Las demandas por cuenta de la privación injusta de la libertad, en varios de los casos por la validez que han dado las autoridades a declaraciones de testigos falsos, no paran de crecer en Colombia. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en menos de dos años se han admitido 1.924 denuncias para que la justicia determine si se hicieron de manera irregular o se ajustaron a la ley.
Según medios locales, de los procesos admitidos en contra de la Fiscalía General de la Nación, 1.908 permanecen activos con pretensiones que suman los $2 billones de pesos. Pero la cifra puede ser aún mayor, si se tiene en cuenta que hay casos represados desde hace muchos años, cuya cuantía ha dependido de factores como el tiempo de detención, su impacto social o afectación del entorno familiar. De acuerdo con informes oficiales recientes, al cierre del primer semestre de 2018 se estaban tramitando 16.509 procesos que le podrían representar al Estado más de 23 billones de pesos.
¿Dónde está la falla?
El experto en temas jurídicos, Antonio José Durán cree que los falsos testigos han hecho colapsar el Sistema Penal Acusatorio. En eso ha contribuido “la falta de herramientas por parte del Estado para corroborar las declaraciones que entregan estas personas en busca de un beneficio punitivo, así como la carencia de valoración probatoria, llevando al Estado colombiano a condenar inocentes”, asegura.
Durán va mucho más allá, al afirmar que las permanentes fallas que se están cometiendo, deben conducir a una reforma al sistema en la que no se privilegie tanto al delincuente y en cambio sí se priorice la presunción de inocencia del ciudadano. Lo único cierto es que cada vez se presentan más demandas contra el Estado colombiano en sectores como el laboral, justicia y transporte por errores jurídicos de los funcionarios, en los que ha sido necesaria la conciliación para evitar perjuicios económicos mayores.
Las equivocaciones han llevado a convertir la privación injusta de la libertad en la sexta causa más frecuente por la cual se demanda al Estado. Es así como ya existen órdenes para que se giren 477.000 millones de pesos a personas que perdieron su libertad por errores de la justicia y buscan ser indemnizadas.
Algunos de los casos
Son muchos los casos que se conocen de privación injusta de la libertad en Colombia, como por ejemplo el del exdiputado Sigifredo López, quien estuvo detenido por su supuesta responsabilidad en el secuestro y asesinato de sus 11 excompañeros de la Asamblea del Valle del Cauca en 2007. La Fiscalía reconoció entonces que se equivocó y ordenó revocar la medida de aseguramiento que pesaba en su contra al encontrar que los testigos que se usaron en el proceso estaban mintiendo. El ente investigador admitió que hubo fallas en la evaluación de las pruebas y testimonios.
Así como ese, hay cientos de procesos de colombianos que por declaraciones de testigos falsos han terminado en prisión, como le ocurrió al ciudadano Fredy Orlando Candela Pineda, dueño de un taller de latonería y pintura, quien está privado de la libertad desde el 21 de julio de 2015 por el delito de tentativa de extorsión agravada. En el caso suyo, le fue proferida una condena de ocho años de prisión con un falso juicio de valoración probatoria.
Los analistas consideran que la ausencia de herramientas que le permitan verificar por medio de técnicas jurídicas e investigativas las mentiras en que incurren los testigos para obtener beneficios económicos y jurídicos, le está saliendo muy costoso al Estado. “El ente investigador, de manera desesperada, sin mirar la verdad y la justicia, busca realizar preacuerdos a toda costa, sin corroborar los testimonios y, lo que es peor aún, condenando a personas inocentes”, concluye Durán.
