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Partido Alianza Verde se divide de manera oficial ‘Montaron rancho aparte’

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Colombia, Congreso de la República, Partidos Políticos, Política / Erika Baute

Miembros del Partido Verde, encabezados por la senadora Angélica Lozano anunciaron en rueda de prensa su solicitud formal de escisión para conformar un nuevo movimiento político de cara a las elecciones del 2026. Al autodenominado sector “independiente” del partido Alianza Verde también se unieron Catherine Juvinao, Katherine Miranda, Carolina Giraldo, Alejandro García y Cristian Avendaño. El motivo de la decisión de los integrantes de esta nueva alianza política tiene que ver con el reciente nombramiento de Antonio Sanguino como nuevo ministro del Trabajo. Por medio de un comunicado firmado por los congresistas fijaron posición así “Después de dos años dando la batalla interna por declarar la independencia frente al gobierno nacional, el otro sector decidió hacer parte del gabinete y buscar la reelección del proyecto Petro en el 2026 asumiendo ministros y entidades”. Asimismo, destacan los firmantes “nuestro camino es otro. Nos hemos negado estos dos años a ser parte de su mal gobierno, mucho menos vamos a hacer parte de su reelección. El sueño cívico y ciudadano que nació con la Ola Verde para derrotar la corrupción y transformar con justicia y equidad nuestro país sigue vigente”. Pese a su intención de salir de la colectividad, el grupo de congresistas resaltó que quieren realizar un proceso “ágil y respetuoso de nuestras diferencias. Pedimos se convoque a la mayor brevedad la Dirección Nacional con el único punto en el orden del día de aprobar la escisión irrevocable”.

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Wilson Arias y Martha Isabel Peralta demandados ante Consejo de Estado por el Centro Democrático

Actualidad, Bogotá, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Corrupción, Partidos Políticos, Política / Erika Baute

Wilson Arias y Martha Isabel Peralta, congresistas del Pacto Histórico, fueron demandados por el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, ante el Consejo de Estado por inconsistencias en el debate de la Reforma a la Salud y la financiación de sus campañas para llegar al Senado, dichas demandas podrían desencadenar la pérdida de investidura de ambos funcionarios. Wilson Arias señalado por discusiones de Reforma a la Salud Con relación al senador Wilson Arias, se le señala de no haberse declarado impedido para participar en la discusión de la reforma a la salud en el Congreso, siendo que su campaña habría sido financiada por una Institución Prestadora de Salud. Según se señala la demanda, Wilson Arias habría recibido en 2022 un aporte vía crédito por 70 millones de pesos para su campaña al Senado, por parte de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S (Sadi), cuyo objeto social objeto social le permitía la posibilidad de inscribirse como Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) para el transporte medicalizado. “En el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Protección Social aparece habilitada la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (Sadi) como Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) para la prestación de servicios de transporte asistencial medicalizado de mediana complejidad desde el 27 de julio de 2018 hasta el 27 de julio de 2024”. se lee en el texto. La demanda contra el congresista establece que la causal para que pierda su investidura es porque violó el régimen de conflicto de intereses. “El proyecto de ley, reforma a la salud, genera un beneficio particular, actual y directo a la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S., quien financió la campaña del senador Wilson Arias”. Martha Peralta por financiamiento de SADI Por su parte el caso de la congresista Martha Peralta atiende a la razón de que Peralta fue financiada por la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (Sadi), según indicadores del Consejo Nacional Electoral. El aporte que recibió mediante un crédito fue por casi 61 millones de pesos. Asimismo, se establece que su pareja, identificada como Manuel Julián Molina Pérez, constituyó desde el 9 de julio de 2021 la empresa Farmacia 13 de Mayo S.A.S. De hecho, es el representante legal suplente de la compañía.

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Excongresista será investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción

Actualidad, Colombia / revistacg

La Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación formal contra el excongresista César Augusto Pachón Achury por cometer presuntamente cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concusión. La investigación se centra en el nombramiento de una persona en la Unidad de Trabajo Legislativo del excongresista, supuestamente realizado para saldar una deuda. Según la pesquisa judicial, esta persona habría estado asignada al despacho de Pachón entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019, período durante el cual habría percibido salarios sin cumplir con sus responsabilidades laborales. Recientemente, el Consejo de Estado ratificó la anulación de la elección de César Augusto Pachón Achury como senador para el periodo 2022-2026, debido a su doble militancia. El tribunal explicó que, aunque las colectividades políticas involucradas formaban parte de la misma coalición del Pacto Histórico, en el caso específico de la Cámara de Representantes por Boyacá existía una lista abierta con voto preferente, donde los ciudadanos podían elegir entre varios candidatos de diferentes partidos. Por lo tanto, el Consejo de Estado consideró que Pachón tenía el deber de fidelidad hacia su partido Mais y no podía apoyar a candidatos de otra colectividad en dicha elección.

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Congresistas eliminan 20 artículos de la reforma laboral

Actualidad, Colombia / revistacg

Un grupo de 12 congresistas respaldó una propuesta que llevó a la eliminación de un conjunto de 20 artículos de la reforma laboral. Estos artículos formaban parte de la sección sobre libertad sindical y cumplimiento de estándares internacionales, además, abordan derechos colectivos como la huelga, los pactos colectivos y la libertad sindical. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, expresó su sorpresa ante esta decisión. Entre los artículos eliminados se encontraban disposiciones relacionadas con las cuotas de aprendices en las empresas, la creación de empleos en situaciones de emergencia y proyectos de forestación, el ámbito de aplicación de la negociación colectiva, la libertad sindical, la afiliación a sindicatos y las prohibiciones a estos últimos. De igual forma, se incluían temas como la retención de cuotas sindicales, la protección de trabajadores bajo el fuero sindical, el derecho de federación, garantías para la negociación colectiva, el derecho a la huelga y la regulación de servicios esenciales, entre otros. La ministra expresó su preocupación, señalando que la eliminación del artículo 66 estaba relacionada con garantías para la actividad sindical. Argumentó que el derecho colectivo está consagrado en la constitución y en el código laboral de Colombia, y que la reforma busca actualizar los convenios internacionales a los que el país se ha comprometido. Finalmente, Ramírez afirmó que continuará luchando por la aprobación de estas iniciativas, considerando que el gobierno está perdiendo una oportunidad importante para fortalecer el movimiento sindical. En el proyecto de reforma laboral, se han aprobado 40 artículos, mientras que 20 han sido eliminados de los 98 que conforman la propuesta inicial del Gobierno.

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Congresistas piden destrabar la agenda legislativa frente a la reforma de la salud

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República / revistacg

El trámite de la reforma a la salud tiene en vilo algunos proyectos de ley, por esta razón voces de distintos sectores piden avanzar en el debate. La reforma a la salud, uno de los proyectos más debatidos en la actual legislatura, tiene pendiente su aprobación en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, la discusión se ha extendido durante al menos cinco meses, por lo que voces de distintos partidos piden destrabar la agenda legislativa. El representante del Centro Democrático por Antioquia, Hernán Cadavid, aseguró a medios de comunicación que la priorización del debate de la reforma a la salud ha hecho que se atrase la discusión de otros proyectos de ley que también apuntan a atender necesidades del país. “Hay 103 proyectos por discutir, aproximadamente 7 de estos están en riesgo inminente de hundirse, hay una obstrucción de la agenda legislativa tanto en discusión de proyectos de ley como en debates de control político”, dijo el congresista antioqueño. Por su parte Julio César Triana, representante de Cambio Radical por el departamento del Huila, quien aseguró que este “trancón legislativo se debe a los meses que llevamos discutiendo la reforma a la salud”. En este punto coincidió el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quien advirtió que precisamente por el debate prolongado y amplio que ha tenido la reforma, con discusiones de más de catorce horas continuas, la creación una comisión accidental para buscar consensos y la participación de sectores sociales y políticos, se debe destrabar la agenda. “Hoy tenemos una reforma a la salud en curso que va en un 70% y debemos decidir en democracia si avanzamos en ella o no”, expresó el congresista liberal, no obstante, añadió que no permitirá que se sabotee la discusión del proyecto “no le podemos huir al debate”, puntualizó. Algunos de los proyectos que podrían afectarse buscan mecanismos de alerta ante la desaparición de menores, endurecer sanciones a acosadores y brindar beneficios a pacientes con cáncer, entre otros. La plenaria de la Cámara quedó citada para el martes 28 de noviembre a las 3 de la tarde, espacio en el que se espera continúe la votación del articulado. Tomado por la Cámara de Representantes

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Avanza en Ginebra-Suiza, sesión en la ONU para impulsar el Tratado de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos

Actualidad, Internacional / revistacg

Delegados de más de 80 países, ONG’S Internacionales, organizaciones sociales, parlamentarios y expertos, participan en la Novena Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre las Empresas Transnacionales. Por Colombia, la participación es de los Representantes a la Cámara Alirio Uribe Muñoz y Karmen Ramírez Boscán, miembros de la Red Interparlamentaria Global (GIN), quienes junto a Miguel Urbán y Helmut Sholz del Parlamento Europeo, Sydney Mushanga, de la Asamblea Nacional de Zambia, Lilian Galán de la Cámara de Representantes de Uruguay y Sonia Gutiérrez del Congreso de Guatemala, han hecho un llamado urgente a todos los Estados miembros de Naciones Unidas para que se impulse el proceso del Tratado Vinculante de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. El objetivo de este Tratado Vinculante es poner fin a las carencias legales mundiales existentes, garantizando que las empresas transnacionales rindan cuentas, se detenga la impunidad que se presenta a nivel global y local directa o indirectamente con sus empresas filiales y subsidiarias; quienes deben responder por los hechos que atentan contra la vulneración de los derechos de las personas, pueblos indígenas, comunidades locales, territorios y el ambiente. El representante a la Cámara Alirio Uribe, en su intervención manifestó, “hemos tenido casos en los cuales las empresas se fraccionan, eso impide que haya una responsabilidad solidaria, se requiere que todas las actividades a lo largo de la cadena de valor de las empresas transnacionales, tanto los agentes superiores como inferiores dentro de estas cadenas productivas, al igual que los financiadores y los bancos, tengan una responsabilidad solidaria”. Y agregó, “quiero felicitar a todos los delegados a este grupo de trabajo porque es una tarea, sin duda, estratégica para la humanidad entera, las víctimas, el medio ambiente, las comunidades indígenas, campesinas y afros, la posibilidad de tener un instrumento jurídico internacional vinculante en materia de empresas transnacionales y el respeto a los Derechos Humanos”. Para la representante a la Cámara, Karmen Ramírez Boscán, es muy importante promover el tratado, “los siete parlamentarios delegados que atendemos la Novena Sesión del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, llamamos a los Estados miembros a Impulsar de manera urgente el Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos” Se espera que avance y se apruebe el Tratado Vinculante que ayude a equilibrar las consecuencias injustas de la globalización no regulada, que ha generado anomalías de poder entre Estados, comunidades víctimas, individuos y empresas transnacionales. Un tratado que garantice el acceso a la justicia, la protección de los Derechos Humanos y la reparación integral a las víctimas y comunidades. Tomado por la Cámara de Representantes

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Por un Congreso más transparente: radican proyecto de rendición de cuentas y organizaciones se suman a la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Representantes

Actualidad, Bogotá D.C., Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Legislativo / revistacg

Un grupo multipartidista de congresistas radicó proyecto de ley para promover la transparencia entre el Congreso de la República y la ciudadanía. Así mismo, se formalizó compromiso con la MOE, el PNUD, Transparencia por Colombia, UniAndes, el Instituto Anticorrupción y el ICP para conformar la secretaría técnica de la Comisión Anticorrupción y de Integridad Pública. El pasado miércoles 23 de agosto, fue radicado el proyecto de ley estatutaria, de la autoría de los congresistas Cathy Juvinao, Angélica Lozano, Julio César Triana, Germán Blanco y David Racero, por medio del cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre congresistas y ciudadanos, estableciendo mecanismos para la rendición de cuentas. En coautoría respaldan el proyecto los congresistas Andrés Calle, Alejandro García, Jaime Raúl Salamanca, Elkin Ospina, Juan Sebastián Gómez, David Luna, Daniel Carvalho, Carolina Giraldo, Duvalier Sánchez y Wilder Escobar. El proyecto busca que senadores y representantes a la Cámara informen, expliquen y den a conocer su gestión a través de informes públicos, que podrá consultar la ciudadanía de manera digital, en donde reporten información como sus proyectos de autoría, proposiciones y constancias presentadas en comisiones y plenarias, debates de control político promovidos, denuncias ciudadanas, audiencias públicas y mesas técnicas convocadas, acciones adelantadas ante organismos del estado y los viajes internacionales realizados en calidad de congresista. Así mismo, se plantea que los congresistas convoquen espacios de diálogo público al finalizar cada legislatura para socializar su gestión de manera virtual o presencial. Juvinao expresó que este proyecto hace parte de la agenda de transformación del Congreso y añadió que “estamos cumpliendo un mandato de la ciudadanía que fue respaldado por 11 millones de personas en la consulta anticorrupción 2018 para que los congresistas fueran más transparentes en sus labores. Además, en mi calidad de vicepresidenta de ParlAméricas, impulsamos este compromiso que tiene el Congreso de Colombia como miembro de la organización para tener un parlamento abierto que materialice los reclamos ciudadanos y recobre legitimidad; esto solo se logra si la gente conoce lo que aquí hacemos a través de la rendición de cuentas”. Juvinao y Racero, coordinadores de la Comisión Anticorrupción y de Integridad Pública de la Cámara de Representantes, instalaron la secretaría técnica de la comisión, que está integrada por la Misión de Observación Electoral (MOE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Transparencia por Colombia, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, el Instituto Anticorrupción y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózafa (ICP) con el objetivo de brindar apoyo técnico y temático en materia de lucha contra la corrupción, promover iniciativas orientadas a este fin, hacer seguimiento y elaborar reportes de riesgos de corrupción en los proyectos y reformas en curso, generar espacios de discusión con expertos y academia y asesorar a la Comisión en controles políticos por casos de corrupción. Tomado por la Cámara de Representantes

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Senado aprobó en segundo debate proyecto de reducción de salarios a congresistas

Congreso de la República, Gobierno, Senado / revistacg

Con una votación de 84 votos, la plenaria del Senado aprobó este martes el Proyecto de Ley número 097 de 2022 Senado “Por medio de la cual se modifica el régimen salarial de los Congresistas de la República y se modifica la Ley 4 de 1992”. Previo a la discusión del articulado, que estuvo liderado por el autor y coordinador ponente el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández (Alianza Verde), la plenaria del Senado escuchó al director de la Dian, Luis Carlos Reyes y a la directora de la Dirección Administrativa del Senado, Astrid Salamanca, quienes expusieron cuál es la base tributaria del salario de los congresistas. Al respecto el director Reyes, sostuvo que “al aprobar la reforma tributaria el Congreso aumentó el impuesto a cargo de todas las personas con altos ingresos, incluyendo a los miembros del Congreso y eso es un pago mayor y en la práctica una reducción de sus salarios”. Indicó que venían pagando anual 114 millones de pesos años y ahora pasarán a 169 millones de pesos, un aumento de casi 55 millones en tributación adicional. La directora Salamanca recordó que en la actualidad el salario de los congresistas es de $43.418.537, dividido así: Asignación básica $10.498.210, gastos de representación $18.663.490 y una prima de servicios de $14.256.837. Al momento de votar el articulado, el senador Pulido explicó que en la reducción salarial se busca quitar la prima especial. La también ponente, senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) propuso que la reforma entre en vigencia a partir del día de la sanción de la ley, esto para respetar los derechos adquiridos. Sin embargo en la parte final se dispuso por la plenaria que la vigencia de la ley será desde el 20 de julio de 2026. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, le aprobaron una proposición con la cual se indica que el salario de los congresistas será el tope máximo de lo que puedan llegar a ganar los funcionarios públicos. “Cuando hablamos de disminuir brechas salariales tenemos que incluir los altos funcionarios del Estado, no solamente congresistas, también los de rama ejecutiva, judicial, organismo de control e independientes”, explicó Motoa. El presidente del Senado, Iván Name, tras la votación del proyecto, levantó la sesión y citó para el miércoles a las diez de la mañana. Tomado de: Senado

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Radicado proyecto de ley que crea el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación

Actualidad, Bogotá D.C., Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República / revistacg

Hoy los representantes Eduard Sarmiento, David Racero, Tamara Argote, del Pacto Histórico, junto a Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde y la senadora Gloria Flórez, radicaron el Proyecto de Ley cuyo fin es crear el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación. El corazón de este proyecto de ley es la creación de una nueva arquitectura institucional y normativa para la gobernanza alimentaria basada en los derechos humanos, en la que participen en la toma de decisiones de manera amplia y verdadera las y los titulares de derechos. Se busca configurar el escenario para la construcción de una Política Pública Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, mediante un proceso amplio y participativo de quienes viven las realidades desde su territorio. Además, el proyecto establece otras medidas encaminadas a generar avances en la transparencia y rendición de cuentas frente a la situación del derecho a la alimentación, el monitoreo de la política pública y la promoción de una alimentación saludable y sostenible. Para este fin, entre otras instancias se destaca la creación del Observatorio de Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (ODHANA). Como afirma Juan Carlos Morales González, director ejecutivo de FIAN Colombia, “Este proyecto de ley, que surgió de las organizaciones sociales, ayudará a superar la situación alimentaria del país transformando los condicionantes estructurales que nos han llevado al actual estado de cosas. El sistema dará coherencia a las distintas políticas alimentarias vigentes en Colombia con la participación de quienes son titulares de derechos”. Una de las maneras de proteger el sistema más allá de los sucesivos gobiernos, es consagrarlo en el marco de una Ley de la República. Así las cosas, no basta con que el Sistema quede dentro del Plan Nacional de Desarrollo, o planteado a través de decretos de gobierno, es importante asegurar su permanencia en el ordenamiento nacional y darle operatividad, presupuesto y dolientes a la realización y la garantía del derecho a través del sistema. Así mismo, el también autor y Representante del Pacto Histórico, Eduard Sarmiento dijo que: “para el gobierno del cambio es fundamental encaminar acciones para la consolidación de la soberanía, las autonomías y la seguridad alimentaria como escalas de realización del derecho humano a la alimentación como derecho fundamental para la vida digna, no podemos seguir viviendo en un país con hambre en nuestro país”. Otro de sus autores, el Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, afirmó: “el gran Acuerdo que debe construir este país es la erradicación del hambre. Es un compromiso y un deber, del Gobierno Nacional y del Congreso abordar esta problemática con una mirada multidimensional para dar respuestas estructurales, especialmente a las poblaciones y territorios más afectados por el hambre”. Tomado por la Cámara de Representantes

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Congresistas en alianza con más de 60 organizaciones y ciudadanos, radicaron nuevo proyecto de Ley de Salud Mental para Colombia

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Política / revistacg

Los representantes a la Cámara miembros de la Comisión Accidental de Salud Mental del Congreso, Olga Lucía Velásquez, Liliana Rodríguez y Jaime Raúl Salamanca, radicaron hoy un proyecto de Ley que busca la actualización de la normatividad vigente para prevención, promoción y atención en salud mental en Colombia. La iniciativa, surgió del trabajo conjunto entre los miembros de la Comisión e integrantes de la Red Nacional de Salud Mental (Conformada por congresistas y organizaciones públicas, privadas y representantes de la sociedad civil), y consolidado durante el último mes en seis mesas de trabajo con expertos del sector salud en un proceso de construcción colectiva con propuestas para salvaguardar, fomentar y asegurar el acceso a la salud mental y el bienestar psicosocial de todos los colombianos. Además, motivada por el preocupante panorama en el país que arroja cifras como: un 27% de incremento en la prevalencia de depresión y ansiedad después de la pandemia del Covid- 19; 920 mil ciudadanos que fueron diagnosticados en el último año con algún síntoma de enfermedad mental, un 70% de los jóvenes con alguna afección en esta materia; un 22% del personal de la salud que asegura enfrentar con frecuencia episodios depresivos y un 15% que ha tenido ideación suicida. Y, un lamentable registro en 2022 de 2.835 suicidios, de los cuales: 881 fueron de jóvenes entre 18 y 28 años, 297 de adolescentes entre 12 y 17 años y 18 de niños y niñas entre 6 y 11 años, según datos de Medicina Legal, el Ministerio de Salud y la Red de Salud Mental. Es así, que el proyecto 014 de 2023 pretende entre otras cosas: Generar herramientas desde la educación inicial con un enfoque de promoción y prevención; que exista una estructura administrativa encargada del cumplimiento y la operatividad de la Ley; la creación del Sistema Nacional de Información e Investigación en Salud Mental (SNIISM), para recoger, procesar y analizar recursos de ciencia, tecnología e innovación como base para la comprensión de las necesidades de la población con oportunidades de mejora de los servicios. La creación de la Red Mixta Nacional y Territorial de Salud Mental que contribuya al diseño, implementación y seguimiento de todos los planes, proyectos, políticas y acciones relacionados con la salud mental. Para la representante Olga Lucía Velásquez, este proyecto constituye la oportunidad de consolidar una reforma real de un sistema integral e integrado para el efectivo tratamiento de la salud mental en el territorio nacional. “Plantea atención integral, de acceso igualitario con garantías y un alcance más ambicioso para un tratamiento adecuado. Así mismo, el reconocimiento laboral y capacitación para el talento humano con los estándares que deben tener y la creación de la Dirección de Salud Mental al interior del Ministerio de Salud encargada de la implementación de la Ley y herramientas puntuales y ya definidas para la actualización constante de cifras relacionadas que sirvan como plataforma para la toma de decisiones y la aplicación a la normatividad”. Por su parte, la representante Liliana Rodríguez destacó el reconocimiento que la iniciativa le da a psicólogos y psiquiatras sobe la labor que desempeñan en el cuidado de quienes enfrentan algún trastorno de salud mental. “Estos profesionales promueven la identificación oportuna, el seguimiento y la atención de calidad para cada una de las personas y familias que enfrentan la realidad de trastornos de salud mental”. A su turno, el representante Jaime Raúl Salamanca, manifestó la satisfacción de poder entregar este proyecto de Ley para los colombianos como resultado de escuchar a la ciudadanía y del trabajo que por 9 meses ha adelantado la Comisión Accidental de Salud Mental para darle respuesta a sus preocupaciones sobre el escenario actual de la salud mental. “Ha sido una amplia conversación y trabajo en equipo que nos ayuda a darle peso a esta iniciativa tan importante que hoy permitirá entre otras cosas actualizar la Ley de Salud Mental que ya cumplió 10 años de vigencia, valorar el enfoque de promoción y prevención y llamar a la institucionalidad a que permita que haya una Dirección encargada de sacar adelante el cumplimiento de la Ley”. El proyecto pasó por: 42 revisiones para edición, 94 ajustes de contenido integrando cinco documentos de revisión; tuvo más de 354 aportes, 19 comentarios directos de ajuste técnico – jurídico y contó con la participación de más de 25 revisores finales de entidades gubernamentales regionales y nacionales, asesores, representantes a la Cámara, gremios, universidades, observatorios, y organizaciones del sector como el Colegio Colombiano de Psicólogos – COLPSIC-, la Asociación Colombiana de Psiquiatría y otros profesionales externos. Tomado por la Cámara de Representantes

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