junio 30, 2026

Senado

“No vamos a inclinar la balanza en elección de Contralor General”: Duque

“Las relaciones entre poderes no pueden ser transaccionales”: Iván Duque. El Presidente de la República, Iván Duque, aclaró este viernes que el Gobierno Nacional no tiene candidato a Contralor General, tras declararse respetuoso de la independencia de poderes en Colombia. “Desde el gobierno no tenemos candidato ni vamos a inclinar la balanza para ningún lado, porque somos respetuosos de cómo se deben manejar las instituciones”, enfatizó el mandatario en su intervención durante el diálogo “Unidos por la Diferencia” que se llevó a cabo en la ciudad de Cali. En su visita a la sultana del Valle, el jefe de Estado explicó la importancia de mantener la independencia de los poderes, y de cambiar la cultura política en el país. Si bien reconoció la relevancia de preservar un trato armónico con el Congreso de la República, recordó que como presidente debe dar ejemplo de transparencia. “Las relaciones entre poderes no pueden ser transaccionales, y nosotros tenemos que ser capaces, si es necesario, de gobernar con la Constitución y la Ley”, afirmó Duque. El partido Centro Democrático, bancada que apoyó su candidatura a la Presidencia, ha expresado abiertamente el respaldo a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, en su aspiración a convertirse en el nuevo Contralor General de la República el 20 de agosto próximo.

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Hay que proteger a nuestros líderes sociales

Por: Hernán Andrade Presidente del Partido Conservador Como presidente del Partido Conservador, hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se protejan la vida, la integridad y los derechos de todos los líderes sociales, comunitarios, campesinos, y políticos del país, y que se ponga especial énfasis en la protección de aquellos que residen o trabajan en zonas de especial nivel de riesgo, y de aquellos que ya han sido víctimas de amenazas o intimidaciones. Colombia no puede seguir asistiendo a esta horrenda cadena de noticias de violencia. A toda persona se le debe garantizar su derecho fundamental a ejercer sus actividades de liderazgo social, comunitario y político, en toda parte del territorio nacional, y garantizar que pueda hacerlo sin riesgo para su integridad y su vida. Y esta garantía no debe conocer color político ni orientación ideológica: todos los líderes, de todas las tendencias y todas las ideas, deben gozar de iguales garantías para el ejercicio de su labor social y comunitaria. “Colombia no puede seguir asistiendo a esta horrenda cadena de noticias de violencia. A toda persona se le debe garantizar su derecho fundamental a ejercer sus actividades de liderazgo social, comunitario y político”. Personalmente apoyé la negociación de paz, como lo hicieron muchos otros miembros de este Partido. Hoy tenemos la convicción de que esta fue la decisión correcta. Pero mucho alertamos al Gobierno de la necesidad de copar con su autoridad legítima e institucional todo el territorio del país, para que se impidiera el surgimiento de nuevas formas de violencia organizada, alimentadas por la creciente actividad de narcotráfico, sobre la cual hemos advertido y seguiremos advirtiendo. El Partido Conservador Colombiano expresa su solidaridad y sus más sinceras condolencias a las familias de los líderes sociales asesinados, y pide al Gobierno Nacional que les brinde rápidamente la protección que requieran.

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Fiscalía llama a indagatoria a Santofimio por asesinato de Rodrigo Lara Bonilla

Lara Bonilla se caracterizó por sus duros cuestionamientos al narcotráfico. La Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria a el exministro Alberto Santofimio Botero y al ex representante a la Cámara Jairo Ortega, por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984. “Importante decisión en estrategia de esclarecer magnicidios. En caso por asesinato de exministro Rodrigo Lara Bonilla, (30/04/84), Fiscalía citó a indagatoria a Alberto Santofimio Botero y a Jairo Ortega. Quedaron programadas para 27 y 28 de agosto, respectivamente”, informó el ente investigador a través de su cuenta en twitter. El vehículo en el que viajaba el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue interceptado por dos sicarios en moto, Iván Darío Guisado y Byron Velásquez, cuando se dirigía a su casa en el norte de Bogotá. Guisado hirió de muerte al jefe de cartera de la época y falleció luego de que Vásquez perdiera el control de la motocicleta. Alberto Santofimio Botero fue ministro de Justicia, senador y dos veces candidato presidencial. Actualmente cumple 25 años de cárcel tras ser hallado culpable como instigador y determinante del asesinato de Luis Carlos Galán. Jairo Ortega Ramírez fue representante a la Cámara y se hizo famoso por incluir en su lista y llevar al Congreso de la República a extinto jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Además, se le recuerda por su polémica acción en la que con un cheque en mano hablaba de supuestos vínculos de Lara Bonilla con el narcotraficante Evaristo Porras, tema que jamás pudo comprobar.

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Alfredo Gnecco propone fondo de compensación ambiental para mitigar daños por explotación minera

Gnecco Zuleta explicó que su iniciativa tiene el propósito de hacer un ajuste a las asignaciones realizadas al Sistema General de Regalías. La propuesta del senador Gnecco está incluida y expuesta en un proyecto de ley de su autoría, radicada en Secretaría General del Senado de la República. Su objeto es la creación de un fondo de compensación ambiental, con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, para redistribuir los recursos generados por la explotación de recursos naturales no renovables y, de esta manera, resarcir los pasivos ambientales originados por la actividad minera. El proyecto de Acto Legislativo, presentado por el legislador cesarense, busca la modificación del artículo 361 de la Constitución Política de Colombia, para crear un fondo de compensación ambiental, a través del cual se financiarían proyectos necesarios para reducir los impactos ambientales generados por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Gnecco Zuleta explicó que su iniciativa tiene el propósito de hacer un ajuste a las asignaciones realizadas al Sistema General de Regalías, reduciendo a un 20% lo adjudicado al Fondo de Ahorro y Estabilización, que hoy percibe hasta un 30% de los ingresos. El 10% sobrante, se asignaría al nuevo fondo de compensación ambiental. Con este nuevo fondo se busca subsanar algunas de las dificultades generadas por la explotación de recursos no renovables en algunas partes del territorio colombiano. “Como es bien sabido, la exploración y explotación de estos recursos, deja serias consecuencias para el territorio donde se ha ejecutado cualquier tipo de actividad minera. Por ello, es fundamental incluir proyectos que ayuden a reducir estas dificultades”, subrayó el congresista. Con información del Senado de la República 

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Corte Suprema llama a juicio a exsenador por caso Odebrecht

Según la Fiscalía General de la Nación, Olano hacía parte del denominado grupo ‘buldócer’, que de acuerdo a las investigaciones, fue el conjunto de congresistas encargados de beneficiar a Odebrecht en contratos para la Ruta del Sol 2. La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador Plinio Olano Becerra por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho, tras su presunta participación en la adjudicación del tramo Ocaña- Gamarra para la multinacional Odebrecht. Según testigos, Olano uso sus influencias como congresista para favorecer a la firma brasileña en la concesión de la Ruta del Sol II en el 2009 y su adición entre Ocaña y Gamarra, en el 2013. “Existía un acuerdo para que utilizara su cargo e influencias como parlamentario en favor de los intereses de la empresa, a cambio de altas sumas de dinero que eran transferidas de modo subrepticio para ocultar su origen ilícito”, afirmó la Corte. En un documento divulgado en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se conoció que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría ofrecido  coimas por más de 84.000 millones de pesos entre 2009 y 2014. Desde entonces, políticos, empresarios y funcionarios públicos han sido investigados y algunos de ellos encarcelados en Colombia por haber aceptado sobornos de la empresa Odebrecht en su intento de resultar favorecida con la adjudicación de contratos para la construcción de obras de infraestructura vial en el país. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el excongresista también intervino para que Odebrecht se quedara con otros megaproyectos, en los que se habría llegado a cobrar hasta el 3.0 por ciento del valor total. Este es el caso del contrato de la vía Duitama – Charalá – San Gil, del que la empresa buscaba beneficiarse pagándole al exsenador un porcentaje sobre su costo total que oscilaba entre $200 mil millones y $350 mil millones. Plinio Olano fue capturado el 13 de febrero pasado por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema y actualmente permanece detenido en la cárcel La Picota.

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Contralor critica modificaciones para elegir a su sucesor

En el conversatorio ‘La Corrupción en Colombia’, que tuvo lugar  en la Universidad Externado, el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, lanzó fuertes críticas al mecanismo que se está usando  para elegir a su reemplazo. Cuestionó en particular, las modificaciones que se hicieron a última hora a la norma que eliminó el veto a los aspirantes que tuvieran vínculos o parentescos con parlamentarios. “El Gobierno no necesita un Contralor de bolsillo, poner a un corrupto de Contralor es como poner a un violador a dirigir un jardín infantil”, dijo Maya Villazón,, quien insistió en que la entidad debe ser sometida a una profunda reforma. Maya consideró que se deben suprimir las contralorías territoriales, para lo cual propone aprovechar el recurso humano vigente y estructurar una sola entidad. “Es necesario que exista un solo órgano de control fiscal en Colombia”, afirmó el funcionario, argumentando que “hoy hay 63, cada uno independiente”. Durante el conversatorio, al que también asistieron la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el Fiscal Nestor Humberto Martínez, se discutió el problema de la corrupción en Colombia y las vías para atacar este flagelo. “El gobierno actual tiene la voluntad política de meterse de fondo en la lucha contra la corrupción. El principal foco tiene que ser la transparencia. Una de las iniciativas será la profesionalización del servicio civil y acabar el sistema clientelista”, aseguró la vicepresidenta en su intervención.      

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Santos informó antes al Congreso sobre itinerario de viajes

Santos radicó la carta ante la secretaría del Senado el pasado 10 de agosto. El expresidente Juan Manuel Santos informó con anterioridad al Congreso de la República sobre los viajes que haría después de terminado su mandato el pasado 7 de agosto al exterior, entre ellos a la ciudad de Boston donde atenderá una invitación de la universidad de Harvard para eventos académicos. Según una carta enviada por el exjefe de Estado al presidente del Senado Ernesto Macías, cuyos apartes reveló este lunes la emisora caracol, Santos puso en conocimiento de la corporación el itinerario que realizaría entre los meses de agosto y diciembre próximo, dando así cumplimiento a lo establecido en la ley. La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, insinuó a través de las redes sociales que el expresidente viajó al exterior sin el permiso del Legislativo. “¿Juan Manual Santos salió del país sin autorización del Congreso? Eso es una clara violación al artículo 196 de la Constitución”, escribió la parlamentaria. Según el artículo 196, “el Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”. Carta de Santos al presidente del Senado de la República  

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Defensa de Uribe Vélez sigue a la espera de que la Corte envíe material probatorio

Los abogados del senador Álvaro Uribe Vélez siguen a la espera del material probatorio por el cual se abrió la investigación en contra del expresidente por presunta manipulación de testigos. El abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, explicó a medios locales, que a pesar de la solicitud hecha formalmente a la Corte Suprema de Justicia, ente encargado de la investigación que se adelanta en contra del congresista del Centro Democrático y por la que fue llamado a rendir indagatoria, no ha recibido piezas digitales que según el jurista son valiosas para preparar su defensa. “Hasta el viernes pasado, a la defensa del expresidente Uribe la Corte no le ha entregado importantes elementos digitales que están pendientes de ser reproducidos en una tera entregada para esos propósitos, y no nos han entregado ninguna de las intercepciones que realizó la Fiscalía, ordenada por el alto tribunal. Así que estamos pendientes de conocer ese material probatorio”, afirmó Granados. El congresista fue llamado a rendir indagatoria por la Corte, dentro de la investigación que se le sigue por los supuestos delitos de fraude procesal y soborno. Inicialmente, Álvaro Uribe envío una carta a Ernesto Macías, presidente del Senado de la República, en la que renunciaba a su curul, pero decidió reversar su decisión días después. Actualmente, el alto tribunal tiene pendiente resolver una recusación en contra de los magistrados que asumieron la investigación contra el expresidente y luego reprogramar, de ser necesario, la indagatoria. Lea también: Uribe Vélez recusa a magistrados de la Corte Suprema

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La desatención a la política social en Barranquilla nos está pasando factura

José David Name Cardozo Senador de la República Partido de la U En los últimos años, Barranquilla se ha posicionado como una ciudad líder en materia de crecimiento, no solo en el Caribe sino en toda Colombia, siendo ejemplo para muchos por sus importantes avances en infraestructura, uno de los sectores en los que más se ha destacado. Obras como la Avenida del Río, la recuperación de los parques, la canalización de los principales arroyos le han cambiado la cara a la ciudad.  Sin embargo, la administración distrital durante años ha dejado un gran vacío en el tema de inversión social, que hoy nos está pasando una factura muy alta por la grave problemática de violencia juvenil que se vive en los distintos sectores de Barranquilla. Al comparar el destino de las inversiones entre 2008 y 2016, Fundesarrollo y Barranquilla Cómo Vamos encontraron que los sectores de educación y salud tuvieron mejoras significativas en capacidad instalada, pero con poca asignación en programas sociales, que son necesarios en una ciudad como la nuestra; con altos índices de pobreza y receptora de familias con necesidades. La falta de políticas sociales efectivas han multiplicado los problemas de violencia, microtráfico y hurto en la ciudad; las pandillas juveniles se han fortalecido creando terror en los barrios del suroccidente y suroriente, donde cada día hay más temor de salir a la calle por los homicidios, los atracos y los ataques al Transmetro que a diario provocan los jóvenes. Necesitamos una política pública de juventud que se haga con vigor y compromiso sobre la base de que no se trata del futuro sino de un presente en riesgo para la sociedad y los individuos, invertir en esta generación constituye uno de los pilares centrales para avanzar en un proceso de desarrollo que debe tener como horizonte la igualdad. La escasa participación democrática como característica actual de la gestión pública en el Distrito y las pretensiones de una juventud que si bien se margina de la actividad política tradicional y poco participa en los ámbitos de decisión en los temas claves, pero que sí se considera sensible a las demandas de equidad y justicia social, requieren de acciones que traduzcan al escenario positivo ese deseo de participación que quieren tener nuestros jóvenes en la sociedad. Necesitamos una política pública de juventud que se haga con vigor y compromiso sobre la base de que no se trata del futuro sino de un presente en riesgo para la sociedad y los individuos. En Barranquilla, no han operado los instrumentos para una ciudadanía joven, estamos atrasados en la difusión de la ley 1885, que tiene como objetivo el empoderamiento de la juventud con espacios que le hagan ser ciudadanos de primera y no marginales que recurran a actos de vandalismo u otras expresiones de ilegalidad. Los esfuerzos que realiza la Policía Metropolitana para combatir las pandillas deben ir acompañados de una política social orientada a la familia, los niños y la juventud; la apuesta de Barranquilla debe ser la de convertirse en una ciudad integral, que sea un ejemplo verdadero para todo el país. El cemento y la infraestructura no lo es todo, de nada nos sirve tener una ciudad llena de edificios, con arroyos canalizados o parques remodelados si lo que reina es la inseguridad y la violencia, en medio de una sociedad destruida. Nuestro llamado es que se tenga como prioridad la acción hacia esta población vulnerable como remedio, pero también como prevención.  No le sigamos dando la espalda a los problemas sociales que por la desatención se nos están saliendo de las manos.

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La verdad sobre la ley de páramos

Carlos Alberto Baena Presidente del Movimiento Político MIRA La reciente ley que garantiza la preservación, conservación y regeneración de los páramos en Colombia, fue aprobada por el Congreso de la República. La iniciativa que el Partido Político MIRA presentó en su momento contó con el respaldo de senadores y representantes de diferentes bancadas para salir adelante. Su propósito consiste en señalar los páramos como ecosistemas estratégicos. Fijar esta característica permite establecer directrices gubernamentales que protejan su integralidad, los preserven, restauren cuando sea necesario, se aprovechen como fuente para la generación de conocimiento y si se pretende establecer algún uso en ellos, se garantice que este sea sostenible. La nueva ley entiende los páramos en su calidad de territorios de protección especial, que integran componentes biológicos, geográficos, geológicos e hidrográficos, además de variados aspectos sociales y culturales. La nueva ley entiende los páramos en su calidad de territorios de protección especial, que integran componentes biológicos, geográficos, geológicos e hidrográficos, además de variados aspectos sociales y culturales. Por otra parte, se determina la generación de planes de manejo ambiental en las zonas de páramo, que están en el deber de incluir, como parte activa, a las poblaciones que habitan las regiones comprometidas. Otro punto clave es la delimitación geográfica de los páramos, una medida que sirve para minimizar las prácticas que atentan contra el ecosistema. De esta forma, las autoridades quedan en capacidad de ejercer mayor control, para garantizar su protección y la de los beneficios ambientales que de ellos se derivan. Sin embargo, la ley va aún más lejos porque reconoce que hay actividades legítimas que se desarrollaban en zonas de páramos, pero que, por estar al interior del ecosistema protegido, no se podrán practicar más adelante. ¿Quién tomó esta decisión? La Corte Constitucional en sentencias de años anteriores. ¿Qué hizo el Congreso al aprobar la ley de páramos? Crear alternativas de protección económica y laboral para las familias que puedan resultar afectadas. Entonces, ¿qué mecanismos previó la nueva ley de páramos? Ella señala que deben existir programas de sustitución y reconversión de las actividades, ahora prohibidas, por medio de los cuales los habitantes tradicionales de los páramos que las ejercen cuenten con oportunidades de trabajo claras y concretas que, en consecuencia, permitan conservar sus niveles de ingresos, para que no se ponga en riesgo la calidad de vida que ahora poseen. La verdad es que la ley sí es herramienta y solución para múltiples problemas ambientales, económicos y sociales, que están asociados a los páramos.

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