Con el fin de abogar por el cumplimiento de la Ley 1403 de 2010 o Ley Fanny Mikey, ante el no pago de los derechos de remuneración a los actores, por parte de los teleoperadores Claro, Movistar, DirecTv y Tigo, la Comisión Primera adelantó un debate por iniciativa del senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal. En sesión mixta el senador Velasco precisó que “este debate busca impulsar unas decisiones para reconocer no solo los derechos morales de los actores de Colombia sino hacer efectivos unos derechos patrimoniales que también los tienen”. Pidió el congresista una reglamentación de la ley y la expedición de un paz y salvo por concepto de pago de derechos de autor, para prorrogar las concesiones de estos tele operadores. Al respecto la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático recalcó que es necesario trazar una línea entre los derechos públicos y derechos privados. “Cómo lograr que los derechos de actores, autores, compositoras que están en esas asociaciones no se vulneren, si escuchamos quejas que se les pagan a esas asociaciones, pero a ellos no les llega nada. Es imposible obtener un paz y salvo”. El senador Luis Fernando Velasco preció que el debate es en defensa de los derechos de comunicación pública de actores, “estoy hablando de 4 empresas específicas, los derechos de comunicación pública son irrenunciables” y recordó que lo que hacían las empresas de televisión, era llamar al actor y decirle “quiere trabajo?, firme aquí y renuncie a un derecho fundamental y la Corte dijo no señor, esos derechos son irrenunciables”. En sesión informal, intervino la presidenta de Actores de Sociedad de Gestión, Aura Helena Prada, quien agradeció al senador Luis Fernando Velasco por hacer cumplir la ley. “Es una pena tener que asistir a un debate por el incumplimiento de nuestra ley por parte de los 4 operadores de televisión por suscripción que recogen el 85 por ciento del mercado en el país. Llevamos 11 años sin poder distribuir ese dinero entre nuestros socios y a miles de actores en el mundo, estas cosas no deberían pasar, porque este es un derecho fundamental”. “En nuestra reunión con la ministra de las TICS fue diligente, gracias a su gestión los canales regionales nos pagaron la semana siguiente, ojalá que no hubiera delegado el tema de la tele operadores, así no estaríamos acá”, afirmó la actriz Prada. Adicional cuestionó el por qué si las pequeñas y medianas empresa pueden cumplir, las grandes no, “estas empresas pagan en Chile Perú, Argentina, España, cuál es la excusa para no pagarnos. En nuestra sociedad de gestión la plata se distribuye y se distribuye bien. Gracias a esta sociedad la actriz María Eugenia Dávila pudo vivir sus últimos años bien”. A su turno el ministro del Interior, Daniel Palacio afirmó que es un tema que no se le da la importancia que se merece, “desde que asumí el ministerio con los actores buscamos impulsar una reforma en materia de derechos de autor, para que este Ministerio pueda actuar en defensa de los actores y autores. “La dirección de derechos de autor tendría la facultad de sancionar a un tele operador o a la asociación si esa demanda prevaleciera, hay 10 demandas contra cable operadores, que tiene unos tiempos y están en trámite, debo reconocer que no haya un solo fallo y eso nos lleva a reevaluar cómo está funcionando esa dirección. Tener el año para fallar no quiere decir que debamos tomaros ese año, preció el ministro Palacio. Así mismo propuso estudiar un mínimo que tiene que estar obligado a pagar un cable operador, o más,” debemos buscar mecanismos que pueda garantizar que la concertación no sea la forma para evadir el pago y los actores no reciban por su trabajo, no es una ayuda ni limosna, es un derecho por su trabajo. Hoy 11 años después si podemos pensar en una revaluación dela ley”. Por su parte la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen afirmó que cuando el Ministerio cupo de esta problemática, se les solicitó a todos los operadores ponerse al día, “fueron más de 300 solicitudes en todo el país, para que cumplieran con las obligaciones que tenían frente a la ley”. Además fue enfática en afirmar que se debe reglar esos topes, “ es necesario un tope máximo para que realmente podamos conciliar, porque las respuesta de los operadores es que no están de acuerdo con la tarifa que unilateralmente los actores van y cobran. Ellos necesitan que la sociedad de gestión no llegue sola, sino que llegue acompañada del gobierno, para hacer cumplir lo que la ley establece y lo que los actores están reclamando frente a su situación. Cortesía del Senado.
