Martínez además desmintió que la Fiscalía haya levantado la suspensión de las órdenes de captura que habría solicitado en su momento el Gobierno Nacional en el marco de la Ley 418. El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aclaró que la Fiscalía General de la Nación no posee una orden de detención con fines de extradición en contra del exjefe guerrillero Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez. “No es cierto, como se dice en los territorios de consolidación, que por virtud de una orden de captura que habría librado la Fiscalía, el señor Márquez tuvo que salir del espacio territorial en que se encontraba y que supuestamente una hora después de su salida habría llegado el Ejército Nacional a hacer efectiva esa orden de captura. No es cierto ni lo uno ni lo otro”, explicó el alto funcionario a través de un comunicado de prensa. En el oficio se argumenta que la situación jurídica de las nueve personas que se encuentran bajo indagación en estos momentos, de las cuales la mayoría formó parte del viejo Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debe examinarse desde los siguientes escenarios: El primero es que conforme a la Ley 418, si el Gobierno del Presidente Duque, de acuerdo con los dictados de la ley, tal como ha sido modificada esa ley, opta por solicitarle a la Fiscalía que se levante la suspensión de las órdenes de captura, esta deberá proceder de conformidad con esa solicitud. “Sin embargo, el Gobierno Nacional no le ha solicitado el levantamiento de esa suspensión a la Fiscalía General de la Nación”, agregó. En segundo lugar si estos reinsertados reinciden en el delito y violentan ese principio medular de la paz que es la no repetición, el fiscal Martínez podrá “exigir el cumplimiento de la ley, porque los reincidentes están sometidos a la jurisdicción ordinaria sin ningún tipo de discusiones ni de conflictos de competencia con ninguna otra jurisdicción, porque el que la hace la paga, pero esa no es la regla de lo que hemos venido advirtiendo que se haya violentado esa frontera para llegar a la ilegalidad, por lo cual no hemos proferido ordenes de captura en este momento”. “Si como lo dice Naciones Unidas se ha incumplido el acuerdo de paz, procedería ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), iniciar el incidente de incumplimiento de que habla la Ley 1922 de este año, y ese incidente lo podríamos promover la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, las víctimas o de oficio la propia JEP y declarar el incumplimiento por parte de los reinsertados con las consecuencias que establece la ley y la sentencia de la Corte Constitucional que habla de la pérdida de los beneficios para estos reincidentes, que incumplan el acuerdo de paz”, indicó el documento como tercer escenario. “Sin embargo esa actuación judicial puede empezar a estar empañada porque tengo que declararle al país que la Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos inescrupulosos estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la Jurisdicción Especial de Paz no actúe como debe actuar cumpliendo con la Constitución y la Ley. Por esa razón, hemos abierto una indagación a cargo de un fiscal especial que deberá producir decisiones prontamente con el fin de impedir que no se vaya a violentar el cumplimiento estricto de la Constitución y de la Ley en esa jurisdicción, a partir de acciones inenarrables pero de las cuales tenemos evidencias por parte de algunos funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz. Ese es el estado de cosas y de estos temas hay que hablar con claridad, con precisión y sin especulaciones”, concluyó el fiscal.
