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Laura Sarabia denunció a Armando Benedetti por violencia política contra la mujer en la Comisión IDH

Actualidad, Gobierno, Violencia / revistacg

Por violencia política en contra de la mujer, Laura Sarabia denunció a Armando Bendetti, luego de que la ahora directora de Prosperidad Social expusiera su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los constantes ataques que sufrió por parte del exembajador de Colombia en Venezuela, desde que se dio su nombramiento como jefe de gabinete del Gobierno Petro, hechos que salieron a relucir en medio del escándalo de las presuntas ‘chuzadas‘ ilegales a Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria. Este proceso se venía dilucidando desde el pasado 22 de agosto, cuando Sarabia estuvo en Washington, y que ella misma informó en un comunicado donde señaló que se había presentando ante el mencionado organismo multilateral, recordaron en el periódico regional El Colombiano. “Como mujer latinoamericana, fui recibida por el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cumplimiento de su mandato de monitoreo, para abordar el tema de violencia política contra la mujer, de interés personal por experiencia propia y de interés en la agenda nacional y regional sobre equidad de género (sic)”, indicó en el encabezado del texto. Sin embargo, la mención pasó desapercibida ya que en la misma misiva se refirió a su situación por el escándalo con su exempleada y señaló que ese viaje a Estados Unidos lo programó desde el 28 de julio, luego de que la Fiscalía General de la Nación no le hubiera certificado que tuviera investigaciones en su contra, pero el 18 de agosto se enteró de la novedad procesal de que el organismo investigador escucharía su versión sobre esos hechos. Tomado de: Infobae

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«El clan del Golfo está presionado a los candidatos en algunos municipios de Sucre», gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver

Actualidad, Seguridad, Sucre, Violencia / revistacg

El gobernador Héctor Olimpo Espinosa una vez más advirtió que el clan del Golfo está presionando a los candidatos en algunos municipios de Sucre, quitándoles plata para dejarlos hacer política y haciendo que algunos asuman compromisos con ellos de contratos y de espacios políticos. Las apreciaciones las dio durante su intervención en la sesión del tercer Comité de Seguimiento Electoral que se efectuó en el auditorio Fortunato Chadid de la Gobernación de Sucre. Allí dejó constancia de su intervención y solicitó que quedara consignado en acta. “Tengo el deber de escuchar y transmitirlo. Estamos a tiempo como institucionalidad de frenar esto o por lo menos mitigarlo. Vamos en un camino muy complejo. Lo escucho por lo menos en el 70 por ciento de los municipios de este departamento”, puntualizó Espinosa Oliver. Por ello, conminó a la fuerza pública, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía que se diseñe una ruta que garantice niveles de confidencialidad y seguridad para que los que denuncian. Entre tanto, Luis José Guerra Barrios, secretario del Interior del departamento, destacó que este espacio la fuerza pública presentó un informe de cómo se desplegarán en las elecciones. De igual forma, se trabaja con los alcaldes para que el invierno no afecte la jornada electoral a desarrollarse en el próximo mes de octubre. Guerra Barrios también indicó que en la próxima sesión del Comité se invitará a la empresa Afinia para que garantice el fluido eléctrico durante las elecciones. También, se programó una brigada de cedulación en el corregimiento de Boca cerrada, en San Onofre. En este Comité participaron delegados de la Registraduría, miembros de la Policía, Armada, Ejército, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y representantes de las alcaldías de Caimito, Chalán, Los Palmitos, Sampués, San Benito Abad, Sincé, San Marcos, San Pedro, Tolú, El Roble, Sucre, Guaranda y Morroa. Tomado de Gobernación de Sucre

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Nuevo llamado de los Gobernadores del país al presidente Petro para frenar, en un frente unido, el avance de la violencia en Colombia

Actualidad, Quindío, Violencia / revistacg

Para dentro de 15 días, los gobernadores del país congregados en la Federación Nacional de Departamentos, estarían convocando a las instituciones y autoridades nacionales, con una clara invitación al Gobierno nacional: que se trabaje en articulación con los niveles territoriales de Gobierno, cómo lo invoca el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, aquel que establece la figura de la colaboración armónica. Así lo dio a conocer el Gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, en su calidad de presidente de la FND al término de la Cumbre por la Seguridad. Palabras que se desprenden de la ausencia marcada del presidente Gustavo Petro Urrego, así como de sus ministros de Defensa e Interior y del Alto Comisionado para la Paz en un espacio que pretendía dar claridad sobre las rutas de acción que permitan frenar la escalada terrorista. “Su ausencia genera gran preocupación entre los Gobernadores, que seguimos sin una respuesta y una línea clara frente a las situaciones que se están viviendo. Lo anterior, por el vacío y la improvisación en la implementación del proceso de paz, al igual que por el riesgo de constreñimiento a las próximas elecciones regionales”, indicó el mandatario. La queja de las autoridades regionales se sustenta en cifras preocupantes arrojadas por organismos dedicados a retratar el alcance y dimensiones de la violencia en el país: 3.205 homicidios y 84 uniformados resultaron heridos mientras cumplían con su deber, habiendo perdido la vida 21 de ellos durante el primer trimestre de 2023; 40 masacres en 17 departamentos del país, con un saldo de 133 víctimas hasta el 31 de mayo; 68 líderes sociales y 14 excombatientes de las FARC asesinados en 22 departamentos hasta el 24 de mayo; y 43 desplazamientos, afectando a 6.081 familias, lo que equivale a 15.437 personas, reportados por entidades como el ministerio de Defensa, Indepaz y la Defensoría del Pueblo. Tomado por la Gobernación del Quindío

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El Centro tiene como propósito generar espacios como foros, proyección de documentales, encuentros para periodistas y defensoras de derechos humanos, con el fin de visibilizar esta problemática que afecta al país. “Vamos a hacer que este Centro de Memoria e Investigación de violencia sexual No es Hora de Callar sea un centro único y un referente mundial en el estudio dedicado a la violencia sexual y a las mujeres periodistas”, dijo la Consejera Presidencial para la Reconciliación Nacional, Eva Ferrer.

El Gobierno Nacional presenta el Centro de Memoria e Investigación No es Hora de Callar

Actualidad, Gobernación, Mujeres, Violencia / revistacg

El Centro tiene como propósito generar espacios como foros, proyección de documentales, encuentros para periodistas y defensoras de derechos humanos, con el fin de visibilizar esta problemática que afecta al país. “Vamos a hacer que este Centro de Memoria e Investigación de violencia sexual No es Hora de Callar sea un centro único y un referente mundial en el estudio dedicado a la violencia sexual y a las mujeres periodistas”, dijo la Consejera Presidencial para la Reconciliación Nacional, Eva Ferrer. El Gobierno Nacional presentó el Centro de Memoria e Investigación No es Hora de Callar, dedicado a víctimas de violencia sexual y mujeres periodistas del territorio nacional, acto que se registró este miércoles a propósito del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado, que se conmemora hoy 25 de mayo. Este centro, que estará ubicado en Bogotá y será pionero en Latinoamérica, tiene como propósito generar espacios como foros, proyección de documentales, encuentros para periodistas y defensoras de derechos humanos, con el fin de visibilizar esta problemática que afecta al país. La Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, en cabeza de Eva Ferrer, será la encargada de dar cumplimiento a una de las medidas impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por los actos de violencia y tortura que sufrió la periodista Jineth Bedoya Lima, en mayo del año 2000. “Vamos a hacer que este Centro de Memoria e Investigación de violencia sexual, No es hora de callar, sea un centro único y un referente mundial en el estudio dedicado a la violencia sexual y a las mujeres periodistas. Vamos a trabajar con ambición y a poner todo el conocimiento al servicio del país”, expresó la Consejera Presidencial. En respuesta por la creación de este Centro de Memoria e Investigación, la periodista Jineth Bedoya destacó el compromiso del Gobierno del Cambio por acatar y dar respuesta a esta sentencia que desde la notificación al Estado colombiano no presentaba avances. “Gracias, Presidente Gustavo Petro, a la Consejería de Reconciliación Nacional y a su consejera Eva Ferrer, porque levantó la mano, asumió este reto y entendió que la reparación no solamente es una obligación del Estado, sino es una condición básica de empatía y respeto para la no repetición”, expresó Bedoya. De igual manera, la Representante Especial sobre violencia sexual en conflictos de las Naciones Unidas, Pramila Patten, respaldó el compromiso del Gobierno y ofreció su ayuda para contribuir con la Paz Total de Colombia. “La política de la Paz Total, anunciada por el Presidente Petro, es una señal de esperanza en el camino, de décadas de conflicto y un futuro lleno de optimismo. Mi oficina estará con las puertas abiertas para brindar cualquier apoyo, como lo hicimos en los acuerdos de la Habana entre el Gobierno y las Farc”, destacó Patten. El país ha registrado entre 1959 y 2020 cerca de 15.760 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 92% son mujeres, de las cuales el 30% son niñas y adolescentes entre los 14 y los 17 años de edad. La jornada contó con la participación de la lideresa Yolanda Perea; mujeres sobrevivientes de violencia sexual; miembros de las Fuerzas Militares y Policía, el cuerpo diplomático, delegados del Gobierno Nacional, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Tomado por Presidencia de la República

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Al término del Consejo de Seguridad, realizado en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, la viceministra para el Diálogo Social del Ministerio del Interior, Lilia Solano, a nombre del Gobierno Nacional reafirmó el rechazo a los lamentables hechos de violencia ocurridos en este territorio en el que fueron asesinados cuatro menores de edad de comunidades indígenas del pueblo Murui a manos de grupos armados ilegales.

Gobierno anuncia medidas contundentes y articuladas en caso del asesinato de los cuatro jóvenes indígenas en Putumayo

Actualidad, Caquetá, DDHH, Mininterior, Violencia / revistacg

Al término del Consejo de Seguridad, realizado en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, la viceministra para el Diálogo Social del Ministerio del Interior, Lilia Solano, a nombre del Gobierno Nacional reafirmó el rechazo a los lamentables hechos de violencia ocurridos en este territorio en el que fueron asesinados cuatro menores de edad de comunidades indígenas del pueblo Murui a manos de grupos armados ilegales. “No vinimos aquí a hacer un diagnóstico. Vinimos porque tenemos ya la información recabada de los testimonios, vinimos porque el conjunto del Estado que a lo largo de los años en mucha medida abandonó estas comunidades. Esto viene desde hace mucho tiempo, entonces hay que responder con acciones articuladas contundentes con la comunidad internacional para ponerle fin y que esto no sea, digamos, reiterativo, tal como tú lo estás señalando”, manifestó Solano durante su intervención. La viceministra, quien por instrucciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, viajó a la capital caqueteña para participar en el Consejo de Seguridad realizado con autoridades nacionales y locales, de orden administrativo y judicial, así como de la Fuerza Pública, señaló la necesidad de una investigación completa y contundente con miras a esclarecer estos sucesos que afectan la seguridad, la integridad y la convivencia de las comunidades afectadas por estos detestables sucesos. Solano sostuvo que frente al asesinato de cuatro menores de edad pertenecientes al pueblo Murui, en el Caquetá, la Fiscalía General de la Nación, destinó un grupo especial de fiscales e investigadores para esclarecer lo ocurrido en articulación con las entidades de la región, al igual que con representantes de las comunidades y sus territorios a fin de preservar la autonomía de los pueblos ancestrales, sin dejar de lado la responsabilidad que se tiene como Estado de garantizar las medidas pertinentes que logren ubicar los responsables de los hechos que hoy enlutan al país entero. “La Fiscalía ya ha anunciado no solo esta investigación, sino que se hará justamente teniendo el respeto por las comunidades, por sus costumbres”, precisó la alta funcionaria del Gobierno. La viceministra aseguró que, desde el Ministerio del Interior a través del Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, se trabajará en aspectos de protección de derechos fundamentales: “Habrá una respuesta en temas de planes de vida, en los temas de la inversión que los territorios necesitan, el fortalecimiento a las guardias indígena. Porque reconocemos que este drama del reclutamiento forzado tiene que ser respondido con las entidades en su conjunto, se necesita que estos territorios y estas comunidades, que han sido abandonadas a lo largo de la historia en este momento, sean justamente levantadas, que haya inversión, que haya esa presencia integral del Estado”. Agregó que otro de los puntos claves es la concertación frente a la articulación de las instituciones. “Este trabajo conjunto que además está acompañado por las decisiones del presidente de la República, y en mi caso ministro del Interior, serán todas, como ya anuncié, articuladas”. Tomado por Ministerio del Interior

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Las congresistas de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, CLEM, rechazan las amenazas, insultos y agresiones en contra de la Representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte, quien se declaró impedida para votar el artículo que buscaba incluir la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo.

Comisión de la Mujer rechaza agresiones contra sus congresistas

Actualidad, Mujer, Senado, Violencia / revistacg

Las congresistas de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, CLEM, rechazan las amenazas, insultos y agresiones en contra de la Representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte, quien se declaró impedida para votar el artículo que buscaba incluir la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante señalar que, pese a que las dos congresistas integrantes de la CLEM que hicieron parte de la Comisión de Conciliación del Plan Nacional de Desarrollo, la Representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte, y la Senadora Liliana Esther Bitar Castilla, se declararon impedidas, el artículo fue negado por mayoría entre los 10 conciliadores restantes. En la denuncia que hizo la Representante Karen Astrith Manrique Olarte durante la sesión Plenaria de la Cámara, llamó la atención de las comisiones de Ética del Senado de la República y la Cámara de Representantes, para que se investiguen las conductas que correspondan y se de claridad de lo sucedido, pues diversas asociaciones del Departamento de Arauca la han responsabilizado insistentemente y de forma agresiva, por este hecho. Para las congresistas de la CLEM no se deben seguir permitiendo hechos de violencia contra las mujeres, ni debe seguir recayendo sobre ellas la responsabilidad absoluta de las decisiones que se tomen en un cuerpo colegiado como es el Congreso de la República, y mucho menos, se debe aceptar que se coloque en riesgo su vida, más aún cuando hay hechos de naturaleza jurídica que en algunas ocasiones les impiden participar en la toma de decisiones. Finalmente, extendieron una invitación a toda la ciudadanía colombiana a acompañar a las mujeres y apoyar el proceso de participación política que vienen adelantando, para evitar que las nuevas generaciones se desestimulen e inhiban de participar, para evitar ser víctimas de hechos similares. Tomado del Senado de la República.

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Las Mesas directivas de Senado y Cámara, junto con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, presentaron a los medios de comunicación un protocolo bicameral, que busca mecanismos de protección, prevención y orientación sobre la violencia de género.

Congreso de Colombia presenta protocolo de protección a las mujeres víctimas de todo tipo de violencia de género

Actualidad, Cámara, Mujer, Senado, Violencia / revistacg

Las Mesas directivas de Senado y Cámara, junto con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, presentaron a los medios de comunicación un protocolo bicameral, que busca mecanismos de protección, prevención y orientación sobre la violencia de género. En su intervención el presidente del Senado, Roy Barreras calificó como alarmantes las cifras de abuso contra las mujeres y señaló que este motivo se buscan herramientas para contrarrestar los actos aberrantes que se vienen presentando en el país. “El machismo estructural de casi toda nuestra sociedad tiene, quizás, la expresión más indignante en el acoso laboral y en el acoso sexual y en la violencia contra la mujer, cuando eso ocurre en cualquier ámbito o institución, empresas universidades o el Congreso de Colombia, como se ha denunciado, nadie puede callar”, señaló el presidente Barreras. El Senador dijo, además, que los servidores públicos tienen la obligación de denunciar cuando se conocen estos casos. “Tenemos la obligación de proteger a las víctimas, quienes usualmente no denuncian por miedo a que las revictimicen y al estigma social. No podemos guardar silencio ante el abuso contra ellas, por eso les estamos ofreciendo este protocolo para que puedan denunciar sin miedos”, Insistió el presidente del Congreso. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, anotó, “este es un esfuerzo mancomunado que se ha trabajado con información de la sociedad civil, expertos en temas de violencia basada en género, hemos recogido alrededor de 252 proposiciones para la consolidación del protocolo”. El Representante dijo que “el centro del protocolo es la mujer que es víctima de violencia en todas sus manifestaciones, machista, patriarcal, en donde la mediación principal es un ejercicio de poder que se tiene sobre cualquier funcionaria, servidora, contratista, dentro de las labores legislativas. Esperamos que con este instrumento podamos eliminar la violencia que genera ese machismo radical contra las mujeres”. La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer María José Pizarro, por su parte, manifestó que con el protocolo se quiere enviar un mensaje muy contundente a los agresores contra las mujeres: “Este es un paso para superar las violencias basadas en géneros y para que las mujeres puedan denunciar de manera segura”. La senadora del Pacto Histórico explicó que el protocolo es integral, de prevención y orientación institucional frente a las conductas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual y está dirigido a senadores, senadoras, representantes a la cámara, servidores públicos, contratistas, funcionarios de las UTL, personal de la Policía y de seguridad, a pasantes en el Congreso de la República y a personal que trabaja en los servicios generales. De igual manera, Pizarro aseguró que se adoptarán mecanismos de prevención, como el pedagógico y se incorporará una cláusula en los contratos que comprometa a todos los contratistas a no incurrir en delitos sexuales dentro de la entidad, ni fuera de ella. Así mismo, dijo que se creará un grupo especializado para atender los casos de violencias basadas en género, “no debe revictimizarlas, necesitamos que las mujeres se sientan seguras, para poder presentar la denuncia” y afirmó que sólo el 3% de las víctimas de acoso y abuso sexual presentan denuncias, el resto no lo hace por miedo. Se garantizará la confidencialidad en el manejo de la información y la ruta de seguridad, para que finalmente, puedan presentar la denuncia”. La senadora Pizarro señaló como una gran oportunidad que estos casos hayan salido a la luz, para generar una conciencia colectiva, para acabar con esa cultura machista que atenta contra la integridad, dignidad y derechos humanos de las mujeres en el país. Y expuso: “Estamos actuando con celeridad y prontitud ante estas denuncias, con que sólo se condene a una persona poderosa, estamos sentando un precedente muy importante, para lograr eliminar y superar lo que estoy llamando el “tsunami” de violencia contra de las mujeres”. Los congresistas anunciaron la realización de un debate de control político sobre los hechos denunciados en el departamento del Guaviare, en donde más de 180 uniformados habrían estado incurriendo, presuntamente, en abusos contra niñas indígenas y simultáneamente se conformará una mesa de trabajo que adelante un diagnóstico de lo que está sucediendo en los casos de abusos, acoso sexual, violencia basada en género en el ámbito laboral, tanto en el Congreso de la República como en el resto de la sociedad. Tomado del Senado de la República

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