Rodrigo Villalba Mosquera
Senador, Partido Liberal
Si la política de un país marcha mal, todo lo demás se verá afectado de manera negativa. En Colombia la política ‘hizo agua’ y clama a gritos una reforma política y electoral que empodere a los partidos y devuelva la confianza a los electores. Enhorabuena, el gobierno y los partidos, incluidos los de izquierda, han consensuado unas iniciativas que vienen de tiempo atrás, como también el temario de la consulta anticorrupción que, si bien no logró el umbral, finalmente fue acogido por todos como un mandato para incorporarlo en la enmienda constitucional. La ministra del Interior está haciendo sus mejores oficios para consensuar el texto.
La reforma que hace tránsito en el Congreso debe fortalecer los partidos, aumentar la participación de la mujer, eliminar el Consejo Nacional Electoral y, en su reemplazo, crear un tribunal autónomo y con dientes para poner en cintura a los que incumplan con los topes de los gastos electorales, como también a quienes “le venden el alma al diablo”. Se eliminaría el voto preferente dándole paso a las listas cerradas, a la democratización interna en los partidos y a la financiación estatal de las campañas políticas. Hoy hacen su “fiesta” las microempresas electorales, en donde los candidatos tienen que conseguir los votos y la financiación, y es allí donde llega la endemoniada y pecaminosa alianza ‘candidatos-contratistas’, donde el que más consiga financiación, más posibilidades de éxito electoral tiene.
“…la política ‘hizo agua’ y clama a gritos una reforma política y electoral que empodere a los partidos y devuelva la confianza a los electores”.
Pero ahora, alrededor de esta onda reformista, muchos ingeniosos, unos con fines mediáticos y otros para favorecer o perjudicar a alguien, se han inventado todo tipo de iniciativas y están convirtiendo la reforma política en un ‘arbolito de navidad’ al que le cuelgan de todo, hasta adornos perversos, y me temo que se van a tirar la reforma. Por ejemplo, alguien está hablando de alargar los periodos de alcaldes y gobernadores para ‘unificar periodos’, algo que legalmente no es posible. Los congresistas no podemos alargar los mandatos de los elegidos por el constituyente primario. Podemos aumentarlos o acortarlos, pero hacia adelante.
Con la lista cerrada para las corporaciones públicas avanzaremos mucho en la depuración de la política, pero tampoco podemos aplicarla a quemaropa en un proceso electoral en curso como el que viene el año entrante con las elecciones regionales y locales, sin implementar previamente los instrumentos de democracia interna.
Por eso, el llamado es a concentrarnos en lo fundamental, a trabajar en la construcción de una reforma política estructural que se implemente a partir del proceso electoral del año 2022, sin afanes y con soporte legal, una reforma que realmente depure y devuelva la confianza en la clase política. Es la hora de legislar hacia delante, sin miramientos distintos a mejorar la actividad política.