la separación real de poderes”, afirma.  Y es que a pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en este periodo de sesiones. Según la jefe de la cartera de asuntos políticos, el PND era la gran apuesta oficial para este semestre y con su aprobación en el Senado y la Cámara de Representantes se legisló para los próximos cuatro años, luego de una concertación con las regiones y los sectores políticos, económicos y sociales del país.  La reforma política se quedó sin aire Ante el poco ambiente en el Congreso para salvar la reforma política, que había sido modificada en sus partes sustanciales, la ministra del Interior desistió de continuar con su trámite. Las pocas probabilidades que existían de revivir las listas cerradas para las elecciones a corporaciones públicas llevaron a la funcionaria a darle sepultura a la iniciativa en esta legislatura. “Ante la imposibilidad de continuar con el trámite de la lista cerrada y la equidad en la representación de las mujeres, el Gobierno no insistirá en adelantar la reforma política”, escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter.  Con el proyecto, se buscaba depurar el ejercicio de la política, eliminando el voto preferente con el cual obtienen una curul los candidatos que alcancen un mayor número de votos al interior de sus partidos, sin importar el orden en que aparezcan registrados en el tarjetón electoral. Ello ayudaría a evitar prácticas como el clientelismo o la compra de votos.  La reforma, una de las promesas del entonces candidato Iván Duque, hacía parte del paquete de medidas anticorrupción anunciadas por el Ejecutivo para fortalecer los partidos, reducir los costos de las campañas y garantizar transparencia en la forma de hacer política en Colombia. Pero el Gobierno no se da por vencido y desde ya buscará el apoyo de las distintas bancadas para impulsar un nuevo proyecto a partir del 20 de julio. Un cambio necesario La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, espera el apoyo de los partidos a la reforma política que se presentará en julio próximo. Para garantizar el trámite de los proyectos del Gobierno, incluida la reforma política que será presentada nuevamente en la próxima legislatura, es indispensable un replanteamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República lo antes posible para poder avanzar en las iniciativas que aún están pendientes. Así lo considera el politólogo y académico, Fernando Rojas, quien ve poco probable que se mantenga el modelo con el que el Presidente Iván Duque Márquez ha querido gobernar por el costo político que le puede generar. “Le toca hacer un giro para lo que quiere, porque a pesar de las buenas intenciones, su estilo no le ha dado los resultados esperados”, señala. Aunque se logró la aprobación del PND, en el que se establecen los objetivos, programas e inversiones para el cuatrienio, el analista cree que el Gobierno “no logró encontrar el camino para sacar adelante los demás temas de la agenda legislativa (en este periodo de sesiones), ni tampoco generar confianza”. Por eso coincidió en que un acuerdo con las fuerzas políticas es el camino para destrabar los proyectos clave, como las reformas a la justicia y las pensiones o de lo contrario, habría dificultades para garantizar la gobernabilidad en lo que resta de gestión. Desde ya se rumora sobre una reestructuración de la relación con los partidos tradicionales que podría derivar en una crisis ministerial, así como en su participación en la administración, ad portas de cumplirse un año del ascenso del entonces candidato del Centro Democrático al poder. La gran pregunta que surge frente al nuevo panorama que se plantea, es si el partido oficialista estaría dispuesto a aceptar que otras organizaciones políticas tengan representación en el Gobierno, para contar con nuevos aliados en el Congreso. A pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Lo que si se descarta es un revolcón. En caso de presentarse los cambios en el gabinete, estos se darían de manera gradual. La reestructuración habría comenzado con la salida de Gloria María Borrero

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Cesar con proyección renovable

Cesar Con Proyección Renovable José Eliécer Salazar López es un campesino orgulloso de su departamento, el Cesar, y de las bondades que este tiene para ofrecer al país. Desde el Congreso de la República, ahora como representante, busca implementar procesos constructivos que solucionen algunas de las problemáticas que hoy afectan a los cesarenses y en general al Caribe colombiano. El representante a la Cámara por el Cesar tiene como propósito llevar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a buen puerto. Es un convencido de que este programa, tal como lo presentó el Gobierno, puede potencializar los recursos con los que cuenta el país para impulsar su desarrollo, equilibrado a una protección adecuada tanto del medio ambiente como de los recursos humanos. Salazar considera que el plan aumenta las oportunidades de su departamento de convertirse en un polo para el progreso económico de Colombia, a través del sector minero-energético.  “Las potencialidades del Cesar son muchísimas. Nosotros tenemos carbón, gas, hidrocarburos y ahora contamos con la radiación solar más alta del país, lo que ha transformado fuentes de trabajo para la región”, reconoce el congresista, quien además explica que hay 21 artículos en el PND del sector energético que se van a explotar.  “Por ejemplo, aprobamos un artículo para que la comercialización de energías limpias sea obligatoria de aquí en adelante. Nosotros estamos apostándole al desarrollo del sector y del Cesar, siempre vigilante de que se den las condiciones para la protección ambiental”, a través de la adecuada asignación de licencias a proyectos sostenibles. Plantas solares en Cesar Este es un proyecto liderado por el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de su titular María Fernanda Suárez y por todo el Gobierno Nacional, trabajo del que los representantes no pueden ser ajenos, pues, según Eliécer Salazar, la oportunidad que tiene el Cesar para desarrollar este tipo de iniciativas energéticas, que mejoren las condiciones de vida y representen un avance en las políticas ambientales, es importantísima. Muestra de ello, es la granja solar que se inauguró en días pasados en el municipio de El Paso, clasificada como la más grande del país. “Esta es una planta de 86,8 megavatios a base de paneles solares, son 210 hectáreas comprometidas que tienen la posibilidad de generar energía a una ciudad como Valledupar, un aproximado de 110 mil familias”, agrega. Para el parlamentario, este es un proceso importantísimo y va a permitir el desarrollo del Cesar, no solo por la generación de empleo, sino porque permite reducir los costos de un servicio deficiente que los habitantes de la región han tenido que padecer. Es fundamental, en esta oportunidad, reconocer que está impactando positivamente en el ambiente, pues hay un ahorro en la contaminación de un 40%.  “También, tenemos una proyección de llegar a unos dos mil megavatios en el departamento con otro proyecto y con la misma empresa italiana y nosotros desde el Congreso de la República vamos a dar todo el apoyo y el soporte para que convirtamos a la región en un generador de energía limpia para la Costa y por qué no para el país”, subraya. El Caribe colombiano requiere más de 2.500 megavatios, que Salazar asegura pueden ser producidos por el Cesar. Proyectos y control político Eliécer Salazar, como representante del Partido de la U, tiene en su mente objetivos claros para ayudar a mejorar las condiciones sociales del país. “Lo primero es terminar lo del PND. Como parte de la Comisión Cuarta, realizamos debates sobre el presupuesto de regalías y la Ley de Financiamiento y, asimismo, seguiremos muy activos y siendo protagonistas en el desarrollo de Colombia”, insiste.  Además, plantea la importancia de presentar debates de control político luego de radicar una primera propuesta en la que se llamará a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, al director Nacional del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Esteban Gil Chavarría y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Louis Kleyn López, para que le expliquen al país lo sucedido con proyectos como la Ruta del Sol II y III y casos que preocupan a todos los colombianos como Odebrecht. “Es necesario que se le responda a los colombianos por estas cosas y esa va a ser nuestra labor de ahora en adelante”, concluye. 

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El trovador que legisla para Colombia

El trovador que legisla para Colombia Desde el Congreso de la República, el senador Jonatan Tamayo Pérez, más conocido como “Manguito”, se ha encargado de incentivar sectores de gran importancia para los colombianos como el turismo, el arte y la cultura. Sin embargo, su mayor interés es lograr que la producción de la región de la Orinoquía aporte al país lo necesario para crecer económica y socialmente. Manguito, apodo que ganó en la infancia por vender esta fruta en las calles de Medellín de donde es oriundo, llegó al Congreso de la República con el propósito de impulsar propuestas que ayuden a fortalecer los sectores que, en su concepto, son los más olvidados del país: la educación, el arte y la cultura. “Como senador, mi prioridad legislativa va dirigida a presentar y apoyar proyectos de ley que consoliden estos sectores, así como al turismo. Pero, sobre todo, quiero apoyar a la población vulnerable, darle voz a quien no hable por ellos, por ejemplo, a las víctimas del conflicto”, asegura.  Para el congresista, que ha visto la violencia muy de cerca desde su niñez en la Comuna 13, las víctimas necesitan más que representación, que “se les pase el micrófono”, que las dejen hablar y decidir y que la opinión pública no siga eligiendo lo que considera mejor para ellas. Es por eso que cree importante y bien fundamentadas las objeciones que el Presidente Iván Duque Márquez presentó antes de sancionar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que fueran debatidas y sometidas a votación en el Senado y la Cámara de Representantes.  Afinidad con el Gobierno Nacional Como parte de la Comisión VI, el senador está seguro de que el PND va a dinamizar la economía del país. Como senador electo por la Lista de la Decencia, se esperaba que se distanciara del Gobierno una vez entró en vigencia el Estatuto de la Oposición. Sin embargo, para el congresista son más importantes los avances que, según dice, tendrá el país con las políticas económicas y sociales anunciadas por el mandatario colombiano para este cuatrienio. “Estoy de acuerdo con la propuesta hecha por el Jefe de Estado de convertir el sector del turismo en el nuevo petróleo o generador de regalías para el comercio y las familias de cada región. En mi condición de legislador, busco presentar proyectos que dinamicen el arte y la cultura en los territorios, lo cual permite que haya un desarrollo también del turismo”, agrega.  Manguito asegura que, de hecho, los sectores que son de competencia de su Comisión, como las comunicaciones y el turismo, son priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que acaba de aprobar el Legislativo. El senador no duda en señalar que “esto dinamiza la economía y, por consiguiente, genera un mejor desarrollo en Colombia”.  Por ejemplo, en lo que respecta al proyecto de ley que presentó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en cabeza de Sylvia Constaín, Tamayo afirma que la iniciativa está proyectada para “beneficiar al ciudadano que se encuentra en los lugares más apartados de nuestra geografía y, por supuesto, permite dinamizar la economía del país. Además, esta propuesta de la ministra favorece a la región de la Orinoquía donde están los departamentos con mayor extensión y sería muy positivo alcanzar la comunicación a través de las redes para lograr todo más fácil, no solo conocer las circunstancias que se viven en los territorios alejados, sino brindar soluciones más rápidas”, sostiene. Trabajando por el Meta A pesar de ser paisa de nacimiento, Jonatan Tamayo llegó al Meta como trovador junto con sus hermanos y allí se instaló, se enamoró de la cultura llanera y se prometió trabajar por ella. Al asumir su rol de congresista, reconoció que hay una deuda económica y moral con esa región por su participación en la Gesta Libertadora de San Juan de los Llanos. “Adicionalmente a eso, estamos reclamando que se nos reponga el daño ambiental y social que nos ha causado ser la zona que más le produce regalías gracias a la explotación de hidrocarburos, pues este rubro es uno de los que más aporta al Presupuesto General de la Nación”, señala.  De acuerdo con Manguito, su avance en el Senado ha sido encausada en propuestas para “mejorar el sector del turismo en el Meta, razón por la que ya está en trámite el proyecto de ley por medio del cual se busca que se declare como Patrimonio Cultural e Histórico el Centro Geográfico de Colombia ubicado en el Alto de Menegua, Municipio de Puerto López”. Uno de los objetivos de esta iniciativa es incentivar el turismo para que se tome este hermoso lugar natural como centro de atracción del país”, explica y agrega que el departamento necesita terminar la vía marginal de la selva, la construcción del aeropuerto de carga y la recuperación de la navegabilidad del río Meta.  Finalmente, considera importantes los avances que ha hecho el Gobierno frente al uso de energías renovables y asegura que ve estas estrategias con mucha expectativa. El parlamentario está convencido de que el departamento puede tener un desarrollo sostenible “puesto que somos un territorio rico en recursos hídricos, energía solar y energía eólica”.

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Sesiones extras del Congreso comenzarán el 6 de febrero

El Congreso de la República será convocado a sesiones extras desde el 6 de febrero próximo para debatir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el cual contempla las estrategias a ejecutar durante el Gobierno del presidente Iván Duque en materia de inversiones públicas en todas las regiones del país para el cuidado medio ambiental, la innovación y la competitividad. “Habrá sesiones extras a partir del 6 de febrero, que es el límite para presentar el Plan Nacional de Desarrollo y para que sea convocado el Congreso (de la República) para su estudio”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, según publicó este viernes la emisora RCN en su página web. Las iniciativas priorizadas en el PND contarán con el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación y estarán dirigidas a construir un país de legalidad, emprendimiento y equidad, los tres pilares sobre los cuales girará el programa de Gobierno del presidente Iván Duque en este cuatrienio. El propósito “es remover los obstáculos y estimular factores que aceleren el cambio social”, según la directora de la entidad estatal, Gloria Alonso. Para caminar en esa dirección, el Plan de Desarrollo, cuyas bases aprobó el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), tendrá una visión desde las regiones, plasmada en 10 capítulos especiales. “Es un pacto por la igualdad de oportunidades para todos los colombianos en condiciones de legalidad. Este plan le apunta a grandes metas como el aumento en la productividad, la transformación digital de la sociedad y el acceso masivo a la educación superior de jóvenes pobres y vulnerables y la sostenibilidad de un sistema de salud de calidad”, dijo recién el mandatario. El PND tendrá un Plan Plurianual de Inversiones que asciende inicialmente a $1.100 billones, de los cuales más de $520 billones, cerca del 50%, estarán dirigidos a programas y políticas para el logro de la equidad social. En estas sesiones extras también podrían ser incluidos otros temas como la ley de modernización de las TIC y una reforma al sistema electoral, según la fuente.

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