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El Congreso no debe descuidar EPM, para que siga siendo pública

Omar de Jesús Restrepo Correa Representante a la Cámara, Partido FARC Las Empresas Públicas de Medellín debieron aclarar a la opinión que “es y será una empresa cien por ciento pública”. Ello era necesario pues “La Junta Directiva de EPM autorizó a la Administración de la compañía para estudiar y evaluar eventuales enajenaciones de sus participaciones en empresas controladas y no controladas tanto en Colombia como en el exterior, hasta por un valor de tres y medio o cuatro billones de pesos.” Y ahora este permiso está también por ser tramitado ante el Concejo de Medellín, lo que, a pesar de sus afirmaciones, pone en duda el carácter público de la empresa, pues no basta con decirlo o parecerlo, también hay que serlo. 4.000.000.000.000 de pesos que ellos plantean usar, de los cuales cerca de 3 millones son para remediar los inconvenientes que han tenido producto de los percances que se han presentado por Hidroituango, y un billón como ahorro para la entidad el año entrante. Estos dineros pueden ser considerados un ahorro de la región y entrar a ser debatidos por los diferentes actores de las decisiones de EPM frente al destino que deben tener, pues si bien la problemática del proyecto hidroeléctrico ha sido importante y preocupante, hay que analizar las omisiones en este para que así mismo las responsabilidades civiles, públicas y económicas sean asumidas. De lo propuesto por EPM, hay otros destinos iguales o más importantes, a saber, los seres humanos. Lo que queremos resaltar es que las inversiones de Empresas Públicas de Medellín, tanto adentro como afuera del país, representan un respaldo para la justicia social y la paz. Dichas operaciones se realizan con los excedentes producto del pago disciplinado de altas tarifas de los usuarios por servicios domiciliarios, el cual se realiza por un derecho más que por un servicio como lo han querido hacer ver. Derechos que, además, tienen como fuente los recursos naturales de la región y la nación. Por eso, tenemos una gran compañía que el año 2017 obtuvo 2.3 billones de pesos de utilidad neta, el puesto 4 entre todas las empresas, y es número 1 en el sector servicios públicos. Estas cifras no estarían mal si no dejaran atrás indicadores negativos asociados al acceso a agua potable y energía para cientos de miles de personas que, se supone, somos dueños de esta multinacional, muchos ya desconectados de este derecho por falta de pago. Por eso sería fundamental aclarar si los cuatro billones tienen destinación específica obligada y estudios sobre lo necesario peso a peso para invertir de nuevo en el proyecto o, de lo contrario, si la región puede decidir democráticamente para la atención de prioridades y convertir una parte importante del ahorro en un impulso a la cuestión social, sin amenazar las finanzas de la empresa, pero sí discutiendo su crecimiento. “…esta forma de gobierno de EPM nos traerá más problemas y nos llevará a la ruina sin siquiera haber gozado de las mieles del ‘crecimiento económico’” Así como el destino, el origen de esos 4 billones es otro punto del debate. Enajenar acciones en empresas del sector de servicios públicos en Colombia es privatizar. EPM es de las pocas que aún es pública. No es difícil vender la participación de EPM en ISA, como no fue difícil vender ISAGEN. Pero en lo que sí no tenemos duda es que ese capital de EPM en otros países debe retornar para ser invertido en soluciones a los graves problemas de pobreza, acceso a servicios públicos y problemas generados por el megaproyecto, ese es parte del debate que proponemos. Finalmente, queremos decir que esta forma de gobierno de EPM nos traerá más problemas y nos llevará a la ruina sin siquiera haber gozado de las mieles del “crecimiento económico”. Una situación similar a la que nos recuerdan algunas voces hipócritas que lamentan no haber aprovechado el boom petrolero para resolver problemas de pobreza en Colombia. Hoy, entonces, esa misma tecnocracia nos plantea el falso dilema entre gasto social vs. estabilidad económica. Esperamos entonces que el Concejo de Medellín demuestre que es un actor importante en la toma de decisiones dentro de la Junta Directiva de EPM y que siente las profundas necesidades de sus representados. También, que los usuarios que vivimos con angustia para pagar una cuenta de servicios públicos domiciliarios podamos sentir como propia la empresa. EPM es pública. Las mismas directivas nos lo recuerdan, debido a que se comporta como una empresa privada. Sin embargo, la ciudadanía debe ser la primera que tiene que ser consciente de eso, que EPM es pública y que debe permanecer como tal.

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Unificar elecciones en un país en el que no se ha aprendido a votar

Columnistas, Opinión / revistacg

Andrés Polanía Sánchez Comunicador Social apolaniasanchez@gmail.com Cursa en la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo para la unificación del periodo presidencial con los mandatos de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. La iniciativa que tiene como bandera el empalme de los planes de desarrollo ha suscitado diferentes voces, pero la que más descuella es la muerte en su avance, pese a que ya fue aprobada en primer debate. Ahora bien, aparte de los análisis a grosso modo existe uno que es muy preocupante: la pedagogía electoral. En las elecciones de Senado y Cámara, por poner un ejemplo, los aspirantes invierten mucho de su tiempo explicando a las personas cómo votar, llegando incluso a “cambiarse el nombre” por un logo símbolo y un número en temporada de campaña. ¿Cuáles serían las estrategias de los candidatos para hacer una pedagogía electoral en la que aseguren sus votos sin inducir a abandonar otros procesos de elección? Pese al tiempo invertido en pedagogía electoral por los equipos de campaña y los aspirantes, el porcentaje de votos nulos es alto; se evidencia entonces que aún los colombianos no han aprendido a votar o bien y que el manejo de los tarjetones les es dificultoso. Basta con mirar la página web de la Registraduría Nacional y evaluar algunas cifras de las pasadas elecciones para el Congreso de la República: 1.137.133 votos nulos y 871.444 tarjetones no marcados para el Senado, y 1.651.743 votos nulos y 544.006 tarjetones no marcados para Cámara. Cabría entonces preguntarse ¿cuáles serían los porcentajes de error cuando a los votantes se les entregue cinco o más tarjetones? ¿Cuáles serían las estrategias de los candidatos para hacer una pedagogía electoral en la que aseguren sus votos sin inducir a abandonar otros procesos de elección? ¿Incrementaría el porcentaje de abstención que hoy bordea el 55% para ambas corporaciones? Estas preguntas y sus aristas se responderían con una sola frase: incrementar la pedagogía electoral; pero vendría entonces la contra pregunta: ¿es justo para los electores estar en mítines políticos aprendiendo a marcar una tarjeta en vez de estar escuchando las propuestas del candidato o, mejor, planteando ideas de desarrollo para sus comunidades? Por su propio peso el acto legislativo se caerá y entonces será pertinente buscar un mecanismo nuevo para que los tiempos de elecciones permitan ejecutar los planes de desarrollo con una Ley de Garantías modificada y al unísono entre gobiernos central, regionales y locales.

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¿Glifosato con drones también es letal?

Columnistas, Opinión / revistacg

Jaime Durán Senador, Partido Liberal Como presidente de la Comisión Segunda del Senado, asumo una responsabilidad respecto a una decisión de Estado que tiene que ir más allá de la sustitución de los cultivos ilícitos por medios más eficaces como lo es el uso de la tecnología del dron, que puede ser eficiente, pero que no minimiza los efectos y demás impactos en la salud y el ambiente, por la aplicación de una sustancia herbicida sistémica que está bajo controversia a nivel mundial. En este tipo de decisiones estratégicas, no se pueden confundir los aspectos tecnológicos y científicos. Las declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en los últimos días, se limitan al desarrollo de la estrategia en términos del uso de la tecnología de drones, sus costos y el rendimiento de estos aparatos, pero se requiere reconsiderar la utilización del glifosato, debido a los grandes debates que a nivel mundial se han desarrollado desde el 2004 sobre el manejo de herbicidas sistémicos. Con razón el Ministerio de Salud en el 2015 recomendó la suspensión de las fumigaciones con glifosato cuando se estableció que dicho herbicida era “probablemente carcinogénico para humanos”, por parte de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. “El Congreso tiene la responsabilidad de exigir que esta estrategia de control de cultivos ilícitos no perjudique la salud de los colombianos” La recomendación del Ministerio de Salud se hizo teniendo en cuanta el auto 073 de la Corte Constitucional, el cual señala, frente a las aserciones aéreas con glifosato, que en caso de no llegarse “a una conclusión definitiva con base en criterios técnicos y científicos razonables sobre la inexistencia de un riesgo actual grave e irreversible para el medio ambiente y/o la salud de las personas” se debe “dar aplicación inmediata al principio de precaución”. Según la Corte Constitucional, el principio de precaución debe aplicarse si se cuenta con “la valoración de indicios que indiquen la potencialidad de un daño”. Ante las infinitas incertidumbres científicas, sobre los efectos del glifosato, me pregunto como legislador ¿está el ministro de la Defensa aplicando el principio de precaución ante las impredecibles consecuencias de efectos de este herbicida en la biodiversidad y la salud de los colombianos? Porque se use un dron con precisiones milimétricas, no significa que el glifosato no va a contaminar. Lo más impresionante de este debate es que nosotros aún estimemos una salida viable del uso del glifosato ante la reacción del mundo a los efectos de este herbicida en los agricultores. De hecho, la caída de las acciones de Bayer, actual dueño de Monsanto, productor del herbicida, indica que la presión de las demandas colectivas puede influir determinantemente en su comercialización. En la economía se trabaja con datos reales y concretos. Los efectos neurotóxicos del glifosato en humanos y animales y sus posibles consecuencias en el medio ambiente ya son estimados por los especuladores bursátiles. El Congreso tiene la responsabilidad de exigir que esta estrategia de control de cultivos ilícitos no perjudique la salud de los colombianos y la riqueza biodiversa del país, su principal potencial.

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El Catatumbo en permanente crisis social y humanitaria

Cámara: Cámara de Representantes, Columnistas, Opinión, Paz / revistacg

Jairo Cala Representante a la Cámara por Santander Partido FARC Desde hace décadas el Catatumbo viene presentando una grave crisis humanitaria y social que hasta el momento deja más de 10.000 desplazados que huyen de la confrontación armada1, esto sumado al histórico abandono del Estado, convierten a esta región en un campo de guerra donde hacen presencia la insurgencia, el narcotráfico, el paramilitarismo y el Ejército Nacional, posicionando al Norte de Santander como el tercer departamento donde más asesinatos de líderes sociales ocurren en el país2. El Catatumbo es una región estratégica, no solo por su ubicación geográfica fronteriza, sino también por su variedad climática y su riqueza natural traducida en petróleo, carbón, uranio y agua, lo que paradójicamente la ha condenado a la intervención de la locomotora minera y petrolera que poco o nada deja para sus habitantes, junto a la incursión militar, que solo ha dejado miseria y despojo de tierras para sus comunidades, a quienes se les ha limitado la posibilidad de hacer uso del suelo apto para una agricultura diversificada y una producción agraria encaminada a fortalecer la economía de sus pobladores. Es evidente que el abandono estatal ha privado a las comunidades de derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda y empleo digno, sumado a la precaria situación de la ruralidad expresada en la falta de infraestructura, apoyo técnico, financiación y un mercado justo que permita comercializar la producción campesina. Esta crisis ha facilitado la proliferación de cultivos de uso ilícito, el despliegue de redes del narcotráfico y la confrontación entre los actores armados por disputas del territorio, lo que ha generado la violación sistemática de Derechos Humanos y un desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario. Como medida de protección, fueron impulsados por las comunidades alrededor de 34 refugios humanitarios en los municipios de Tibú, Convención, Teorama, La Playa de Belén, Ocaña, Hacarí y San Calixto, siendo estas dos últimas poblaciones las que presentan el mayor número de personas en situación de vulnerabilidad. Y así mismo, nació la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, para visibilizar la grave situación de la región y articular acciones de protección para las comunidades y procesos organizativos. Esta comisión está integrada por representantes del Pueblo Barí, el Movimiento por la Constituyente Popular MCP, el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT y de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, con el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU y el acompañamiento de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y la Asociación de Personeros del Catatumbo. Pese a estas iniciativas, preocupa el tratamiento que el Gobierno Nacional le da a esta problemática: el aumento del pie de fuerza y la represión armada; la decisión de volver a las fumigaciones con glifosato y a la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito; y las garantías económicas y de seguridad para fortalecer la perjudicial agroindustria. Así lo demostró el presidente Iván Duque en su más reciente visita al Catatumbo, quien ofreció un consejo de seguridad para militarizar aún más la zona y luego inauguró un centro de producción de aceite de palma con empresarios de este sector, para las 20.000 hectáreas de palma ya existentes en esta región; pero poco y nada ha propuesto para fortalecer la economía campesina y combatir el narcotráfico a través de la inversión social. Ante este escenario, lo que queda por hacer es un llamado al Gobierno Nacional en cabeza del presidente, a la comunidad internacional y a las comunidades catatumberas a cumplir y hacer cumplir los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo regionales tras las distintas movilizaciones campesinas, y a que haya una implementación pronta y eficaz del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera pactado en La Habana: base para la vida digna y la construcción de la paz territorial. 1 Cifra de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 2 Según la Defensoría del Pueblo.

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Inquisición del siglo XXI

Actualidad, Columnistas, Opinión / revistacg

Luis Fernando Ochoa Exrepresentante a la Cámara Tal como sucediera en el medievo, que quien no estuviera de acuerdo con las ideas y filosofías del establecimiento de la época, era sometido a las más rigurosas persecuciones y linchamientos públicos, escarnios que fueran justos o no, habían que realizarse para satisfacer el ego y el poder de los tiranos, hoy estamos presenciando uno de los ataques más frontales por parte del representante del Ministerio Público a una compañía de salud que fue adquirida en una licitación pública, donde probablemente quienes participaron en su compra a Cafesalud EPS (en liquidación), no fueron de los afectos de quien dirige ese ente de control. No es un secreto que el sistema general de seguridad social en salud durante el desarrollo de estos 25 años tenga un sinnúmero de deficiencias técnico-administrativas y dificultades económicas, y que estas tengan que entrar a ser resueltas por el actual Gobierno y Congreso de la República. Ya en artículos anteriores hemos puesto en evidencia algunas falencias del Sistema de Salud, como son: 1. La desfinanciación de la UPC del régimen subsidiado con respecto al contributivo; 2. El No Pos que no tiene doliente, donde algunos entes territoriales se declaran ilíquidos y desfinanciados para poder asumir los costos de este; 3. Las elecciones a dedo de gerentes de hospitales por parte de las corporaciones territoriales; 4. La no claridad y unificación de precios de los planes de beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado, entre otros problemas a resolver. “Sorprende de una manera extraña el papelón que viene haciendo el Procurador en contra de la EPS Medimás”. Pero, como podemos observar, todas estas deficiencias no son solo el resultado de uno de los actores del sistema, sino un problema estructural de todo el aparato de salud. La Supersalud a todos los integrantes del sistema les ha establecido unos indicadores de quejas y reclamos que podemos consultar en cualquier momento; donde se puede concluir que ninguno tiene en sus estadísticas el 100 por ciento de la satisfacción de los usuarios. Es por ello que sorprende de una manera extraña el papelón que viene haciendo el Procurador en contra de la EPS Medimás, y que, como es ya conocido por la opinión pública, esta EPS tuvo que retomar la cascada de tutelas y estancamiento de atenciones de su antecesora Cafesalud, y que durante su operación ha llegado a los indicadores de quejas y reclamos de las otras aseguradoras del país. Entonces, nos quedan varios interrogantes, como ya los han hecho entrever algunos medios de comunicación: ¿Será que había alguna intención de que la Aseguradora Española Sanitas se quedara con Cafesalud, a pesar de que su propuesta era de 200 mil millones frente a la otra que fue de 1.2 billones?, ¿o se quería dar tan solo un presente en gratitud a la madre patria? Llama poderosamente la atención porque la Procuraduría General de la Nación, en el marco de sus funciones de seguimiento y control preventivo a las políticas públicas, antes de la asignación de la venta a uno de los proponentes, no realizó ninguna observación en la atención de los más de 6 millones de pacientes de Cafesalud y que venía con más de 40.000 tutelas sin atender. Ante tal sesgo de extralimitaciones de poder por parte de un todopoderoso del país, no dejan de llegar a mi memoria las injusticias cometidas en la edad media por sus inquisidores. Ojalá en pleno siglo XXI no se vuelva a ver nuevamente la persecución de brujas realizada en el pasado por poderosos aduciendo su seudo preocupación por los colombianos. Y si así fuera, y teniendo en cuenta que el acceso a la salud en Colombia es muy difícil en condiciones dignas, el ideal sería ver al Ministerio Público actuando eficazmente en pro de la salud de todos los ciudadanos, y no pelando el cobre ante el país porque alguna aseguradora nos incomoda o no es de nuestros afectos.

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Palestina, una declaratoria inválida

Columnistas, Opinión / revistacg

Emma Claudia Rodríguez de Castellanos Senadora, Partido Cambio Radical El pasado 7 de agosto se dio a conocer mediante un comunicado de prensa el reconocimiento que Colombia hace a Palestina como “un Estado libre, independiente y soberano”. Acto administrativo, sorpresivo e inesperado para todos los colombianos por la manera como el expresidente Juan Manuel Santos lo hizo, pues fue un día antes de terminar su mandato. Hay varios aspectos que despiertan serias dudas acerca de la validez de la declaratoria. En primer lugar, habría que preguntarse si la autoridad Palestina cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados toda vez que no existe un Gobierno único. Por un lado, la Franja de Gaza está bajo el dominio de Hamás y, por el otro, el territorio de Cisjordania bajo la Autoridad Nacional Palestina. Le compete al presidente Iván Duque y al canciller analizar si estamos obrando dentro del marco del artículo primero de dicha convención. Adicionalmente, la comunidad internacional ha reconocido al grupo Hamás como terrorista, condición con la cual estaríamos quebrantando el principio internacional del Ius Cogen, el cual se refiere al mantenimiento de la Paz. Es así que, atendiendo el Gobierno de Colombia los criterios para el reconocimiento de un Estado, no debió darse la nota diplomática. Vale la pena resaltar las palabras de Hans Kelsen “Un Estado viola el derecho internacional y, por ende, infringe los derechos de otros Estados si reconoce como Estado a una comunidad que no cumple con los requisitos de derecho internacional[1]”. En segundo lugar, Israel y la Organización para la Liberación Palestina se han reunido en múltiples ocasiones para negociar un acuerdo de paz, los cuales se han cumplido parcialmente, incluyendo la entrega de los territorios de Gaza y Cisjordania por Israel. “este conflicto llegará a su final en la medida que la Comunidad Palestina reconozca y respete al Estado libre, soberano e independiente Israelí” Es necesario resaltar que el éxito de las relaciones internacionales implica coherencia, lo que me lleva a concluir que no es clara la decisión del expresidente Santos frente a su declaración en el mes de abril del presente año en la conmemoración de los 70 años del Estado de Israel cuando afirmó “Nos han presionado mucho para que reconozcamos a Palestina. No lo he hecho porque eso debe ser producto de un acuerdo de paz con Israel[2]”. En tercer lugar, este acto no siguió el protocolo que se aplica para estos casos. Es la Cancillería de Colombia quien debe dar a conocer la nota diplomática tanto a los colombianos como al Estado de Israel, y no a través de un comunicado de la embajada de Palestina. Aplaudo la actitud adoptada por el Gobierno Nacional a través del canciller Dr. Carlos Holmes Trujillo, en la cual ha manifestado “Ante posibles omisiones que podrían desprenderse de la forma en que se dio esta decisión del Presidente saliente, el Gobierno revisará cuidadosamente sus implicaciones y obrará de acuerdo al derecho internacional”. Por último, considero que este conflicto llegará a su final en la medida que la Comunidad Palestina reconozca y respete al Estado libre, soberano e independiente Israelí, así como el Estado de Israel ha manifestado su intención de reconocer un territorio, un gobierno y un estado a la comunidad palestina. Quiero hacer un llamado a que, como legisladores, asumamos una posición coherente y acorde con los acuerdos internacionales que hemos suscrito como Nación, así como con la relación diplomática que hemos mantenido con Israel, un Estado que ha respetado la normativa y que ha sido de gran apoyo y respaldo para el pueblo colombiano, situación que no debe pasarse por alto. [1] Hans Kelsen, Principles of International Law p. 270 (1976). [2] Columna de Opinión de EL TIEMPO, “El último acto de vanidad” por María Isabel Rueda, 11 de agosto de 2018.

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El conflicto armado interno en Colombia sí existe

Columnistas / revistacg

La firma del acuerdo de paz en 2016 fue un paso importante para terminar las acciones armadas con una organización que por más de 50 años estuvo al margen de la ley. Sin embargo, Colombia tiene varios grupos altamente organizados como el ELN, EPL, las AGC, la Oficina de Envigado y las disidencias de las FARC, que no se han desmovilizado y con los que una victoria militar se ve imposible en un futuro próximo. El conflicto armado sigue, con un actor menos, pero sigue, solo hay que preguntarles a las 38.490 personas desplazadas este año, si alguna vez creen que el país está o estará en paz; es a ellos a los que se les debe preguntar cómo está la situación actualmente. Para entender sus orígenes es importante mirar el contexto en que se ha desarrollado. Empecemos por lo básico, los conflictos armados en el mundo son clasificados de acuerdo a la convención de Ginebra de dos maneras; la primera, como conflicto armado internacional es cuando dos o más estados soberanos entran en disputa y recurren a la fuerza armada; la segunda, un conflicto armado interno o no internacional “comprendería las acciones armadas en el interior de un Estado que dan lugar a hostilidades dirigidas contra un gobierno legal, que presentan un carácter colectivo y un mínimo de organización”. “El conflicto armado es altamente territorializado, lo cual quiere decir que los que lo padecen en toda su intensidad son las comunidades en los albores de la nación” Es así como, en Colombia se llevan a cabo acciones armadas dirigidas contra un gobierno legal, como las que ocurren en la subregión del Catatumbo, el bajo Cauca, el pacífico nariñense y el departamento de Arauca, que dan muestras de actos dirigidos a instaurar un estado paralelo de control social y político, en contra del estado nacional constitucional. Las diferentes formas de control social consisten en la manera como el grupo armado controla el comercio, los medios de transporte e imparte reglas para el orden social y son a las que la comunidad acude en caso de disputas para que impartan justicia. Estas tecnologías de control social las podemos ver en diferentes lugares como El Tarra, Norte de Santander, EL Charco, Nariño, Rio Sucio, Chocó en donde existe un alto nivel de conflictividad entre organizaciones armadas legales e ilegales. El conflicto armado es altamente territorializado, lo cual quiere decir que los que lo padecen en toda su intensidad son las comunidades en los albores de la nación: los indígenas, las comunidades negras, los campesinos, que después de la desmovilización de la guerrilla de las FARC quedaron a merced de los nuevos grupos armados ya que el Estado en su totalidad no quiso hacer presencia social o militar. Últimamente la noción de conflicto armado interno ha pasado de moda, los problemas de seguridad son reducidos a exabruptos en pequeñas localidades lejanas del centro andino y político del país, lo cual genera un distanciamiento y una apatía nacional que aparta, enajena a las víctimas y las convierte en extrañas en su propio país.

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Periodismo del click, el que se vende por centavos de dólar

Columnistas, Opinión / revistacg

Andrés Polanía Sánchez Comunicador Social Aspirante al grado de especialista en Alta Gerencia ¿Se desdibuja la función principal de editores y periodistas cuando hacen eco a una simple expresión coloquial y la vuelven tendencia que genera reacciones en las redes sociales? ¡Parece que sí! El pasado 9 de octubre, mientras en la sesión del Congreso se debatía el Presupuesto General para la vigencia 2019, hubo un momento en el que el presidente de la corporación, Ernesto Macías Tovar, concedió la palabra a un estudiante que estaba inscrito: Alejandro Palacio, y este, a su vez, sin informar, compartió el espacio con Jennifer Pedraza, quien tuvo tiempo de dar su punto de vista a la plenaria; no obstante, y como coincidencia, cuando empezaba las arengas a favor de la movilización estudiantil convocada para el 10 de octubre, se cerró el micrófono. El tiempo se había cumplido y el dispositivo enmudeció, como pasó con la gran mayoría de los senadores predecesores en la palabra. “Estamos fallando al informar la verdadera situación de lo que pasó en el Congreso” Sin embargo, a petición del senador Juan Felipe Lemus, el presidente Macías le concedió a la estudiante Pedraza 30 segundos más de tiempo para redondear la idea, diciéndole “termine, niña”; una expresión coloquial que se escucha en diferentes regiones del país. Esta acción le valió al presidente del Congreso sendos titulares de prensa azuzados desde las redes sociales de cientos de influenciadores no partidarios del equipo político que Macías representa. Inclusive, los estudiantes Alejandro Palacio y Jennifer Pedraza fueron entrevistados en la mañana del 10 de octubre por varios medios de comunicación; situación que usaron como plataforma para, entre otros, deslegitimar la operatividad de la mesa directiva del Congreso en poco más de 80 días de funciones; ¡un poco apresurado!, ¿no? Ahora bien, el suceso podría haber pasado de largo, como otros tantos en el Congreso, de no ser por la viralidad en redes que han sabido usar todos los actores políticos, llámense partidarios o detractores del gobierno de turno. Y a su vez, los periodistas y editores, que saben usar estas situaciones para generar reacciones en sus redes sociales y contenidos en sus plataformas digitales. Cabe entonces preguntarse si periodistas y editores seguimos siendo quienes informamos a la opinión pública de los sucesos de importancia y relevancia nacional, regional y local o si más bien somos mercaderes en búsqueda de centavos de dólar por cada click, cada reacción o cada view en nuestras plataformas digitales. De ser los primeros, como la tradición nos lo inculcó en las aulas de clase, estamos fallando al informar la verdadera situación de lo que pasó en el Congreso. De ser los segundos, entonces nos equivocamos aún más, porque para buscar clicks existen otros oficios muy alejados del objetivo de informar bien.

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La política necesita más participación de representantes que conozcan y entiendan su gremio

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Alejandro Corrales Escobar Senador, Partido Centro Democrático Desde hace algunos años ha surgido la necesidad en los gremios como el agropecuario, el empresarial y el cafetero, entre otros, de participar en los espacios donde se toman las decisiones. De ahí que este caficultor que les escribe se retirara de la actividad empresarial en la Federación Nacional de Cafeteros, así como también de la representación en los comités departamentales y municipales, para dedicarse hoy a la política y trabajar por su gremio desde lo legislativo. Estoy convencido de que la representación política de cada uno de los gremios debería ser asumida por integrantes de los mismos. En cuanto al sector cafetero, somos nosotros los caficultores los que conocemos los pormenores, la problemática y la situación real de este gremio; somos quienes tenemos la capacidad de interpretar las necesidades y representarlas de la mejor manera para que en el Legislativo y en el Ejecutivo se tomen decisiones positivas para cada región. “La sociedad colombiana hoy pide a gritos una forma diferente de ejercer la representación en los espacios políticos” Debemos dejar atrás la época en la que los gremios de manera pasiva mirábamos el acontecer cotidiano de la política nacional; llegó el momento de participar de manera activa. Y, ¿qué mejor que un textilero para hablar del tema de la revaluación y la manera cómo afecta al sector exportador? ¿Quién mejor que un ganadero para hablar de la situación sanitaria y los problemas que tiene el contrabando de ganado desde los países vecinos? Y así como estos ejemplos puede haber cientos. Es muy importante tener claro que los gremios no se deben politizar y que si bien, tienen sus intereses representados en los sectores políticos, hoy más que nunca queda claro que deben tener no solamente la conciencia, sino la capacidad para participar en las elecciones sin que la política afecte el interior del gremio; sin que se vuelvan de uno o de otro partido; y sobre todo, con la disposición de llevar representantes a esos sitios donde se toman las decisiones para defender a sus representados. La sociedad colombiana hoy pide a gritos una forma diferente de ejercer la representación en los espacios políticos y lo más indicados para hacerlo son las personas a las que les duele la economía, la seguridad, el desarrollo económico, el empleo, entre otros. Y así, es necesario el empalme y posterior relevo generacional, como herramienta fundamental para que haya conciencia de la necesidad de todos poner nuestro granito de arena. Por otra parte, los gremios empresariales y agropecuarios tienen hoy la obligación de mantener viva la historia y hacer que las futuras generaciones entiendan la importancia no solamente de participar sino de defender su sector ocupando estos espacios desde donde se dirige el país, la defensa de la autoridad, la moral, la economía, el empleo, la seguridad. No debe tener un color partidista, pero si debe ser bien interpretada por quienes sufren cuando cualquiera de estos sectores se afecta. Mi nuevo sueño y reto es lograr que esa participación gremial aumente en lo legislativo para que, en un futuro, ojalá no muy lejano, podamos llegar a pensar en que la unión de los gremios y sus representantes logren elegir a un Presidente de la República.

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Colombia tendrá 4,5 millones de adultos mayores sin pensión

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José Daniel López Representante a la Cámara por Bogotá D.C., Cambio Radical Colombia cuenta con una población de adultos mayores cercana a los seis millones de personas, de las cuales el 70% no alcanzaron a una pensión. De acuerdo con estimaciones oficiales, el tamaño de esta población seguirá en aumento y para el año 2020 se espera un crecimiento del 3.76%. Serán un total de 6.440.778 personas de la tercera edad viviendo en el país, y más de cuatro millones y medio que no tendrán una pensión. En los últimos años, la tasa de crecimiento de los adultos mayores ha sido superior a la de los infantes, adolescentes y adultos. El país atraviesa un fenómeno de envejecimiento de la población, en el que dos millones y medio de colombianos mayores de 64 años trabajan en la informalidad y, teniendo en cuenta el más reciente Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, por lo menos tres millones doscientos mil reciben ingresos menores a los de un salario mínimo legal vigente. De conformidad con los artículos 13 y 46 de la Constitución Política, los adultos mayores cuentan con una protección especial, fundamentada en las condiciones físicas, económicas y sociológicas específicas de esta población. Con la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez del 2007, la Ley 1251 de 2008 y la Ley 1850 de 2017, los recursos institucionales para los adultos mayores son dirigidos a la garantía de los derechos relacionados con la salud y al suministro de subsidios orientados a la subsistencia. Acciones que, si bien han protegido a una parte de la población, son cada vez más insuficientes. Según Medicina Legal, en el año 2017 se presentó un incremento del 17,60% en los casos de violencia contra el adulto mayor, que revela una correlación entre la dependencia económica de los adultos mayores y la violencia presentada, en tanto la mayoría de agresiones provinieron de hijos por disputas de dinero. “hemos radicado un proyecto que busca impulsar el empleo para adultos mayores que no gozan de pensión” Adicionalmente, en el mismo año, los adultos mayores aportaron un 14% de los suicidios del país. De acuerdo con Medicina Legal, la tasa de suicidio por cien mil habitantes para personas mayores de 80 años en el 2017 fue la más alta, con un 17.45, seguida de un 16.55 para personas entre los 75 y 79 años. Los casos reportados entre enero y mayo de 2018 (155) representan un incremento del 87% frente a los registrados en el mismo periodo del 2014 (83). Por ello, hemos radicado un proyecto que busca impulsar el empleo para adultos mayores que no gozan de pensión, a través de la creación de incentivos tributarios y parafiscales para aquellas empresas que los contraten. La Ley del Empleo para el Adulto Mayor Mediante la modificación del artículo 6 de la Ley 1251 de 2008, se promoverá el trabajo de adultos mayores no pensionados. Las empresas que se acojan a esta Ley obtendrán un descuento del 30% en la renovación de la matricula mercantil y del 10% en los aportes a cajas de compensación familiar, para efectos de la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios; siempre y cuando un 5% de la nómina esté integrada por adultos mayores no pensionados, mediante un contrato de trabajo con todas las formalidades y garantías. Cada una de las empresas contratantes podrá dedicar a los adultos mayores no pensionados a actividades de, por lo menos, medio tiempo, enmarcadas en los roles y oficios que el Ministerio del Trabajo, en consulta con el Consejo Nacional del Adulto Mayor, reglamente en un término no mayor a seis meses, contados a partir de la expedición de la Ley. El Ministerio del Trabajo, en los mismos seis meses, también tendrá que definir estrategias para la promoción del empleo de adultos mayores en el sector público, los derechos y obligaciones especiales de las empresas empleadoras que se acojan a esta Ley, y el procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos por parte de las empresas empleadoras.

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