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Pronunciamientos en relación con la justicia en la Constitución de 1991

Actualidad, Estado, Gestión, Judicial / revistacg

Pronunciamientos en relación con la justicia en la Constitución de 1991 Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación Al abordar la noción de justicia y sus implicaciones en el marco de la Constitución Política de 1991, es pertinente considerar el contexto en el cual se trazaron sus líneas definitorias y que marcan su relevancia. En efecto, la realidad que afrontaba el país para el momento en que se convocó la Asamblea Nacional Constituyente estaba mediada por el recrudecimiento de la violencia y una seria crisis institucional. Por tanto, es entendible que el modelo de sociedad propuesto en la Constitución propugne, desde el Preámbulo y en el desarrollo de su contenido, por la justicia como eje y fin esencial del Estado, para contrarrestar las acciones que constriñen ilegítimamente la libertad y los derechos de los ciudadanos, y por su independencia e imparcialidad como valores superiores. Bajo esta comprensión, en armonía con las circunstancias y los retos inaplazables del país, el procurador General de la Nación defendió la aplicación de las garantías institucionales de los mencionados presupuestos para los órganos creados en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que, aunque no hacen parte de las ramas del poder público, son sujetos de estos principios, entendiendo la importancia de aquellas instancias de cara al logro del valor constitucional de la paz. Así mismo, se respaldó la posibilidad de que estas instancias decretaran y practicaran pruebas, tal y como lo hacen todos los jueces de la República, con el propósito de cumplir a cabalidad con sus funciones y resolver de manera efectiva y adecuada los casos puestos en su conocimiento. Armonizar la amplitud de los derechos Entendiendo el gran valor constitucional que generan los Acuerdo de Paz, el Procurador pone de manifiesto la importancia de garantizar los derechos ciudadanos en todos sus ámbitos. Otro aspecto importante en esta materia, se refiere a la necesidad de armonizar la amplitud de los derechos reconocidos en la Constitución con la efectividad de los mismos, lo cual implica la adopción de mecanismos judiciales idóneos para la garantía de estos derechos. Es así como, en correspondencia con los postulados constitucionales, se debe garantizar la operatividad de los instrumentos que permitan el acceso de los ciudadanos a la justicia. En este marco institucional, se han custodiado las normas regulatorias del reparto de competencias en materia de control judicial de ciertos actos de carácter administrativo entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Se trata de la defensa de las competencias constitucionales de cada uno de estos órganos para efectos de lograr un cuidadoso equilibro en salvaguarda de la supremacía de la Constitución y la vigencia del principio de legalidad. Esto es crucial, puesto que la preservación de las competencias constitucionales de estos órganos evita “choques de trenes” y previene un desgaste institucional en la Rama Judicial. Acción de tutela En consonancia con lo expuesto, respaldó la acción de tutela como garantía para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, en desarrollo del principio de efectividad de los mismos y de los fines del Estado, haciendo claridad sobre el hecho de que esta acción, no ha sido instituida para reemplazar los procesos ordinarios o especiales. Por las convicciones precedentes, se hizo notoria nuestra oposición a las propuestas de reforma que tendieran a disminuir el margen de la acción de tutela y que redundaran, en la desprotección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Fortalecimiento de las capacidades institucionales Se trata de la defensa de las competencias constitucionales de cada uno de los órganos para lograr un equilibro en salvaguarda de la supremacía de la Constitución y la vigencia del principio de legalidad. Ahora bien, la comprensión de la justicia en el marco constitucional comporta, además, el entendimiento sobre el necesario fortalecimiento de las capacidades institucionales, para garantizar no solo la existencia de ciertas instancias con determinadas funciones, sino el ejercicio de las mismas de manera autónoma e independiente de los poderes, en aras del necesario equilibrio estatal. Por consiguiente, desde esta Procuraduría Ciudadana se expusieron argumentos de fondo para garantizar el ejercicio de sus funciones, las cuales incluyen la vigilancia del cumplimiento del marco constitucional y legal, la protección de los derechos humanos y la defensa de los intereses de la sociedad. Con similar orientación se sostuvo que la terminación de la relación de un servidor público electo popularmente, como consecuencia de la aplicación de una sanción de destitución e inhabilidad general impuesta por la Procuraduría General de la Nación, no vulnera el bloque de constitucionalidad, en la medida en que desarrolla la distribución de competencias que tiene sustento constitucional. Igualmente, se sustentó la constitucionalidad de las competencias para suspender servidores públicos de elección popular y se elevaron reflexiones de diverso orden, para explicar que la misma no está sujeta a condicionamientos respecto de los actos que se investiguen (como serían los actos de corrupción). Competencias en el Acuerdo de Paz En esta misma perspectiva, patrocinó la intervención plena de la Procuraduría General de la Nación en los procesos que se llevan ante las instancias creadas para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con el fin de garantizar, como representante constitucional de la sociedad, los derechos de las víctimas, entre otros, para la terminación efectiva del conflicto armado. Muy importante en este campo resulta la defensa de la Sentencia de la Corte Constitucional que ejerció el control de constitucionalidad sobre el proyecto de ley estatutaria de la JEP, por cuenta de las objeciones formuladas por el Presidente de la República. El procurador General argumentó que el procedimiento legislativo para la implementación del Acuerdo Final (fast track) impide la formulación de objeciones presidenciales por su propia naturaleza, pues constituye un acto que va en contra de la progresividad en la implementación del acuerdo de paz y, sobre todo, que se enfrenta a un fallo de la Corte Constitucional que hizo

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Disrupción, prevensión y judicialización: estrategias complementarias en la lucha contra la criminalidad

Actualidad, Fiscalía, Gestión / revistacg

Disrupción, prevensión y judicialización: estrategias complementarias en la lucha contra la criminalidad Nestor Humberto Martínez Neira La seguridad es una precondición para poder disponer de los derechos que el ordenamiento jurídico confiere a los ciudadanos. Tanto los derechos civiles y políticos, como los sociales y económicos, presuponen un contexto libre de intimidación y violencia para su goce efectivo. Es por esto que se trata de una garantía básica que opera transversalmente, tornándose en un elemento constitutivo del núcleo esencial de diversos derechos. Por ejemplo, un derecho político como el sufragio, se verá gravemente afectado en su ejercicio si no se garantizan condiciones adecuadas de seguridad para los votantes. Un derecho social, como el derecho de asociación, se vuelve inocuo cuando los participantes corren graves riesgos en contra de su integridad personal. En este sentido, los fines propios del Estado Social de Derecho sólo pueden realizarse bajo un trasfondo en el que impere la seguridad expresada a través de la política criminal del Estado. Este enfoque ha llevado al reconocimiento de una íntima correlación entre bienestar y seguridad, que ha tenido expresión a nivel internacional en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas –ODS-, los cuales comprometen a los Estados a la consolidación de ciudades y asentamientos humanos seguros (ODS 11), la reducción y prevención de la violencia y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo (ODS 16). Esta interdependencia entre seguridad, goce efectivo de derechos y desarrollo sostenible ha generado un enfoque de política criminal que tiene como metas la judicialización, la prevención y la disrupción del crimen, bajo el entendido de que el mantenimiento de un orden social justo y una convivencia pacífica requieren un aparato institucional capaz de garantizar la protección de los bienes jurídicos preponderantes de los ciudadanos. Estos enfoques, que son complementarios, han marcado unas líneas conceptuales a través de las cuales se ha desplegado estratégicamente la función de la Fiscalía General de la Nación y demuestran coherencia, planificación y eficacia en el cumplimiento de sus deberes misionales. Disrupción La disrupción consiste en una intervención sobre una red organizada con el objeto de inhibir o hacer ineficiente el flujo o difusión de bienes, información y conocimiento, alterando los patrones y hábitos dentro de un ciclo de criminalidad. Este modelo de política criminal orienta la acción del Estado, no sólo al esclarecimiento y persecución criminal de hechos punibles específicos, sino a la identificación de redes y cadenas de valor, dentro de una empresa criminal operante, para ubicar nodos vulnerables y actuar sobre ellos anulando o dificultando la continuidad del ciclo. Las estrategias disruptivas potencian el poder disuasivo de la política criminal y la administración de justicia, disminuyen el riesgo de lesiones a bienes jurídicos de amenazas reiteradas provenientes de la inercia de una actividad criminal organizada y crean desincentivos a la participación en su desarrollo por parte de potenciales criminales. Sin duda, los criterios de priorización y las directrices por parte de la Fiscalía General de la Nación para el ejercicio de la acción penal pueden formar parte de una estrategia disruptiva, ya que la investigación criminal es una de las formas de impactar ciertos nodos dentro de una cadena de criminalidad con miras lograr su desestabilización. Así, por ejemplo, ha sido prioridad del ente acusador golpear las finanzas criminales como una estrategia transversal de disrupción, la cual ha dado como resultado un valor de más de $13 billones de pesos en activos afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, lo que ha golpeado importantes estructuras de crimen organizado como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado. Especial mención merece la implementación de estrategias disruptivas en materia de narcotráfico, delito de criminalidad organizada y trasnacional, que por su complejidad difícilmente puede ser combatido eficazmente a través de un enfoque de criminalización caso a caso, sin tocar profundamente las estructuras y cadenas de valor subyacentes que mantienen unos flujos en los que los autores materiales de las conductas delictivas son, en ciertos niveles, fungibles y su judicialización difícilmente trastoca la operatividad de la empresa criminal en su totalidad. Las estrategias disruptivas requieren innovación y flexibilidad por la misma capacidad de resiliencia de las organizaciones criminales y la posibilidad de que reconstruyan las redes y flujos impactados. Por este motivo, es una tarea constante de las autoridades públicas lograr adaptar la política criminal a las necesidades disruptivas que emerjan en cada contexto de forma oportuna. Prevención Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La prevención, como modelo de la política criminal, se orienta a la adopción de estrategias con el objeto de evitar la comisión futura de hechos punibles. Bajo la visión de que la criminalidad suele obedecer a patrones que permiten cierto grado de predictibilidad, esta perspectiva pretende ampliar la tutela de los bienes jurídicos prospectivamente, a través del análisis de información pasada, para diseñar estrategias de acción que impidan la comisión futura de delitos. Identificando los patrones geográficos, temporales y de victimización se pueden desplegar intervenciones estratégicas de prevención. Este modelo depende de forma significativa en la capacidad de las autoridades de recoger y analizar información relevante. La Fiscalía General de la Nación cuenta hoy en día con un avanzado modelo de estructura institucional en el que el expediente digital juega un papel primordial como instrumento de recolección de datos. A través de la implementación de medidas tecnológicas se ha logrado el diseño de mapas de georreferenciación (hotspot) para identificar patrones de criminalidad y se ha avanzado en la utilización de sistemas de inteligencia artificial para correlacionar datos (Fiscal Watson). Judicialización Incautación de sustancias psicoactivas. Es una tarea constante de las autoridades públicas lograr adaptar la política criminal a las necesidades disruptivas que emerjan en cada contexto de forma oportuna. Finalmente, el modelo de la judicialización es de una naturaleza reactiva y hace referencia a la respuesta punitiva del Estado ante la ocurrencia de hechos criminales. Se trata del enfoque tradicional del ejercicio de ius puniendi dentro de un sistema de administración de justicia para lograr las finalidades propias de la pena como la retribución,

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Con legalidad construimos país: SIC

Corrupción, Especiales, Estado, Gestión, Judicial / revistacg

Con legalidad construimos país: SIC Como cabeza principal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), considerada una de las entidades más efectivas del Estado en su labor de proteger la propiedad industrial, la libre competencia y los derechos del consumidor colombiano, Andrés Barreto, ha buscado garantizar la legalidad y la transparencia, dos pilares fundamentales a la hora de administrar justicia. Pero tal vez uno de sus mayores desafíos, es darle seguridad al mecanismo de delación y estrechar la cooperación internacional para robustecer la capacidad de investigación de la entidad. Y es que desde que asumió el cargo de superintendente de Industria y Comercio, Barreto envió un mensaje claro al país sobre el trabajo que realizaría desde la institución para poner freno a la corrupción y la cartelización, prácticas que atentan contra la libertad de empresa y la competencia en Colombia. Para ello, se cuenta con herramientas que promueven la delación y permiten que sus actores confiesen su conducta. Pero ese no es el único eje sobre el cual la entidad ha enfocado su labor en estos últimos meses. También lo son la legalidad, que se impulsa desde el registro mercantil, y la equidad, para que a través de las buenas prácticas comerciales se logre recaudo tributario, formalización y emprendimiento. Barreto se aparta de quienes consideran que las medidas para evitar que se vulneren los derechos adquiridos por personas jurídicas o naturales, han sido débiles. “El registro marcario es muy reglado. Tenemos una altísima tasa de efectividad en reconfirmaciones del Consejo de Estado, que es quien las verifica judicialmente. En ese sentido el otorgamiento de marcas es elevado (al año se registran alrededor de 22.000), entonces es un trámite que tiene que funcionar porque tiene aparejado un costo, un procedimiento administrativo, y además de eso cualquier decisión es recurrible ante el Consejo de Estado”, explica. A ello se suma otra instancia, que es “la posibilidad de que se pueda hacer una oponibilidad ante el tribunal supranacional, que es el Tribunal Andino de Justicia”, agrega el funcionario, quien destaca los altísimos desarrollos jurisprudenciales que se han obtenido con gran éxito hasta el momento. Por eso no duda en afirmar que se “goza de buena salud en materia de protección de derechos de la propiedad industrial, que es de lo que se ocupa la Superintendencia”, bajo su cargo. Fortalecimiento del ámbito internacional Ese es tal vez uno de los frentes en los que más ha trabajado el superintendente de Industria y Comercio. Es así como la ciudad de Cartagena albergó en mayo pasado el evento más grande de autoridades de competencia del mundo, el cual contó con la presencia del Presidente Iván Duque Márquez. Más de 130 países se reunieron para discutir entre otros temas, la aplicación de la ley en casos de cartelización, los procesos de revisión de concentraciones empresariales y las conductas unilaterales anticompetitivas. Según Barreto, durante la conferencia la SIC compartió los avances que ha alcanzado en materia de vigilancia y control de la libre competencia en Colombia. Ad portas del ingreso del país como miembro de pleno derecho a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la entidad también participa en dos comités (competencia y consumidor), lo que el superintendente califica como un acto relevante. Pero, además, Colombia lidera junto con los socios de la CAN (Perú, Ecuador y Bolivia) la renegociación de la decisión 608 relacionada con las n o r m a s para la protección y promoción de la libre competencia en la subregión. “Hemos detectado en el derecho comunitario andino algunas debilidades y por eso buscamos su renegociación”, asegura. Colombia, a través de la SIC, cuenta con convenios de cooperación que han sido efectivos en temas como intercambio de información, notificaciones, práctica y traslado de pruebas, así como mejora de técnicas de investigación y detección de conductas anticompetitivas. Otros avances de la SIC Adicional al trabajo que se realiza a nivel internacional, la SIC logró avances significativos en materia de investigación y sanción, y se enfoca fuertemente en el tema de prevención. “En ese sentido seguimos trabajando con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), la academia, los abogados y las empresas en la construcción de una norma de libre competencia que les dé una herramienta adicional, además de la ley, para entender como deben cumplir con altos estándares a fin de no ser objeto de sanción de esta entidad”. La Superintendencia también ha obtenido importantes herramientas como la implementación de la abogacía de la competencia, un requisito cuasi obligatorio para expedir cualquier regulación. “Creemos que hay que seguir trabajando en el tema sancionatorio, pero no solamente incrementando el nivel de multas, y que estas sean meramente economicas, sino que se nos permita imponer otro tipo de sanciones como por ejemplo, auditorías, programas de cumplimiento y seguimientos”, señala Barreto. Y es que la SIC es una entidad que funciona muy bien y que ha tenido un desarrollo importante en términos de estructura orgánica y capacidad institucional. Reforma a la Ley 1340 En el tema de sanciones, se está revisando la transformación de la Ley 1340, que ya cumple 20 años. “Quisieramos mirar si en el segundo semestre con el inicio de la nueva legislatura valdría la pena poder presentar algún tipo de reforma que nos permita crear otra delegatura u otra oficina que se encargue del tema de cumplimiento y de la manera de imponer las sanciones. Eso es un análisis que tenemos que hacer para ver si vale la pena”.

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Reforma a la justicia: una necesidad inminente

Actualidad, Gestión, Gobierno, Judicial, Ministerios / revistacg

Reforma a la justicia: una necesidad inminente Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior El Estado, al actuar como un solo cuerpo, debe centrar sus esfuerzos en puntos esenciales que le permitan eliminar las trabas institucionales y, de esta forma, lograr consensos alrededor de una justicia accesible, oportuna y eficaz para todos los colombianos. En ese orden de ideas, un punto fundamental, para generar verdaderos cambios, es eliminar las facultades electivas y nominadoras de las altas cortes, que politizan y alteran su función esencial, es decir la de administrar justicia. Además de esto, los aspirantes a determinada elección, se ven en la necesidad de realizar verdaderas campañas políticas al interior de las altas cortes, lo que redunda en una alteración de la independencia y autonomía de las mismas, deslegitima sustancialmente el proceso de selección y desnaturalizan su función esencial. En esta misma línea, el Consejo Superior de la Judicatura tiene actualmente una estructura de alta corte, motivo por el cual se dificulta el ejercicio efectivo de sus funciones y competencias. Esto podría subsanarse implementando un modelo más ejecutivo, en el que se suprima el Consejo Superior de la Judicatura, para dar paso a la creación de una Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, compuesta por una Junta Directiva, que asumiría el papel de máximo órgano de administración de la rama judicial y un Gerente –no abogado- encargado de materializar las decisiones asumidas por dicha Junta. Mayor independencia La reforma a la justicia debe establecer un único y máximo tribunal que concentre las jurisdicciones administrativa, ordinaria y constitucional, según la ministra Asimismo, debería considerarse la eliminación del sistema de semicooptación entre las altas cortes, que también redunda en la politización de la justicia, pues concentra de forma mayoritaria grupos de interés y políticos que cooptan los mecanismos de elección, favoreciendo a personas de su mismo círculo y alterando así la autonomía de las altas cortes. Es por ello que pensar en un origen diverso de los candidatos a magistrados, podría garantizar independencia y objetividad de los mismos; una posibilidad es que las ternas fueran remitidas por la academia, el sistema de carrera judicial y el concurso de méritos equitativamente. La reforma a la justicia debe establecer un único y máximo tribunal que concentre las jurisdicciones administrativa, ordinaria y constitucional, tal y como existe en los Estados Unidos; es decir una verdadera Corte Suprema. Colombia requiere un órgano judicial idóneo, eficiente, oportuno y de cierre; integrado por salas especializadas correspondientes a las competencias constitucionales de las actuales altas cortes, esto encaminado a generar un verdadero precedente jurisprudencial, con el ánimo de mitigar la inseguridad jurídica derivada de las distintas decisiones judiciales de las altas cortes. Seguridad jurídica La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, junto a los congresistas Eduardo Enríquez Maya, Luis Fernando Velasco, Rodrigo Lara Restrepo y el secretario general de la Comisión I, Guillermo León Giraldo Gil. Como factor determinante de la seguridad jurídica, también se requiere garantizar que los comunicados sobre las providencias de las altas cortes, únicamente puedan ser divulgados cuando el fallo haya sido suscrito por el funcionario competente y debidamente notificado o comunicado a los interesados. Se requiere reevaluar y regular el procedimiento para la investigación y juzgamiento de aforados, así como crear una instancia independiente que forme parte de la estructura de la Rama Judicial para adelantar los procesos que correspondan, conservando el antejuicio político como garantía institucional. Una reforma de este alcance, requiere de una reingeniería constitucional profunda que contemple el levantamiento político del fuero de los congresistas, los magistrados, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y los demás aforados. Decisión que estará a cargo de la Cámara y el Senado, guardando siempre el fuero constitucional del Presidente de la República.

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Cumbre de ministros por el campo

Actualidad, Agricultura, Gestión, Gobierno / revistacg

Durante el encuentro que se dio en el marco de la decimosegunda versión de Agroexpo, asistieron los representantes de los ministerios que se relacionan directamente con este sector productivo para analizar la realidad del campo colombiano, socializar los programas que están y los que van a desarrollarse, así como responder las dudas de algunos colombianos. Según explicó la ministra de Trabajo Alicia Arango, el gobierno ha venido implementando una política que busca beneficiar a los adulto mayores y aunque no ha sido posible enfocarla plenamente en la población campesina del país, del “millón y medio de beneficiarios, al menos el 50% son campesinos”. En esta misma línea de desarrollo, dijo que “el artículo 193 del PND establece el piso de protección social para población con ingresos inferiores a 1 SMLV permitirá la provisión de recursos para la vejez en zonas rurales, a través del mecanismo de los BEPS”. Por su parte el jefe de la cartera de Comercio Juan Manuel Restrepo, resaltó que el campo es una pieza clave para la economía colombiana ya que a pesar de representar tan sólo el 17% exportaciones totales, esto significa “el 50% de las exportaciones de productos no mineroenergéticos”. En cuanto a la próxima visita anunciada por el Presidente de la República, Iván Duque a China durante el lanzamiento de Agroexpo, Restrepo aseguró que “el aguacate y los productos cárnicos serán la carta de presentación del país en nuestra próxima visita a China, donde se buscará abrir un nuevo mercado a estos y otros productos del campo colombiano en el continente asiático “. Para la ministra de Educación (E) Constanza Alarcón, “el reto del sector educativo es crear una oferta para los sectores rurales, que sea pertinente a las condiciones y situaciones reales del territorio”. Con relación a la modernización y conectividad del país, el proyecto que busca modernizar las TICs permitirá actualizar el marco regulatorio para hacer crecer la conectividad, “nuestra meta es conectar el 70% del país”, aseguró el representante de esta cartera en el evento. Para finalizar el encuentro, los ministros se enfrentaron a una serie de preguntas del público y algunos colombianos desde las regiones indagando sobre los planes a futuro de las diferentes carteras en pro del país. Dentro de esos planes, sobresalen el mantenimiento de las vías existentes para garantizar el desarrollo de las regiones, la implementación de una política de educación rural, así como la preparación técnica de la población rural y la recuperación de la certificación del país como libre de aftosa para poder crecer en exportaciones de cárnicos.

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Hospital de Riofrío entre los 10 mejores del país

Actualidad, Gestión, Salud / revistacg

Según el ranking “Ai Hospital” del Ministerio de Salud, a cargo de Juan Pablo Uribe Restrepo, que clasifica 933 hospitales del país, en el top diez de los mejores hospitales se encuentran seis entidades del departamento del Valle del Cauca y cuatro del Magdalena. En la clasificación se destacó la administración de Mercedes Ordoñez, gerente del Hospital Kennedy de Río Frío, como ejemplo a nivel nacional con una calificación de 97/100. Ordoñez expresó que ese es el resultado de un arduo trabajo en equipo, con pertinencia, transparencia y en pro del beneficio de la comunidad riofrense.

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Banco Pichincha, la banca del futuro

Economía, Empresa, Gestión / revistacg

Banco Pichincha, la banca del futuro La presidente del Banco Pichincha, Liliana Marcela de Plaza Buriticá, es economista de la Universidad de Medellín y cuenta con estudios en Alta Dirección y en Finanzas de la Universidad de los Andes. Posee profundos conocimientos del sector financiero en diversas áreas como comercial, crédito, cartera, mercadeo y operaciones, obtenidos en su paso por entidades como Bancolombia, Banco Santander, Megabanco y Banco de Bogotá. También realizó el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal) del Ejército Nacional y es parte de la reserva activa de la Policía Nacional. Liliana Marcela de Plaza Buriticá es la actual presidente del Banco Pichincha, una institución financiera que tiene presencia en Colombia hace 50 años, inicialmente como Inversora y a partir de 2011 como Banco. Desde que asumió el cargo, ha permanecido al frente de los cambios que se han implementado en la entidad para posicionarla en el país y volverla más cercana a los colombianos, incluida su imagen corporativa y el fortalecimiento de los canales de comunicación con los clientes e interesados. La presidente del Banco Pichincha, Liliana Marcela de Plaza Buriticá, es economista de la Universidad de Medellín y cuenta con estudios en Alta Dirección y en Finanzas de la Universidad de los Andes. Posee profundos conocimientos del sector financiero en diversas áreas como comercial, crédito, cartera, mercadeo y operaciones, obtenidos en su paso por entidades como Bancolombia, Banco Santander, Megabanco y Banco de Bogotá. También realizó el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal) del Ejército Nacional y es parte de la reserva activa de la Policía Nacional. Cuando Inversora Pichincha se convirtió en banco en 2011, se inició un proceso para entrar al mercado colombiano con el que buscaría posicionarse como una opción fiable para los usuarios de servicios financieros. Hoy en día, la persona que ejerce esa función es Liliana Marcela de Plaza Buriticá, actual presidente de la entidad, una mujer que cuenta con una trayectoria profesional importante en el sistema financiero nacional e internacional. “El Banco Pichincha es un banco joven y como tal genera un sinnúmero de retos por superar; algunos de ellos tienen que ver con el crecimiento rentable y sostenido, el ofrecimiento de un portafolio acorde a las necesidades del mercado incluyendo la oferta de productos digitales y el fortalecimiento de nuestro programa de Sostenibilidad, entre otros”, expresa la directiva. Para dar cumplimiento a estos retos, Liliana Marcela de Plaza Buriticá ha enfocado su tiempo de trabajo en la compañía que hace presencia en Ecuador, Perú, Panamá, Colombia, Estados Unidos y España a liderar la estrategia de la entidad para consolidarse en el país. “Llegué al Banco hace menos de dos años y todos sabemos que hay que sembrar para cosechar; sin embargo, vale la pena mencionar algunos logros: nuestro exitoso cambio de imagen, los nuevos canales de servicio ofrecidos, nuestra presencia en redes sociales y la conformación de un equipo humano profesional e idóneo que ha venido haciendo posible este proceso de transformación”, destaca la ejecutiva. Generar valor agregado, la principal preocupación Uno de los lineamientos que tiene claro la presidente de la institución financiera para fortalecer su relación con los clientes, y atraer a muchos más con un portafolio amplio y variado, es el valor agregado, pues es evidente que las entidades bancarias ofrecen soluciones similares, lo que hace más difícil competir en el mercado. En este sentido, se ha trabajado por mejorar la comunicación y dar respuesta a las necesidades de los usuarios con nuevos canales y servicios de calidad. Reconoce que el mercado ha tenido cambios profundos en los últimos años, sobre todo en la forma como se brinda atención al ciudadano. Desde su perspectiva, hoy no sólo es importante el producto central, sino los valores agregados que mejoran la experiencia y la hacen memorable. “Hemos mejorado la experiencia del cliente a través de nuestro portal público y transaccional, el recaudo de cartera a través de Baloto y otras estrategias implementadas para atender a nuestros clientes. Para el segundo semestre estaremos activando otros canales de atención, que sin duda mejorarán su experiencia y nos acercarán aún más”, asegura. “Llegué al Banco hace menos de dos años y todos sabemos que hay que sembrar para cosechar”. Perspectivas en Colombia y la región Para la doctora Liliana Marcela de Plaza Buriticá, las perspectivas del Banco en Colombia y la región son muy buenas. “Tenemos excelentes perspectivas. Colombia es un país con 50 millones de habitantes y la población económicamente activa al cierre de abril de 2019 fue de 24 millones de personas, en un país en donde el nivel de inclusión financiera llegó a 81%. El banco ha fortalecido los canales de comunicación digitales con sus clientes como parte de su estrategia de posicionamiento Banco Pichincha pertenece a un grupo financiero muy importante de la Región que está empeñado en el crecimiento sostenible en Colombia y en ganar participación en el mercado nacional e internacional. Colombia es un país atractivo por su tamaño y potencial de negocios en todos los segmentos y la experiencia de nuestro grupo hace que en nuestro país podamos adoptar y desarrollar las mejores prácticas de los mercados en los que ellos participan”. Ante este panorama, el principal objetivo de la entidad en Colombia es fortalecer el posicionamiento del grupo frente a los clientes actuales y potenciales y profundizar el mercado nacional y extranjero. “Estamos convencidos de que, como grupo, tenemos grandes fortalezas que potencializarán este proceso de evolución”, sostiene la directiva, quien asegura que “la clave está en pensar diferente, salir de las soluciones tradicionales y buscar nuevas alternativas que agreguen valores diferenciales y que nos permitan conectarnos con nuevos segmentos del mercado mientras profundizamos los actuales”. Búsqueda de la equidad de género Como presidente del Banco Pichincha, tiene claro que el camino que recorren las mujeres no es fácil. Es evidente que hoy en día existen más oportunidades para participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones; sin embargo, las cifras muestran que aún queda un buen camino por recorrer.

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Jeunesse Medicina Estética: una atención humana y de calidad

Empresa, Gestión / revistacg

Jeunesse Medicina Estética: una atención humana y de calidad Jeunesse Medicina Estética trabaja bajo dos pilares fundamentales: el profesionalismo ético y el conocimiento que tienen en ese campo, para lo cual cuentan con especialistas del más alto nivel. Por eso, para la doctora Adriana López, bacterióloga de la Universidad Javeriana y directora administrativa, es importante conservar la esencia natural de los pacientes en los procedimientos que se les aplican, preservando ante todo su salud. La técnica usada para el rejuvenecimiento facial, restauración capilar y tratamientos corporales, los ponen a la vanguardia de la medicina estética en el país. Contrario a lo que muchos creen, la medicina estética y la cirugía plástica son dos profesiones diferentes, aunque concuerdan en algunas cosas, como por ejemplo, que ambas son respetables y ofrecen a las personas la posibilidad de mejorar su aspecto físico y su autoestima. El punto clave es elegir sitios y profesionales idóneos, pues un tratamiento realizado por un especialista es mucho más seguro y minimiza los riesgos para la salud y la integridad del paciente. En el centro de medicina estética Jeunesse se capacitan y actualizan constantemente tanto en el país como en el exterior para perfeccionar sus técnicas y tratamientos. De acuerdo con la doctora Adriana López, se trabaja de la mano con la compañía Laxel Aparatología Médico-Estética, la cual le ha brindado apoyo con equipos de última tecnología para hacer más efectivos los procesos. “Ellos nos mantienen al día en tendencias y equipamiento para el manejo de nuestros pacientes y nos proporcionan el soporte técnico y profesional que nos permite ofrecer tratamientos seguros y efectivos”, afirma. Gracias a esas mismas alianzas estratégicas, Jeunesse cuenta con proveedores nacionales y multinacionales que suministran productos y medicamentos de la más alta calidad. Con ellos se procura mantener importantes negociaciones para darles a los usuarios un excelente precio, descuentos de temporada y grandes beneficios. Factores profesionales y humanos En Jeunesse la formación académica, la experiencia y los valores que se deben tener para ejercer esta profesión son primordiales a la hora de atender a los pacientes. Por eso, ase – gura la doctora López, cuando una persona decide hacerse un tratamiento estético debe buscar profesionales con una formación académica certificada y visible. Así mismo, verificar que el sitio al que asiste para ser sometido a cualquier técnica facial o corporal, sea un lugar habilitado por los entes reguladores. También es importante que se haga consulta de valoración, ya que hoy en día se quiere evitar este paso sin conocer el criterio profesional y las condiciones apropiadas para el tratamiento que se les aplicará. “Esto le permite al paciente intuir sobre la ética y los valores de las personas que lo van a atender, así como exponer todas sus dudas y aclarar mitos y verdades sobre los procedimientos. La consulta de primera vez minimiza los riesgos y permite enfocar el manejo más apropiado para cada necesidad específica”, explica . A la vanguardia de la tecnología “Buscamos constantemente nuevos tratamientos, nuevas tendencias que sean principalmente seguras y al mismo tiempo efectivas para nuestros pacientes”. A través de los canales de comunicación, como la página web y redes sociales, Jeunesse Medicina Estética está compartiendo con los usuarios contenidos sobre diferentes tratamientos, respondiendo de manera oportuna a sus inquietudes y dándoles a conocer la gran variedad de opciones que existen para protegerse de los riesgos que existen en este complejo mercado. “Buscamos constantemente nuevas técnicas y nuevas tendencias que sean principalmente seguras y al mismo tiempo efectivas para nuestros pacientes”, subraya. Para la doctora López, la formación académica es fundamental porque es necesario en – tender que el cuerpo humano es dinámico y cada organismo y cada paciente es un mundo diferente. Por eso, la ciencia constantemente está avanzando hacia nuevos descubrimientos. “Entre más conocimiento tengamos, más opciones tendremos para tratar con buenos resultados la necesidad específica de cada uno de ellos” concluye.

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En Cáceres el cambio es ahora

Boyacá: Andina, Bicentenario, Gestión / revistacg

En Cáceres el cambio es ahora Sandra Durán Martínez.-Nació el 7 de febrero de 1977 en Barbosa-Santander. Es una mujer convencida del poder de las acciones, de ir más allá de las palabras. Considera que la formación continua es necesaria para resolver problemáticas sociales; es una luchadora incansable, que apoya y aporta a las comunidades que lo necesitan. Estudió Psicólogía en la Universidad Católica de Oriente, seccional Rionegro y es máster en violencia intrafamiliar, doméstica y de género en el Instituto Europeo Campus Stellae en Santiago de Compostela. Fue Psicóloga en la Dirección Local de Salud de la Alcaldía de Santuario 2005-2008. Instructora, coordinadora y líder en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 2010-2017. Coordinadora de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) 2014 y actualmente alcaldesa encargada del municipio de Cáceres. Al asumir como alcaldesa el 22 de junio de 2018, Sandra Durán prometió velar por la tranquilidad de la comunidad cacereña y, sobre todo, gestionar recursos para inversión social. Desde entonces, ha trabajado sin descanso por llevar a cabo todos los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal ¡El Cambio Es Ahora! Se destaca, por ejemplo, la realización de los Juegos comunales por la paz entre el 3 y 8 de marzo, que contaron con la partipacición de los representantes de todas las veredas y corregimientos del municipio. La Administración Municipal pensando en la educación con calidad de los niños, niñas y adolescentes del municipio, realizó en febrero la entrega del proyecto de mejoramiento y ampliación de la Institución Educativa Aurelio Mejía del corregimiento de Puerto Bélgica. El proyecto se realizó con recursos provenientes del Sistema General de Regalías y consistió en mejorar la batería sanitaria, la placa deportiva y 2 aulas existentes. También incluyó la construcción de tres salones en un segundo nivel, cafetería y una rampa para personas con movilidad reducida. Acciones importantes Entre las acciones a destacar están las Jornadas Pro Paz por los niños, niñas y jóvenes de Cáceres, una actividad enfocada en llevar a las instituciones educativas jornadas lúdico-recreativas para el esparcimiento, así como el alcantarillado sanitario del barrio del corregimiento de Guarumo, contemplado en el lineamiento Cambio Ambiental y Sostenible del Plan de Desarrollo, para lo cual se invirtieron más $100.000.000. En esa misma localidad, se dispuso el mejoramiento y ampliación de las instalaciones escolares con la construcción de un bloque de seis aulas, baterías sanitarias y adecuación de la cocina y el restaurante. En febrero pasado se hizo entrega a pequeños campesinos del municipio de 34 toneladas de ensilado de maíz por parte del Ministerio de Agricultura, a través de la gestión de ASOGAUCA y la Dirección de Desarrollo Rural, Ambiental y Minero municipal; FENALCE fue el operador encargado del suministro de esta ayuda. La idea de la alcaldía es establecer proyectos productivos agropecuarios con familias víctimas y en situación de vulnerabilidad. El convenio tiene un estimativo de $94.474.041 e irá hasta el 17 de diciembre de este año. Cofinanciación de proyectos La alcaldesa de Cáceres en compañía del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. El 12 de marzo pasado la alcaldesa Durán, parte del gabinete, así como concejales del municipio y el gerente del Hospital Isabel la Católica, compartieron un café con el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. En dicho evento se recibió apoyo para la cofinanciación de algunos proyectos de la actual administración. Se logró obtener recursos para la E.S.E. Hospital Isabel la Católica por un valor de $ 9.174 millones. La Gobernación de Antioquia dará $6.000 millones y el valor restante le corresponderá a la Alcaldía local Se consiguió un apoyo de $900 millones para la obra de la placa polideportiva del corregimiento de Manizales; además, se contará con $ 200 millones para la asociación de mujeres de la granja del municipio de Cáceres. Estados Unidos apoya a Cáceres Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, hizo presencia durante la entrega del nuevo restaurante escolar de la Institución Educativa Gaspar de Rodas en el corregimiento de El Jardín. La obra fue ejecutada con recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- y Asocomunal como ejecutor del proyecto con los gestores del cuerpo policial de carabineros. La Administración Municipal por su parte, apoyó con el alojamiento para la fuerza pública que respaldó las actividades sociales realizadas en la I.E Gaspar de Rodas. Finalizada esta etapa, la Alcaldía se encarga de realizar interventoría para una obra de mejoramiento, la cual consta del encerramiento de la sede 2 de la Institución Gaspar de Rodas. De otra parte, el Gobernador de Antioquia visitó la cabecera municipal el día 7 de febrero ante el cierre de la segunda compuerta de la casa de máquinas del Proyecto hidroeléctrico Ituango. PROGRAMAS Y PROYECTOS A DESTACAR La Ruta de Atención Integral a Víctimas de Violencia basadas en género. Un trabajo conjunto con el Programa de Derechos Humanos de USAID y la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Obra de construcción de Pavimento Rígido en el Corregimiento El Jardín, que consta de 1.700 metros de pavimentación. Su ejecución se realiza con una inversión de más de dos mil millones de pesos. La Gerente Indígena Llanedt Martínez y la alcaldesa (e) Sandra Patricia Durán en un trabajo articulado hicieron entrega de 180 hamacas a 90 familias de las comunidades nativas de Puerto Santo, El Jardín y José de los Santos; además, se entregaron en Puerto Bélgica 10 kilos de material de bisutería. Se dialogó sobre las propuestas que fueron seleccionadas por el programa IDEAS EN GRANDE: el teatro del encuentro de la cultura, presentado por la JAC central urbana de Cáceres y el mejoramiento de la escuela “Siguiendo los sueños de María Rosmira”, presentado por el resguardo indígena Carupia del pueblo Embera-CHAMI.

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Un desarrollo con criterio social

Gestión, Gobierno / revistacg

Un desarrollo con criterio social La alcaldía de Socha es la nueva meta que se ha propuesto Zandra María Bernal Rincón, la abogada especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomas y experta en Derecho Minero de la Universidad Externado de Colombia, oriunda de ese bello municipio boyacense, al que asegura conocer como la palma de su mano. Proveniente de una humilde familia del campo, de la pequeña vereda Bisvita, su propósito desde que se fue a estudiar, fue el de volver a su tierra natal para servir a su comunidad. “Yo quise formarme y prepararme para regresar con la frente en alto a trabajar y a cambiar la historia del municipio”, señala Zandra quien, a cuatro meses de celebrarse las elecciones regionales, trabaja en una agenda programática que realmente beneficie a los sochanos, para la cual pide su respaldado en las urnas. Convencida de que lo que su departamento necesita es desarrollo con criterio social, para que de esta manera todos sus habitantes puedan beneficiarse de las enormes riquezas que ofrece el municipio de Socha, Zandra María Bernal enfocará su trabajo en mejorar los niveles de empleo en la región, en ofrecerle nuevas alternativas de progreso a la comunidad, en recuperar las vías de acceso para conectar el campo con la zona urbana local y en ejecutar prácticas mineras mucho más responsables y seguras. Para mejorar los niveles de riqueza del municipio, Zandra le dará prioridad a dos renglones de la economía que tienen un fuerte potencial, pero a los que les falta una mejor ejecución: el desarrollo agrícola e industrial. “Para ello, lo que mi alcaldía buscará será la construcción de centros de acopio, la promoción de mercados campesinos para garantizar la eliminación de los intermediarios y la consolidación de programas que apoyen a los campesinos. Necesitamos ser capaces de generar nuevas formas de ingresos que se queden en el municipio y que realmente lleguen al bolsillo de la gente”, asegura la precandidata a la alcaldía por el Centro Democrático y especialista en Derecho Administrativo y experta en Derecho minero/petrolero en la Universidad Externado de Colmbia. Por los valores familiares En calidad de empresaria, Zandra buscará mejorar los ingresos de las familias de su municipio y de alcanzar un desarrollo con equidad. Con la intención de llegarle a las comunidades y a los sectores más necesitados y vulnerables de la región, la aspirante a la Alcaldía de Socha espera cambiar las condiciones de vida de los niños, de los ancianos y de las madres cabeza de hogar, para que el municipio camine hacia el desarrollo y la equidad. “Yo soy una mujer que quiere trabajar para las familias. En Socha debemos pensar en nuestro futuro. Este nuevo futuro debe ser sinónimo de crecimiento para todos. Con los años, aprendí que soñar es importante, pero con los pies en la tierra y los ojos bien abiertos para poder actuar con criterio y concretar los sueños, hacerlos posibles. Porque los sueños, por si solos, no alimentan a nuestros hijos, no pagan las facturas, ni arreglan las vías. Eso solo es posible gracias a los recursos que sacamos de nuestro trabajo diario. Quiero que me recuerden como una mujer que marcó la diferencia en las familias boyacenses y que les garantizó mejores posibilidades a sus hijos”, sostiene la dirigente política Trabajando por la minería responsable Consciente de que buena parte de la población sochana vive de los recursos minerales, lo primero que se propone en caso de ser elegida alcaldesa, es conseguir que su municipio se comprometa a retribuir lo que la tierra le ha dado por años, a través de un Gran Pacto de Minería Responsable. “Llegó la hora de cuidar de nuestros trabajos, pero también llegó la hora de cuidar del medio ambiente. Estas dos variables no deben ser opuestas. La riqueza mineral debe ser sinónimo de desarrollo y no de pobreza. Tenemos recursos suficientes si aprendemos a cuidar la tierra. En Socha no queremos mirar hacia el pasado, ni queremos hacer parte de las disputas del presente. Queremos construir futuro”, añade. Rehabilitación Laboral El aumento desmedido de las incapacidades médicas en el país, muchas de ellas falsas o sin justificación alguna, es otro mal que ataca al sistema laboral y de salud en Colombia. Según datos del Ministerio del Trabajo, en el último año cerca de 1,7 millones de empleados generaron cuatro millones órdenes de incapacidad; es decir, al menos 11 mil diarias. A raíz de este problema, la firma diseñó la herramienta Procedimiento de Rehabilitación y Reincorporación Laboral, derivada del programa de Rehabilitación Integral. Esta fórmula, explica Velásquez, busca que el trabajador no pase por encima del empresario y que por el contrario siga con la regla médica en caso de que sufra de una patología. Palabras más, palabras menos, lo que se hace no solo es un acompañamiento y monitoreo, sino que además se ejecuta un plan de acción con el fin de conseguir la recuperación de salud del trabajador, rehabilitarlo y que se reintegre a su labor. Sin embargo, si esto no es posible y el trabajador continúa en incapacidad en atención a que se niega a dar cumplimento al programa, se buscarían las opciones legales para poder terminar el vínculo laboral. “Este proceso nos ha dado mucho resultado, pues hemos conseguido que el personal logre compensar, en el mayor grado posible, sus desventajas originadas por una deficiencia o una incapacidad que ha afectado su desempeño laboral y al mismo tiempo proteger los intereses de la compañía, concluye”. Una gerencia comprometida Con un compromiso acérrimo por hacer una gerencia responsable e inteligente de los recursos del municipio, para construir un futuro promisorio a los habitantes, la aspirante considera necesario administrar las finanzas públicas con transparencia y eficiencia. “Como empresaria aprendí esta lección. También aprendí que uno no puede enriquecerse a costa del bienestar de las personas. Por eso, propongo un desarrollo con criterio social, para que todos nos beneficiemos del potencial de nuestro municipio y de nuestro departamento”, finaliza diciendo Zandra Bernal, quien durante

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