Columnistas Archivos - Página 16 de 23

Un Gobierno desde las soluciones y no desde las agresiones

Yenica Acosta Representante por el Centro Democrático El regreso del Centro Democrático a la Presidencia de la República es un mensaje de mandato contundente que la ciudadanía manifestó tras un desgobierno de ocho años, en el que no se iba por buen camino. Carácter, buenas iniciativas y carisma son las cualidades del mandatario que construirá la Colombia que todos anhelamos. El doctor Iván Duque Márquez fiel a sus ideales de legalidad, equidad y emprendimiento, trabajará con todos los sectores sin importar las posiciones políticas; los colombianos nos debemos sentir tranquilos porque la nueva era social y política no tiene reversa. ¿Cuáles son las expectativas hacia el gobierno Duque? En su primer mes de mandato, el presidente Iván Duque ha sido un estadista a carta cabal. Gobierna desde las soluciones y no agresiones, sentándose a dialogar con dirigentes de diferentes partidos políticos para construir la agenda de país que se tramitará ante el Congreso de la República, convirtiéndolo en un impulsador de la verdadera Unidad Nacional. A este aspecto, hay que reconocerle que es una persona sensata y respetuosa de la ley, pero ante todo del mandato popular. “En su primer mes de mandato, el presidente Iván Duque ha sido un estadista a carta cabal. Gobierna desde las soluciones y no agresiones”. Un hecho relevante fue el reconocimiento de los resultados de la Consulta Anticorrupción, que, si bien no logró lo necesario para pasar el umbral, el mandatario no hizo caso omiso y por el contrario invitó a sus promotores y demás partidos para discutir el futuro del mandato que se depositó en los más de 11 millones y medio de votos. Las buenas relaciones crea un buen ambiente entre el presidente Duque y las regiones del país. El Amazonas, departamento que le depositó confianza en sus propuestas, espera que la primer visita del jefe de Estado como candidato haya sido suficiente para evidenciar la preocupante situación de la infraestructura, calidad y prestación de los servicios de salud, educación, saneamiento básico y energético en todo el departamento; el precario mantenimiento y reconstrucción de la malla vial de Leticia, la falta de tecnificación del turismo, el problema de la seguridad y cooperación fronteriza; así como del atraso alarmante de la obra del aeropuerto internacional Alfredo Vásquez Cobo, predio que representa el desarrollo del Amazonas, puerta de entrada y salida, así mismo la base de la conexión con el resto de país y las naciones vecinas de Brasil y Perú. Quienes respaldamos al Gobierno, no descansaremos en trabajar arduamente por el país desde las diferentes instancias, cada uno de los colombianos representamos un grano de esperanza y cambio, unidos porque el futuro es de todos.

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¿Voto obligatorio y disminución de edad para votar?

Columnistas, Opinión / revistacg

Por Luis Arbey Ramos Arias. Abogado y asesor del representante a la Cámara Jhon Arley Murillo Benitez. La política concebida como el arte de servir es una de las vocaciones más nobles y altruistas que enaltecen al ser humano. Infortunadamente, la mayoría de sus actores pervirtieron los valores intrínsecos de la política, que no son otros que el amor y el servicio por la sociedad. Hoy, por el contrario, son los que se hacen llamar políticos los que, sin ninguna muestra de vergüenza, arrasan con estos valores. Esto ha ocasionado que exista un abstencionismo, una apatía, un desdén por ejercer el sagrado derecho al voto; y cuál es la solución que se les ocurre a los llamados “Padres de la Patria”: implementar el voto obligatorio y disminuir la edad para votar. Es decir, como dice el viejo adagio popular, “tras de ladrón, bufón”. “…ese elector debe ser un ciudadano consciente, informado, y por eso es absurdo querer rebajar la edad, solo por el desespero de conquistar más caudal electoral”. Después del primer y más grande derecho de un ser humano, como es el Derecho a la Vida, el segundo derecho que contribuye más a la realización como persona, es el Derecho a la Libertad. Si no hemos sido capaces como políticos de ganarnos la voluntad libre, espontánea y genuina del elector es precisamente por nuestro mal enfoque político, estamos hablando de paz y reconciliación entre grupos al margen de la Ley y el resto de los colombianos, con medidas obligatorias, violentando el sagrado Derecho a la Libertad. Sin duda alguna, en un futuro hablaremos de paz y reconciliación, entre los políticos y el ciudadano. Reflexionemos, por el amor de Dios, política es sinónimo de amor, de servicio. Si ejercemos la política como debe ser, recibiremos el beneplácito del elector, todos se regocijarán por participar y pertenecer a una actividad tan noble y altruista; de esta manera no tendremos que implantar medidas coercitivas que solo conllevan a un mayor distanciamiento entre el gobernante y los gobernados; ese elector debe ser un ciudadano consciente, informado, y por eso es absurdo querer rebajar la edad, solo por el desespero de conquistar más caudal electoral. Es cierto lo que expresó el senador Roy Barreras, hoy debido al internet los jóvenes son más pilos que años atrás, pero siguen siendo adolescentes y los adolescentes viven en su mundo de sueños, y la política no es un sueño, sino por el contrario, una actividad muy seria, que determina el rumbo de una sociedad. Pongámonos serios, actuemos conforme a la razón, entendamos que solo ejerciendo la política con seriedad y sinceridad encontraremos el rumbo que Colombia y el mundo necesita.

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Por primera vez todos juntos contra la corrupción

Columnistas, Opinión / revistacg

Christian Garcés Representante a la Cámara por Valle del Cauca, Partido Centro Democrático El presidente Iván Duque lideró una campaña electoral donde priorizó la lucha contra la corrupción con propuestas nuevas, varias de la cuales su partido Centro Democrático había intentado aprobar en el Congreso durante el gobierno de Santos sin tener éxito. En su primera semana de gobierno envió el mensaje más importante de los últimos 30 años contra la corrupción: no más mermelada; decisión nada sencilla para un gobernante que necesita de un grupo grande de congresistas, que ha estado acostumbrado a vivir del desangre que vive el presupuesto nacional mediante la manipulación de la contratación pública, con el fin de aprobar las grandes transformaciones que requiere el país. Cumpliendo con todo lo anterior, Duque radicó cinco proyectos en el Congreso: limitar a tres periodos la participación en cuerpos colegiados de elección popular, levantar la reserva sobre la declaración de bienes y renta en el sector público, implementar los pliegos tipo en toda la contratación estatal, volver imprescriptibles los delitos contra la administración pública y eliminar las listas con voto preferente para las elecciones de cuerpos colegiados. “Quiero invitar a todos los colombianos a que respaldemos con fuerza al Gobierno Nacional que con total convicción tiene hoy un Presidente decidido a hacer equipo con todas las fuerzas vivas del país” En unión con el Procurador General de la Nación radicó el proyecto para ampliar la acción penal para personas jurídicas y sanciones para los propietarios de empresas privadas que sean descubiertos en actos de corrupción. Además, respaldó el proyecto de Ley que está en trámite del Fiscal General de la Nación sobre el aumento de penas para delitos contra la corrupción. Otro hecho histórico se suma a la decisión del mandatario. En la pasada jornada electoral, la Consulta Anticorrupción fue votada por poco más de 11 millones de personas que sin importar tintes partidistas o ideológicos, salieron a votar contra el mal manejo del Estado y el sector público en general. En un acontecimiento sin precedentes, el presidente Duque reunió a los presidentes de los partidos y sus voceros de Senado y Cámara (por lo cual participé de la reunión), a los directores nacionales de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, y a los promotores de la Consulta Anticorrupción con un solo objetivo: por primera vez todos unidos a luchar contra la corrupción. En la reunión acordamos crear una mesa técnica que revisará las demás iniciativas a radicar en el Congreso, entre ellas las que no lograron el umbral en la consulta (como la disminución del salario de los congresistas y los presupuestos participativos), y otras como la participación del Congreso en la priorización de proyectos de inversión regional. Quiero invitar a todos los colombianos a que respaldemos con fuerza al Gobierno Nacional que con total convicción tiene hoy un Presidente decidido a hacer equipo con todas las fuerzas vivas del país para acabar el flagelo de la corrupción que tanto daño le ha hecho al Estado, en especial a la población vulnerable. Vivamos con entusiasmo y decisión este momento histórico que vive la Nación.

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Es necesaria una política seria frente a migración venezolana

Columnistas, Diplomacia, Opinión / revistacg

Víctor Manuel Ortiz Joya Representante por Santander, Partido Liberal Al mismo tiempo que los colombianos seguían la transmisión de la instalación del nuevo Congreso en Bogotá y los ojos se centraban en la clase política que va a regir el país, a casi 400 kilómetros un camión con 40 venezolanos llegaba a Bucaramanga. Todos con la esperanza de un nuevo comienzo, pero equipados únicamente con lo que podían cargar en hombros. Esta grave situación es la consecuencia de una dictadura que, amparada en demagogia, represión y corrupción, llevó al vecino país a la peor crisis económica de Sudamérica. Esta situación se presenta día tras día, visibilizando una problemática que requiere de la atención inmediata del nuevo Congreso y el Presidente Iván Duque, teniendo en cuenta los pros y los contras de esta migración. Es necesario que en las estrategias incluyan una iniciativa en la que doten a las regiones de las herramientas necesarias, para brindarles una ayuda digna a los cerca de 870.093 venezolanos que hoy necesitan nuestro apoyo (según el censo realizado por Migración Colombia). Aplaudo desde esta tribuna el decreto 1288 del 2018, a través del cual se les permitirá a los 442.000 venezolanos que hicieron el Registro Administrativo acceder a la oferta institucional y un Permiso Especial de Permanencia, PEP, el cual les facilitará afiliarse al Sistema General de Seguridad Social. En cuanto a al sistema educativo, el Ministerio tendrá 3 meses para reglamentar y validar los títulos de educación superior de los migrantes venezolanos y facilitar el ingreso de los menores a la educación colombiana. Sin embargo, a este decreto le será difícil prosperar si no existe un compromiso presupuestal, tanto en inversión como en el Sistema General de Participaciones, para dotar a los departamentos de los recursos necesarios, con los cuales puedan cubrir estos servicios. “Es necesario que en las estrategias incluyan una iniciativa en la que doten a las regiones de las herramientas necesarias, para brindarles una ayuda digna a los cerca de 870.093 venezolanos, que hoy necesitan nuestro apoyo” El llamado que hago al Gobierno es el de garantizar una destinación presupuestal específica para los entes territoriales que acojan este arribo. En Santander, por ejemplo, se encuentran 30.450 venezolanos registrados por el censo, 3.542 migrantes han recibido servicios de salud, cuyos costos, que aún no se han pagado, ascienden a 4.100 millones de pesos a junio de 2018. A este valor se le debe sumar la deuda que tienen las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) con los hospitales, que a la fecha suman alrededor de 350.000 millones en el departamento. Estas cifras sobre salud son las que manejan el Hospital Universitario de Santander (HUS) y el Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), entidades que atienden a los extranjeros como ‘población pobre no asegurada’ puesto que no tienen seguridad social, como lo manifestó el secretario de Salud de Santander Luis Alejandro Rivero Osorio. Uno de los retos que tiene este nuevo Gobierno es superar cualquier riesgo de seguridad y drama social que genere esta migración para el país, el Fiscal afirmó a comienzos de año que, desde el 1 de enero del 2017 hasta el 5 de febrero de 2018, fueron capturados 1.869 venezolanos en flagrancia, siendo Santander el cuarto departamento en donde se han producido más arrestos. De acuerdo con la Fiscalía, las zonas con mayor cantidad de capturas son Norte de Santander con 643 casos, Bogotá (198), Guajira (148) y Santander con 140 casos. Es necesario que el nuevo Gobierno construya una política seria, que valore los beneficios económicos generados por esta migración de modo que se cubra el aumento en la demanda de servicios públicos. Así lo viene advirtiendo el Banco Mundial: «los inmigrantes pueden reactivar las economías de muchas maneras: pueden aportar innovación, ideas e inversión», son las palabras de Alberto Rodríguez, director del Banco para Venezuela, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia.

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Bienvenidas las FARC a la política

Columnistas, Opinión / revistacg

GUILLERMO GARCÍA REALPE Senador, Partido Liberal El 20 de julio pasado, cuando se instaló el Congreso de la República, hubo dos hechos muy importantes que poco marcaron el registro de los medios de comunicación. Uno fue la presencia de las FARC, en un hecho histórico en el Congreso de la República, hoy denominada la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido legal y constitucionalmente creado y establecido, y el otro, el gran discurso de balance de los ochos años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en los aspectos de paz, educación, economía y producción. “bienvenida las FARC a combatir con ideas en el marco de la democracia” Entonces, la gran noticia que resultaba para el país con estos dos hechos no lo fue, por el acto mediático que protagonizó el senador y exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, en la propia sesión plenaria de instalación de la legislatura, que todo el mundo conoce. Posteriormente, en los días siguientes, la renuncia del expresidente Álvaro Uribe, ocupó todo el marco de análisis de información de los medios de comunicación, de la opinión en general de nuestro país, de los columnistas y, por supuesto, de las redes sociales. No podemos dejar de registrar estos dos hechos importantes y, particularmente, la presencia de las FARC en el Congreso de la República, es decir, que el proceso de paz sigue avanzando con resultados evidentes. El país es testigo de que el Congreso de la República ha aprobado las leyes y las reformas constitucionales en materia de Justicia Especial para la Paz, en materia de participación política, en materia de desarrollo agrario integral y otros asuntos. Hay que destacar también que las FARC le han cumplido al país, han honrado su palabra, concentrándose, inicialmente; segundo, desarmándose y luego desmovilizándose y, hoy, haciendo presencia como cualquier ciudadano colombiano en el Congreso de la República. Esto es algo muy importante. Los hechos en las regiones también lo corroboran. A pesar de los problemas que hoy continúan alrededor del tema del narcotráfico, que es un tema de dinámica diferente, el tema de la deforestación y de la minería ilegal, no podemos negar que el impacto del conflicto es cosa del pasado. Muchas veces se ha reiterado que ya no hay soldados heridos en las camas del Hospital Militar de Bogotá, y en los últimos días se ha manifestado que los negocios de las funerarias y de los servicios asociados a la muerte en Colombia, en el Sur de Bolívar en este caso, están quebradas, porque ya no existen los muertos que antes existían. Esas y otras expresiones de la paz en las regiones son pruebas de que el proceso de paz valió la pena. En el caso nuestro, hoy podemos salir a todos los municipios en el departamento de Nariño y a regiones del sur de Colombia como el Cauca, Caquetá y Putumayo, lo que no se podía hacer en otras oportunidades. De tal manera que, bienvenida las FARC a combatir con ideas en el marco de la democracia, a disparar propuestas para el bien del país, a luchar frontalmente contra la corrupción, y a ayudar a blindar el proceso de paz. Los nuevos integrantes del Congreso de la República del partido FARC tienen que tener claridad de que deben construir una agenda social, con una plataforma ideológica clara, basada en varios frentes; donde lo principal, por supuesto, debe ser la defensa y continuidad de las políticas, programas y proyectos a desarrollarse en el posconflicto. También, abanderarse del tema ambiental y agrario, sectores claves para el desarrollo futuro del país. Solo de esta forma podrán ir allanando el camino para sintonizarse con la opinión pública nacional y para que los ciudadanos los acojan de forma positiva. Por mi parte, sigo siendo un convencido de que prefiero ver a las FARC detrás de una curul en el Capitolio Nacional y no en nuestros campos y regiones, generando muerte y violencia. Así que, señores y señoras, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, bienvenidos y bienvenidas al debate de las ideas, a la controversia nacional y a la Casa de la Democracia.

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El Bicentenario se tiene que celebrar con obras

Columnistas, Opinión / revistacg

Wilmer Leal Pérez. Representante a la Cámara por Boyacá, Partido Alianza Verde Hace casi 200 años, las verdes montañas de Boyacá fueron escenario de anhelos, sacrificios y luchas de unos miles de hombres dispuestos a dar hasta su última gota de sudor y sangre por la auto-determinación de su destino, por su libertad. Hoy nos estamos preparando para celebrar esa fecha que le dio inicio a nuestra nación y a cinco más, y hemos escuchado con gran expectativa al presidente de la República, Iván Duque, quien en repetidas ocasiones ha dicho que su gobierno es el del Bicentenario. Durante su posesión, el pasado 7 de agosto, afirmó: “Entre todos construiremos la Colombia del Bicentenario” y en eso estamos completamente de acuerdo. Mirar hacia adelante, hacia el futuro, tomando como referencia esta celebración debe ser un compromiso del país entero y de cada uno de los colombianos. Como boyacense y congresista le digo a Colombia y al presidente Iván Duque que me sumo a esta causa con total optimismo, fe y cariño. “…las buenas intenciones que ha mostrado el presidente Iván Duque con respecto al Bicentenario no deben quedarse solo en eso”. Sin embargo, no podemos perder de vista que el epicentro de esta celebración debe ser el mismo en el que se luchó por esa libertad: Boyacá. El país debe saldar su deuda histórica con el departamento y que de las izadas de bandera pasemos a inversiones reales por parte del actual Gobierno nacional. Del presupuesto que la nación asigne para seguir fortaleciendo a Boyacá como destino turístico, para robustecer la agroindustria y la infraestructura, depende que los propósitos y anuncios se conviertan en progreso. El Plan de Desarrollo debe contemplar recursos para el departamento y lo mínimo que esperamos es que en el presupuesto del 2019 queden fijadas las inversiones que se harán en el departamento de la libertad para conmemorar esta fecha. Entre otras, deben quedar estipulados y contemplados los recursos para apalancar la conectividad vial estratégica que tanto necesita esta sección del país; esperamos, por ejemplo, inversiones en la Transversal de Boyacá que nos dé salida definitiva al Magdalena; también en las vías Duitama – Charalá y del Cusiana, que conectarían los Llanos Orientales con los santanderes y el norte de Colombia y les daría salida a los productos boyacenses hacia estas regiones. La vía Briceño- Tunja -Sogamoso, que no es más que un remedo de lo que se planteó en un principio, debe ser ampliada, y la entrada desde Boyacá a Bogotá debe estar la altura de las decenas de miles de ciudadanos que la tienen que circular a diario. Otra vía que es fundamental para el desarrollo del departamento es la llamada Ruta de La Libertad, que conecta a Boyacá con Casanare por Soacha y Sácama, así como El Sisga – El Secreto. En resumen, las buenas intenciones que ha mostrado el presidente Iván Duque con respecto al Bicentenario no deben quedarse solo en eso, deben ser respaldadas con acciones de desarrollo y referencias directas a Boyacá. Mejor dicho, con presupuesto y obras para el departamento. Eso esperamos todos los boyacenses.

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Interlocución con los pueblos indígenas: Desafío del Gobierno de Iván Duque

Columnistas, Opinión / revistacg

Feliciano Valencia Senador del partido MAIS A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, los pueblos indígenas fuimos reconocidos como sujeto colectivo de derechos. Ese reconocimiento del Estado colombiano nos generó un sinfín de expectativas. Por fin el Estado reconocía nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestros territorios y nuestros gobiernos. Sin embargo, ya han pasado 27 años y aún no se ha desarrollado una legislación acorde a los pueblos indígenas, que garantice nuestros derechos y nuestra supervivencia. Por eso, pongo al servicio de las comunidades étnicas del país esta curul que hoy represento para que desde aquí podamos, junto con el pleno del Congreso de la República, legislar en favor de los 102 pueblos indígenas existentes en Colombia. Mi curul está también puesta al servicio de las comunidades afrodescendientes y sectores campesinos del país. En esta reflexión llamaré la atención sobre los instrumentos de interlocución del Estado con los indígenas en Colombia; no son los únicos -los pueblos indígenas han venido construyendo autónomamente espacios de diálogo-, pero sí los que el Gobierno de Iván Duque, en cabeza de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, del ministro de Agricultura Andrés Valencia Pinzón, la ministra de Educación María Victoria Ángulo y el ministro de Salud Juan Pablo Uribe, deben poner mayor acento para la garantía de sus derechos. Reconociendo que el pleno del Estado colombiano debe atender sus demandas. El primer instrumento es la Mesa Permanente de Concertación (MPC), espacio donde confluyen las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas del país y es fruto del Decreto 1397 de 1996. Este decreto, resultado de la movilización de las comunidades étnicas, ha permitido desde su creación la interlocución con los sucesivos gobiernos colombianos, recogiendo desde las regiones las iniciativas que los pueblos indígenas han trabajado, de tal manera que lo construido desde lo local tenga repercusión en los espacios de discusión nacional. Este mismo Decreto, constituyó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, espacio donde se discuten asuntos relacionados con los lugares de asentamiento de las comunidades étnicas del país y que algunos gobiernos no han valorado suficientemente, dejando de lado un tema que es de trascendental importancia para los pueblos nativos, pues son los territorios la garantía para su supervivencia y cultura. No se concibe la vida indígena sin concebirse los territorios. Ahora que en el país avanza la economía extractivista, es importante que el Gobierno Nacional respete el ordenamiento territorial que los pueblos indígenas han realizado como parte de la defensa y autonomía territorial. “…es el Gobierno de Iván Duque quien debe, a partir del diálogo con los pueblos indígenas y sus formas propias de organización y de autoridad, garantizar el cumplimiento de la Constitución”. En medio de las movilizaciones de aquel momento, el Decreto 1396 de 1996 creó la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el programa especial de atención a los mismos. Instrumento que hoy debe tener la mayor relevancia por la situación de crisis humanitaria que padecen distintas comunidades en Colombia. La existencia del conflicto armado y la presencia de grupos armados en sus resguardos, el confinamiento, el desplazamiento forzado, el riesgo inminente de desaparición de algunos pueblos, la minería y el asesinato de líderes sociales en Colombia deben ser tema de atención prioritaria por parte del Estado. Es urgente que el Presidente Iván Duque atienda la situación de las comunidades indígenas que se sienten hoy amenazadas por parte de diversos actores. La Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI), creada por el Decreto 2406 de 2007, debe continuar en el actual Gobierno con los avances hechos para la formulación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), de tal manera que contribuya a la formación de los pueblos indígenas, respetando sus culturas, costumbres, tradiciones y autoridades educativas. Asimismo, se debe garantizar la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, creada según Decreto 1973 de 2013, donde se ha venido construyendo un sistema respetuoso de la medicina tradicional y los saberes ancestrales de las étnias, sirviendo a la consecución de un modelo de salud preventivo. Finalmente, el Gobierno debe garantizar la Comisión Mixta entre los pueblos indígenas del Cauca y el Gobierno Nacional, creada a partir del Decreto 1811 de 2017, constituida para darle solución a las problemáticas de las comunidades nativas que fueron presentadas desde el año de 1999 y que las sucesivas administraciones no han atendido, demostrando así la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado colombiano. Así pues, es el Gobierno de Iván Duque quien debe, a partir del diálogo con los pueblos indígenas y sus formas propias de organización y de autoridad, garantizar el cumplimiento de la Constitución, para, de una vez por todas, hacer realidad los compromisos que el Estado y la sociedad colombiana asumieron con la firma del pacto social.

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Vichada, frontera olvidada

Amazonía, Columnistas, Opinión / revistacg

Óscar Camilo Arango Cárdenas Representante a la Cámara por Vichada, Cambio Radical Los medios de comunicación han comenzado a registrar la tragedia causada por el desbordamiento de los ríos Orinoco, Meta y Bita. No todo es negativo. De no suceder lo imprevisto, esta región del Oriente colombiano seguiría en el anonimato, sin saber por cuántos años más. Cumaribo, La Primavera, Santa Rosalía y Puerto Carreño, su capital, conforman los cuatro municipios del hermoso departamento de Vichada, con una extensión territorial de 105.947 km2, poblados por no más de 80 mil habitantes. Somos llaneros con un lema “Tierra de hombres para hombres sin tierra”, en donde recibimos con entusiasmo y brazos abiertos a los que se atreven a visitarnos. Poco ha cambiado desde que nació a la vida jurídica como departamento. En la actualidad los indicadores de Competitividad de la Cepal nos comparan con respecto a 2015 y el departamento en infraestructura se mantiene igual, la economía nos ubica en un puesto 34, lo que refleja que bajó al igual que el indicador de competitividad global (puesto 31) y gestión y finanzas públicas (Puesto 28). “Nuestro departamento está olvidado por el Gobierno Nacional y por las entidades del Estado. Trabajaremos en este sentido para solucionar lo que esté a nuestro alcance” La mayor afectación que se padece es la carencia de vías de comunicación para el acceso, lo que dificulta el desarrollo de la región. El principal medio de transporte es aéreo y Satena es la empresa que presta el servicio, atropellando al usuario con precios tan onerosos que superan cualquier otro destino nacional, e incluso internacional. En verano, transitamos por carreteras sin pavimentar en pésimo estado, lo que es imposible en época de invierno, en donde se anega totalmente la sabana, imposibilitando la circulación de personas, vehículos y semovientes en cualquier sentido. En cuanto a servicios públicos, Puerto Carreño es el único que cuenta con energía eléctrica 24 horas, la cual depende de la interconexión con Venezuela, con un suministro deficiente, por cuanto la electrificadora no garantiza el fluido en forma constante a través de Electrovichada. En similares circunstancias encontramos el acueducto y alcantarillado, que no cumple con las especificaciones técnicas y de salubridad requeridas para su funcionamiento. En educación, las instituciones no cuentan con la infraestructura adecuada, además, la calidad ha decaído debido a que los docentes no cuentan con capacitaciones constantes para prepararse. Así mismo, en las Escuelas Satélite se dificulta prestar la adecuada atención a los niños que con miles de dificultades concurren para vencer el analfabetismo. Mientras tanto, los puestos de salud se encuentran en total abandono. No se cuenta con médicos especialistas, no hay equipos médicos, y los pacientes que requieren este tipo de exámenes o urgencias intervenidas por especialistas deben ser remitidos a Villavicencio luego de un largo trámite para que se autorice el traslado. La infraestructura en este sentido también es obsoleta. La población en situación de pobreza, no se encuentra asegurada, la Secretaría de Salud debe asumir los gastos que son cobrados por el hospital y, adicional a esto, atender a la población venezolana. En cuanto a la seguridad, la delincuencia común ha aumentado el tráfico de drogas, las mafias y el contrabando, sin mencionar la inmigración de los hermanos bolivarianos que han afectado la seguridad de la capital Puerto Carreño, y Migración Colombia no cuenta con la infraestructura para controlar la situación. Necesario es mostrarle a Colombia y al mundo que nuestro departamento cuenta con enormes e inigualables recursos, esperando la intervención estatal para fomentar el desarrollo, no solo de Vichada, sino de todo el país. La geografía de nuestra tierra y su riqueza hídrica nos convierte en potencia para emprender macroproyectos industriales, que permitirán elevar el nivel de vida del pueblo colombiano. Solicitaré al Gobierno que preste especial atención e invierta en la despensa agrícola de Suramérica, del país. Nuestro departamento está olvidado por el Gobierno Nacional y por las entidades del Estado. Trabajaremos en este sentido para solucionar lo que esté a nuestro alcance, pero requerimos de la institucionalidad del Estado Colombiano para avanzar en términos de desarrollo, empleo, salud, educación, seguridad, infraestructura vial y brindar a nuestra gente una vida digna y demostrar que Vichada, también es Colombia, en donde sus habitantes hacemos patria.

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Ni un centímetro de la Amazonía será concesionado para fines de explotación

Columnistas, Opinión / revistacg

Yenica Acosta Representante a la Cámara, Centro Democrático Hacia una nueva dirigencia, la sociedad colombiana depositó sus anhelos y esperanzas para recuperar el rumbo del país. Quienes detentamos esa responsabilidad, sabemos el gran compromiso que hemos adquirido. Desde la promulgación de la Constitución Política en 1991, el departamento del Amazonas no había contado con la representación de una líder ante el Congreso de la República. La política en los últimos años se ha renovado para darle paso al empoderamiento de las mujeres; ciertamente, no se ve la paridad en los cargos, pero, aun así, aquellas que han ocupado esos espacios dentro del desarrollo institucional y social del país han abonado el terreno para las nuevas generaciones de lideresas. El Amazonas, por muchos años, ha vivido en la fragmentación política, los partidos se han dividido para gobernar, obviando el clamor popular de un gobierno para todos. Esa historia en el departamento, Puerta Verde de Colombia, está quedando en el pasado. Hoy se puede afirmar que los apasionamientos políticos han declinado para darle paso a la Unidad Regional. Como mujer, hija, madre y profesional, sé lo importante del trabajo mancomunado. Cada uno de nosotros debe ver a su departamento como la casa de todos y a quienes la habitamos, como miembros de una gran familia. Como representante a la Cámara, tomaré el trabajo en equipo como guía; el progreso de la región no puede desvirtuarse por particularismos, sino exaltarse desde el trabajo articulado, sociedad y autoridades. La visión del mundo se vuelca al Amazonas, el tiempo no da espera. 109.665 km2 de verde esperanza, y de pura vida recorriendo sus fuentes hídricas, demandan realizar una gestión responsable que beneficie a las generaciones futuras. Ningún esfuerzo para adquirir ganancias económicas será mayor que la pérdida ecológica, ni un centímetro de la Amazonía será concesionado para fines de explotación. En nuestra agenda legislativa estará la protección de nuestra madre selva y de quienes cuidan de ella aguerridamente, las comunidades indígenas. Afortunadamente, el presidente Iván Duque es testigo del potencial del territorio, su plan de apadrinamiento, formulado durante su visita a Leticia en el mes de junio, prometió elevar a Leticia como biodiverciudad, un centro de investigación e innovación y modelo de referencia para la zona de frontera con Brasil y Perú, proyecto que abanderaremos para que se realice. Son muchos los retos que como mujer tendré que sobrellevar, pero el mayor reto será el cumplir con el compromiso moral y ético con los amazonenses.

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Sacudir la indiferencia

Columnistas, Opinión / revistacg

Ángela María Robledo Representante a la Cámara, Colombia Humana Cuidar la vida, bien sagrado de la humanidad, es un trabajo valorado en algunas sociedades que deciden económica y políticamente para preservarla y avanzar, mientras que en nuestro país aún persisten paradigmas que estigmatizan la labor del cuidado y marginan a las cuidadoras, las trabajadoras domésticas. Pero, ellas resisten y luchan para enfrentar creencias legitimadoras de la explotación y de las violencias a las que son sometidas, como lo enseñan las mujeres de la Unión de Trabajadoras Afrodescendientes del Servicio Doméstico, (USTRASD), que con el acompañamiento de la Escuela Nacional Sindical (ENS) impulsan la reivindicación de sus derechos y su empoderamiento, promoviendo políticas públicas hacia la implementación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 189 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Esta organización sindical, liderada y conformada por mujeres -siendo un ejemplo nacional, donde la mayoría de los representantes de las trabajadoras y los trabajadores son hombres- realizó en Medellín el II Encuentro Nacional de Trabajo Doméstico, denominado “Sacudir la Indiferencia”, con el propósito de analizar el cumplimiento del Convenio 189 de la OIT, además de presentar los resultados de la investigación basada en estudios de caso en Urabá, Cartagena y cuatro de sus comunidades rurales, y Medellín: El trabajo doméstico en Colombia, historias tras las cortinas; entre transacciones, incertidumbres y resistencias. Ustrasd apuntó que “la mayor parte de la población ocupada en este sector son mujeres, habitantes de cordones de pobreza en las ciudades, la mayoría negras, y que han sido víctimas del conflicto armado”. Según las cifras de la OIT, en América Latina se encuentra el 37% del trabajo doméstico, en relación con el resto del mundo, lo que corresponde a 18 millones de habitantes donde el 93% son mujeres. En los países industrializados, las trabajadoras domésticas representan tan solo el 1% del mercado laboral, mientras que en América Latina y el Caribe representa el 27% del cual 77,5% está en la informalidad, es decir, 8 de cada 10 mujeres. Para el caso de Colombia, en el año 2016, la Gran Encuesta Integrada de Hogares dio como resultado que el sector doméstico empleó a 677.218 personas, correspondiente al 3,1% del total de ocupación nacional, siendo el 95% mujeres. Respecto al índice de ocupación, el 42% es femenina, del cual 7,3% se desempeña en el trabajo doméstico, es decir, 1 de cada 13 mujeres ocupadas en Colombia. El promedio de la edad de trabajadoras domésticas ha pasado de 38 años en 2010 a 42 años en 2016. Además de las cifras de la OIT expuestas, la investigación presentó las historias invisibles porque el trabajo doméstico de las mujeres se realiza en el ámbito privado, cuyas transgresiones a los derechos laborales y humanos quedan ocultas de los ojos de quienes debieran controlar y vigilar: sendos testimonios sobre la pobreza o la violencia que las empujó al trabajo doméstico para poder sobrevivir, sin oportunidades de estudiar, aceptando por necesidad contratos verbales muchas veces engañosos con horarios extensos; sin la posibilidad de ejercer la maternidad o de lactar, excluidas de ofertas laborales por ser madres o despedidas por quedar embarazadas; sin redes de apoyo para el cuidado de sus propios hijos e hijas, quedando en riesgo o solos. Trabajadoras sin la dotación o implementos adecuados para su labor a merced de cualquier cantidad de problemas de salud; internas sin condiciones dignas, incluso confinadas a dormir en el suelo; tratamientos verbales y psicológicos violentos, acoso o violencia sexual. Referencias despectivas o tratos hostiles por su color de piel… entre otras tantas situaciones, y aun así llegan a su casa a seguir trabajando con tareas del cuidado para sus hogares. La precariedad y las situaciones indignas del trabajo doméstico evidencian la deuda que tiene el legislativo respecto al cumplimiento de la Constitución Política de Colombia: no se ha desarrollado el Estatuto del Trabajo, misión que deberá llevar a cabo la bancada por la vida y por la Paz. Es imperativo pasar del reconocimiento de los problemas a las acciones para que las leyes superen los escritorios de los funcionarios y se conviertan en una realidad para los territorios, con el empoderamiento de la sociedad y la pedagogía para reivindicar los derechos de las trabajadoras domésticas. Ya se han obtenido logros parciales como la Ley 1788 de 2016 de la prima de servicios para los trabajadores y trabajadoras domésticos. Así mismo, es necesario desarrollar el Sistema Nacional de Cuidado, que garantice la educación para las niñas y los niños más pequeños, como el cuidado para las personas mayores, con perspectiva de género, étnica y de clase, comprendiendo los factores de discriminación social que persisten. El II Encuentro Nacional de Trabajo Doméstico terminó con una declaración de las organizaciones y mujeres aliadas, comprometiéndonos con nuestra firma a seguir luchando por la dignificación de esta labor y, en general, del trabajo del cuidado que en su inmensa mayoría es hecho por campesinas, afrodescendientes, indígenas, desplazadas, desterradas, migrantes y víctimas de violencias políticas, sociales, económicas, psicológicas, físicas, entre otras, trazando también como norte la conquista de algo que es fundamental en la vida de las mujeres y que su ausencia se ha convertido en otra de las pobrezas del mundo: el tiempo libre.

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