En la planificación de las estrategias que se pondrán en marcha en el segundo año de mandato, el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez definió como prioridad el impulso en el Congreso de la República de las reformas judicial y política, la primera para “modernizar la justicia y hacerla más cercana al ciudadano”, y la segunda para “defender la confianza de los colombianos en la democracia”. La agenda que estará a consideración del Legislativo, incluye el presupuesto de 2020, la eliminación de la casa por cárcel para los funcionarios condenados por corrupción, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y los cambios al régimen pensional. Pero tal vez el mayor reto del Ejecutivo será comunicar mejor los logros de la Administración. Y es que en la legislatura que comienza, el Ejecutivo espera sacar adelante este paquete de iniciativas, como lo hizo en el primer año de Gobierno con otras 16 leyes, sobre la base de una relación con el Congreso, en la que prime el debate y la deliberación. Una tarea nada fácil, si se tiene en cuenta que los partidos independientes -Liberal y Cambio Radical- tendrán bajo su responsabilidad las Presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes, a las cuales corresponde convocar, dirigir y presidir las plenarias donde se deben discutir y aprobar los proyectos de origen gubernamental. La legislatura que comienza será clave para sacar adelante las reformas política y judicial. Aunque en el periodo de sesiones que terminó el 20 de junio pasado, se evacuaron iniciativas como la Ley de Reactivación Económica, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley TIC, el Ministerio del Deporte, la Ley contra el Abigeato, la Ley de Vehículos Eléctricos y la ley que elimina la conexidad entre narcotráfico y secuestro con delitos políticos, se quedaron en el camino las reformas política y judicial, dos de las promesas de campaña del entonces candidato presidencial. Es por ello que el Gobierno insistirá en su trámite en este segundo semestre, para lo cual buscará los consensos necesarios frente a polémicostemas como la obligación a los partidos de presentar listas cerradas para acceder a corporaciones públicas. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, cree que en algún momento se tomará conciencia de que la lista cerrada es el mejor camino para el fortalecimiento de la democracia colombiana. “Estoy convencida de que el país la necesita y seguiremos adelante (con la propuesta)”. Proyectos anticorrupción Más de 11 millones de colombianos votaron en la consulta anticorrupción. El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, considera que antes que cualquier otro proyecto, se deben priorizar en el segundo periodo legislativo las iniciativas que respaldaron masivamente los colombianos en la Consulta Popular Anticorrupción celebrada el 26 de agosto del 2018, que incluía preguntas relacionadas con el salario y periodo de los funcionarios públicos, la contratación con el Estado y la rendición de cuentas, entre otras. “Esa es una tarea pendiente y fue un compromiso incumplido por parte del Gobierno Nacional y de su bancada en el Congreso de la República”, afirma el legislador opositor. Y es precisamente la lucha contra la corrupción uno de los temas sobre los cuales centrará su trabajo el Ejecutivo, ante la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como de procesos visibles de contratación estatal. Según la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el Gobierno le apostará a un nuevo paquete normativo que recoja los puntos más importantes de los proyectos que se han hundido y que incorpore elementos como “la facultad no solo en cabeza de la Fiscalía sino de la Contraloría y la Procuraduría de ejercer extinción de dominio por iniciativa propia o a solicitud de la Secretaría de Transparencia, recompensas y protección” a quienes entreguen información. Para ello hizo un llamado a conformar un frente común que garantice su aprobación. “Hay que entender que la lucha contra la corrupción no puede ser un simple anhelo sino que debemos trabajar todos los días en cumplir con este mandato ciudadano y entender el riesgo que la corrupción le plantea a la sostenibilidad de la democracia”. La reforma a la justicia, una necesidad Modernizar la administración de justicia para hacerla más cercana al ciudadano, a través de la digitalización y optimización administrativa, es otra de las metas del Gobierno. Además, el Ejecutivo buscará cambios estructurales que van desde la extensión del periodo de los magistrados de las altas cortes hasta las modificaciones al pénsum de estudio de la cátedra de derecho en la facultades universitarias. Según la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, serán varias las reformas que se presentarán a través de proyectos de ley ordinarios, proyectos de ley estatutaria y proyectos de reforma constitucional. Una de las propuestas tiene que ver con aumentar la edad para entrar a las cortes a los 50 años, así como establecer el requisito de 25 años como mínimo de experiencia en la rama judicial. La idea es extender de 8 a 12 años el período de los nuevos magistrados para lograr mayor estabilidad en la jurisprudencia, ante la preocupación que existe por la seguridad jurídica. “Cuando cambian los magistrados tan rápidamente, con ello se da la posibilidad de cambios de jurisprudencia, con la inestabilidad que eso pueda generar”, sostiene la funcionaria. Además de reformas procesales para agilizar los trámites, se trabajará en materia reglamentaria en una resolución que establezca los requisitos de alta calidad para los programas de derecho de las universidades. Ajustes a la JEP Los partidos de oposición votaron en contra de las objeciones presidenciales a la JEP. Pese a los reparos que el Gobierno Nacional le ha venido haciendo al modelo de justicia transicional, considera que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe mantenerse, pero con ajustes en algunas de sus normas para perfeccionarlas. Por ello, seguirá impulsando las reformas que estime necesarias en el Congreso de la República. Se busca claridad sobre algunos temas que se previeron en los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016 en La Habana. “El Presidente anunció reformas de las cuales una, que se encuentra en curso en el Legislativo, está relacionada con los delitos sexuales contra menores
