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¡Cadena perpetua es inobjetable!

Por Jennifer AriasRepresentante a la Cámara por Meta, Centro Democrático Alguien esbozó que “sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños”, y cuánta razón tenía. En Colombia, hasta agosto de este año, Medicina Legal reportó la presunta ocurrencia de 15.408 delitos sexuales contra menores de edad. La mayoría de esos episodios de violencia correspondían a niñas y niños entre los 10 y los 14 años; le siguen los que están entre cinco y nueve, y los bebés, que también son víctimas. La institución registró además 457 hechos de sangre contra esa población. Un análisis superficial hablaría de dos homicidios de menores cada día; uno profundo empezaría por decir que enfrentamos un periodo de descomposición social. Casos como los de Yuliana Samboní y Génesis Rúa, las niñas de 7 y 9 años que fueron violadas y asesinadas en Bogotá y Fundación, Magdalena, no deben repetirse. Por eso es necesario fortalecer el aparato de justicia para reducir los índices de impunidad en el país, que ya superan el 90 por ciento, e implementar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. “El gobierno del presidente Iván Duque ya anunció que, de cualquier modo, sea por proyecto de ley o por referendo, va a buscar implementar la cadena perpetua para los abusadores, violadores y asesinos de niños”. Sobre este último, el gobierno del presidente Iván Duque ya anunció que de cualquier modo, sea por proyecto de ley o por referendo, va a buscar implementar la cadena perpetua para los abusadores, violadores y asesinos de niños. Sin embargo, parece mentira que una medida inobjetable como la de la cadena perpetua tenga enemigos; algunos faltos de sensatez que esgrimen, por ejemplo, que no hay cárcel para tanta gente o que es muy costosa su manutención, cuando la seguridad de nuestros niños no tiene precio. A esas personas que se muestran abiertamente en oposición a la medida, habría que cuestionarlas sobre lo que pasaría si un caso de abuso sexual llegara a afectar a algún miembro de su familia, un hijo, un sobrino, una hermana o hermano. ¿Aceptaría que en pocos años el abusador regresara a la libertad?, ¿y si vuelve a atacar?, ¿valdría la pena correr ese riesgo? Por mi parte, y desde una condición humana, más allá de la posición política que ahora ocupo, aplaudo la iniciativa del presidente Duque y condeno toda acción que atente contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Estoy convencida de que ellos son el más importante de nuestros recursos. Invito a todos los colombianos a acompañar esta iniciativa. Que el egoísmo político no ciegue la enorme necesidad de nuestros niños.

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La inseguridad se robó hasta la tranquilidad

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Enrique CabralesRepresentante a la Cámara por Bogotá, Centro Democrático Hablar de inseguridad ciudadana y la percepción del miedo de los colombianos, sobre todo en las principales ciudades, podría ser un tema recurrente, pero cuando este problema se agudiza y no vislumbra solución a la vista es claro que hay que prender las alarmas. Los colombianos estamos cansados de las estadísticas. Algunas advierten que los homicidios bajaron, otras que subieron; que el hurto callejero sube y baja; que el robo a residencias tiene variaciones; que una cosa y que otra. Lo que queremos escuchar los colombianos son las medidas que se van a tomar, porque no podemos aceptar que cada individuo termine como una cifra más que sirve para ser detallada en coloridos cuadros, barras y tortas estadísticas, mientras que en la calle el hampa es el amo y señor. Voy a enfocarme en el caso de Bogotá. Esta semana la personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, prendió las alertas en la ciudad. Altos índices de delitos que impactan la convivencia ciudadana; disminución del número real de policías patrullando las calles; llegada de migrantes venezolanos y desplazados del conflicto, y la escasa acción y articulación entre el Distrito, fuerza pública y comunidad son los mayores problemas. “La delincuencia común se tiene que convertir en un foco de atención de los gobiernos nacional, departamental, municipal y distrital”. Este es el panorama que vive la capital –miremos estadísticas-. En Bogotá hubo un incremento del 51,2% en hurtos, entre enero y agosto van más de 80 mil casos, se dice que cada 5 minutos atracan a un ciudadano. A septiembre, el hurto a residencias llegó a 7.480 casos, cuatro casas diarias; el robo de automotores va en 2.731 casos reportados; van 180 homicidios, casi que asesinan dos personas al día; van 22.088 casos de violencia intrafamiliar, es decir, 81 diarios. A lo anterior se suma que la Policía Metropolitana reportó que a agosto de este año contaba con 17.225 uniformados, 1.062 policías menos que en noviembre de 2017, fecha en la cual se anunciaron 700 efectivos adicionales, es decir, menos pie de fuerza en una ciudad en manos del hampa. Así, podríamos continuar con las estadísticas y no llegaríamos a nada.Por eso, la delincuencia común se tiene que convertir en un foco de atención de los gobiernos nacional, departamental, municipal y distrital, porque no podemos decir que el problema es de percepción de inseguridad, es claro que no se trata de un simple sentimiento de que nos puede pasar algo, porque –sencillamente- está pasando y no es una sensación, es una realidad tangible que dista mucho de esos imaginarios de que todo marcha mejor. Es necesario actuar con urgencia y perseguir al delincuente y que no se presenten casos como el del suboficial que, en defensa propia, asesinó a un miembro de una peligrosa banda delincuencial en momentos en que lo iba a atracar. Hoy enfrenta un proceso penal por homicidio. Esta es la realidad de nuestras ciudades y por eso hay que tomar medidas y darle herramientas a la justicia para que los delincuentes comunes no terminen libres a las dos horas. Por eso, no es exagerado decir que la inseguridad nos ‘robó’ hasta la tranquilidad.

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Nos preocupan las regiones productoras

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César Ortiz ZorroRepresentante a la Cámara por Casanare, Partido Alianza Verde Después de 4 horas de debate, con 26 votos a favor y 2 en contra, los representantes de la Comisión I aprobaron el Proyecto de Acto Legislativo que pretende devolver las regalías a las regiones productoras. Ahora, nuestro Proyecto de Acto Legislativo 023, pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes para su segundo debate y luego surtir los dos debates en este periodo legislativo en el Senado de la República. Hemos recibido gran apoyo de la Comisión, se introdujeron algunas modificaciones y esperamos llegar a una conciliación con los representantes de las regiones no productoras para que la nueva distribución de las regalías sea más equitativa y permita a las regiones productoras compensar los daños sociales, económicos y ambientales que produce la explotación de recursos naturales no renovables. Casanare le ha contribuido a la economía de Colombia con importantes aportes, provenientes de los recursos petroleros desde hace 44 años, y actualmente es el segundo departamento productor con un 17% de la producción. En 1994, Casanare tenía 223.871 habitantes y en 2017 tenía 368.989, lo que quiere decir que se presentó un incremento poblacional de 64.82%, lo que demanda cuantiosos recursos para garantizar todos los servicios sociales de la población. Antes del 2012, las regiones productoras recibían un 79% del total de la bolsa de las regalías; sin embargo, las normas que existían en esa época restringían la inversión a salud, agua potable y saneamiento básico, lo que nos privó de atender otros sectores importantes como vías, vivienda y proyectos productivos, entre otros. Casanare en 2011 recibió 600.000 millones de pesos y en el 2016 recibió solo 79.836 millones, lo que significa una pérdida aproximada de 87% y, pese a lo que muchos creen, sobre la asignación actual de regalías del 20%, hay que aclarar que los departamentos productores realmente están recibiendo 9,45%, puesto que ese 20% se deduce del saldo residual después de descontar los fondos creados con la modificación al Sistema General de Regalías. “Con el proyecto de Acto Legislativo 023, las regiones productoras podrían recuperar sus regalías entre un 30% y un 50% aproximado del monto total de las regalías”. Con el proyecto de Acto Legislativo 023, las regiones productoras podrían recuperar sus regalías entre un 30% y un 50% aproximado del monto total de las regalías. Respecto a la preocupación de algunos frente a la corrupción que padecieron las regiones productoras con el manejo de las regalías, tengo que decir que cada día es menos posible que ello se repita por cuanto la ciudadanía y el propio Estado cada día están más vigilantes y el control es más eficaz. De ser aprobado nuestro proyecto de acto legislativo, habremos dado un gran paso en la vía de reparar los daños que nos ha ocasionado el boom petrolero, vamos a tener importantes recursos para consolidar nuestras finanzas públicas. La tarea de todos los ciudadanos es cuidar celosamente el patrimonio público como recurso sagrado.

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¿Protesta social?

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Margarita RestrepoRepresentante a la Cámara por Antioquia, Centro Democrático En un Estado Social de Derecho como el nuestro es perfectamente necesario que se garantice el derecho a la protesta, pero esta, lo dice la Constitución, debe ser pacífica y ordenada. Me parece pertinente que los jóvenes se preocupen por el futuro de la educación, sobre todo que insistan en que se aumente el presupuesto para efectos de cumplir la deuda que hace más de 25 años tiene el Estado con la educación superior. “Debemos cerrar filas contra todos los que, abusando de la protesta social y con fines puramente políticos y electorales, incitan a que esas manifestaciones se tornen en actividades de terrorismo”. A través de la investigación científica, se amplía la frontera del conocimiento y el efecto inmediato se ve reflejado en el desarrollo humano de los países. Nuestra educación superior padece grandes dificultades, las cuales han empezado a ser atendidas responsablemente por el Presidente Iván Duque y su ministra de Educación María Victoria Angulo. Lo que hemos visto en las últimas semanas, de jóvenes encapuchados, lanzando bombas “Molotov”, dañando los buses de “Transmilenio” en Bogotá, agrediendo a los policías que están en las calles protegiendo a todos los ciudadanos, no es, ni mucho menos, una protesta social. Esos actos vandálicos deben ser investigados y castigados ejemplarmente. También, debe ser sancionado el instigador de los mismos. Lo que ha hecho Gustavo Petro es de una gravedad oceánica. Su sed de poder lo ha llevado al extremo de incitar a la violencia. Los antisociales que atentaron contra los policías, contra el sistema de transporte público y contra la sede de RCN en la Avenida Caracas, tuvieron un instigador: Gustavo Petro. Cuando mi partido estuvo en la oposición, muchas veces salimos a las calles a expresar nuestro descontento con el gobierno de Juan Manuel Santos, amparados por el precepto constitucional que permite la protesta. Pero siempre, absolutamente siempre, observamos un comportamiento pacífico, civilista y educado, pues nuestro propósito era el de enviar un mensaje y de sentar nuestra voz de protesta. Cuando terminábamos la concentración, junto a nuestros simpatizantes barríamos las calles y dejábamos las plazas impecablemente limpias. Por supuesto, jamás agredimos a nadie y menos a un miembro de la Fuerza Pública. Celebro que la Fiscalía General de la Nación haya fijado una millonaria recompensa para quien ayude a identificar y a capturar al desadaptado que lanzó una bomba incendiaria contra un miembro de la Policía Nacional. Ese antisocial deberá ser capturado y condenado ejemplarmente. Respaldo a los estudiantes que con toda legitimidad protesten para demandar una mejor calidad en su educación, pero debemos cerrar filas contra todos los que, abusando de la protesta social y con fines puramente políticos y electorales, incitan a que esas manifestaciones se tornen en actividades de terrorismo y violencia, como ha sucedido en los últimos días. Desde que fue derrotado por el Centro Democrático, Gustavo Petro ha amenazado al país con “movilizaciones”. Ya hemos visto algunas de ellas y ahora nos ha notificado que hará unas cuantas más para oponerse a la ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional. Dados los antecedentes, la Fuerza Pública está totalmente habilitada para emprender todas las acciones necesarias para evitar que las nuevas “movilizaciones” promovidas por Petro, se conviertan en actos de terrorismo.

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Un pacto por el bien-estar

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David RaceroRepresentante a la Cámara por Bogotá, Decentes Los colombianos no la han pasado nada bien en los últimos años. El 55% de la población asegura que sus ingresos escasamente alcanzan a cubrir los gastos mínimos, el 50% de los colombianos ganan hasta $1,5 millones de pesos, mientras que el 26% de la población es pobre. En materia de mercado laboral, el 10% de la ciudadanía es desempleada, y en lo que respecta a desigualdad, Colombia es uno de los 5 países con peores indicadores en el mundo sobre esta materia, el 1% de los más adinerados de nuestra Nación concentra el 40% de la riqueza y el 20% del ingreso total. Ante semejantes injusticias, ¿qué podemos hacer? Se han creado diferentes consensos sobre las causas de estas inequidades, una de ellas es que en Colombia hay baja productividad y nula competitividad. ¿Cómo se puede mejorar este par de indicadores? “Las decisiones en materia de política fiscal del Presidente Duque no están alineadas con las necesidades económicas del país”. Por una parte, se necesita de una adecuada articulación entre el Estado y el mercado, en el que las dos instituciones suplan mutuamente sus deficiencias naturales. En esta relación, la política fiscal juega un papel fundamental porque es un mecanismo de generación de incentivos en la economía. Por el lado del gasto público, se debería priorizar en áreas que permitan desarrollar actividades de alta productividad como las del sector industrial. Es crucial entonces que el presupuesto general de la Nación se invierta en educación, ciencia y tecnología y subsidios condicionados para algunas actividades industriales que sean susceptibles de exportación. Para fortalecer la competitividad se debe invertir en infraestructura, es necesario buscar nuevos medios de transporte más eficientes como trenes de alta velocidad, además de localizar las empresas en áreas geográficas estratégicas del país. Con esta medida se podría reducir el costo de transporte y crear desarrollo regional. Ahora, por el lado de los impuestos, se deberían crear beneficios tributarios para las empresas siempre y cuando estas demuestren mejoras en productividad, competitividad y empleabilidad. Además, es fundamental garantizar una estructura tributaria sencilla con la cual se reduzcan costos de administración tanto para el Gobierno como para los contribuyentes, decisión que podría aminorar la elusión y la evasión fiscal. A pesar de que el Gobierno se preocupa por la competitividad y productividad, sus decisiones de política, por lo menos en el aspecto fiscal y de inversión, no son consecuentes con dichas problemáticas. ¿Cómo vamos a mejorar la productividad si no hay mejoras en ciencia ni educación? Mientras Colombia gasta 0,25% de su PIB en ciencia y tecnología, los países de la OCDE gastan 2,24%. La ciencia y la educación atacan la desigualdad, permiten la innovación y mejoran la productividad. Por el lado de la política tributaria, el sector que más concentra deducciones y exenciones en la economía es el sistema financiero con un promedio de 30% y 34%, respectivamente. Entre 2001 y 2018, el sistema financiero ha aumentado sus utilidades en 1.900%, mientras que el empleo del sector apenas crece en 156%. ¿Cómo vamos a mejorar la productividad si le damos beneficios tributarios a sectores improductivos incapaces de crear empleo? Lamentablemente, las decisiones en materia de política fiscal del Presidente Duque no están alineadas con las necesidades económicas del país. En materia de gasto, la guerra y la deuda son prioridad mientras que, en temas tributarios, se dan beneficios a sectores improductivos. Necesitamos un pacto por la equidad, la competitividad y la productividad entre el Estado, los empresarios, los sindicatos y en general toda la sociedad que permitan el bien-estar de los colombianos. Este pacto debe contener cinco elementos. Primero, que el gasto público para educación y para ciencia y tecnología crezca de forma exponencial. Con esto se ataca la desigualdad pero también se mejora la innovación y la productividad de la economía. Segundo, beneficios tributarios para empresas según su tamaño y generación de valor, condicionando dichos beneficios a mejoras en productividad, competitividad y empleabilidad. Tercero, localización de empresas en áreas geográficas estratégicas que permitan disminuir costos de producción y garantizar el desarrollo regional. Cuarto, incentivos fiscales para la transformación de la matriz energética del país. Quinto, necesitamos una reforma tributaria realmente estructural con la que evitemos estar cada 18 meses haciendo cambios en el estatuto, superando la apelación de impuestos regresivos como el IVA que afectan a los hogares de clase media y sectores populares y en el mediano plazo a la demanda agregada. Invito a todos los partidos, gremios, sindicatos, Gobierno y demás actores a firmar este pacto por el bien-estar de los colombianos.

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Seguimos comprometidos con el campo

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Pablo Catatumbo Torres Victoria Senador, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común El escenario en el que hoy transita nuestra patria, luego de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, abre la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en la historia nacional. En este contexto, nuestra participación política como partido, busca representar el sentir y las necesidades de millones de compatriotas históricamente excluidos. Nuestro trabajo buscará incansablemente cerrar las brechas de desigualdad en el país. En el horizonte político de nuestro partido siempre ha estado el anhelo de mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres rurales. En esa dirección, en el desarrollo de los diálogos en La Habana presentamos 100 propuestas en las que se expuso nuestra visión programática acerca de las transformaciones necesarias para el campo colombiano. Los lineamientos que guiaron estas propuestas fueron: la realización de una reforma rural y agraria integral; la erradicación del hambre y la pobreza; el reconocimiento y garantías del trabajo de la mujer rural; ordenamiento social y ambiental participativo; el reconocimiento de los derechos del campesinado; garantía de acceso real y efectivo a los bienes comunes; el reconocimiento de los territorios colectivos y las territorialidades de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenques; la dignificación del trabajo en el campo y la construcción de nuevas relaciones entre el campo y la ciudad. Nuestro compromiso con el mundo rural colombiano sigue intacto. Actualmente, en la Comisión Quinta de Senado, de la que hago parte, se encuentra en trámite el Proyecto de Ley “Por medio del cual se otorgan beneficios a los pescadores artesanales, comerciales de pequeña escala y subsistencia”, que se suponía ser producto de una construcción colectiva en La Mesa Nacional de Pescadores Artesanales. A grandes rasgos valoramos positivamente la iniciativa. En el entendido, que proponía direccionar esfuerzos para crear una especie de subsidios en las temporadas de veda en las que los pescadores no tienen ingresos. Además, en el articulado del proyecto de ley se propone la realización de un Censo Nacional Pesquero, con el objetivo de conocer las bases diagnosticas de los pescadores para poderlos atender. Ahora bien, nos llamó la atención que el Proyecto de Ley pretende crear espacios intersectoriales para la toma de decisiones y propone la participación de pescadores en el Consejo Técnico Asesor de La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP-. Si bien, la participación de los pescadores es importante en los espacios del direccionamiento de las acciones de la autoridad pesquera, su representación la definiría el gobierno de turno, debido a que sus representantes se elegirán de una terna que proponga La AUNAP. En el desarrollo del trámite legislativo nos preguntamos: ¿Qué garantías tendrán los pequeños pescadores de lograr una representación real y efectiva en el comité Técnico Asesore de la AUNAP? ¿Qué piensan los pequeños pescadores respecto al Proyecto de Ley? Con la intención de superar estas incógnitas y, con ello, garantizar la participación de las organizaciones de pescadores en el trámite legislativo, radicamos la propuesta de una Audiencia Pública para que las organizaciones de pequeños pescadores lleven su voz al recinto del Congreso de la República. En el desarrollo de esta iniciativa hemos logrado establecer un diálogo permanente con las organizaciones de pescadores del Caribe colombiano agrupadas en la Confedereación de Pescadores Artesanales del Caribe colombiano -COFEPESCAR- y para preconocer el sin número de adversidades por las que pasan medio millar de compatriotas que viven de esta actividad. “Radicamos la propuesta de una Audiencia Pública para que las organizaciones de pequeños pescadores lleven su voz al recinto del Congreso de la República”. Esperamos que de este ejercicio de diálogo surja una iniciativa de Proyecto de Ley, que permita a las organizaciones de pescadores revivir sus aspiraciones que naufragaron en la década de los noventa con el archivo de la “Ley Marco de Pescadores” y, de esta manera, colectivamente, Planes de Ordenamiento Pesqueros, como iniciativas regionales en armonía y de conformidad con lo pactado en la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz. Nuestro compromiso consiste en trabajar de la mano con las organizaciones de pescadores en Colombia y extender el diálogo al Pacífico colombiano, a la Colombia profunda. Haremos de nuestra curul un espacio para que los “de a pie” tengan un diálogo directo con quienes deciden sobre su futuro. El ejercicio político no debe ser un privilegio, debe extenderse a la Colombia periférica, a esa que no ha tenido voz por siglos.

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Prescripción de delitos sexuales: la puerta a la impunidad

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José Ritter LópezSenador, Partido de la U Cifras como las arrojadas el presente año por Medicina Legal en sus datos estadísticos evidencian que en el país se cometen abusos sexuales en contra de menores de edad a razón de 49 veces al día, lo que coloca en primer plano esta repudiable acción. Por ello, éstas alarmantes, pero ante todo vergonzosas, cifras demandan acciones severas e inmediatas por parte de las diferentes ramas del Poder Público en aras de hacer frente a este grave flagelo que parece intensificarse con el paso de los días. “La impunidad para los delitos relacionados a prácticas pederastas está legalmente establecida dentro de unos parámetros cronológicos”. Actualmente, en virtud del derecho al debido proceso, en Colombia prescriben tanto las acciones penales como las sanciones de la misma índole impuestas en razón a abusos sexuales en contra de menores de edad, es decir, el Estado, con el paso de los años, pierde la potestad de sancionar penalmente a posibles pederastas por determinado hecho (veinte (20) años después de que la víctima cumple la mayoría de edad), y en los casos que hayan sido previamente condenados, pierde la potestad de ejecutarles la pena impuesta (prescribe en el término fijado como pena en la sentencia condenatoria o en el que falte por ejecutar, sin llegar a ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoría de la correspondiente sentencia). En ese contexto, resulta evidente que la impunidad para los delitos relacionados a prácticas pederastas está legalmente establecida dentro de unos parámetros cronológicos, lo que es a todas luces inaceptable. Con ocasión a lo mencionado, presenté un proyecto de ley que pretende hacer imprescriptibles tanto la acción como la sanción penal en caso de abuso sexual a menores de edad, con el cual busco que se empiecen a endurecer las condiciones y el trato que la autoridad estatal ejerce sobre este tipo de delincuentes, caminando con firmeza hacia la eventual cadena perpetua y dejando un mensaje claro de que la responsabilidad frente a abusos sexuales cometidos contra menores tiene vigencia permanente. Cabe anotar que la Constitución Política determina que en Colombia no habrá penas imprescriptibles (Artículo 28), tesis que la honorable Corte Constitucional ha apoyado en sendas sentencias (C-401/10, C-580/02, C-290/12). Sin embargo, en casos de delitos como la desaparición forzada, genocidio y de lesa humanidad, encontramos que se aplica la referida figura jurídica. En ese orden de ideas, surge la incógnita sobre la razón por la cual se da aplicación a la imprescriptibilidad para los delitos citados, pero no para los relacionados a abusos sexuales a menores de edad. Sin dejar de lado el tema del bloque de constitucionalidad, resulta que la misma Carta Magna contiene artículos habilitantes que permiten al legislador poner excepciones a la prescriptibilidad como regla general. Por ejemplo, al mencionarse en el Artículo 93 del referido texto que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso en materia de derechos humanos prevalecen en el orden interno, la estructura jurídica nacional queda habilitada para adoptar la imprescriptibilidad en casos de delitos como la desaparición forzada, el genocidio y los de lesa humanidad declarada en los Estatutos de Roma. En práctica de idéntica lógica constitucional, tenemos que el Articulo 44 estipula que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, norma que habilita al legislador para dar prioridad a éstos últimos sobre el derecho al debido proceso que sustenta el tema de la imprescriptibilidad.

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En qué va el Estatuto de la Oposición Política

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Inti AsprillaRepresentante a la Cámara por Bogotá, Partido Alianza Verde El estatuto tiene como propósito dar garantías a los partidos y movimientos políticos que se hayan declarado en oposición. Uno de los puntos fundamentales a los que la oposición tiene derecho es el acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hagan parte del espectro electromagnético. Según el estatuto, nos asignarán espacios adicionales en radio y televisión, al menos de 30 minutos mensuales, en las franjas de mayor sintonía. Aún no sabemos desde cuándo empezaremos, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Tener este espacio es demostrarle a la ciudadanía que de lo hecho en el Congreso no todo es negativo y que aún se puede creer en la política. Lo que sucede es que no la tenemos nada fácil, somos minorías, pero siempre nos ponemos en los pies de la comunidad. “El estatuto es una voz adicional que nos ganamos con esfuerzo, por ser cumplidos y demostrar que trabajamos y que no solo vamos a calentar puesto”. Cabe recordar que el espacio en los medios de comunicación que se utilice será asumido por el Presupuesto General de la Nación. Lo único que se está pidiendo es ejercer con plenas garantías el derecho fundamental constitucional y legal que se otorgó en la Ley Estatutaria 1909 de 2018. Cuando se estableció el estatuto se hizo para fortalecer el pluralismo político, obtener un financiamiento equitativo y no tener que ver desigualdades tanto financieras como de pensamiento. Que el estatuto sea una herramienta de igualdad que genere oportunidades y derechos para así seguir construyendo caminos desde un pensamiento demócrata. Hay puntos como el derecho a la réplica, que nos permite responder ataques que se hagan desde el Gobierno, algo más que necesario, no sólo por responder, sino por demostrar que la oposición no es la oveja negra de la política. El estatuto es una voz adicional que nos ganamos con esfuerzo, por ser cumplidos y demostrar que trabajamos y que no solo vamos a calentar puesto. Que asistimos, nos registramos y presentamos ideas para el bien del ciudadano. Para muchos de los puntos del estatuto es más que necesario sentarnos en una sesión especial para cuadrar este tipo de detalles. Estamos exigiendo cada uno de los puntos acordados para expresar la necesidad de darle voz a lo que estamos haciendo.

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Los pirómanos

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Germán Vargas LlerasExvicepresidente de la República La política pública de vivienda nada que arranca. Solo anuncios, como el lanzamiento del programa ‘Casa digna, vida digna’ esta semana en Soacha, y un ministerio totalmente ausente y desarticulado. Porque conozco a fondo este sector, advierto que si la construcción de vivienda no se privilegia con políticas oportunas e incentivos correctos que le inyecten dinamismo, se van a repetir las pesadillas del pasado. Recordemos que el sector llegó a tener más de 250 proyectos siniestrados que nunca se iniciaron o terminaron y que miles de familias perdieron sus pocos ahorros. “La política pública de vivienda nada que arranca”. El país sabe muy bien que cuando existen unas reglas de juego claras, este sector responde de forma ágil y eficiente. El gobierno anterior creó una política integral e innovadora que en poco tiempo logró la entrega efectiva de viviendas, sin poner en riesgo los recursos públicos, al eliminar el desembolso de anticipos y pagar solo contra viviendas terminadas. Más de 130.000 hogares, los más pobres, se beneficiaron del programa de vivienda gratuita. Elemento clave de esa política también fue vincular el subsidio al crédito con la creación de programas novedosos como Mi Casa Ya, que permitieron a las familias pagar una cuota de crédito inferior al monto que venían pagando por un canon de arrendamiento. La transformación de la política pública se tradujo en muy corto tiempo en la generación de miles de empleos y en la reducción del déficit habitacional urbano en casi 7 puntos. Se alcanzó el récord histórico de construcción de vivienda, llegando a edificarse más de 1’700.000 unidades, con la ventaja adicional de que por primera vez se privilegiaron más las viviendas de interés social o VIS (54 % de lo construido), generando un avance significativo en los indicadores de lucha contra la pobreza. El impacto en el crecimiento y el empleo de este sector es único: La industria edificadora mueve cerca de treinta subsectores y casi 34 billones de pesos anuales en insumos. Y no hay industria, distinta de la construcción, que de manera inmediata esté en condiciones de vincular a centenares de miles de colombianos a un empleo. Lastimosamente, el sector se viene marchitando a pasos acelerados, como lo demuestran los principales indicadores. Por ejemplo, el PIB de edificaciones cayó a una tasa del 7,6 %, las ventas de vivienda nueva disminuyeron 8,5 %, las unidades habitacionales licenciadas se redujeron en 11,2 %, y se presentó una contracción de 6,5 % en la financiación de viviendas de interés social. En cuanto al anunciado programa ‘Casa digna, vida digna’, este se focaliza en mejoramientos de vivienda. Muy grave, porque olvida que lo primero es seguir atendiendo a las familias que carecen de un techo. Se acaba el programa de vivienda gratuita, único instrumento para los colombianos en situación de extrema pobreza para poder acceder a una casa. Marchitan las líneas de subsidio a las familias de 1 a 4 salarios mínimos que requerían este apoyo para lograr un cierre financiero, y cancelan el subsidio a las tasas de interés en los créditos de sectores de ingresos un poco mayores que también demandaban este apoyo. Y, como ya dije, del Gobierno, solo anuncios. A la fecha no han iniciado el proceso de contratación del esquema fiduciario que administrará los recursos del ‘Semillero de propietarios’. No es claro cómo se seleccionarán los beneficiarios ni cómo se verificarán las condiciones de las viviendas que harán parte del programa. Tampoco hay información sobre metas concretas, presupuestos asignados ni la forma como operará. Y, a todas estas, pasa de agache el ministro de Vivienda con la nueva reforma tributaria, que le dará la estocada final a la vivienda de interés social comoquiera que elimina todas las exenciones tributarias para estos programas y sin las cuales se hace inviable cualquier nuevo proyecto. Juegan con candela en un sector que es clave para el crecimiento económico del país, la generación de empleo y la superación de la pobreza.

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Madres comunitarias exigen el derecho a una pensión justa y digna

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Victoria Sandino Senadora, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Durante décadas las labores de cuidado han estado especialmente en los roles tradicionales impuestos a las mujeres, labores que desde una perspectiva masculina de la economía y el poder no tiene ningún tipo de valor para el desarrollo social y económico del país. Este es un asunto que ha conllevado una discusión en la agenda pública como resultado de la movilización y presión que han emprendido las mujeres en sus diferentes ámbitos; un ejemplo específico son las madres comunitarias, quienes de manera organizada y contundente han puesto al Estado contra la pared para garantizar de manera efectiva sus derechos. En las últimas semanas, más de 50 madres comunitarias se tomaron durante un par de días de manera pacífica la Catedral Primada de Bogotá en una huelga de hambre, como rechazo a una decisión regresiva de la Corte Constitucional, que limita el acceso a sus derechos laborales. “La FARC apoya sus reclamos, especialmente en materia pensional y de derechos laborales para que sea incorporada la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales”. Hecho que generó la solidaridad de diferentes organizaciones sociales y fuerzas políticas para acompañar su agenda y pliego de exigencias. A partir de esta solidaridad, el 30 de agosto pasado, en el marco de la acción de movilización convocada por las madres comunitarias y simultáneamente en el desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República, la senadora Victoria Sandino solicitó a la Mesa Directiva de esta instancia legislativa, hacer una sesión informal para escuchar los pronunciamientos de las madres comunitarias. En esta sesión, su vocera Olinda García expresó de manera contundente el rechazo a las medidas regresivas contra sus derechos que está expresando la Corte Constitucional, mencionó las situaciones desproporcionadas que han tenido durante su labor y recordó el aporte que le han brindado al país en el cuidado de las niñas y niños. Solicitó a las parlamentarias su apoyo y la garantía efectiva de los derechos laborales, sobre todo a una pensión digna. “Tenemos derecho a descansar, somos mujeres mayores”, fue una de las frases que marcó su exigencia. El tribunal aplazó su decisión y escuchó la posición de las mujeres el 4 de septiembre. De esta manera las madres comunitarias han estado fortaleciendo su movilización y sus demandas en espera de un concepto favorable por parte de la Corte; es así como han promovido reuniones, diálogos y plantones en estas últimas semanas. Sin embargo, la decisión aún se mantiene en vilo. Por tal razón, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común apoya sus reclamos, especialmente en materia pensional y de derechos laborales para que sea incorporada la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales para concretarse en un supuesto macroeconómico que reconozca la contribución de la mujer en el desarrollo económico y social del país.

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