Jaime Durán
Senador, Partido Liberal
Como presidente de la Comisión Segunda del Senado, asumo una responsabilidad respecto a una decisión de Estado que tiene que ir más allá de la sustitución de los cultivos ilícitos por medios más eficaces como lo es el uso de la tecnología del dron, que puede ser eficiente, pero que no minimiza los efectos y demás impactos en la salud y el ambiente, por la aplicación de una sustancia herbicida sistémica que está bajo controversia a nivel mundial. En este tipo de decisiones estratégicas, no se pueden confundir los aspectos tecnológicos y científicos. Las declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en los últimos días, se limitan al desarrollo de la estrategia en términos del uso de la tecnología de drones, sus costos y el rendimiento de estos aparatos, pero se requiere reconsiderar la utilización del glifosato, debido a los grandes debates que a nivel mundial se han desarrollado desde el 2004 sobre el manejo de herbicidas sistémicos. Con razón el Ministerio de Salud en el 2015 recomendó la suspensión de las fumigaciones con glifosato cuando se estableció que dicho herbicida era “probablemente carcinogénico para humanos”, por parte de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud.
“El Congreso tiene la responsabilidad de exigir que esta estrategia de control de cultivos ilícitos no perjudique la salud de los colombianos”
La recomendación del Ministerio de Salud se hizo teniendo en cuanta el auto 073 de la Corte Constitucional, el cual señala, frente a las aserciones aéreas con glifosato, que en caso de no llegarse “a una conclusión definitiva con base en criterios técnicos y científicos razonables sobre la inexistencia de un riesgo actual grave e irreversible para el medio ambiente y/o la salud de las personas” se debe “dar aplicación inmediata al principio de precaución”. Según la Corte Constitucional, el principio de precaución debe aplicarse si se cuenta con “la valoración de indicios que indiquen la potencialidad de un daño”. Ante las infinitas incertidumbres científicas, sobre los efectos del glifosato, me pregunto como legislador ¿está el ministro de la Defensa aplicando el principio de precaución ante las impredecibles consecuencias de efectos de este herbicida en la biodiversidad y la salud de los colombianos? Porque se use un dron con precisiones milimétricas, no significa que el glifosato no va a contaminar. Lo más impresionante de este debate es que nosotros aún estimemos una salida viable del uso del glifosato ante la reacción del mundo a los efectos de este herbicida en los agricultores. De hecho, la caída de las acciones de Bayer, actual dueño de Monsanto, productor del herbicida, indica que la presión de las demandas colectivas puede influir determinantemente en su comercialización. En la economía se trabaja con datos reales y concretos. Los efectos neurotóxicos del glifosato en humanos y animales y sus posibles consecuencias en el medio ambiente ya son estimados por los especuladores bursátiles. El Congreso tiene la responsabilidad de exigir que esta estrategia de control de cultivos ilícitos no perjudique la salud de los colombianos y la riqueza biodiversa del país, su principal potencial.