Columnistas

GUILLERMO GARCÍA REALPE Senador de la República, Partido Liberal Cada día los colombianos vemos con asombro y con impotencia cómo en el país se siguen presentando asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, sobre todo en aquellas regiones donde con más intensidad se ha vivido la violencia. Se supone que en un país en paz, que hace transición hacia el posconflicto, este tipo de hechos muy lamentables, por cierto, no se deben presentar. Pero, hoy la realidad es otra y el panorama es bastante desolador. Según las últimas cifras recopiladas por el Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo (Indepaz), tan sólo en lo corrido del 2018, es decir, durante estos primeros seis meses y medio se ha registrado la muerte de 123 líderes y lideresas sociales en diversas regiones del país, 22 de estas muertes se han presentado después de las elecciones presidenciales del pasado 17 de junio. Algo realmente ¡alarmante! Departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Córdoba, Putumayo, Meta, Norte de Santander y Cesar ocupan hoy el deshonroso top 10 de las regiones donde han caído más líderes sociales. Pero la radiografía de muerte es más alarmante si retomamos datos estadísticos desde diciembre  del año 2016, fecha de la firma de los Acuerdos de Paz del Gobierno con las FARC, las cifras de INDEPAZ muestran que 293 defensores han sido asesinados en Colombia, es decir, que en promedio se registró una muerte cada cuatro días. Este exterminio generalizado y sistemático contra nuestros líderes, lideresas sociales y defensores de los Derechos Humanos no lo podemos seguir permitiendo. La sociedad civil, y todos quienes defendemos la vida como derecho fundamental y la paz como ese gran anhelo nacional, estamos llamados a enarbolar las banderas de la reconciliación nacional y exigirle a los violentos que están cegando la vida de nuestros conciudadanos que cesen todo acto de barbarie, de muerte, y que respeten sus derechos fundamentales y el de sus familias. “durante estos primeros seis meses y medio se ha registrado la muerte de 123 líderes y lideresas sociales” Frente a la violencia generalizada y al exterminio sistemático de líderes sociales surgen varios interrogantes que aún no han sido despejados por el gobierno nacional y por los organismos de inteligencia del Estado. Según cifras oficiales, el 81,5% de las víctimas pertenecen a organizaciones campesinas, como Juntas de Acción Comunal o comunidades étnicas. Mientras tanto, muchas de las causas como, por ejemplo, las disputas y los conflictos por tierras, también la minería ilegal, y los cultivos ilícitos representan el 83 % del motivo de los asesinatos. Factores como la presencia de disidencias de las FARC, del ELN y de otros actores armados ilegales que buscan apoderarse de las antiguas zonas donde ejercía control la guerrilla de las FARC, están generando graves impactos en las poblaciones de influencia, pues todos buscan apoderarse y controlar la economía ilegal, sin importar que en ese trance se vulneren los Derechos Humanos de sus habitantes y de quienes ancestralmente han ocupado esos territorios. Recientemente también graves hechos han sucedido en el departamento de Nariño. La muerte el pasado 11 de julio de tres agentes investigadores del CTI de la Fiscalía en momentos en que se dirigían a una diligencia judicial en el sector Guayacana, kilómetro 78 vía Tumaco-Junín es un grave episodio que enluta a las familias de Willinton Montenegro, Douglas Medina y Jair Montenegro. Nuestra solidaridad y apoyo a sus familias en estos difíciles momentos. Así mismo, toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía debe ser dispuesta para asegurar que los responsables de estos asesinatos comparezcan más temprano que tarde a la justicia y sean objeto de condenas ejemplarizantes. Los violentos no pueden quedar impunes, quienes decidieron seguir por el camino de la criminalidad, delinquiendo, asesinando, narcotraficando, deben ser perseguidos por las Fuerzas del Estado, sus organizaciones se deben desmantelar y sus cabecillas y demás antisociales enfrentar todo el peso de la Ley. El proceso de Paz, a pesar de todas las actuales dificultades, debe continuar, sobreponerse al difícil momento y avanzar en la búsqueda del respeto por la vida, los Derechos Humanos y alcanzar la reconciliación nacional. Nuestro abrazo solidario a todas las familias de las víctimas de los líderes y lideresas sociales que han caído en esta cruel violencia que no se resigna a dejarnos vivir en paz.