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Se van a tirar la reforma

Rodrigo Villalba Mosquera Senador, Partido Liberal Si la política de un país marcha mal, todo lo demás se verá afectado de manera negativa. En Colombia la política ‘hizo agua’ y clama a gritos una reforma política y electoral que empodere a los partidos y devuelva la confianza a los electores. Enhorabuena, el gobierno y los partidos, incluidos los de izquierda, han consensuado unas iniciativas que vienen de tiempo atrás, como también el temario de la consulta anticorrupción que, si bien no logró el umbral, finalmente fue acogido por todos como un mandato para incorporarlo en la enmienda constitucional. La ministra del Interior está haciendo sus mejores oficios para consensuar el texto. La reforma que hace tránsito en el Congreso debe fortalecer los partidos, aumentar la participación de la mujer, eliminar el Consejo Nacional Electoral y, en su reemplazo, crear un tribunal autónomo y con dientes para poner en cintura a los que incumplan con los topes de los gastos electorales, como también a quienes “le venden el alma al diablo”. Se eliminaría el voto preferente dándole paso a las listas cerradas, a la democratización interna en los partidos y a la financiación estatal de las campañas políticas. Hoy hacen su “fiesta” las microempresas electorales, en donde los candidatos tienen que conseguir los votos y la financiación, y es allí donde llega la endemoniada y pecaminosa alianza ‘candidatos-contratistas’, donde el que más consiga financiación, más posibilidades de éxito electoral tiene. “…la política ‘hizo agua’ y clama a gritos una reforma política y electoral que empodere a los partidos y devuelva la confianza a los electores”. Pero ahora, alrededor de esta onda reformista, muchos ingeniosos, unos con fines mediáticos y otros para favorecer o perjudicar a alguien, se han inventado todo tipo de iniciativas y están convirtiendo la reforma política en un ‘arbolito de navidad’ al que le cuelgan de todo, hasta adornos perversos, y me temo que se van a tirar la reforma. Por ejemplo, alguien está hablando de alargar los periodos de alcaldes y gobernadores para ‘unificar periodos’, algo que legalmente no es posible. Los congresistas no podemos alargar los mandatos de los elegidos por el constituyente primario. Podemos aumentarlos o acortarlos, pero hacia adelante. Con la lista cerrada para las corporaciones públicas avanzaremos mucho en la depuración de la política, pero tampoco podemos aplicarla a quemaropa en un proceso electoral en curso como el que viene el año entrante con las elecciones regionales y locales, sin implementar previamente los instrumentos de democracia interna. Por eso, el llamado es a concentrarnos en lo fundamental, a trabajar en la construcción de una reforma política estructural que se implemente a partir del proceso electoral del año 2022, sin afanes y con soporte legal, una reforma que realmente depure y devuelva la confianza en la clase política. Es la hora de legislar hacia delante, sin miramientos distintos a mejorar la actividad política.

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En Guainía hasta ahora está llegando la Constitución de 1991

Columnistas, Opinión / revistacg

Carlos Cuenca Chaux Representante a la Cámara por el Guainía, Cambio Radical La Constitución política de Colombia de 1991 concibe como entidades territoriales a los departamentos, a los municipios, a los territorios indígenas y a los distritos. Dentro del ordenamiento político-administrativo, la Carta Magna establece al municipio como su entidad fundamental. Respecto a los nuevos departamentos erigidos con el artículo 309, en el que se ubica el departamento de Guainía, la Constitución facultó de forma extraordinaria y transitoria al Presidente de la República, para expedir decretos con fuerza de Ley mediante los cuales se asegure su debida organización y funcionamiento. En virtud de estas facultades extraordinarias y, junto con la Comisión Especial Legislativa, el Presidente de la República creó la figura de los corregimientos departamentales mediante Decreto-Ley 2274 de 1991. Los corregimientos departamentales son áreas que no forman parte de ningún municipio, pero fueron catalogados dentro de los trabajos preparatorios al Decreto en mención como “un municipio en potencia”. En el Guainía existen ocho (8) de ellos. Durante la revisión por parte de la Corte Constitucional, en la sentencia C – 141 de 2001, se advirtió que, debido a la vocación de permanencia en el tiempo, esta figura resultaba insconstitucional, para lo cual resolvió que el legislador, dentro de sus competencias, atribuya a las autoridades competentes la posibilidad de la integración a municipios existentes de estos corregimientos departamentales, para el adecuado funcionamiento, otorgando un plazo de dos legislaturas. El plazo ya caducó y, por lo tanto, hoy la norma que fundamentó la existencia de los corregimientos departamentales no hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. “Teniendo en cuenta que en las zonas que quedarían municipalizadas habitan no solo colonos, sino también pueblos indígenas, es muy importante que la Asamblea Departamental realice todo lo que exijan las normas” En un intento de dar solución a esta problemática, el Legislador dentro de sus competencias creó la Ley 1551 de 2012, que en su artículo 44 estableció: créense los territorios especiales biodiversos y fronterizos en las zonas no municipalizadas correspondientes a los antiguos corregimientos departamentales. Esta figura de territorios especiales biodiversos y fronterizos fue examinada y, mediante sentencia C – 100 de 2013, se concluyó que desconoce la Constitución y en particular el artículo 286, al crear una entidad territorial diferente a las autorizadas por la misma Carta magna. Argumento que la Corte reiteró en la sentencia C-252 de 2013. Por estas razones, el artículo 44 de la Ley 1551 de 2012 tampoco hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. Por lo tanto, se ha acudido al procedimiento vigente y existente más expedito para poder dotar al departamento de Guainía de entidades territoriales que permitan su adecuado funcionamiento, el cual se expone a continuación. La Constitución Política de 1991 atribuye a las Asambleas departamentales la competencia de poder crear o suprimir municipios. En concordancia con ello, la Ley 617 de 2000 que modificó la Ley 136 de 1994 estableció en los artículos 15 y 16 los parámetros generales y excepcionales para poder crear municipios. Dentro de la excepción a los requisitos generales, el artículo 16 de la norma anteriormente citada dispone: “Sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo anterior, las asambleas departamentales podrán crear municipios cuando, previo a la presentación de la ordenanza, el Presidente de la República considere su creación por razones de defensa nacional”. De igual forma, para los que “se encuentren ubicados en las zonas de frontera”. Esta excepción también tiene una relación estrecha con el artículo 18 del Decreto 2274 de 1991. Estas normas se convierten en la única alternativa -legal y constitucional- existente con la que en este momento cuenta el ordenamiento jurídico colombiano, para poder organizar y adecuar las áreas, que no son municipio dentro del departamento de Guainía. En virtud del procedimiento para seguir por esta vía, se cuenta con el concepto favorable, de un lado, del Ministerio del Interior, específicamente, de la dirección de asuntos indígenas, Rom y minorías, y de la dirección de Gobierno y gestión departamental; y del otro lado de la Presidencia de la República que mediante Decreto 1454 del 6 de agosto de 2018 emitió visto bueno para la creación de dos municipios en el Guainía. Reunidos estos requisitos, y teniendo en cuenta que en las zonas que quedarían municipalizadas habitan no solo colonos, sino también pueblos indígenas, es muy importante que la Asamblea Departamental realice todo lo que exijan las normas con el fin de no vulnerar sus derechos, para lograr la consolidación del ordenamiento político-administrativo que estableció la Constitución de 1991.

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El Valle se sacude

Columnistas, Opinión / revistacg

Por Gabriel Velasco Senador, Centro Democrático. Por estos días se discute con el Gobierno Nacional, su ministro de Hacienda y el Congreso, el presupuesto nacional. Asunto que no desvela, aunque debería, a la mayoría de los colombianos, así como a los vallecaucanos. En esta deliberación se discute nada más y nada menos que el monto que tendrá nuestro Estado para su funcionamiento e inversión. Si uno le hace doble click, encuentra que el presupuesto se desglosa hasta el nivel de ser regionalizado. Para ser más claro, en este momento está en discusión el monto que va a recibir el Valle del Cauca como inversión para el 2019 por parte de la nación. Pero, antes de contarles cómo están los números del presupuesto para el Valle, revisemos qué representa nuestro departamento para Colombia en términos económicos y tributarios. Desde el 2005 a la fecha, nuestro departamento pesa más o menos el 10% del PIB. En el 2016 fue 10,01%, en el 2017 fue el 9,32% y en el 2018 se espera que este cercano al 9,71%. Pero, según las cifras de la DIAN, los ingresos tributarios que genera nuestra región han sido en promedio en los últimos 13 años del 11,7%. Siendo en el 2015 11,3%, en el 2016 el 11,6% y en el 2017 fue el 11,7%. Buenaventura no se queda atrás. Por ella se mueve más del 40% del comercio exterior del país y más del 60% de las materias primas. Esta ciudad ha contribuido en los últimos 13 años con cerca del 4.7% de los ingresos tributarios, según la DIAN. “Mirá vé, el esfuerzo tan grande que estamos realizando los que comemos chontaduro”. El Valle le está aportando proporcionalmente a la nación mayores ingresos tributarios que su tamaño en el PIB. Mirá vé, el esfuerzo tan grande que estamos realizando los que comemos chontaduro. Pero eso no es lo duro, lo que realmente está duro son los siguientes números. El presupuesto total de la nación es de $259 billones, de los cuales se le otorgaron al Valle del Cauca $2 billones. Esto es el 0,77% del presupuesto. No es ni el 1%. La realidad de las cosas es que en los últimos 13 años el promedio que ha recibido nuestra región ha sido el 0,9%. A esto había que pararle-bolas, sin lugar a dudas. Lo cierto es que en esta oportunidad y cuando el dulce se puso a mordiscos, los que hablamos de “vos” nos sacudimos y nos unimos. En el Valle se sienten desde hace unos años otros vientos. Un nuevo liderazgo. Uno ve a los políticos y a los empresarios trabajando juntos por la región. Todos tenemos un punto de encuentro común; que al Valle le vaya bien, que se genere desarrollo social y económico. La verdad es que el presupuesto nos terminó de unir. Puso de acuerdo a los 27 congresistas de la región, a la gobernadora, al alcalde de Cali y a las entidades que trabajan en pro del desarrollo de nuestro departamento. Independientemente de los colores políticos, posiciones ideológicas diametralmente opuestas y de los intereses que cada uno tiene, nos pusimos de acuerdo. Primero nos unificamos para establecer las prioridades, para lo cual nos reunimos todos, en varias oportunidades con los diferentes actores. Segundo, elaboramos unas proposiciones que fueron radicadas en la comisión 4ta de la Cámara de Representantes, que es la de presupuesto. Tercero, pedimos una cita con el ministro de Hacienda para presentarle personalmente lo que se está solicitando. A esa reunión fuimos más de 20 congresistas, la gobernadora del Valle y un representante de la Alcaldía de Cali. En resumen, lo que se puso en consideración, que fue bien recibido por el ministro y tendrá que llevarse al debate en el congreso: Buenaventura y los recursos para el fondo. Muy especialmente el tema del agua. Cali y la situación de EMCALI con los intereses de la deuda. Troncal de Oriente y el MIO. Las vías terciarias del Valle; la culminación vía Buga – Buenaventura. Estudios vía Pacífico – Orinoquía. Plan frutícola. La verdad, no estoy seguro de al final como vayan a salir las cosas. Pero vi al ministro con la mejor voluntad. Lo que sí me tiene feliz y orgulloso es que nos unimos de verdad. Por primera vez desde que asisto al Bloque Parlamentario, que lo hago hace 4 años como invitado por haber sido el gerente de la ANDI, vi a la bancada actuar de manera conjunta y decidida. Lo mejor de todo es que ya no es el Bloque de Parlamentarios, es el Bloque del Valle. Un bloque donde estamos casi todos: los congresistas, la Gobernación, las alcaldías, las entidades que trabajan por el desarrollo y la ciudadanía. Falta tal vez que se nos una con más fuerza la academia. Un bloque que debemos cuidar, conservar y potenciar. El punto de encuentro del progreso para el Valle del Cauca. Lo que nos motiva es la grandeza de nuestra región. El objetivo, su desarrollo integral. Señores, me temo que por fin el Valle se sacude. Espero que cada vez con más fuerza recuperemos el espacio que merecemos a nivel nacional y defendamos enérgicamente los intereses y valores que lleven al Valle a retomar su grandeza y reconocimiento. Vamos por la vía correcta.

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El reto de la implementación

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Criselda Lobo Senadora, Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Para hablar ahora de la implementación del acuerdo firmado en La Habana es relevante retroceder un poco el tiempo para hacer memoria y recordar cuando en noviembre de 2016 firmamos en el Teatro Colón el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, que no es el acuerdo perfecto según los que lo critican y destrozan, pero sí lo mejor que le ha pasado al país desde su fundación como nación. Poner fin a un conflicto de mas de seis décadas requirió más de cinco años de negociaciones sorteando crisis, pausas y suspensiones; con todos estos altibajos presentamos al país una herramienta para lograr cambiar esta cultura de la guerra que ha imperado en Colombia. Estamos abriendo las puertas a una democracia profunda, participativa, directa e incluyente. A casi dos años de la firma del acuerdo, su implementación aún está en pañales, la cual según el último informe del instituto Kroc está en un 21% por ciento en su ejecución. Sobresale el atraso en puntos como el acceso a la tierra, la reforma rural y los mecanismos para la participación ciudadana. El proceso de reincorporación está en cuidados intensivos, ha generado incertidumbre en muchos compañeros, situación a la que se suma la falta de garantías para la población, pues tenemos más de 400 líderes y defensoras de derechos humanos, defensores del medio ambiente y 75 integrantes de nuestro partido, asesinados. No tenemos tierra para los proyectos productivos, ni tampoco el Gobierno se ha preocupado porque a los ETCR lleguen los tan nombrados proyectos para el personal. Nuestra gente empezó a hacer autogestión de iniciativas, tenemos unas pocas con el apoyo de Naciones Unidas y la Comunidad Internacional y esto es importante y muy significativo, pero no es suficiente. “Somos conscientes de que nos falta muchísimo y que tendremos duras batallas con las ideas, contamos con una única arma: la palabra”. Tras dos meses de la llegada de Iván Duque a la Presidencia, estamos esperando la continuidad de las instancias creadas para la implementación del acuerdo, la CSIVI y el CNR, que nos permita tener una interlocución con el Gobierno como firmantes y avanzar en la ejecución del acuerdo. Con la palabra empeñada producto de lo firmado en La Habana, como bancada fariana iniciamos una batalla más de compromiso y responsabilidad con la familia colombiana. Estas curules no son nuestras, son de la gente del común, y junto con los y las congresistas demócratas y progresistas que anhelan una Colombia distinta, y con las mayorías populares, en las calles, como parte de la lucha por los cambios profundos que requiere el momento histórico, avanzaremos y lograremos los objetivos propuestos que no son otros que hacer de Colombia un país libre. Trabajamos por una Colombia donde se respeten los DD HH, una Colombia donde la paz no nos cueste una vida más, una Colombia donde las víctimas, que son casi nueve millones, logren ser reconocidas en el marco del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición; una Colombia con plenos derechos económicos, políticos y sociales, con derecho a la tierra, derecho a la participación política con plenas garantías sin el uso de las armas, en la que se cumpla con la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, cerrando para siempre la amenaza de la aspersión con glifosato. Lo positivo de haber firmado el Acuerdo Final es que abrimos una ventana al cambio y eso lo hemos sentido, por una parte, porque logramos llegar a sectores de la sociedad y, por la otra, por la inmensa manifestación en las elecciones y en la consulta anticorrupción. Invito a todas y todos los congresistas a apoyar la implementación, nuestro mandato como Fuerza Alternativa es continuar firmemente con el compromiso de lo acordado, y necesitaremos de la unidad entre quienes quieren una paz completa, con justicia social. Somos conscientes de que nos falta muchísimo y que tendremos duras batallas con las ideas, contamos con una única arma: la palabra.

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¿Educación pública o privada?

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Jorge Enrique Robledo Senador, Polo Democrático Alternativo Todo lo que es y ha sido la humanidad es el resultado de la conjunción de dos factores: los bienes que nos brinda la naturaleza y el conocimiento con el que la transformamos y nos relacionamos entre nosotros. Y esto es cierto en las ciencias naturales y en el de las ciencias sociales y las artes. ¿Qué son un teléfono móvil y la más bella melodía? La manera como se expresan los conocimientos acumulados desde los tiempos más remotos. De ahí que uno de los momentos decisivos del progreso social –ocurrido con el advenimiento del capitalismo, para más señas– ocurrió cuando los líderes de la sociedad empezaron a hacer conciencia de que la bárbara ignorancia de esos días no podía continuar, ni entre las élites ni en los sectores populares. Apareció así el objetivo de la educación universal, es decir, para todos, a la que debieron encontrarle cómo alcanzarla, si a través de los negocios privados, de insuperable incapacidad para estos efectos, o si, dada su importancia estratégica, la responsabilidad la asumiría el Estado, la única fuerza capaz de lograrla. Nació así la consigna de la educación universal, de alta calidad y gratuita, para que ante la escasa capacidad de compra pudiera ser para todos, y pública, porque solo el Estado puede pagar el alto costo de la gratuidad, la base de esta revolución. Y pública debe incluir que no habrá pensamiento oficial sino libertad de cátedra, porque un ambiente democrático es el mejor para crear y transmitir ciencia y conocimientos. Vale resaltar que los burgueses más entendidos promovieron estos cambios porque entendieron que les convendrían a sus negocios, como en efecto ha ocurrido. “La educación privada sí puede entonces existir y hasta ser de alto nivel. Pero es incapaz de lograr la universalidad y, en general, la calidad”. La educación privada sí puede entonces existir y hasta ser de alto nivel. Pero es incapaz de lograr la universalidad y, en general, la calidad. Porque los pobres no alcanzan a pagar ninguna, ni la más barata y peor, y por norma las clases medias solo pueden costeársela, pero cara y mala, de garaje, drama que además pagan sufriendo durante años, porque los estudiantes y sus familias reducen el consumo durante las carreras o después, pagándole una deuda de usura al Icetex. Y también se la cobran cuando lo que llaman el mercado no los emplea, por la menor reputación de la universidad que les otorgó los títulos y a la que estos jóvenes llegaron obligados, porque el Estado les negó el derecho a una educación universal, de alta calidad, gratuita y pública, como la de Finlandia, para mencionar un caso. Las grandes movilizaciones universitarias de esta semana fueron en contra de quienes, como Duque, se han opuesto y oponen a que la línea educativa del Estado colombiano sea la planteada aquí, sin la cual Colombia no será nunca un país de primera categoría. ¿Cómo probar que la privatización es su política? Aunque parezca mentira, ¡luego de 26 años y seis presidentes!, sigue vigente la Ley 30 de 1992, que congeló en términos reales las transferencias del Estado a sus universidades, con lo que la mitad de los estudiantes asisten a instituciones privadas, la transferencia del gobierno por alumno cayó de 3.153 dólares a 1.696 entre 1993 y 2017 y, según los rectores, el déficit de las 32 universidades estatales llega a 18,2 billones de pesos, cifra que no es mayor porque se ha sacrificado la calidad, en tanto la participación del Icetex en los recursos públicos del sector pasó del dos al 20 por ciento. Si quienes gobiernan fueran francos, dirían que para qué educación y ciencia como las de los países que le llevan a Colombia grandes ventajas en todos los órdenes. Para qué si los TLC y la globalización neoliberal imponen que el progreso nacional no vaya más allá del muy mediocre que permitan las exportaciones de materias primas agrícolas y sobre todo mineras.

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Una reforma integral a la justicia

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José David Name Senador, Partido de la U El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sorprendió al país al anunciarle al director del INPEC, General Jorge Luis Ramírez Aragón y a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que habría que suspender las capturas en por lo menos 9 de los 32 departamentos del país, debido al hacinamiento de reclusos en las “carceletas” de varias Unidades de Reacción Inmediata (URI). La noticia corrió como reguero de pólvora debido a la gravedad que entraña semejante anuncio, más aún, teniendo en cuenta que provenía del Jefe del máximo ente acusador en Colombia, a lo que se le suma el inocultable impacto que tendría para la seguridad ciudadana la puesta en práctica de tan preocupante advertencia. En efecto, en las salas de paso o “carceletas” de las URI permanecen 1.023 personas, pese a que la capacidad de esos sitios es de apenas 663, según la carta del Fiscal, en la que se refiere a 9 de los 32 departamentos, entre ellos Atlántico, La Guajira, Nariño y Norte de Santander. Pero, a las afirmaciones que contiene la misiva del Fiscal, se han sumado una serie de hechos que han venido caracterizando episódicamente a la justicia en nuestro país, como son las órdenes de libertad por vencimiento de términos, para reconocidos delincuentes que en ciudades como Barranquilla siembran el terror y controlan a comunidades enteras. Según registros del mes de marzo del presente año, publicados en el Diario El Heraldo, en solo 8 meses salieron 259 reos, tras la aplicación de medidas para combatir el hacinamiento en las cárceles colombianas; medidas que fueron dispuestas por la Ley 1760 del 6 de julio de 2015 (Artículo 137. Numerales 4, 5 y 6): “Por medio de la cual se modificó parcialmente la Ley 906 de 2004”, y la Ley 1786 de julio de 2016: “Por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015”. “La consigna no puede ser otra que consolidar, mediante una reforma de fondo e integral, un sistema judicial que garantice la seguridad ciudadana”. Sin embargo, según el registro de prensa, en aquel período, 259 personas salieron en libertad por vencimiento de términos, pero 650 individuos fueron encarcelados, lo que en la indiscutible lógica de las matemáticas equivale a que aumentó el número de internos en las cárceles. Así las cosas, observamos que el hacinamiento invocado por el Fiscal Néstor Humberto Martínez como una amenaza contra las órdenes de captura, en la lucha contra la delincuencia, y al mismo tiempo las normas legales establecidas para menguar el hacinamiento, se han convertido en una especie de círculo vicioso que encierra a dos obstáculos para la Justicia y el Orden en el país, como son el hacinamiento y el vencimiento de términos. A ello le agregamos la falta de decisión del INPEC para la construcción de nuevas prisiones, pese a los anuncios realizados desde el año 2016; que en muchos casos han sido ahogados por el rechazo de las comunidades cercanas a los puntos escogidos para las construcciones de las denominadas megacárceles, mientras crece la población carcelaria y el hacinamiento que en la actualidad se calcula, en promedio, en un 54%, según datos del INPEC. Tales problemas, ligados con los presuntos actos de corrupción en la rama judicial, en todos sus niveles, ampliamente conocidos por la ciudadanía, nos muestran un panorama incierto para el control de la criminalidad en el país y una justicia inviable por las condiciones propias de su entorno y de algunos reductos de su aspecto interno. Pese a todo ello, sería ilógico e injusto vaticinar en tono trágico que como consecuencia de todo lo anterior podría resultar imposible cumplir con el mandato constitucional de velar por la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de los ciudadanos, ante una sociedad que espera todo lo contrario y que es víctima del temor que produce tan espantoso panorama. Por eso, considero en mi condición de congresista, pero más como ciudadano, que ante este hecho que no hace distingos de ninguna clase, se impone el deber nacional y patriótico de avanzar en la dirección correcta, tanto el Gobierno como los partidos políticos y los ciudadanos, hacia una verdadera reforma a la justicia. La consigna no puede ser otra que consolidar, mediante una reforma de fondo e integral, un sistema judicial que garantice la seguridad ciudadana y que vele por la resocialización de quienes han caído en las garras del delito. Una justicia ideal, que no resultará imposible de lograr si nos ponemos de acuerdo, declinando cualquier condición partidista o ideológica, pensando en el bien de todos los colombianos.

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Nos preocupa el fracking

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Flora Perdomo Andrade Representante a la Cámara por Huila, Partido Liberal En el Congreso de la República se acaba de radicar un proyecto muy importante por medio del cual se busca la prohibición de la extracción de petróleo a través de la técnica del fracking. Se trata del proyecto de Ley 071 de 2018 que inicia su trámite legislativo y cuya principal razón de ser está en la ingente necesidad de evitar a toda costa serias y dolorosas afectaciones del orden ambiental. Está sobre la mesa una profunda discusión respecto de las implicaciones que la adopción de esta técnica pueda tener para el país y se pone de presente la relación costo – beneficio, dada la necesidad que hoy tiene Colombia de aumentar sus reservas petroleras que según los estimados oficiales no llegarían a los siete años. Se ha conformado un bloque parlamentario bastante sólido que ha asumido la tarea de defender esta iniciativa, pues consideramos pertinente advertir que Colombia no puede seguir profundizando un modelo extractivista de dependencia del petróleo, y por lo tanto debe avanzar en la transición a energías limpias. Bajo esa premisa está claro que la implementación de esta técnica de exploración petrolera es altamente lesiva, causa daños irreparables al ecosistema y se torna en un riesgo para la vida, debido a los claros antecedentes ya documentados en diferentes países. El exprocurador Edgardo Maya Villazón dejó sentada su posición sobre el tema, señalando que el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones de las técnicas de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos como el fracking, por lo que considera que el Gobierno Nacional debería establecer formas diferentes y mucho más amigables con el medio ambiente a la hora de adelantar las tareas de exploración y explotación de hidrocarburos. “consideramos pertinente advertir que Colombia no puede seguir profundizando un modelo extractivista de dependencia del petróleo”. No hay discusión que nuestro país posee un gran potencial en materia petrolera, pero la aplicación de esta práctica donde se han vivenciado experiencias de fracking han generado problemas e impactos en el recurso hídrico, aumento en la sismicidad, contaminación de la atmósfera, conflictos sociales e impactos a la salud pública, muchos de ellos irreparables. Hemos asumido el compromiso de defender el agua, de cuidar a toda costa los recursos naturales porque tenemos la convicción que defendiéndola se garantiza la vida y por ende la sostenibilidad ambiental. Los defensores de esta práctica argumentan que el país con esta técnica podría aumentar entre 250.000 y 400.000 barriles diarios su producción de hidrocarburos en unos pocos años, superando los 950.000 barriles que se extraen hoy. Y garantizar así una autosuficiencia superior a los 16 años e indican que habría millonarias inversiones en el país, así como se presentaría un importante aumento en la generación de empleo, algo que se reclama constantemente ante la falta de oportunidades para la gente. Esta disyuntiva nos llevó a tomar posición y por ello soy una convencida de la necesidad de buscar soluciones creativas y amigables con el medio ambiente. Tenemos una responsabilidad histórica, al presente Gobierno le corresponde tomar las decisiones sobre el futuro petrolero, pero también ambiental, pues habrá que legislar y definir unas políticas eficaces y efectivas pensando en las futuras generaciones, entendiendo que el petróleo es importante para la economía nacional, pero el agua es vital para la vida y su entorno.

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Crisis de agua en La Guajira

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Nalliber Andrea Ruiz Torres Estudiante de Maestría en Trabajo Social de la Universidad del Sur de California (USC). La primera vez que viví una crisis de agua fue en el año 2015, en California, EEUU, donde solo se podían regar los jardines ciertos días de la semana y el hecho de malgastar el preciado líquido implicaba una multa de hasta $500 dólares. Sin embargo, a unos miles de kilómetros se presentaba una situación mucho más devastadora. De acuerdo con el Washington Post, 5.000 niños han muerto en La Guajira, Colombia, por la escasez de agua. Factores naturales y antropológicos son la causa principal de la calamidad que han vivido y siguen viviendo las comunidades Wayuu. El fenómeno de El Niño del 2014, que generó en La Guajira las peores sequías y las más bajas precipitaciones en 40 años, dejó como consecuencia la muerte de 20.000 cabezas de ganado y a su población aún más vulnerable de presentar problemas de desnutrición. Por otra parte, la extracción de carbón de una de las minas más grandes de Latinoamérica, El Cerrejón, ha generado la desviación del río Ranchería, principal fuente de agua potable para la tribu Wayuu. Producto de ello, cada día los niños de esa región recorren hasta tres horas el desértico y agotante territorio de La Guajira en busca del preciado líquido. Desesperados y en cuestión de minutos recogen el agua que pueden y la beben muchas veces sin saber que está contaminada con partículas de metales pesados, lo que los coloca en riesgo de infecciones intestinales que pueden derivar, incluso, en su muerte. Como ciudadana colombiana, comparto el dolor de ver a cientos de niños indígenas desnutridos, algunos de los cuales han muerto en sus hamacas por la falta de agua y alimentos. Esto me lleva a pensar que más que espectadores podemos ser agentes de cambio social en esta crisis. La comunidad internacional ha estado atenta a la situación, y es así como el Banco Mundial le concedió un préstamo de nueve millones de dólares al Gobierno colombiano en el 2OO7 para garantizar a la comunidad Wayuu el acceso a ese servicio vital. Sin embargo, según líderes indígenas, no hubo el seguimiento necesario para la realización de los proyectos que se tenían en mente. Tampoco ha sido posible terminar la hidroeléctrica, cuyo costo inicial fue de 650.000 millones de pesos, con la cual se busca proveer del líquido a más de 354.000 habitantes en esa zona del Caribe colombiano. De los 365 reservorios que hay en el municipio de Uribia, solo uno posee agua potable. ¿Podrá Colombia seguir contando con la existencia de la tribu Wayuu con las pocas medidas que se han tomado, algunas de ellas aún sin ejecutarse? “El aumento de compañías privadas mejoraría la eficacia en los procesos de desalinización y con el aumento de la oferta los precios por el agua disminuirían eventualmente”. Con la pregunta no se busca señalar culpables, sino identificar soluciones viables por medio de la colaboración mutua y responsable de quienes están interesados en que se ejerzan políticas de acción a nivel holístico y así proteger los derechos fundamentales de la población Wayuu. Actualmente, existe una empresa internacional privada en La Guajira que desde el 2016 proporciona agua potable por medio del procedimiento de desalinización, aprovechando las fuentes de energía altamente renovables como el viento y la energía solar, que reducen el costo de la reversión de osmosis. Aunque esta compañía trae esperanza para el departamento, se requieren más empresas con innovación tecnológica, ya que la necesidad es mucha y las comunidades étnicas cada día van desapareciendo. El aumento de compañías privadas mejoraría la eficacia en los procesos de desalinización y con el aumento de la oferta los precios por el agua disminuirían eventualmente. Cabe recordar que Colombia es parte del Acuerdo de París y se ha unido a la lucha por reducir los efectos del cambio climático en el mundo, con el compromiso de bajar las emisiones de carbono en un 20% para el año 2030. También, uno de los propósitos del Gobierno colombiano como parte de OECD es trabajar con entidades locales, regionales y empresas privadas nacionales e internacionales, con el fin de fomentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad en comunidades de riesgo o situaciones adversas por eventos naturales. Estas medidas, en conjunto con la innovación del sector privado y la colaboración de las tribus indígenas en su amplio conocimiento de la tierra y sus recursos, solucionarían a largo plazo la crisis de agua en La Guajira, y colocarían a Colombia en la plataforma internacional como un modelo de desarrollo sostenible socio-económico para el mundo entero.

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Los puentes de la paz

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Por Antanas Mockus Senador, Partido Alianza Verde Después de 30 años, Colombia vivió en el 2017 el año con menos muertes violentas: 24 homicidios por cien mil habitantes. Vamos por buen camino, pero el camino debe seguir sin tregua y con persistencia. Sin lugar a dudas, este hecho histórico obedece en gran parte a que la guerrilla de las FARC-EP transitó del ruido de los fusiles al poder de la palabra. La firma del acuerdo de paz en la Habana nos ha dejado claro un mensaje que repercute en vidas salvadas: nunca más armas mezcladas con política. Gracias a la agenda de la Comisión Sexta, este tránsito lo he vivido en las últimas semanas en dos regiones admirables de nuestro país: Meta y Casanare. La primera, por investigaciones que hice (la comisión VI viajaba a esta región y por la muerte de mi madre no pude viajar) y, la segunda, porque viajé a Yopal. En 2017 los homicidios de Villavicencio bajaron en una cuarta parte (24%) frente al año 2016, pasando de 142 a 108 homicidios. En ese mismo año, Yopal tuvo 6 homicidios por cien mil habitantes. Probablemente en estas zonas la cultura guerrerista ha mermado y la dejación de las armas por parte de las FARC ha tenido un impacto positivo en términos de vidas protegidas. Estas condiciones son un resultado admirable por sí mismo y, a su vez, son un resultado que permite plantear discusiones que antes eran muy lejanas, por ejemplo, el reto de articular y poner en diálogo la Colombia olvidada y víctima de la guerra con la Colombia urbana y del centro del país. Las brechas históricas que han existido en estas regiones hay que disminuirlas. “Si las zonas de este país diverso no tienen “puentes” entre sí, esta pedagogía es imposible de desarrollar”. Esta conexión entre estas dos colombias supone fortalecer una moneda con dos caras: el cambio cultural, por un lado, y la infraestructura, por otro lado. La construcción de carreteras puede contribuir a cerrar estas brechas, poner en comunicación real dos regiones, y tejer puentes necesarios que alimenten el intercambio de narrativas, fortalezas territoriales y diferencias culturales. Se trata de construir también puentes simbólicos que permitan crear entre todos las posibilidades físicas y culturales de la reconciliación. Estos puentes suponen que las carreteras se hagan realidad, ya hay unas en construcción, pero sus procesos de implementación, cumplimiento de tiempos y eficiencia en el gasto no han sido óptimos. Estas construcciones merecen todo el seguimiento, la veeduría y rendición de cuentas. A su vez, es necesario que su implementación, construcción y ejecución sean transparentes y eficientes. Colombia, lo digo con toda convicción, debe ser un ejemplo de pedagogía generalizada donde todos aprendemos de todos. Si las zonas de este país diverso no tienen “puentes” entre sí, esta pedagogía es imposible de desarrollar.

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Víctimas del Consejo de Estado

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Samuel Hoyos Mejía Representante a la Cámara por Bogotá D.C., Centro Democrático Tenía razón el Presidente Iván Duque cuando propuso reformar las altas cortes. Necesidad nuevamente demostrada con el fallo del Consejo de Estado condenando a la Nación por el atentado al Club El Nogal. Mucho daño ha hecho, la perversa visión, para algunos progresistas, de considerar al Estado el responsable de todo. Esa postura, tan propia del populismo de izquierda, resulta altamente regresiva, privilegiando los intereses particulares en detrimento del bien común. Los “progres”, que no conocen la dificultad de producir, creen que los recursos públicos provienen de una fuente ilimitada, y que, por eso, el Estado tiene la obligación de satisfacer todas las necesidades -y hasta los caprichos- de los ciudadanos. Casos tan absurdos, como decisiones judiciales que obligan al Estado a pagar costosas cirugías estéticas, incluso de cambio de sexo -alegando la garantía al libre desarrollo de la personalidad-, impiden la satisfacción de necesidades apremiantes que vulneran derechos -eso sí, fundamentales- como la falta de acceso al agua potable o a un sistema de salud para poder sobrevivir. El populismo judicial, como el legislativo, cree que, a través de leyes o sentencias se solucionan los problemas. Esa actitud, ingenua o malintencionada, hace inviable al Estado. Responsabilizar a la Nación por no haber podido evitar los atentados de un grupo terrorista, al que hemos combatido con gran esfuerzo -humano y económico- es injusto e irresponsable. Las reiteradas sentencias condenando al país por hechos inevitables y obligándolo a hacer lo imposible significan un alto desgaste institucional y un abuso al bolsillo del contribuyente. “Los “progres”, que no conocen la dificultad de producir, creen que los recursos públicos provienen de una fuente ilimitada” Es absurdo concluir que se pudo impedir la masacre del Nogal, alegando que había: “informes de inteligencia que daban cuenta de un inminente atentado terrorista de las Farc en Bogotá. En febrero de 2003 y, por omitir esos reportes, no se previno el ataque contra el exclusivo club El Nogal”. Y peor aún, justificarlo, diciendo que: “quedó establecida la utilización de las instalaciones del club privado con fines institucionales, pues se adelantaron reuniones de altos funcionarios del Estado, auspiciados por el Ministerio del Interior, y se comprobó la pernoctación de la ministra de Defensa de la época en el lugar donde se produjo el ataque”. Esas decisiones, con claro interés político y económico, harán de Colombia un Estado fallido. Según la SIC, hay más de 600 mil procesos contra entidades públicas, cuyas pretensiones alcanzan los 326 billones de pesos, cifra equivalente al 50% del PIB. Ningún país, por rico que sea, está en capacidad de evitar todos los riesgos, ni de reparar todos los daños causados por terceros. Es urgente una reforma judicial que ponga límite a los abusos contra el Estado y, al paso que vamos, que defienda a los colombianos de sus propias cortes.

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