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Formalización y flexibilización laboral, los grandes retos del cuatrienio

Por: Alejandro Corrales Escobar Senador -Centro Democrático La formalidad es una condición que se le atribuye a los negocios que cumplen con la normativa vigente que les aplique de manera obligatoria para el desarrollo de una actividad lícita en una economía de mercado (Schneider, 2006). Mientras tanto, la flexibilidad laboral se ha propuesto como una salida a las preocupaciones de las organizaciones por su competitividad y viabilidad económica, a partir de la globalización de la economía. (Gomez, 2013). En Colombia, vemos como la informalidad afecta más campos de la economía. Sin embargo, hasta el momento, las políticas que buscan promover la formalización empresarial no han obtenido los resultados esperados. Según el DANE, se estima que tres de cada cuatro empresas no figuran en el Registro Único Tributario (RUT), ni en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Los datos sugieren que el incumplimiento es aún más alarmante en el caso de la afiliación y cotización de los trabajadores al sistema integral de protección social, los estándares sanitarios o la declaración y pago de impuestos (DANE, 2016). Entre los colombianos permanece la idea de lo costoso en términos de tiempo y recursos que resulta obtener un permiso, licencia o certificación para desarrollar una actividad económica determinada, lo que no está alejado de la realidad, y de esto se desprende un cuestionamiento sobre el cumplimiento de las funciones propias de las autoridades gubernamentales, consecuencia de un mandato legal o constitucional, pues podría entenderse que tal cantidad de trámites a cargo de los particulares es el modo en el que las autoridades demuestran que están dando estricto cumplimiento a sus obligaciones. Sin embargo, ese cumplimiento reposa en el traslado de las cargas de los entes públicos a los ciudadanos. En consecuencia de lo anterior, es necesario plantear alternativas para dar solución a esta problemática, que en ningún momento puede consistir en crear más normas y seguir contribuyendo a la ineficiencia, sino, en encontrar las medidas para que la obtención de permisos, licencias y certificados sea práctica y eficiente. Es absolutamente claro que la equidad consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus condiciones, por lo que se hace fundamental aplicar esta definición a la realidad de país que encontramos, pues es imposible negar que en Colombia la diversidad es lo que prima, no solamente en términos económicos y sociales, sino en aspectos tan amplios como la geografía. Esto impide que lo que es eficiente en una zona sea idénticamente aplicable en otra, y en este sentido debe haber una adaptación de los trámites y procedimientos, de manera que los requisitos que deben seguir los ciudadanos para obtener un permiso, licencia o certificación esté acorde con el tipo de necesidad a atender y se encuentre a su alcance para el cumplimiento de los requerimientos respectivos. En Colombia vemos como la informalidad afecta más campos de la economía. Sin embargo, hasta el momento, las políticas que buscan promover la formalización empresarial no han obtenido los resultados esperados. Por lo anterior, la propuesta consiste en flexibilizar los trámites y procedimientos, para lograr la eficiencia en las gestiones que afectan a los ciudadanos emprendedores, evaluar los requisitos que se exigen para así fomentar la formalidad, y paralelamente implementar medidas que permitan la vigilancia y control eficaz sobre las actividades de los particulares.

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Malos augurios

Columnistas, Opinión / revistacg

Por: Antonio Sanguino Senador del Partido Alianza Verde Son malos los augurios. Este comienzo de año presagia para el 2019 un agravamiento de la situación de derechos humanos en todo el país. Un líder diario asesinado en distintos lugares fue el sangriento reporte en los primeros seis días de enero. Gilberto Valencia, asesinado el 1 de enero en Suárez (Cauca); Jesús Adier Perafán, el 2 de enero en Caicedonia (Valle del Cauca); el 4 de enero Wilmer Antonio Miranda en Cajibío (Cauca) y José Rafael Solano Gonzáles en el bajo Cauca; el 5 de enero Wilson Pérez Ascanio en Hacarí (Norte de Santander) y el 6 de enero Maritza Quiroz Leyva en Santa Marta. Sabemos que no es un fenómeno nuevo. Es la continuidad de una cadena de asesinatos que algunos se atreven a comparar con el genocidio contra la Unión Patriótica de la década de los ochenta. Según un informe de Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2018 fueron asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios del país. Tampoco es solamente una herencia del Gobierno Santos. El mismo documento señala que durante los primeros 100 días de la Presidencia de Iván Duque se reportó la muerte violenta de al menos 120. “Este comienzo de año presagia para el 2019 un agravamiento de la situación de derechos humanos en todo el país (…) De suma gravedad son las explicaciones del Gobierno Nacional, tanto el anterior como el actual. Simplistas, irresponsables y revictimizantes”. Con toda razón los defensores del Acuerdo entre el Estado Colombiano y las FARC afirman que el exterminio de los líderes sociales es un crimen contra la Paz. Constituye un incumplimiento del punto 3.4 que establece un “acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra los grupos y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la Paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. Incumplimiento documentado por el IEPRI de la Universidad Nacional, que registra entre la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre del 2016 hasta el pasado 31 de julio, 257 líderes asesinados, mientras Indepaz contabiliza, entre enero y noviembre del 2018, el asesinato de 92 exguerrileros de las FARC. De suma gravedad son las explicaciones del Gobierno Nacional, tanto el anterior como el actual. Simplistas, irresponsables y revictimizantes. Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa de Santos se atrevió a decir que todo era “líos de faldas”. Guillermo Botero, recién posesionado en la cartera de Defensa de Duque se apresuró a decir que la protesta social era financiada por bandas ilegales. La Fiscalía General de la Nación ha insistido en que no existe un patrón de sistematicidad en las muertes de los líderes, inclinándose por la hipótesis de que todos son casos aislados. Y hasta los voceros del uribismo afirman sin rigor alguno que todo es producto del narcotráfico. Es probable que esto no ocurra en virtud de un plan pistola diseñado y ejecutado desde las más altas esferas de la derecha extrema o desde la contrainsurgencia ilegal. Pero a la Fiscalía y al Gobierno le corresponden informar si estamos en presencia de un fenómeno de violencia que incorpora rezagos de la contrainsurgencia paramilitar, ahora ejecutado por bandas crimínales interesadas en frenar la movilización ciudadana por la restitución de tierras, en contra de la minería ilegal o de grandes proyectos mineros en los territorios. Y establecer qué relación guarda este entramado con economías ilegales ancladas en territorios en disputa de los poderes armados ilegales que llegaron primero que el Estado a copar las regiones abandonadas por las FARC, luego de su desmovilización. O qué articulaciones y reacomodos de control armado territorial se están produciendo que inciden en esta oleada de violencia criminal contra nuestros líderes.

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Presidente, haga historia con políticas de protección animal

Columnistas, Opinión / revistacg

Por: Ángela Sánchez Leal Representante a la Cámara por Bogotá del partido Cambio Radical Cada vez es mayor el número de familias colombianas que cuentan con uno o varios animales de compañía. Según cifras de la firma Kantar Worldpanel, en el país cuatro de cada 10 familias tienen una mascota, lo que significa que alrededor de 3´500.000 hogares colombianos ya albergan a una de ellas en sus casas. Y es que los derechos de los animales han cobrado una mayor relevancia en los últimos años, cambiando la mentalidad que tiene la sociedad hacia estos seres vivos, reflejado en el rechazo generalizado a las corridas de toros, la prohibición de los carros de tracción animal y la enorme sensibilidad que despierta en las personas los casos de maltrato a los animales que a diario se ven en las noticias. De igual manera, la normatividad no se ha quedado atrás. La ley 1774 de 2016 que castiga con cárcel la agresión a los animales, es un fiel reflejo del avance del país en este sentido, que ha motivado a ciudades como Bogotá a la creación del primer Instituto de Protección y Bienestar Animal de Latinoamérica, y en Medellín, el Centro de Bienestar Animal la Perla. A pesar de la evidente importancia de este tema, al leer las 945 páginas de las bases del Plan Nacional de Desarrollo radicadas por el Gobierno de (Iván) Duque a finales del mes de noviembre 2018, las propuestas de protección y bienestar de los animales son muy flojas, por no decir casi nulas. Llama la atención que durante la campaña, el presidente se comprometió con siete propuestas para hacer un país amigable con el reino animal, entre las que se encuentran las siguientes: creación del Instituto Nacional de Protección y Bienestar Animal, defensa de los animales, formulación de la política pública nacional de protección y bienestar Animal, fortalecimiento legislativo contra el maltrato animal, facilitar el trámite de denuncias de maltrato animal, ampliación de la cobertura del SOAT para accidentes que involucren animales, y educación para su protección. Al leer las 945 páginas de las bases del Plan Nacional de Desarrollo radicadas por el Gobierno de (Iván) Duque, las propuestas de protección y bienestar de los animales son muy flojas, por no decir casi nulas. De igual manera, la normatividad no se ha quedado atrás. La ley 1774 de 2016 que castiga con cárcel la agresión a los animales, es un fiel reflejo del avance del país en este sentido, que ha motivado a ciudades como Bogotá a la creación del primer Instituto de Protección y Bienestar Animal de Latinoamérica, y en Medellín, el Centro de Bienestar Animal la Perla. A pesar de la evidente importancia de este tema, al leer las 945 páginas de las bases del Plan Nacional de Desarrollo radicadas por el Gobierno de (Iván) Duque a finales del mes de noviembre 2018, las propuestas de protección y bienestar de los animales son muy flojas, por no decir casi nulas. Llama la atención que durante la campaña, el presidente se comprometió con siete propuestas para hacer un país amigable con el reino animal, entre las que se encuentran las siguientes: creación del Instituto Nacional de Protección y Bienestar Animal, defensa de los animales, formulación de la política pública nacional de protección y bienestar Animal, fortalecimiento legislativo contra el maltrato animal, facilitar el trámite de denuncias de maltrato animal, ampliación de la cobertura del SOAT para accidentes que involucren animales, y educación para su protección. Por tal razón, me reuní el 30 de enero con la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Amparo Alonso, para manifestarle mis preocupaciones frente a este tema y solicitar que las propuestas de campaña hechas por el entonces candidato fueran incluidas en el articulado que se radicó el pasado 6 de febrero en el Congreso de la República. Como resultado de este encuentro, el 5 de febrero sale un comunicado de MinAmbiente en el que evidentemente se da respuesta a mi petición y se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo la “formulación de la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres”. Pero aún falta. El presidente Iván Duque no incluyó cinco propuestas para hacer un “País amigable con los animales” que a continuación enumero: -Creación del Instituto Nacional de Protección y Bienestar Animal -Más policías y fiscales en Defensa de los animales -Fortalecimiento legislativo contra el maltrato animal -Facilitar el trámite de denuncias de maltrato animal -Ampliación de la cobertura del SOAT para accidentes que involucren animales. Pero no se trata solo de denunciar o hacer propuestas. Se trata de actuar y los resultados fueron evidentes al ver incluidos a los animales en las bases del PND 2019. Sin embargo, observando la ausencia de las cinco propuestas, continuaré haciendo seguimiento, ya que mi compromiso es trabajar con los animales, así como volver realidad el Instituto Nacional de Protección y Bienestar Animal. Finalmente hago un llamado de atención al presidente para que cumpla sus promesas, quien aún puede hacer historia, enmendar su error, y permitir que los animales de Colombia realmente sean protegidos y cuidados.

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Colombia necesita una ley de hidrocarburos

Columnistas, MinAmbiente: Ambiente, Opinión / revistacg

Por: César Ortiz Zorro Representante a la Cámara por Casanare del Partido Alianza Verde Colombia es el único país exportador de hidrocarburos del mundo que no tiene una ley para regir las actividades de exploración y producción, enmarcada dentro de los lineamientos modernos de cambio climático, transformación social y transición energética. Aún más grave es el hecho de que el poder Legislativo no se ocupe de este asunto desde la expedición de la Ley 120 de 1919, donde el Congreso de la República le transfiere la administración de la riqueza de los hidrocarburos al Ejecutivo. Los legisladores solo se han ocupado de reglamentar la liquidación, distribución destinos y usos de las regalías, pero el grueso de las actividades están regidas por Decretos Ley, Decretos, Resoluciones y Acuerdos. Sin consultarle al Congreso, a través del Decreto Ley 2310 de 1974, el Gobierno le delegó a la Junta Directiva de Ecopetrol, las funciones que se le asignaron por la Ley 120 de 1999. Desde 2004, también sin consultarles al Senado y la Cámara, el Ejecutivo, a través del Decreto Ley 1760 de 2003, trasladó el manejo de la política petrolera a la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, desde donde se viene “legislando” a través de Acuerdos, con economía privada, pensando en incrementar las utilidades de los inversionistas, arriesgando la autosuficiencia energética del país y atentando contra el desarrollo económico e industrial. “Hoy recibimos en un año por regalías petroleras, lo que el sector financiero se gana en un mes” Hoy recibimos en un año por regalías petroleras, lo que el sector financiero se gana en un mes; pero a futuro recibiremos menos, a medida que los campos maduros operados por Ecopetrol o sus socios –que pagan regalías del 20% o 32% y representan el 90% de la producción actual-, se agoten, y la producción provenga de los nuevos campos, donde las regalías no superan el 9% (Ley 756 de 2002). Adicionalmente, por las prebendas tributarias, las empresas petroleras se ahorran en impuestos, 10 veces más de lo que pagan por regalías. Los Legisladores, como representantes del pueblo, tenemos el deber de actualizar la Ley 120 de 1919, a través de una Ley de Hidrocarburos, concertada con las comunidades, los sindicatos y la industria petrolera.

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¿Dictadura digital?: Populismo e híper-segmentación

Columnistas, Opinión / revistacg

Por: Francisco Prada Comunicador Social & Periodista Reafirmar las creencias, indistintamente que éstas sean políticas, religiosas o de cualquier otra índole, es una tarea que la híper-segmentación en el mercadeo político -sobre todo en tiempos recientes- se ha tomado muy en serio. El populismo, como herramienta para capturar adeptos es una técnica a la que los políticos han sabido sacarle provecho, estrujándola a través de los siglos. El término se ha acotado para adjetivar las conductas que –durante campaña electoral y en su ejercicio administrativo- calificarían acertadamente a cientos de personajes que hicieron o hacen parte de la contienda electoral en las “democracias” modernas. Dicha expresión se comienza a utilizar con una connotación peyorativa y desligada de cualquier tendencia política a mediados del siglo XX, para describir conductas anti-intelectuales que se generaban en las masas votantes con un aire de resentimiento contra el orden social impuesto por la clase dirigente que ostenta el poder en un momento determinado, con el objetivo de inclinar la balanza de la opinión pública hacia un lado o el otro. El populismo, como herramienta para capturar adeptos es una técnica a la que los políticos han sabido sacarle provecho, estrujándola a través de los siglos Esta conducta del quehacer político toma una particular relevancia desde que las redes sociales y su poder amplificador, pero más importante, su poder de individualizar, aparecieron como un elemento decisivo para la toma de decisiones democráticas y la manipulación de la opinión pública. Ejemplos hay muchos, pero se destacan: la elección de Barack Obama como el primer afrodescendiente en posesionarse como primer mandatario de los Estados Unidos en 2008; o quizás, una de las revoluciones más impresionantes de los últimos tiempos que se gestó enteramente a través de redes sociales, la “primavera árabe”. Un escándalo de proporciones presidenciales que para el 2017 estremeció el mundo Pero podría afirmar, con absoluta certeza, que el escándalo de “Cambridge Analytica” fue la prueba más diciente de la cooptación social por parte del marketing. Un escándalo de proporciones presidenciales que para el 2017 estremeció el mundo y nos dejó ver la magnitud y la potencia con la que el populismo, diseminado con la técnica de la híper-segmentación, fragmenta y erosiona hasta la más sofisticada de las democracias en el mundo. El caso supuso la extracción de datos valiosos –en Facebook- de un gran sector de la población votante en EE. UU, puestos al servicio de una agencia de publicidad digital dedicada a la generación de contenidos personalizados basados en comportamiento. Y aquí hay dos elementos para considerar. Primero, debo decir que ninguna de las técnicas, ni el populismo ni la híper-segmentación, son nuevas ni en la política ni en el mercado, al contrario, son técnicas de antaño que si bien dieron resultados destacables eran consideradas especializadas. Segundo, el elemento diferenciador en el caso de populismo digital híper-segmentado de CA se dio precisamente por la captura masiva (y aquí quiero hacer hincapié en MASIVA, pues fueron al menos 50 millones de usuarios afectados) de datos valiosos de grupos sociales compuestos por individuos que consumen asiduamente la red social. Este complejo entramado fue posible porque el contexto digital recién lo permite con herramientas como el Big Data. Estas prácticas no habrían sido posible, ni tendrían el impacto que tuvieron sino fuera por el medio de difusión. Y entonces, es allí donde entro a cuestionar si la tecnología ¿es un medio o es un fin? ¿Estaremos, quizás, ad portas de una dictadura digital? Habrá que preguntárselo a China.

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Glifosato ¿peor el remedio que la enfermedad?

Columnistas, Opinión / revistacg

Por: Julián Peinado Representante a la Cámara por Antioquia del Partido Liberal Uno de los primeros anuncios del nuevo Gobierno del Presidente Iván Duque fue su intención de revivir las aspersiones aéreas con glifosato para combatir la expansión de los cultivos ilícitos, especialmente de coca, que han presentado un notable aumento en los últimos años; no obstante, estamos ante un episodio donde el remedio que se está proponiendo puede ser peor que la enfermedad. El uso de este químico fue suspendido en el país desde mayo del 2015 cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes revisó conceptos de la Corte Constitucional, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social que indicaban que el glifosato podría ser potencialmente cancerígeno para la población. En consecuencia, en ese momento el Estado se acogió al ‘Principio de Precaución’ consagrado en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y en la ley 165 de 1994 que aseguraba que, con el fin de proteger el medioambiente, “cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, hay un mandato que indica que si hay duda de que algo sea perjudicial, lo más sensato es abstenerse, y ese es el deber que tienen los gobernantes de este país, salvaguardar al territorio y a sus gobernados ante toda amenaza. “Hay un mandato que indica que si hay duda de que algo sea perjudicial, lo más sensato es abstenerse, y ese es el deber que tienen los gobernantes de este país” En consecuencia, en ese momento el Estado se acogió al ‘Principio de Precaución’ consagrado en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y en la ley 165 de 1994 que aseguraba que, con el fin de proteger el medioambiente, “cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, hay un mandato que indica que si hay duda de que algo sea perjudicial, lo más sensato es abstenerse, y ese es el deber que tienen los gobernantes de este país, salvaguardar al territorio y a sus gobernados ante toda amenaza. Así lo han entendido los jefes de diferentes naciones que cada día se suman a la lista de países que restringen el uso de esta sustancia en sus territorios o que, como en el caso del Parlamento Europeo, sugieren su eliminación progresiva luego de que la ciudadanía recolectara un millón de firmas para ese propósito. Aun así, pese a que el mundo avanza en esa dirección, el Gobierno insiste en reanudar las aspersiones con glifosato argumentando “falta de evidencia científica” sobre los daños que esta sustancia pueda generar. Sin embargo, no es cierto que sean pocos los estudios al respecto y la sola intención de aprobar su uso bajo riesgo, violenta el principio de precaución que está protegido por tratados internacionales y por nuestro bloque constitucional. Ejemplo de ello, son los estudios de Caroline Cox (1995) y de Bárbara Dinham (1998), reconocidas toxicólogas estadounidenses, los cuales demuestran que los herbicidas que contienen glifosato son altamente tóxicos generando un fuerte impacto en sus ecosistemas. En Francia el señor Gilles Eric Seralini, profesor de biología molecular de la Universidad de Caen, concluyó que “aún en dosis diluidas mil veces, los herbicidas Roundup estimulan la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, problemas hormonales, genitales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres”. Desde 2008 hasta noviembre del 2018, se han presentado 273 demandas en contra del Estado por el uso del herbicida También existe el fallo reciente en el que un juzgado de Estados Unidos multó a Monsanto, productora de glifosato, con una indemnización de 289 millones de dólares al granjero Dewayne Johnson que actualmente sufre de un cáncer terminal, aparentemente como consecuencia de la alta exposición que tuvo al químico a través de aspersiones terrestres y aéreas. En Colombia no somos ajenos a esta situación, pues desde 2008 hasta noviembre del 2018, se han presentado 273 demandas en contra del Estado por el uso del herbicida, donde la mayoría de los fallos han sido desfavorables a la Fuerza Pública, teniendo que cancelar en tan solo el año 2015 alrededor de 11.110 millones de pesos en indemnizaciones. En el récord histórico solamente la Policía Nacional ya ha tenido que pagar más de 18.000 millones de pesos en condenas. Estas sentencias, además de ser consecuencia de un daño a la población, representan un desangre económico para la nación que podría evitarse, reinvirtiendo esos recursos en educación o en la sustitución de cultivos, lo que permitiría ofrecer soluciones de base para este problema, que se nutre de la falta de oportunidades que sufren comunidades apartadas. Esperamos que el Gobierno en cabeza del presidente Iván Duque se tome el tiempo de escuchar a la comunidad científica, a los campesinos y al gremio de la salud, y luego adopte la mejor decisión en obediencia a ese mandato que hizo el 7 de agosto cuando juró cumplir fielmente la Constitución de 1991 que en su artículo segundo consagra que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”.

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Una reflexión sobre el POT para Bogotá

Columnistas, Opinión / revistacg

Por: David Racero Representante a la Cámara por Bogotá del partido Decentes El pasado lunes 10 de diciembre del 2018, en las instalaciones de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, nos sumamos a la iniciativa de la Honorable Representante Ángela María Robledo para empezar una reflexión y un diálogo riguroso sobre el Proyecto de Acuerdo de Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá que radicó la Administración Distrital. Acerca del mismo es pertinente señalar algunos aspectos problemáticos sobre los cuales, como ciudadanos, debemos movilizarnos para examinar con prontitud y denunciar aquellos aspectos inconvenientes relacionados con el patrimonio ambiental y la calidad de vida de quienes residimos en Bogotá. Lo anterior, debido a que ya fueron surtidas las etapas de seguimiento y evaluación, diagnóstico, formulación y una primera fase de participación ciudadana. Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Planeación anunció, el 20 de noviembre del 2018, que radicó ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Ambiente este documento para su respectiva concertación. De acuerdo con entrevista al Secretario de Planeación, publicada en El Espectador el 9 de diciembre, se prevé que, a más tardar en junio de 2019, el Proyecto de Acuerdo del POT sea presentado ante el Consejo Distrital Territorial de Planeación y, posteriormente, ante el Concejo de la ciudad. Para empezar, el ordenamiento de la ciudad que propone la administración de Enrique Peñalosa se dispone a través de tres ejes, a saber: la estructura ambiental y de espacio público; la estructura funcional y de soporte y la estructura social y económica. Ahora bien, dentro de la primera de ellas se contempla la articulación de la estructura ecológica principal con diseños arquitectónicos, lo cual brindaría una mayor provisión de escenarios públicos para el disfrute de los ciudadanos. Indudablemente, en Bogotá deben emprenderse acciones para incrementar el área efectiva de espacio público del que disfruta cada ciudadano, pero preocupan lo que serían este tipo de intervenciones porque desnaturalizan entornos protegidos o que deben conservarse. Un ejemplo de esto sería el Sendero Panorámico Cortafuegos de los Cerros Orientales que proyecta construir en zonas de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, afectando los ecosistemas que se localizan en las partes más altas de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. Seguir Leyendo -> Seguir Leyendo -> Seguir Leyendo Seguir Leyendo -> Una situación similar a la descrita antes ocurriría con la construcción deun Parque Metropolitano, también en los cerros. De manera adicional, sobre algunos humedales de la ciudad se aspira a la adecuación de infraestructura para el tránsito de los ciudadanos. Además de la inquietud alrededor del menoscabo de la funcionalidad de los entornos ecológicos, cabe preguntarse por las alternativas para la generación de espacio público y, de la misma forma, si el criterio que prima para el ordenamiento de la ciudad es el de un paisajismo en el cual los ecosistemas están al servicio de las aspiraciones humanas. En segunda instancia, y en lo referente a la estructura funcional y de soporte, es primordial realizar veeduría a la proyección de las líneas del Metro, al sistema de ciclovías y cicloparqueaderos. Asimismo, a los equipamientos de bienes y servicios que se desarrollarían para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. La extensión a otras arterias viales de la ciudad del Transmilenio es, también un asunto que siembra la duda sobre la dignidad y la eficacia de lo que se proyecta para la movilidad de los ciudadanos. Seguir Leyendo -> Especial atención merece la Reserva Thomas Van Der Hammen, pues el Distrito se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Corporación Autónoma Regional sobre el estudio que esta entidad realiza para determinar la conveniencia de sustraer áreas protegidas. De ser favorable el fallo a los planes de la administración, los predios excluidos, dados los nuevos linderos de la RTVDH, adquirirán la condición de suelos de expansión y, por tanto, en los mismos se podrá construir malla vial, viviendas y extender la prestación de servicios públicos. Esto, so pena de la fragmentación del ecosistema y de su pérdida de conectividad. Por último, en la estructura social y económica se encuentran proyectos residenciales, del patrimonio cultural y del sistema de equipamientos. Ciudad Norte – incluido Lagos de Torca, en el área de la RTVDH-, Ciudad Río y Ciudad Sur, que, de acuerdo a los planes de la administración, albergarán aproximadamente 975.000 viviendas. De aquí se infiere que el modelo de ciudad que se propone al año 2030 se cimienta en la ocupación de los bordes y en el traslado, a las zonas más alejadas del centro, de las personas que habitarían las nuevas viviendas. ¿A quién beneficia la construcción de casi 1 millón de viviendas nuevas en Bogotá? Esto considerando que las urbanizaciones se ubicarán en los bordes de la ciudad, zonas de transición con la ruralidad y que además son áreas de riesgo, en las que podrían tener lugar emergencias por inundación y otros eventos. Seguir Leyendo Dos ideas más serán expuestas para cerrar. De una parte, el cuestionamiento a la actual Administración Distrital por la sobreestimación de la población que en los próximos 12 años residirá en Bogotá. En el último censo del DANE (2018) se ha registrado una población menor a 8.000.000 de personas y las proyecciones no estiman que se crezca en un número tal que haya necesidad de construir 1 millón de viviendas nuevas o planear la ciudad para albergar más de 1.200.000 nuevos habitantes. Así las cosas, el tema de las cifras es otro inconveniente a resolver. Hoy es imperativo tomar acciones frente a la crisis ambiental de carácter global que nos asiste. Por ello, adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos es tarea esencial, máxime cuando en junio de 2017 el Ideam expresó que, dentro de las ciudades, Bogotá sería la más afectada por este fenómeno en el país, pues su seguridad alimentaria y la disponibilidad hídrica se comprometerían y, con certeza, habría habitantes que no podrían cubrir sus necesidades básicas. Existen ideas interesantes

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La tramititis

Columnistas, Opinión / revistacg

Por: Juan Fernando Reyes Kuri Representante a la Cámara por el Valle del Cauca del partido Liberal El año pasado prendí las alarmas sobre la Tramititis, una enfermedad silenciosa del Estado colombiano que tiene tres efectos perversos: viola nuestros derechos, fomenta la corrupción y le resta competitividad al país. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en Colombia hay cerca de 54 mil trámites ¡Una cifra aterradora! Y, peor aún, cuando nos enteramos, que, tan solo el 4% de esos trámites pueden hacerse totalmente en línea, inaceptable en esta impresionante revolución tecnológica que está cambiando el mundo. Los colombianos nos encontramos todos los días con trámites, cada vez que nos piden una fotocopia al 150%, cuando queremos sacar una cita médica o cuando tenemos que ir a más de una ventanilla para lograr una certificación de cualquier tipo, solo para mencionar unos poquísimos casos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia es el tercer país de América Latina donde es más demorado hacer un trámite. No es casualidad entonces que, cada 51 segundos se reciba una tutela de algún ciudadano, que de alguna manera siente que le están vulnerando sus derechos. Tampoco es casualidad que el 27% de esas tutelas sean reclamando el derecho a la salud. Por esta y otras razones, hice en la Plenaria de la Cámara de Representantes el primer debate de control político en la historia reciente de Colombia y, además, radiqué un proyecto de ley con el que busco combatir decididamente la Tramititis. En dicha iniciativa propongo eliminar los trámites innecesarios, obligar a tener trámites en línea, implementar la carpeta ciudadana digital y establecer límite a los tiempos de respuesta, entre otros. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en Colombia hay cerca de 54 mil trámites ¡Una cifra aterradora! Tenemos la oportunidad de cambia de una buena vez las largas filas, las esperas eternas, las pérdidas de tiempo y dinero, por agilidad y eficiencia a la hora de realizar cualquier trámite. Los colombianos no podemos seguir resignados a nadar en un mar de trámites. Es hora de que Colombia sea un país Sin Tramititis, para que se garanticen nuestros derechos, se disminuya la corrupción y se fomente la competitividad. ¡Lograr un Estado ágil, simple, eficiente y tecnológico, que les facilite la vida a los ciudadanos es posible!

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¡JUGANDO CON CANDELA!

Columnistas, Opinión, Personajes / revistacg

Amylkar D. Acosta M Acaba de ocurrir una espantosa tragedia en México, que ha cobrado hasta el momento 117 muertos y múltiples heridos a causa de la explosión de un poliducto a través del cual se transporta el combustible, por parte de la estatal petrolera PEMEX, la cual fue provocada por una fuga del mismo. Esta, a su vez, se originó en la perforación del tubo por parte de mafias dedicadas al hurto del combustible, utilizando para el efecto la instalación de válvulas ilegales, el cual se expende a través de una red que compromete a transportadores y distribuidores, convirtiéndose esta actividad ilícita en una fuente de financiación de organizaciones al margen de la ley. Esta desgracia nos trae a la memoria la acaecido hace casi 20 años en Machuca, corregimiento de Segovia, cuando un atentado criminal del ELN causó la voladura del oleoducto Colombia, seguida por la explosión del mismo y una conflagración que arrasó con ese pueblo y cegó la vida de 84 personas y causó heridas a otras 30.Los “huachicoleros”, que es como denominan en México a quienes roban y trafican ilegalmente los combustibles, han recurrido a esta práctica que por décadas ha venido desangrando a PEMEX. Se calcula que este flagelo le infligió pérdidas que sobrepasaron los US $3.000 millones en 2017. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en desarrollo de su estrategia para ponerle coto a esta práctica tan funesta, ordenó suspender el bombeo de combustible, como medida provisional y transportarlo en su lugar en carrotanque. Los “huachicoleros” trataron de aprovechar esta circunstancia para instalar una toma clandestina, con tan mala suerte para las víctimas de este siniestro que se acababa de reanudar el bombeo. Al detectarse la fuga en el poliducto Tuxpan – Tula a la altura del municipio de Tlahuepan (Estado de Hidalgo), se dispuso el acordonamiento del área por parte de la autoridad; no obstante centenares de moradores del lugar se abalanzaron a tratar de proveerse del combustible que se escapaba a borbotones, rompieron el cerco y justo en ese momento explotó el ducto y las llamas envolvieron a muchos de ellos, convirtiéndolos en teas humanas, pereciendo calcinados unos y otros resultaron con graves quemaduras. México tiene mucho qué aprender de Colombia en este frente, pues por muchos años el robo de combustibles desde la red de poliductos en el país se había convertido en una pesadilla. ECOPETROL, que de lejos es el mayor transportador de crudos del país, se lo propuso y logró meter en cintura a quienes se venían lucrando del “ordeñe” a sus oleoductos y poliductos. En 1999 el promedio de barriles extraídos de los poliductos por parte de la delincuencia fue de 1.540 barriles al día y esta actividad ilícita llegó a su culmen en 2002 con un promedio de 7.270 barriles diarios. Hoy en día dicho promedio no supera los 34.9 barriles diarios (¡!) .Y cómo se ha logrado esta hazaña de reducir tan drásticamente este desangre? ECOPETROL puso en marcha una estrategia que combina la prevención, el uso de tecnologías avanzadas, la acción legal y la sensibilización de las comunidades asentadas en el área de influencia de la infraestructura de transporte de los hidrocarburos sobre los riesgos que entraña esta práctica ilegal. Entre las medidas que se tomaron se destacan, entre otras, un sistema novedoso, que se debe al Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) de ECOPETROL consistente en unas esferas y varios elementos geométricos que se introducen en los poliductos con el propósito de impedir su perforación. A ello se vino a sumar una tecnología de última generación que permite detectar a tiempo las fugas y así poder controlarlas a tiempo, además de determinar su localización precisa, en tiempo real y cuantificar los volúmenes de combustibles hurtados. También se cuenta con drones para el monitoreo y la marcación del combustible legal para poder tener a mano la trazabilidad del mismo y así poder identificar más fácilmente el combustible ilegal y poderlo decomisar. Y, como complemento esencial de esta estrategia se cuenta con la Ley 1028 de 2006, mediante la cual se caracterizó este delito como no excarcelable y se modificó el Código penal para aumentar las penas, que ahora oscilan entre 10 y 15 años, previendo además la extinción de dominio.El problema de Colombia es otro, además del nefasto creciente contrabando de combustibles desde Venezuela, está el robo de crudo y los atentados terroristas en contra de la infraestructura de transporte de petróleo, que también conlleva riesgos qué hay que prever y mitigar. Se pudo establecer que en el año 2017 se instalaron 202 válvulas ilegales y en 2018 se dispararon hasta llegar a las 1.277 (¡!) para sustraérselo, un incremento preocupante. Los más afectados han sido los oleoductos Caño Limón – Coveñas y Trasandino. El blanco principal de los ataques contra la red de oleoductos ha sido el que transporta el crudo desde Caño Limón hasta Coveñas, casi todos de autoría del ELN; en lo corrido de este año se han registrado 10 ataques y en los 30 años que lleva de operación se han contabilizado 1.407 voladuras. Ello, además del impacto sobre el P&G de la industria petrolera, causa un efecto ambiental descomunal. Basta con señalar que durante este mismo lapso se han derramado 3.5 millones de barriles por cuenta de estos atentados contra los oleoductos y el medioambiente. Quienes así actúan están jugando con candela y poniendo en riesgo a personas inocentes. Por ello se deben redoblar las medidas de prevención y mitigación para evitar daños mayores. www.amylkaracosta.net

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Mucha tela por cortar

Columnistas, Opinión / revistacg

Gabriel Velasco OcampoSenador, Centro Democrático En medio del muy discutido proyecto de ley de financiamiento, permanente nos están diciendo que una forma importante para recoger mayores ingresos para el Estado es atacar la evasión y el contrabando. Esto no solo ayudaría a mejorar las arcas del Estado, sino que sería fundamental para igualar las condiciones, lo cual le permitiría poder competir a muchos sectores que están siendo acorralados, al borde del abismo y de la quiebra, por culpa de este flagelo. Hoy no solo tenemos un sector que es víctima y está sufriendo una importante crisis por cuenta del contrabando; tenemos a todo un encadenamiento productivo en crisis, y es el textil, moda, o como lo quieran llamar. Un encadenamiento de pequeñas y medianas empresas, que es intensivo en mano de obra, donde la mayoría son madres cabeza de familia. Un sector fundamental para nuestro desarrollo. Sus dificultades no solo generan consecuencias económicas, sino profundas crisis sociales por ser uno de los mayores generadores de empleo en el país. “Lejos están los años donde los textileros colombianos lograban que seis de cada diez nuevos empleos fueran generados por ellos”. Lamentablemente, lejos están los años donde los textileros colombianos lograban que seis de cada diez nuevos empleos fueran generados por ellos. El encadenamiento de este sector es profundo y significativo; debido a que sus proveedores y clientes son empresas de confección, estampado, tintorería, tejeduría, cultivos de algodón, comercio, entre otros. Todos estos negocios, en su mayoría, son pequeñas y medianas empresas que generan empleo intensivo. Y hoy todos están pasando aceite. Pero la crisis de estos sectores no se asocia únicamente al crecimiento del contrabando, sino al aumento indiscriminado de las importaciones de prendas y materias primas, con precios con los que no son capaces de competir. Claramente generándose una competencia desleal. De verdad que este encadenamiento tiene la cancha inclinada y remar en contra de la corriente es posible, pero desgastante, injusto y la mayor parte de las veces no se llega a puerto seguro y se hunde el barco. Miremos algunas cifras para que comprendamos el tamaño del lío. En el último año las importaciones textiles de China han crecido un 21%; las de Bangladesh un 69%; las de Turquía un 19%; las Vietnam 6% y las que provienen de la India un 23%. Lo anterior es sólo una muestra de la tendencia que está atravesando este sector en Colombia. Siempre he sido un defensor del libre comercio, pero en condiciones iguales, no dispares y desequilibradas como le está sucediendo a todo el sector. Nuestro país y nuestra industria hoy se enfrenta a costos extremadamente altos si son comparados con los mercados internacionales, como por ejemplo, nuestros costos de energía son 200% más altos que los que tiene la industria textil china o turca. Así mismo, los costos de los créditos y métodos de financiación son mucho más altos que los de sus competidores. La industria enfrenta impuestos que no existen en otros países y no existen incentivos que permitan un crecimiento dinámico del sector. Estos y otros problemas han llevado a que exista un decrecimiento real en la generación de empleo en Colombia. Entre enero y septiembre la generación de empleo asociada al sector textil ha caído en un 4 % y en el sector de la confección en 3.3%. Los competidores latinoamericanos como Brasil y México hoy tienen aranceles más altos que Colombia frente a la importación de hilos y telas, lo cual ha protegido esta industria y la generación de empleo asociado a la misma. Los gobiernos de algunos otros países como Honduras y Guatemala han creado incentivos que han promovido la inversión extranjera directa para el sector, lo que generó la llegada de nuevas tecnologías, el aumento en la producción, mejores índices de competitividad y la creación de nuevos empleos. En el entre tanto, el 9% de las empresas manufactures han entrado en ley 1116 lo que ha puesto bajo amenaza 20.257 empleos directos y 121.542 empleos indirectos; siendo Antioquia, Bogotá, Tolima y el Valle los territorios más afectados por la crisis de la industria. Hoy es un imperativo trabajar por la recuperación de este encadenamiento productivo, el cual es fundamental para la generación de empleo y la recuperación de nuestra economía. Insisto, debemos Pararle-Bolas a esta situación y nivelar la cancha. Debemos trabajar por fortalecer y aumentar la producción asociada a la exportación, hoy contamos con un renombre mundial en productos como jeans, fajas y vestidos de baño que debemos aprovechar para la recuperación económica que estamos buscando. Así mismo, confiamos que el gobierno tome las medidas necesarias para combatir el contrabando, un cáncer que hoy nos afecta a todos y que para esta época navideña salen con toda a hacer de las suyas. Ojo pues, que esperamos tengamos mucha tela por cortar.

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